Una justicia que no puede detenerse

 

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si respalda el pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y de querellantes para que se reanuden los juicios que estaban cerca de dictar sentencia antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Después del veredicto en Mar del Plata de la semana pasada, empezaron a registrarse otros movimientos en distintos tribunales del país en causas que tienen a sobrevivientes y familiares esperando por justicia desde hace más de 40 años.

El lunes pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó a 35 imputados y absolvió a otros cinco por delitos cometidos en la subzona 15, donde compartieron responsabilidades las distintas fuerzas armadas. No hubo abrazos para celebrar la sentencia. Muchos siguieron la transmisión por las redes sociales, otros compartían mensajes en la página de YouTube del Centro de Información Judicial (CIJ). Son las formas de estar juntos en tiempos de pandemia que ensayan quienes estuvieron décadas en la calle reclamando verdad y justicia. La sentencia no sólo impactó en ellos, sino en quienes intervienen en el proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad.

 

 

Para que se reanuden

Un día después del fallo, la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, presentó un pedido ante la presidenta de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma, para que se reanuden los juicios que estaban por concluir – tal como lo había anticipado a El Cohete. La fiscal explicó que desde que se decretó la cuarentena 22 juicios quedaron en suspenso.

Según la oficina de la Procuración, cinco procesos quedaron en la etapa de la presentación de los alegatos de la defensa antes de dictar sentencia. Uno de ellos es el cuarto juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se juzga a diez imputados por 805 víctimas.

Lo mismo sucedió con el juicio que se sigue en La Plata por lo sucedido en la Brigada de San Justo contra 84 víctimas. Entre los ocho imputados que tiene ese proceso están Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart. Jimmy logró la proeza de no tener ninguna condena firme y, mientras tanto, recomienda a otros condenados que guarden la información que tienen sobre sus víctimas en algún lugar secreto hasta 2040 – según confesó su hijo en el libro Hijos de los '70.

En San Martín está frenado el juicio por el Arsenal Naval de Zárate, el buque ARA Murature y el Tiro Federal de Campana. Allí hay tres imputados, entre ellos el médico Omar Di Nápoli, por los secuestros, torturas y violaciones a 20 víctimas. Di Nápoli logró la domiciliaria en plena pandemia y volvió a su casa en Zárate – a un par de cuadras de una de sus víctimas.

En Mar del Plata hay dos juicios en trámite, pero uno está cerca del final. Se trata del proceso contra dos abogados por crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) antes del golpe de Estado de 1976. Uno de los imputados, Oscar Héctor Corres, pidió declarar y, después de eso, deberían comenzar los alegatos del fiscal Pablo Ouviña. En Comodoro Rivadavia, la defensa de los dos imputados debe concluir con los alegatos en el proceso que se juzga la desaparición del docente Ángel Bel.

 

 

Los que están frenados

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado querellante Pablo Llonto también le pidieron a Ledesma que se reanuden los juicios, entendiendo que la última acordada que firmó la Casación abre la puerta para que esto ocurra. La acordada –emitida el lunes pasado— dice que debe avanzarse con las causas en las que hay detenidos, por ejemplo.

La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad solicitó que se conformen equipos disciplinarios para decidir cómo avanzar con los procesos que aun están en etapa de prueba – por ejemplo, recibiendo testimonios. Hay al menos diez juicios en ese estado: dos en Ciudad de Buenos Aires (Orletti V y Vesubio III), dos en San Martín (Contraofensiva y Campo de Mayo – Área 400), el juicio de la Triple A en Bahía Blanca, el de La Cueva III en Mar del Plata, las megacausas en Tucumán y San Juan, el proceso por el Destacamento de Inteligencia 144 en Mendoza y el de la Noche del Apagón (sin Carlos Blaquier) en Jujuy.

En Rosario, los tribunales dispusieron audiencias remotas tanto en la causa Saint Amant, que esta semana seguirá con una declaración testimonial, como en la causa Feced III, que este lunes tendrá audiencia para dúplicas y réplicas. Es probable que el TOF 2 de Rosario dicte sentencia la próxima semana, aunque aun no lo ha informado a las partes.

 

 

Los que debían empezar

Para el martes estaba previsto el inicio del juicio por crímenes en los Pozos de Banfield y Quilmes, aunque el tribunal ya dio a entender que esa fecha deberá reprogramarse como consecuencia de la pandemia. Es un juicio muy esperado en La Plata. En primer lugar, porque la causa de Banfield está elevada a juicio desde 2012. Además, el centro clandestino de Siciliano y Vernet fue uno de los más grandes de la provincia, arrancó a funcionar antes del golpe de Estado y sirvió como base del Plan Cóndor y maternidad clandestina. En segundo lugar, la expectativa tiene que ver con que se tratarán casos como la Noche de los Lápices, que interpela profundamente al movimiento de derechos humanos y al estudiantil.

También para este mes se esperaba el inicio de un juicio por represión a empresarios durante la última dictadura. Se trata de la causa por el secuestro de 28 ejecutivos que pertenecían al grupo Chavanne (Banco Hurlingham) e Industrias Siderúrgicas Grassi. Todos ellos fueron llevados y torturados en Campo de Mayo. Los acusados son el Batallón 601 Raúl Guglielminetti y Juan Etchebarne, ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para el 24 de junio quedó postergado el arranque del juicio por el centro clandestino que funcionó en 1 y 60 en La Plata, donde estaba la sede del Destacamento de Infantería de la Policía Bonaerense. Otro proceso que quedó suspendido es el que deberá examinar los delitos sexuales padecidos por las secuestradas de la ESMA.

 

 

En mora

Un día antes del decreto de Alberto Fernández que ordenaba el aislamiento, el TOF 6 debía dar a conocer los fundamentos de la sentencia en el juicio de Coordinación Federal. Previsores los jueces no hicieron audiencia. Hubo reclamos de querellantes y de la fiscal Ramos. El juez José Martínez Sobrino le contestó escuetamente que eso sucederá “en cuanto sea posible”.

Martínez Sobrino y Julio Panelo son dos de los jueces que renunciaron antes de que se aprobara la reforma jubilatoria para la Justicia, pero acordaron con la Casación seguir actuando como jueces jubilados para que no se cayeran los juicios en los que estaban interviniendo.

 

 

Un llamado a la Corte

En sus planteos, tanto Ramos como Abuelas y el CELS manifestaron la importancia de convocar a la Comisión Interpoderes de la Corte para debatir cómo continuar con los juicios en plena pandemia. La Corte creó la Interpoderes en 2008 – en tiempos en que el entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti sostenía que los juicios eran parte del contrato social de los argentinos. La Interpoderes pasó a cuarteles de invierno durante el macrismo. La última vez que se reunió fue en 2016 – en un encuentro en el que participaron tanto Lorenzetti como Horacio Rosatti.

A fines de abril de 2017, quienes generalmente participaban de la Comisión Interpoderes recibieron un correo de Fernando Sagarna, el director de Relaciones Institucionales de la Corte, invitándolos a reunirse el 18 de mayo en el salón de té para preparar la nueva reunión. Pero no volvieron a tener noticias después de que el 3 de mayo Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz firmaran el fallo que habilitaba a los represores a pedir el 2x1 para salir antes de prisión.

Tanto Rosatti como Highton cambiaron de opinión después de que se sancionara una ley que excluía a los delitos de lesa humanidad de la posibilidad de ese beneficio. Rosenkrantz, que motorizó el fallo tras su llegada a la Corte y votó siempre en contra de la causa del movimiento de derechos humanos, se mantuvo incólume. Ahora, como presidente supremo, sería el encargado de convocar a la Interpoderes.

 

Las domiciliarias

Desde que se declaró la pandemia, los tribunales recibieron más de 170 pedidos de domiciliarias por parte de los represores – según los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Son más planteos que los represores que están presos. Hasta el 19 de abril, había 131 detenidos por delitos de lesa en las cárceles federales. Desde la semana pasada, ese dato no está accesible en la web del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Voceros de ese organismo tampoco suministraron el dato a pedido de este medio.

Al menos 33 represores salieron de la cárcel en el último mes y medio. Uno de los últimos beneficiados fue el partero de la ESMA Carlos Octavio Capdevila, que dejó la Unidad 31 de Ezeiza para mudarse con su hija a un departamento en Córdoba Capital. Capdevila acumula tres condenas: una a 20 años en el juicio de ESMA II (2011, firme desde 2015), otra a diez años por la apropiación de una menor y una tercera a quince años en el juicio ESMA III (2017). Como la última condena no está firme y Capdevila pasó más de 17 años en la cárcel, el TOF 5 decidió excarcelarlo en esa causa. Obligado le otorgó la domiciliaria en la causa de ESMA II – pese a la oposición de las querellas y del fiscal Leonardo Filippini.

Según el juez, no estaban dadas las condiciones para la libertad condicional, pero sí para la domiciliaria. Sostuvo que existía el riesgo por su edad y porque quienes lo custodian en la cárcel pueden ingresar el virus aun sin saberlo. “No es sinónimo de impunidad”, escribió el magistrado.

Obligado también mandó a su casa a Diego Chemes, de 67 años y condenado a 21 años y medio por crímenes en Vesubio. Chemes estaba también en Ezeiza, pero alojado en las casas de pre-egreso. En ese caso, fue la fiscal Ramos quien se opuso, diciendo que se encontraba en un área subocupada. Explicó, por ejemplo, que esa unidad tiene plazas para 84 personas pero que había 60. El represor tampoco tenía dolencias serias, más allá de hipertensión – según informaron los médicos del SPF. Chemes, a diferencia de Capdevila, gozaba de salidas transitorias desde febrero de 2017. Obligado justificó su resolución, diciendo que se requiere un trato humanitario tanto para imputados por delitos comunes para los de lesa.

Quienes se esperanzan con dejar los penales de Ezeiza o la Unidad 34 de Campo de Mayo son los otros represores de la ESMA, que miran con atención los chispazos que brotan de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa sala firmó el mes pasado la domiciliaria para el policía rosarino Lucio Nast y esta semana le entornó la puerta a Marcelo Cinto Courtaux para dejar la Unidad 31 de Ezeiza. También deberá atender en sus planteos en breve.

Cinto Courtaux quiere irse a vivir a la casa de su hijo homónimo en el country de Pilar Santa María de los Olivos. Es el único de los represores que afrontan el juicio de la contraofensiva que está preso. Está acusado por más de 80 secuestros y homicidios mientras era jefe de la Sección Primera de Ejecución del Departamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. La fiscal Gabriela Sosti se opuso a que deje la cárcel. Recordó que había estado prófugo entre 2014 y 2017, hasta que cayó detenido. También explicó que estaba en un pabellón sin problemas de hacinamiento en la Unidad 31 de Ezeiza y con una celda individual. Llonto también, incluso explicó que podía poner en peligro el juicio porque restan más de 40 declaraciones testimoniales. Cuando lo detuvieron a Cinto Courtaux andaba con una foto de Llonto.

El TOF 4 de San Martín le rechazó la excarcelación en marzo y dispuso que se forme un legajo para tramitar su domiciliaria. Cinto Courtaux llevó el caso a la Casación. Allí Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci anularon la resolución del tribunal porque sostuvieron que no se habían evaluado correctamente los informes médicos.

Lo curioso fue el contrapunto entre Mahiques y su colega Alejandro Slokar – que rechazó el planteo de Cinto Courtaux. Para Mahiques, la acordada 9 que firmaron en la Casación habilita para la domiciliaria de adultos mayores. Slokar le recordó que la misma acordada recomienda a los jueces merituar con extrema prudencia y carácter restrictivo los planteos de acusados por delitos graves. No todo está dicho. El TOF 4 deberá expedirse y ya antes le rechazó el planteo.

 

 

 

 

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