Una jueza ordenó no sesionar

 

En el Conurbano bonaerense acaba de darse un caso en que el Poder Judicial le manda al Legislativo lo que puede o no hacer. Si bien es una prerrogativa que ya se ha atribuido la indefendible Corte Suprema de la Nación respecto del Congreso, es la primera vez que ocurre en un municipio. En este caso, sus fundamentos son atendibles.

Esta semana, una jueza de Quilmes le ordenó al Concejo Deliberante de Berazategui que evite dar tratamiento a la revisión de cuentas, hasta tanto no le permitan a la oposición acceder a la documentación y a las claves del sistema RAFAM, a lo que el Departamento Ejecutivo municipal siempre estuvo obligado. Es el primer caso aplicable a este nuevo acceso informático y es difícil hallar antecedentes bonaerenses en otros temas por los cuales el Poder Judicial actúe por sobre el Legislativo.

El que podría ser un caso testigo se dio este jueves 4, cuando el Concejo Deliberante de la ciudad que comanda Juan José Mussi se aprestaba a aprobar las cuentas del 2022. Tal tratamiento significa considerar si se gastó bien el presupuesto del año anterior, tanto por oportunidad como por transparencia.

El mussismo hizo lo mismo que cada año: impedir que los comprobantes de todo un año fueran vistos durante más de quince minutos por la oposición. La novedad es que un concejal del partido de Elisa Carrió y una abogada que responde a Jorge Macri presentaron una medida cautelar para demorar la sesión hasta tanto no se cumpliera con el precepto de la transparencia.

En el Juzgado 3 de Quilmes, ante lo inusual de la solicitud y la posibilidad de que pudiese malinterpretarse como una injerencia entre poderes, en principio, la jueza Sandra Martucci la consideró “extraña a la intervención de la justicia ordinaria”, se declaró incompetente y la elevó al fuero federal. Luis Armella, único magistrado federal en el Departamento Judicial de Quilmes, respondió el mismo día que no aceptada la competencia y que, si su par no compartía el criterio, podía acudir a la Corte Suprema de la Nación.

La jueza hizo lugar entonces y mandó a que se decrete la suspensión del tratamiento de la rendición de cuentas en el HCD el 4 de mayo y prohibió “que se convoque a una nueva sesión a los fines de su tratamiento hasta tanto se le brinde el acceso a la información y documentación al concejal de Juntos referida a la rendición de cuentas del 2022, así como la clave de acceso al Sistema Informático RAFAM”.

 

 

RAFAM (Reforma de la Administración Financiera) es definido por la Dirección Bonaerense de Sistemas de Información Económica y Financiera Municipal como “un software que cuenta con funcionalidades para soportar, en forma transparente y ordenada, los procesos críticos de gestión financiera y contable en un municipio”. Su aplicación es obligatoria, pero no hay plazos ni prisa por parte de las intendencias en ser controladas. Gracias a ese sistema provincial podrían leerse todos los movimientos contables, pero para acceder hay que tener una clave que sólo los oficialismos manejan y no comparten o ceden sólo de manera parcial.

Cuando por fin el Juzgado hizo lugar, la abogada Sandra Massimino se lo comunicó a su patrocinado, el concejal Juan Cáceres, quien estaba en viaje hacia el Concejo Deliberante y llegó cuando faltaban quince minutos para la sesión, a tiempo para avisarle a su bloque y presentar la novedad por escrito ante la Mesa de Entradas.

 

 

Los opositores se vieron con el presidente del cuerpo, Marcelo “Canario” Romio (representante del Centro Comercial de la Ciudad), quien pasó a reunirse con el presidente del bloque PJ, Omar Acosta, un influyente del mussismo, y con el abogado de la Municipalidad. Tras media hora, iniciaron la sesión, trataron un par de temas menores y dejaron para otro día el más álgido. Luego, se cruzaron hasta el edificio de la Intendencia a evaluarlo con Mussi. Allí, algunos asesores aconsejan encararlo como un nuevo embate de “la familia judicial”.

 

 

Quién es quién

El concejal Juan Carlos Cáceres es de origen justicialista, aunque desencantado con sus expectativas progresistas. Supo militar con Jorge Sívori, quien venía de la izquierda peronista y ahora también es concejal de Juntos, aunque arribaron separados. Cáceres se acercó a Ángel Gallese, quien en 2001 llegó a ser concejal por el Polo Social del sacerdote tercermundista Luis Farinello. Luego militaron con Mario Mazzitelli, del Partido Socialista Auténtico, junto a Fernando “Pino” Solanas. Con ellos estaba la abogada de derechos humanos Mónica Frade. Los tres actores locales protagonizaron en 2005 una de las principales denuncias del Conurbano que se conoció como la Causa del Arrepentido (IPP 256.522), en la que un ex presidente del Concejo Deliberante denunciaba “la corrupción de la que fui parte junto a Juan José Mussi”. Se trataba de Ruben Aicardi, quien falleció tras un ACV en el hospital Evita Pueblo, administrado por el mussismo; su hermano Carlos Aicardi es actual edil; otras dos hermanas fueron condenas por vender drogas en la casa del primer Aicardi, cuando era presidente del Deliberante. El primer patrocinante del denunciante había sido Dante Morini, abogado de la APDH. Personas decentes y de consecuente lucha anticorrupción, Cáceres, Frade y Morini terminaron por confluir en el armado partidario que mayor chance les daba para enfrentar al más longevo de los barones del Conurbano. Morini llegó a concejal por el espacio del peronista disidente Joaquín de la Torre en alianza con la UCR. Cáceres (que integra la Comisión de Presupuesto junto a Julián Amendolaggine, el de más solvente experiencia acumulada como secretario de Hacienda en Tres de Febrero con el intendente Diego Valenzuela) entró como suplente por la Coalición Cívica de Elisa Carrió, partido por el que Frade llegó a ser diputada nacional.

En cambio, su patrocinante es alguien con antiguas raíces en la UCR, alejada de la política durante años. Sandra Beatriz Massimino se especializó en derecho penal y laboral. En 2012 empezó a asesorar al incipiente Sindicato de Policías y Penitenciarios de la Provincia BA, del que hacia 2014 pasó a ser secretaria adjunta; fue secretaria general del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de la República Argentina (SUTPRA) entre 2015 y 2018; creó la asociación civil Fuerzas Unidas en Defensa de los Derechos Humanos de las Fuerzas de Seguridad Civiles Armadas, que preside desde 2016.

De regreso al partidismo, en 2021 fue tercera precandidata a concejal, en una de las listas de Diego Santilli. En los últimos meses, por vía de la quilmeña diputada nacional Maru Sotolano, se integró a los equipos de Jorge Macri, con quien interactúa en encuentros de capacitación y debates en la Ciudad Autónoma.

 

 

 

Una mala costumbre

La presentación que motivó esta inusual resolución judicial encuentra basamento en un modus operandi muy común en los intendentes del partido mayoritario del Gran Buenos Aires: envían al Cuerpo Legislativo las cajas cerradas con candados que sólo abren unos minutos antes de la sesión a fin de evitar que la oposición las examine en detalle. De inmediato, alcanza con que los concejales oficialistas impongan su mayoría para que sean aprobadas.

Después, sólo queda esperar que el Tribunal de Cuentas de la Provincia revise, cuando tenga tiempo, en busca de irregularidades. En general, las hay. Sin embargo, son halladas años después, en fallos con poca circulación, nunca reproducidos por los medios de baja tirada que dependen de la pauta publicitaria municipal, ni por los de tirada nacional que sólo ven al Conurbano como fuente de inseguridad. Los fallos aparecen cuando los concejales opositores del periodo en cuestión terminaron su mandato y no le significan a los funcionarios de gobierno más que unas multas.

En esos desmanejos reside gran parte de la indignación de quienes se enteran y suponen que todo el justicialismo es así.

En la zona norte del GBA, donde gobiernan los antiperonistas, también se atornillan a la butaca de la Intendencia, como viene ocurriendo en San Isidro con Melchor y Gustavo Posse, únicos gobernantes de su distrito en 40 años de democracia.

El paradigma que más se le parece en la zona sur es el de Berazategui, donde Mussi (82 años) asumió como intendente en el primer recambio, el de 1987. Los demás vinieron después a construir sus nichos de administración reelectiva: Hugo Curto (Tres de Febrero, 1991-2015), Julio Pereyra (F. Varela, 1992-2017), Alejandro Granados (desde la creación de Ezeiza, en 1995), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas, 1995-2015), Alberto Descalzo (desde la creación de Ituzaingó, en 1995), Gerardo Amieiro (San Fernando, 1995-2011), Mario Ishii (José C. Paz, desde 1999), Ricardo Ivoskus (San Martín, 1999-2011). Algunos debieron ceder ante sus competidores internos, como Manuel Quindimil, quien gobernó 24 años, desde 1983 a 2007; otros delegaron el puesto por momentos a personas de sus equipos, como hicieron Pereyra, Ishii, Granados o Mussi, quien lo cedió a su hijo Patricio mientras aquel cumplía funciones en la nación o la provincia.

La expresión “barones del Conurbano” está inspirada en los robber barons, caracterizados así en 1870 por el periodismo estadounidense de investigación; utilizados por Karl Marx como ejemplo del pillaje, base de la acumulación capitalista primitiva, según publicara Horacio Verbitsky.

Este Conurbano alberga a barones sempiternos que aportan a los armados políticos como armas de doble filo, tan útiles como condicionantes para la provincia o la nación. Es tanta la fuerza acumulada durante décadas que trascienden a los gobiernos provinciales o nacionales a los que les imponen condiciones o les reclaman puestos en una suerte de parcelación de las administraciones.

Consiguen programas de beneficios por los que casi no rinden detalles, ni hacia las instancias superiores ni hacia las más mínimas, como consideran a los ediles opositores. Para sacarles algún documento de prueba, un concejal llegó a instalarse en el Tribunal de Cuentas con una fotocopiadora alquilada, según relató María O’Donnell en su libro El aparato (Aguilar, 2005).

Cuando esta información vence las barreras de distracción que la separa de la sociedad, permea hasta convertirse en indignación y decanta en el pedido de “que se vayan todos” o de que venga un loco a patear el tablero del bipartidismo rebautizado “casta”.

 

 

 

 

 

 

 

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