Una interna electrizante

 

“Guzmán necesitaba avanzar con una actualización tarifaria cercana al 30% –lo mismo que reclaman las distribuidoras eléctricas–, atada a la negociación con el FMI por la cuestión fiscal. En contraposición, aparece la postura de no convalidar un incremento superior al 9%. De patearse el acuerdo con el Fondo para los últimos meses del año, quedará claro que primaron las urgencias del contexto económico (y electoral). En el (F)ondo, la disputa hacia el interior del Gobierno –sujeta a negociación permanente– es sobre los instrumentos y el rumbo que debería adoptar el modelo económico en un contexto de crisis”.

Esto publicaba El Cohete en su edición del 14 de marzo de este año. Lo que quedó expuesto este viernes fue la crisis hacia el interior del propio gobierno nacional, que no es otra cosa que la exteriorización de una interna sobre el rumbo económico: cómo distribuir los recursos existentes (también entra la disyuntiva de si hay que inyectar más recursos a la clase trabajadora) y sobre todo quién soportará el ajuste de tarifas de los servicios públicos.

En la mañana del viernes, desde el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete instalaron que el “gobierno” echaba al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, un funcionario con línea directa a Cristina Fernández de Kirchner. El jefe del bloque de Diputados, Máximo Kirchner, se enteró de la “noticia” por los medios de comunicación.

Luego de varias horas, desde el kirchnerismo respondían que todo era una “operación de prensa” pero a la que se le veían todos los hilos. “Las operaciones de prensa no contribuyen a conducir la política sectorial en un momento tan delicado para el país. El Estado está haciendo un esfuerzo fiscal muy grande para sostener el funcionamiento del sector y su cadena de pagos, y desde la secretaria se están desarrollando los instrumentos necesarios para hacer más eficientes el uso de los subsidios energéticos”, añadieron.

Renunciado o no renunciado Basualdo, cabe preguntarse: ¿hay alguna trama subterránea que amerite semejante exposición que debilita al propio Presidente?

Sí, hay una trama subterránea vinculada a quién debía pagar el costo de los aumentos de tarifas que fueron informados como inevitables por las empresas y el propio Guzmán.

En medio de semejante segunda ola de coronavirus y con nuevas restricciones anunciadas el mismo viernes, cabe formularse una segunda pregunta aún más urgente: ¿por qué las familias de trabajadores y trabajadoras, las pymes y cooperativas deberían soportar un aumento de tarifas, por más que sea por única vez y menor a los dos dígitos? Por caso, durante la pandemia macrista, Pampa Energía, dueña hasta el momento de Edenor, ganó vía tarifazos y dolarización de contratos 1.086 millones de dólares, y Enel, propietaria de Edesur, otros 869 millones. ¿Es momento de aumentar tarifas?

 

Trama subterránea

“Políticamente no se va a aumentar más de un 7 o un 9% por única vez. Hoy el ministro sostiene que no hay fondos para el sistema eléctrico más que para la generación. Esto contempla una actualización tarifaria que no es sostenible por el marco socio económico del país. Entonces, la puja tarifaria que se da hacia el interior del gobierno es por los costos del ajuste”, enfatizaba Basualdo en diálogo con sus colaboradores.

En la mañana del sábado, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) informó que el incremento sería del 9% por única vez, tal como se propiciaba desde la Subsecretaría a cargo de Basualdo. Ergo, Economía deberá destinar más subsidios para cubrir los costos de las deficientes distribuidoras. Prima el contexto social.

Sea cual sea la suerte de los funcionarios involucrados en los días por venir, quienes se quedan –y siempre ganan– son las distribuidoras eléctricas. Ahí radica el problema de fondo.

En julio del año pasado, el ENRE había recomendado anular el cuadro tarifario del macrismo al sostener que la eliminación de los subsidios, sumada a la dolarización de las tarifas, había constituido una transferencia millonaria de recursos de los usuarios hacia las empresas. La cuenta la pagaron los usuarios y usuarias.

No sólo eso. Sobre el cierre del mandato de Macri, el ex Presidente y Gustavo Lopetegui rubricaron un acuerdo secreto en donde les reconocieron a Edenor y Edesur ingresos no percibidos por 101.000 millones de pesos como consecuencia del congelamiento de tarifas aplicado entre 2006 y 2015, además de licuarles deudas millonarias. El ENRE determinó que esos números habían sido fraguados.

¿Qué decía ese acuerdo? De haberse “ajustado” la tarifa durante el período 2006-2015 bajo los parámetros planteados por las distribuidoras, Edenor debía haber incrementado sus ingresos en 56.946 millones de pesos y Edesur en 44.067 millones. Pavada de cuenta acordada entre el macrismo y las empresas bajo la lupa.

El ENRE, bajo la conducción de Basualdo, cotejó ese reclamo con la cantidad de recursos que efectivamente recibieron vía subsidios durante el período 2006-2015. La sorpresa fue que habían obtenido más recursos que lo que reclamaban como “ingresos no percibidos”. Es decir, Edesur y Edenor le deberían al Estado 47.000 millones de pesos.

Ese acuerdo sigue vigente. Basualdo le envió al ministro de Economía el trabajo del Ente Regulador, y un pedido explícito para derogar por vía administrativa el regalito que les había dejado el macrismo, algo que no ocurrió hasta el momento. Mientras, las distribuidoras están en alerta porque contabilizaron esos ingresos no percibidos dentro de sus balances.

La auditoría del ENRE expuso lo ineficiente que resultó la distribución de subsidios en aquellos años, dato que despierta genuinas preocupaciones en la actual gestión.

Tal reconocimiento generó otras preguntas que deberían haberse tornado en un debate interno que claramente Guzmán no pretendía dar, ni tampoco Alberto Fernández.

¿Por qué subsidiar concesionarias que constantemente reclaman recursos del Estado? En 2020, como consecuencia de la pandemia, el total de las distribuidoras eléctricas acumuló deudas con CAMMESA por 150.000 millones de pesos. De ese total, Edesur y Edenor se anotaron con 30.000 millones. Es decir, apalancaron su funcionamiento gracias a la asistencia del Estado.

La deuda de las empresas es más que el total de sus patrimonios netos. Bajo estas condiciones, ¿el Estado no debería hacerse cargo del servicio?, se preguntaban hace dos meses desde el kirchnerismo, a sabiendas de que es un debate para dar en el marco de otras correlaciones de fuerza.

Pero la deuda no fue solamente de las distribuidoras con el Estado. Los usuarios y usuarias residenciales, pymes y cooperativas también acumularon faltas de pago como consecuencia de la crisis de 2020.

El mismo viernes, la Secretaría de Energía publicó una resolución en el Boletín Oficial en la que instruyó a CAMMESA a que pueda canjearse la deuda de las distribuidoras por lo que adeudan los usuarios. Es decir que las boletas impagas de clientes residenciales, pymes y cooperativas las paguen las distribuidoras que supieron recibir cuantiosos ingresos vía dolarización de tarifas.

 

Segmentación

La versión que difundió el propio Ministerio de Economía sobre la salida fallida de Basualdo incluía el siguiente párrafo: “Se va por incompetencia. Se le pidieron escenarios de costos que nunca presentó. Tampoco avanzó con un eje fundamental de la gestión, que es la segmentación de tarifas”.

El subsecretario de Energía eléctrica suele repetir que la segmentación “no resuelve el problema estructural del sector” ni mucho menos los problemas estructurales de la población, “que no soportaría los dos aumentos que proponía Guzmán”.

“Con una economía en caída, con una inflación anual del 40% y altos niveles de pobreza, nada de esto lo resolvés con la segmentación. Lo que te permite, sí, es un manejo más eficiente de los subsidios, pero el problema estructural lo seguís teniendo”, señalaba a sus colaboradores.

El objetivo de su cartera era avanzar en la confección de la base de datos para una segmentación por ingresos y situación patrimonial durante este año, con una primera implementación sobre el AMBA. La ingeniería de datos para armar la base implicaba conseguir información sensible de usuarios y usuarias, y la colaboración de diferentes organismos públicos.

Alberto Fernández habló de la segmentación durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Ese día también mencionó que se enviaría al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia de los servicios públicos como paso previo a la elaboración de un nuevo cuadro tarifario integral.

Quien primereó en ese proyecto fue Sergio Massa, que parece quedar siempre indemne de las tensiones hacia el interior de la coalición gobernante. Su iniciativa coincidía mucho con la idea de Guzmán de eliminar completamente los subsidios en el mediano plazo y que los usuarios pagasen el valor pleno del costo de la energía.

Lo que proponía Massa era “la convergencia –en las facturas– de los costos totales requeridos para satisfacer la demanda interna de gas y electricidad”. Tal como publicó este Cohete, esta iniciativa afirmaba que las actualizaciones tarifarias se realizaran según el porcentual de variación del RIPTE o el IPC acorde el segmento de usuarios. Y que las tarifas para los residenciales de bajos ingresos no podrían superar el 80% de las de los usuarios residenciales de ingresos medios.

Sin embargo, en otra parte del proyecto proponía que si los usuarios residenciales actualmente pagan el 80% de la tarifa (el resto se cubre con subsidios), hacia fines del 2022 deberían pagar el 100%.

Tanto Basualdo como Federico Bernal, titular del Enargas, calificaron de impracticable dicho proyecto, que hasta el momento no pasó de borrador.

 

Daño colateral

En la resolución del ENRE que se difundió el sábado se ratificó que habrá un solo aumento tarifario del 9% en todo el año, dato que fue confirmado por el propio Basualdo a este cronista.

Cuando desde Economía y Jefatura de Gabinete transmitieron la “salida” del subsecretario, también adelantaban que habría un primer aumento del 9% y un segundo incremento –en fecha definir– en el transcurso del año.

Si la decisión era incrementar las tarifas en ese porcentaje, ¿por qué no se evitaron exteriorizar semejante interna y discutir puertas adentro cómo seguir con la segunda trama del aumento? No se puede soslayar en este punto que el acuerdo tarifario que proponía Guzmán era parte del acuerdo con el Fondo. Caído un plan, al menos por el momento, ¿se cae el otro?

“Se hizo lo que se pensaba hacer desde un principio. ¿Por qué operaron de esta manera? Supongo que no querían que Guzmán quedase tan expuesto”, reflexionaron cerca de Basualdo.

Está claro que quien intervino de manera directa fue Cristina Fernández de Kirchner. En su entorno ratifican que la relación con Alberto está bien. No así con otros funcionarios, como Guzmán y Cafiero, quienes terminaron haciendo “un daño innecesario”.

Que la interna no tape lo urgente. En este contexto socio económico, ¿se puede soportar un aumento de tarifas de los servicios públicos?

 

 

 

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