Una intensa sospecha de parcialidad

 

“En diciembre de 2015 estábamos organizando un acto público para presentar lo que habíamos trabajado entre comienzos y fines de ese año, período en el cual fui presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal. Queríamos dar cuenta de lo actuado. Invité a jueces y a camaristas de la Casación nacional. Y también a las autoridades nacionales que habían asumido recientemente. El 15 de diciembre se presentó en mi vocalía Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Justicia, y quien era el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Solicitó hablar conmigo por el tema del acto y coordinamos cuestiones de protocolo”. Quien habla es la doctora Ana María Figueroa, jueza del máximo tribunal penal del país.

“Cuando estábamos finalizando la charla, el funcionario me preguntó cuánto iba a demorar en dictar sentencia en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán y ató a esa respuesta la participación del ministro (de Justicia) Germán Garavano en el acto. La causa la tenía la Sala II de la Cámara, pero actuaba la Sala I. Me sorprendió, porque nunca antes nadie del gobierno, de ningún gobierno, me había hecho ese tipo de preguntas. Yo estoy nombrada como camarista desde 2011. Le respondí que en función de la independencia judicial no me podía hacer esas preguntas”.

“Mahiques me hizo saber que quería que Casación dictara sentencia antes del acto y le respondí que si Garavano no quería venir, que no viniera. El acto se hizo y después salió la sentencia de Casación, firmada por los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, el 22 de diciembre de 2015”.

“A partir de 2016, desde el gobierno intentaron una serie de desacreditaciones a mi persona vía la prensa. En la feria judicial de julio de 2016, Gemignani me hizo dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura y sumé una tercera de la asociación de abogados de la calle Montevideo (ligada a los represores de la última dictadura) por una cuestión de entrega de computadoras. Habíamos firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Planificación Federal, a través del Consejo de la Magistratura, para que nos proveyera de tecnología para notificar a presos.

–¿Usted tomó el amedrentamiento de Mahiques como un hecho de violencia de género? –consultó El Cohete a la Luna.

–En ese momento no lo tomé como un hecho de violencia de género, sino como una tentativa de direccionamiento, de disciplinamiento, de querer darme instrucciones.

El intercambio entre Figueroa y Mahiques terminó en ese momento. La jueza lo despidió abriendo la puerta de su despacho. Garavano fue al acto y recién después salió la sentencia de Casación. En los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, Figueroa no fue invitada a ningún acto de gobierno ni a la Embajada de Estados Unidos, como otros jueces y fiscales.

 

 

En el gobierno de Macri no solamente los funcionarios visitaban a jueces en sus despachos, sino que algunos magistrados iban alternativamente a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada. En la primavera de 2016 se dieron por lo menos tres visitas de casadores a Macri: Gustavo Hornos estuvo con el primer mandatario el 9 de noviembre y Mariano Borinsky, el 6 de octubre y el 23 de diciembre. Las visitas se produjeron entre el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que confirmó la desestimación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y otros por el Memorándum de Entendimiento con Irán, el 27 de septiembre, y el fallo que firmaron ellos mismos como integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Penal en el que revocaron esa decisión, ordenando la apertura de la investigación. Esa sentencia está fechada el 29 de diciembre de 2016.

La información surge de la denuncia que realizó Cristina Fernández de Kirchner a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, quienes la semana pasada exigieron la nulidad de todo lo actuado y el sobreseimiento “de todas las personas injustamente imputadas” en la causa del Memorándum, inclusive el ex canciller Héctor Timerman, sobre quien se extinguió la acción penal a causa de su fallecimiento. “Es tan intensa la sospecha de parcialidad que se genera a partir de los ya referidos encuentros entre Macri y los magistrados que, cualquiera fueran sus motivos, la validez de su actuación no puede ser mantenida”, argumentan los abogados.

Un día después que CFK, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, también imputado en la causa, se presentó por intermedio de su abogado Aníbal Ibarra ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8. En el mismo sentido que la Vicepresidenta, pidió la nulidad de todo lo actuado y el sobreseimiento de los imputados. Parrilli sostuvo que Hornos y Borinsky cometieron “actos indecorosos y de clarísima parcialidad” que “exigen su censura desde el día 29 de diciembre de 2016”. Y aportó un dato para subrayar que no hubo delito con el Memorándum: el año pasado Interpol confirmó que sólo el juez de la causa (Rodolfo Canicoba Corral, hasta su renuncia a mediados del año pasado) podía levantar las alertas rojas: ni Cristina Fernández de Kirchner ni nadie que no fuera el juez podrían haberlo hecho.

¿Qué firmaron Hornos y Borinsky el 29 de diciembre? Como jueces de la Sala I de la Cámara de Casación hicieron lugar al recurso deducido por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en carácter de “pretenso querellante” y dejaron sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen a ese proceso. Apartaron a todos los jueces que habían convalidado la decisión y ordenaron la remisión de la causa a un nuevo magistrado para su continuación. De la presentación que hicieron Javier y Jordana Timerman (hermano e hija de Héctor) contra los jueces, surge otro dato: dicha resolución se hizo pública a pocos días de que terminara la subrogancia que ejercían ambos temporariamente en esa sala.

“El derecho a un juez independiente e imparcial (…) se trata de un derecho absoluto, que no admite excepciones”, escribió el juez Alejandro Slokar, también camarista de Casación, en el texto “Acerca de la integridad de los/las magistrados/as” que recuperaron Beraldi y Llernovoy en su presentación ante el TOF 8. Los abogados también se refieren a una frase del teórico alemán del derecho Claus Roxin, quien “enseña que el temor de parcialidad se configura, entre otras situaciones, justamente cuando el juez ‘juega al tenis’ con el imputado ‘y después se van a comer juntos’”.

 

 

Charlie Hebdo

Andrés “Cuervo” Larroque es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Antes fue diputado nacional por el Frente de Todos. Es uno de los imputados en la causa del Memorándum. En diálogo con El Cohete a la Luna recordó que Nisman presentó su denuncia por “traición a la patria” el 14 de enero de 2015. Una semana antes había tenido lugar en París el atentado a la redacción de la revista Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos y una decena de heridos.

“El mundo estaba conmocionado con ese tema. La denuncia de Nisman, que es un corte y pega de los servicios de inteligencia, tuvo implicancias en materia electoral en un año en que se celebraron los comicios presidenciales. Es imposible escindir este hecho de la llegada de Macri al poder”, grafica. Larroque sostiene que una vez que Macri asumió la presidencia, la ofensiva se radicalizó y dio lugar a la reapertura del expediente por parte de Casación con una velocidad inusitada.

 

 

 

 

 

 

Desde Adis Abeba

El 27 de enero de 2013, los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina e Irán, Héctor Timerman y Alí Akbar Salehí, firmaron un documento de 9 puntos en la capital de Etiopía Adís Abeba, que apuntaba a ser "un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la AMIA en 1994", que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

El Memorándum preveía la creación de una “Comisión de la Verdad” integrada por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, que no podían ser ni argentinos ni iraníes. Se establecía que el juez de la causa, Canicoba Corral, y el fiscal Nisman podrían interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán.

En el documento se advertía que el Memorándum, luego de ser firmado, sería remitido por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol para cumplir con los requisitos de la policía internacional con relación a este caso.

El 21 de febrero de 2013 el Memorándum obtuvo media sanción del Senado, con 39 votos a favor y 31 en contra. Una semana más tarde, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley por 131 votos a favor y 113 en contra.

Nunca llegó a aplicarse. El 14 de enero de 2015 el fiscal Nisman denunció a la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por una presunta “maniobra criminal” para intentar garantizar la “impunidad” a los iraníes acusados de cometer el atentado a la AMIA mediante el Memorándum. Cuatro días más tarde, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero sin indicios de la participación de terceros en su muerte.

El 26 de febrero el juez federal Daniel Rafecas desestimó el requerimiento de instrucción de la denuncia de Nisman. En diciembre de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum. Con la firma de los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, el máximo tribunal penal el país dejó firme el fallo de mayo de 2014 de la Sala I de la Cámara Federal luego de que el gobierno de Macri desistiera de apelarlo. Un año más tarde, también en diciembre, la misma Cámara de Casación Penal, ahora con los votos de Hornos y Borinsky, ordenó que se continúe la investigación. A cargo de la pesquisa quedó el juez federal Claudio Bonadío, que el 7 de diciembre de 2017 procesó a CFK y a Timerman por “traición a la patria”.

Las detenciones fueron difundidas profusamente por los medios de comunicación: Carlos Zannini, quien fuera secretario de la Presidencia, fue arrestado en Río Gallegos, de madrugada. Horas después, la Policía Federal también detuvo al dirigente social Luis D'Elía y a Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en la Argentina. El ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, se entregó en una comisaría de Retiro y quedó detenido.

Consultado en relación con el impacto que produjeron estas detenciones, Larroque afirma: “Cuando uno milita en política sabe que el poder concentrado tiene esa capacidad de respuesta”. El dirigente político continúa con sus bienes inhibidos e impedido de salir del país, lo que de todos modos no acostumbra hacer, comenta.

A mediados de abril el funcionario bonaerense, a través de su abogada Lucila Larrandart pidió la nulidad de toda la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán y denunció a Hornos y Borinsky por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. “Sus idas a Olivos fueron la certificación de lo que sospechábamos. Suma elementos para pedir la nulidad de lo actuado”, dice. “La denuncia de Nisman se hizo contrarreloj con todo el dispositivo mediático pendiente y dando cobertura permanente”, reflexiona el dirigente de La Cámpora.

 

 

La disidencia de Figueroa

El fallo del 29 de diciembre de 2016 que habilitó continuar con la investigación por el Memorándum tuvo los votos a favor de Hornos y Borinsky y la disidencia de Ana María Figueroa. La jueza escribió en esa sentencia que “el Poder Judicial de la Nación no puede ser utilizado a conveniencia de ninguna parte, sino que debe responder a un sistema estricto de organización interna conforme pautas y criterios previos, objetivos y uniforme”. En ese sentido se pronunció a favor de que el expediente fuera a la Sala II, que era la que se venía ocupando de ese tema.

 

Al revés, ¿qué hubiera pasado?

Los abogados de CFK hacen una pregunta interesante: ¿qué hubiese ocurrido si Hornos y Borinsky, en lugar de reunirse con Mauricio Macri, lo hubiesen hecho con Cristina Fernández de Kirchner? “A fin de dar respuesta a tal interrogante, no hace falta extremar la imaginación. Basta con recordar la situación que se dio en el caso del juez [Sebastián] Casanello en la causa de la ‘Ruta del dinero K’”, señalan. El periodista Jorge Lanata lo apodó “tortuga”, se lo intentó desplazar y al final surgió que nunca había estado en Olivos, sino que las celdas de su teléfono se activaron en la zona de la residencia presidencial porque sus padres –a quienes había ido a visitar— viven en Vicente López.

 

 

 

 

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