Una gorra fidedigna

 

La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó por unanimidad una demanda del ex agente civil de la dictadura Néstor Luis Montezanti y le ordenó pagar las costas del proceso que impulsa desde 2013 contra Dante Patrignani, un docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS) que en el marco del juicio académico al entonces camarista federal difundió afiches de su estampa socarrona retocada con una gorra militar, la leyenda “personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura” y el reclamo “fuera de la UNS”. Al revocar la sentencia de la Cámara Civil y Comercial bahiense que había ordenado indemnizar al ex espía, el alto tribunal argumentó que en el caso prevalece el derecho a ejercer la libertad de expresión porque no existió una intromisión arbitraria en su intimidad ni un objetivo injuriante y porque la información contenida en el afiche era fidedigna y relevante para la comunidad universitaria donde oficiaba de profesor en el Departamento de Derecho.

Montezanti fue procesado el año pasado por el juez federal Walter López da Silva por sus aportes a la Triple A de Bahía Blanca, responsable de 24 asesinatos antes del golpe de Estado. El dato lo denunció en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, testigo del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad en 1975. El asesino, Jorge Argibay, jefe de la patota que el interventor Dionisio Remus Tetu había contratado como personal de “seguridad y vigilancia” de la UNS, propuso como defensor a Montezanti al ser detenido. La acusación de Rodríguez laceró su honor con retardo ya que lo denunció por calumnias e injurias dos años después, cuando el Senado aprobó su designación como camarista. El proceso fue un fracaso para el acusador porque permitió confirmar su presencia en medio de los matones que a punta de pistola ocuparon la Universidad Tecnológica Nacional en agosto de 1974, acreditar la existencia en su estudio de un diploma otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina” firmado por Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V en 1975 e ícono del genocidio, y probar judicialmente por primera vez la existencia de la Triple A local.

Montezanti revistó en el Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, cerebro del terrorismo de Estado en el pago chico, apadrinado por el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro del grupo parapolicial y pieza clave en el Plan Cóndor, quien dijo conocerlo “en profundidad y con el tiempo y asiduidad de trato suficiente para avalar sus condiciones morales, ideológicas y familiares”. La larga noche de impunidad sumada al secreto que rige las tareas de inteligencia le permitieron mantener oculto su pasado hasta 2010, cuando la Presidenta Cristina Fernández ordenó desclasificar los legajos de los PCI de la dictadura. El del entonces presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca informa que se desempeñó como “asesor universitario”, el ámbito al que pertenecían la mayor parte de las víctimas.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia lo imputaron en 2015 por su vinculación con la Triple A y su participación en el secuestro y los tormentos a un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V en 1977. El juez federal Alejo Ramos Padilla, entonces subrogante en Bahía Blanca, lo citó a indagatoria y luego de tres faltazos con excusas inconsistentes lo declaró en rebeldía. Ese detonante activó al Consejo de la Magistratura, que acumulaba denuncias contra Montezanti por actitudes antisindicales, abusos de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. El Consejo lo suspendió e inició el proceso de remoción por su rol durante la dictadura, sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” con empleados y alumnos de la UNS, y sus conductas “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos”. Ante la inminente destitución, que le habría impedido acceder a la jubilación de privilegio de los ex magistrados, presentó la renuncia. En mayo último, según La Nación, Montezanti cobraba 628.510 pesos netos por mes.

 

Luchar contra la impunidad no es delito

El profesor de física Patrignani, secretario de derechos humanos de la CTA bahiense, presentó en 2011 el pedido de juicio académico para que Montezanti fuera separado de su cargo en la UNS por su actuación en el aparato de inteligencia del terrorismo de Estado. Ese fue el marco de la pegatina de afiches con el fotomontaje de la gorra que derivó en la demanda civil para que cese “la campaña de deshonra e invasión a mi persona y a mi vida privada”, se victimizó. En primera instancia logró que la jueza María Selva Fortunato hiciera lugar a su acción de amparo y ordenara arrancar los afiches de los edificios de la universidad, aunque rechazó su pretensión de ser indemnizado.

 

 

Como al ejercer su defensa Patrignani mostró una fotocopia del legajo militar desclasificado, el ex espía lo denunció además por violación de secretos, delito penal en el que pretendió involucrar también a la abogada Mónica Fernández Avello, que representa a la agrupación Hijos Bahía Blanca en los juicios por delitos de lesa humanidad. Un juez de instrucción determinó que no había delito porque la documentación de la Dirección de Inteligencia del Ejército no era de acceso restringido ni secreto, pero la Cámara Federal, que Montezanti condujo con mano de hierro hasta 2015, revocó esa decisión por considerarla “prematura” sin dar ningún fundamento y sin que ningún fiscal lo pidiera, erigiéndose en perseguidora y jueza al mismo tiempo. Finalmente, previo dictamen del fiscal general Javier de Luca, la Cámara Federal de Casación Penal archivo la denuncia por inexistencia de delito y descalificó el “pronunciamiento arbitrario” de los camaristas bahienses.

En la causa civil también dio la nota la segunda instancia: la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, con votos de Miguel Ángel Diez y Guillermo Emilio Ribichini, confirmó la resolución que ordenó remover de las paredes de la UNS los afiches que informaban del destino de Montezanti durante el terrorismo de Estado y además condenó a Patrignani a indemnizarlo con 70.000 pesos a modo de reparación por afectar la “privacidad, tranquilidad y honra” del ex espía del Ejército.

Patrignani y Fernández Avello presentaron entonces un recurso extraordinario ante la Corte bonaerense en el que defendieron la libertad de expresión y argumentaron que el afiche no afectaba la privacidad ni la intimidad del entonces camarista y profesor universitario ya que contenía información pública sobre un funcionario público.

El juez Eduardo de Lázzari fue el primero en darles la razón y refutar los argumentos de la Cámara, que había invocado el artículo 1071 bis del Código Civil para justificar la indemnización. Como ese artículo pena a quien “arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena”, De Lázzari se preguntó qué tan arbitraria había sido la decisión de hacer el afiche y la información que contenía. ¿Era de utilidad para la sociedad? ¿Era de provecho dentro de la UNS que se conociera el pasado de un profesor que fue espía de la dictadura? ¿Fue información divulgada por maldad o porque la sociedad podía estar interesada? “Un panfleto con imágenes trucada hubiera caído prontamente en un justificado olvido de no ser por este mismo juicio”, encomió la inteligencia de Montezanti. La información divulgada “no refiere a la vida privada del actor sino a su paso por un organismo que, más allá de su naturaleza cuasi secreta, es (o fue) una repartición pública, donde Montezanti ha ejercido un empleo público y fue pagado con fondos públicos”, recordó, por lo que “tales datos no pueden considerarse de su intimidad” y la intromisión “no puede considerarse arbitraria”. Se trató de un “dato fidedigno” y “relevante” para la comunidad de la UNS sobre una persona con un cargo público, por lo que “debe prevalecer el derecho de dar a conocer una noticia, dato o hecho por sobre el derecho a la vida privada”, concluyó.

Daniel Soria escribió el segundo voto, al que adhirieron Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani. Citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar que las expresiones sobre funcionarios públicos “gozan de mayor protección” que las referidas a particulares a fin de fomentar “el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública” y consideró “gravitante” a la hora de decidir que Montezanti fuera “docente en la misma casa de estudios donde se sucedieron los acontecimientos, en cuyo marco la parte demandada había promovido juicio académico”. Patrignani “se expresó públicamente en su condición de miembro de la Asamblea Universitaria de la UNS”, movido por “el interés social de que la comunidad universitaria conociera la información” sobre el ex espía. No tuvo un fin “injuriante” sino que hizo un aporte a un “debate de interés general” en la UNS sobre “las cualidades” de un profesor para desempeñarse en su cargo. El detalle de la gorra no es más “un recurso visual satírico y mordaz”.

 

 

 

 

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