"Una fortaleza para el continente"

 

La panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño habló delante de la piel de vidrio de las y los desaparecidos de la ESMA, ese monumento que no habla del pasado, dijo, sino del modo en el que las sociedades logran encontrar una fórmula, un lugar, en el que se reconocen las vivencias y los recuerdos que fortalecen las luchas del presente.

La presidenta de la actual integración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció la Argentina de los últimos cuatro años, cuando la organización fue requerida para intervenir ante la prisión ilegal de Milagro Sala. Ella que estuvo con Milagro en la cárcel del Altocomedero de Jujuy, el viernes encabezó la conmemoración de los cuarenta años de la histórica visita de la CIDH al país de septiembre de 1979. En ese contexto, la Comisión de la Organización de los Estados Americanas también recordó los 60 años de su creación y reseñó lo que la lucha de las víctimas nucleadas en las incipientes organizaciones de derechos humanos locales legaron a la historia de la CIDH y de la región.

"Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad que nos dan de poder estar hoy acá", dijo. "Compartiendo un recuerdo tan importante para la vida de cada una de las víctimas y de sus familiares, de las líderes y lideresas, que abanderaron una lucha que en su momento podía ser considerada como imposible de alcanzar. Esa fuerza de la sociedad argentina, que se tradujo en el continente, representó en nuestros países una fortaleza en la búsqueda de justicia al señalar que no es posible para la humanidad aceptar la violación de los derechos de la gente".

 

 

La delegación de la CIDH permaneció sólo un día en el país, luego de pasar por Chile y antes de viajar a Uruguay. A la mañana del viernes visitó el ahora Museo Sitio de Memoria de la ESMA también recorrido en 1979 por los antiguos integrantes. Y participó de la apertura de una muestra temporaria llamada La Visita de la CIDH organizada por el Museo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta con los papeles que recorren los acontecimientos ocurridos antes, durante y después de la visita.

"Seguimos trabajando con los ideales de lo que fue entender que estos espacios son lugares que nos permiten sentir que el pasado nos interpela en el presente", dijo en la apertura la directora del Museo, Alejandra Naftal. "Estos espacios tienen que ser para fortalecer nuestras democracias, para que terrorismo de Estado nunca más”. Desde Memoria Abierta, Verónica Torras volvió a 1979 para explicar la visita como un hito en varias dimensiones. Para la historia de la dictadura, para las organizaciones porque les permitió corroborar por primera vez sus denuncias y para la propia Comisión que se fortaleció al interior de la OEA en un contexto de dictaduras militares sostenida en la legitimidad y respeto ganado a partir del contacto con las organizaciones de víctimas.

Ante la piel de vidrio estuvo el vicepresidente primero de la CIDH, Joel Hernandez; Alfredo Ayala, sobreviviente del Centro Clandestino; Víctor Abramovich, Procurador general ante la Corte Suprema de Justicia y comisionado de la CIDH entre 2006 y 2009 y, entre muchos otros y otras, Graciela Lois de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

Lois habló del dia siguiente al arribo de la CIDH de 1979. El día 7 de septiembre a las 8.30 de la mañana cuando comenzaba a formarse la cola de avenida de Mayo ante el edificio de la OEA. A las 17.30, Familiares tenía la primera reunión institucional con los comisionados para entregar un gráfico que organizaba los datos de 1.019 casos con los que comenzaban a sistematizar los crímenes de Estado.

 

 

Habían llegado hasta ahí, a entregar los gráficos y sostener la presencia de miles de personas en las colas luego de muchos meses difíciles. El 26 de abril, habían tenido que avisar a las familias que se suspendía la visita prevista originalmente entre el 4 y el 29 de mayo. Pero era necesario, dijo, no bajar los brazos. Y no hacerlo pese a los escollos: entre abril y septiembre, explotó una bomba en el auto de un integrante de los organismos, la justicia allanó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, la APDH y el MEDH, siguió el secuestro de Thelma Jara de Cabezas, la publicación de su entrevista en la Revista Para Tí y la campaña con el eslogan Somos Derechos y Humanos alentada por Carlos María Muñoz. Nada de eso impidió, sin embargo, el avance de esa cola sostenida ante la sorpresa de las organizaciones.

Lois dijo que aquella visita marcó un hito porque, por primera vez, un organismo internacional no sólo visitaba el país sino que "nos ratificaba que estábamos diciendo la verdad." Y en esa lógica de péndulo entre pasado y presente, pidió a sus integrantes lo que iban a escuchar una y otra vez poco más tarde: "En nombre de ellos (de los y las desaparecidas) y en nombre de los que hoy estamos acá --dijo--, quiero agradecer la presencia a la Comisión, pero también manifestarles lo importante que es para las víctimas ser escuchadas". La demanda para que la CIDH no abandone uno de sus puntos fundantes se debió a que, dijo, uno llega después de mucho andar, por fin a una instancia donde piensa que algo se puede resolver, porque escuchar a las víctimas es fundamental.

Enseguida se abrieron poco más de horas de encuentro con referentes de organizaciones gremiales, sociales y políticas con intervenciones de cinco minutos para mostrar el apabullante panorama de arrasamiento de derechos de los cuatro años de gobierno de Cambiemos. El encuentro se hizo en la casa de la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Estuvo Sergio Maldonado, hubo familiares de las víctimas del ARA San Juan, organizaciones sociales del Frente por la Dignidad y el Trabajo Milagro Sala, integrantes de la CGT y la CTA que reclamaron por la persecución del Estado a los delegados sindicalizados, representantes de los maestros a un día de la huelga por la agresión a los docentes de Chubut, referentes de salud, la hermana de Diana Sacayán que habló de los crímenes de odio y, entre otros, quienes reclaman por la saña en la persecución a las mujeres de la Túpac Amaru presas en Jujuy con castigos que incluyen celdas de aislamiento y castigos con desnudos forzados.

 

 

"Yo vine con la idea de decir una cosa, pero cuando llegaba me cambió el panorama", dijo el hermano de Santiago Maldonado después de leer el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ordenó la reapertura de la causa para investigar la responsabilidad del Estado. Sergio dijo a la CIDH que así como la visita de 1979 permitió hacer visible la batalla por la verdad, esta nueva visita parece haber conseguido cosas como esa decisión judicial. "En este país la Justicia se mueve o electoralmente o por presiones internacionales", dijo y justificó. El cuerpo de Santiago apareció antes de las elecciones de 2017 y nueve días antes de que el gobierno debiera explicar en Montevideo a la CIDH por qué tenía un desaparecido en democracia. Sergio repitió el reclamo que les había hecho en 2017: crear un grupo de expertos independientes. "Santiago estuvo desaparecido 78 días y el Estado fue el que tres veces estuvo en ese lugar", dijo. "No podemos confiar en esta Justicia ni en los que investigan porque si matan a persona con una patada en el pecho acá, en la Capital, a la luz de todo el mundo, pudieron haber hecho cualquier cosa con Santiago en la ruta 40 donde no había absolutamente nadie".

 

 

Eduardo Tavani de la APDH y el Comité por la Libertad de Milagro Sala valoró la intervención de la CIDH en el caso de Milagro. Pero hizo hincapié la situación pendiente de Mirta Aizama, Gladys Díaz, Patricia Cabana (Pachila) y Graciela López, sometidas a una persecución marcada por una clara violencia de género de parte de jueces y fiscales, luego replicada en el interior de la cárcel. Mirta y Gladys llevan más de tres años de prisión sin condena. A Pachila, con siete hijos, cuatro menores de edad desamparados, le negaron la domiciliaria sin fundamentos. Y Graciela López con graves problemas de salud es violentada, hostigada y sometida a malos tratos dentro de la cárcel. Tavani denunció los sistemas de aislamiento de celdas de castigo y el sometimiento a situaciones de desnudez forzada durante las cuales las presas son filmadas por personal penitenciario.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, habló de la persecución gremial de los últimos cuatro años a los trabajadores que son objeto de demandas judiciales de parte del gobierno. “Cuando el gobierno no encuentra consentimiento de la dirigencia para llevar adelante su proyecto neoliberal y de saqueo de la Argentina, decide atacar con demanda judiciales”.

Desde la mesa hablaron también los integrantes de la CIDH, Taty Almeida y Abramovich. El procurador general ante la Corte volvió a aquella visita de 1979 para hablar del presente. Dijo que esa visita comenzó a marcar la aceptación del sistema interamericano con mecanismos como la CIDH y la Corte IDH como órganos externos de control al Estado durante el gobierno de Raúl Alfonsín y con la incorporación de los pactos en la Constitución en la reforma de 1994. Mencionó el sacudón que significó el fallo Fontevecchia de 2017 con el que la Corte intentó limitar esa intervención y la declaración del 11 de abril pasado realizada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia ante el Secretario Paulo Abrao para diluir los alcances del sistema. “Eso marca un retroceso en lo que fue la política histórica de Argentina —dijo— y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos”.

 

 

No hubo tiempo para el almuerzo previsto con la mesa de los trece organismos de derechos humanos que estuvieron detrás del armado del encuentro. Pero ellos lograron entregar un documento actualizado sobre los retrocesos en la agenda de Memoria, Verdad y Justicia. Los comisionados se fueron a la quinta de Olivos donde los esperaba el Presidente Mauricio Macri. El encuentro organizado contrarreloj había terminado de confirmarse en la semana.

Hasta el lunes pasado, 2 de septiembre, el programa de la CIDH iba a ser distinto. A la mañana del viernes iban a ser recibidos en la Cancillería. Y luego se harían los encuentros con las organizaciones de la sociedad civil. Pese a que la agenda comenzó a prepararse a fines de 2018, la reunión con el Presidente se insinuó posible sólo después de las PASO. Y Presidencia la confirmó recién esta semana.

En Olivos, Macri habló unos diez minutos corridos. Pero lo único que no leyó fue el saludo inicial. Pese al frío, dijo, palabras más, palabras menos, el calor humano nos hace bien. Abrió una carpeta de cartulina azul sobre una tarima. Y cuando debía comenzar a leer o a mirar a la invitados, se puso a mirar la cámara donde posiblemente haya estado el guión del teleprompter. En los minutos posteriores dijo todo lo que tenía que decir. Y más. Políticas de Estado. Memoria, verdad y justicia. Y a cuatro años de gobierno no habló de guerra sucia sino de terrorismo de Estado. Y valoró correctamente el impacto de la visita de 1979. Pero no todo salió bien. También habló de un compromiso con la agenda de derechos ampliada como derecho al trabajo, al acceso a los alimentos y a la salud sin que se le sonrojara la cara. El guión finalmente mostró la falla. Macri agradeció la presencia de los invitados. Y dijo: También a los organismos de derechos humanos que están acá.

Los integrantes de los organismos de derechos humanos no fueron a la quinta de Olivos. No querían una foto de campaña.

 

 

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