Una facultad que interpele a Py

 

Los días 11, 12 y 13 de junio se disputarán en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires las elecciones correspondientes al Claustro de Graduadxs. Hay tres listas que competirán en el comicio, la lista de Abogados Pluralistas que tiene como candidato a Carlos Más Vélez y responde al radicalismo y a Daniel Angelici, la lista Facultad Activa, de Daniel Vitolo, que lleva como candidatos a Alejandro Fargosi y funcionarios de la gestión Cambiemos, y la lista 2 del Frente de Abogadxs Populares que reúne a distintas organizaciones del campo nacional y popular.

El oficialismo Cambiemos viene a reeditar la elección que se llevó a cabo para los representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, oportunidad en que presentó dos listas, una en la que llevaba como principal candidato a Juan Pablo Más Vélez y otra que lideraba el abogado cercano al Colegio de Montevideo, Alejandro Fargosi. En dicha elección el oficialismo de Cambiemos disputaba, en definitiva, quiénes encabezarían el diálogo o su capacidad de influencia u operación con el Poder Judicial, entre un sector cercano al angelicismo y el otro perteneciente a la mesa judicial del PRO que celosamente quiere remover del sector central de la operación judicial a Daniel Angelici.

Por supuesto, ninguna de las dos listas presentó ningún cuestionamiento a las variadas violaciones a las garantías constitucionales que se vienen dando sistemáticamente en Comodoro Py. Más bien, en su declamada independencia del Poder Judicial ratificaban con sus omisiones o en sus declaraciones rimbombantes un denodado respaldo a los procesos judiciales que se llevan a cabo, en los que cualquier estudiante medio de Derecho puede con facilidad señalar la cuantiosa cantidad de nulidades.

Alguien señaló alguna vez ante la pregunta de por qué los abogados y abogadas que defienden a personas en dichos procesos se esforzaban en sus escritos de presentación, si de antemano sabían que cualquier indicación que pusiera en crisis dichos procesos judiciales iba a ser rechazada sin más trámite. La respuesta fue que alguna vez alguien los iba a leer y estudiar y que no había que perder ninguna oportunidad de señalar las graves violaciones al Estado de Derecho. Que no se trata de un esquema de venganza, al contrario, precisamente, y en función de la defensa del Estado de Derecho cada ocasión era imperioso dejar constancia de las innumerables barbaridades jurídicas que llevaron adelante y que llevan muchos de los jueces y fiscales que componen hoy la vergüenza del Poder Judicial como lo es Comodoro Py.

En distinto grado, pero sin perder trascendencia, esto también se juega en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. No hay que dejar pasar oportunidad de presentar ante la comunidad académica el grave problema que significa para el Estado de Derecho el ejercicio del servicio de Justicia que está impracticando de manera soez el Poder Judicial.

Especialmente en el marco de un Poder Judicial en crisis y que debe ser interpelado, circunstancia que en dicha alta casa de estudios brilla por su ausencia. Son muy pocas las aulas en donde se escucha un verdadero debate que ponga en cuestionamiento la realidad vergonzante en que camina hoy el Poder Judicial. De hecho, fueron un fenómeno particular de público las dos conferencias que llevó adelante el colectivo Iniciativa Justicia como también el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales o las charlas debate de Instituto Contra Legem. Es cierto que existen profesores que dan lugar a estos debates, y para ello debemos mencionar a Maximiliano Rusconi, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Ricardo Nissen, Luis Niño, Horacio Corti, Roberto Boico, Mariano Recalde, Adrián Albor, Adriana Micale, Gustavo Caramelo, Elizabeth Gómez Alcorta, Marisa Herrera, Beatriz Rajland, Enrique Arias Gibert, Alejandro Alagia, entre otras y otros. Pero no son muchísimos más. La estructura de la Facultad no facilita el surgimiento de nuevas voces.

Sobre todo teniendo en cuenta que la cuestión del trabajador se encuentra ausente en la Facultad, ni que hablar de la Constitución de 1949 derogada por un decreto de facto. Veamos un hecho objetivo, para la Facultad de Derecho el empleo público es un contrato administrativo y no un contrato del derecho del trabajo. Todo ello implica una toma de posición clara en la lucha desigual entre empleador y trabajador que termina por equilibrar los principios protectorios de la Ley de Contrato de Trabajo del gran Centeno. Estructuralmente la Facultad de Derecho es una casa de estudios de tendencia conservadora en materia patrimonial e indiferente a los problemas que se suceden en nuestra sociedad.

Por eso es que el debate aparece censurado y a partir de una aparente neutralidad se baja una línea ideológica que apunta a formar abogados y abogadas que no tengan compromiso con la realidad más vulnerable. Neutralidad que se cae sólo al recorrer o revisar quienes son los titulares de los posgrados.

Un ejemplo bochornoso respecto de este debate se desprende con la simple mención de que el titular de la Carrera de Especialización en Administración de la Justicia sea —nada más ni nada menos que— Julián Ercolini. Quiere decir que los alumnos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires reciben la enseñanza de cómo ejercer el servicio de justicia a través de un docente que ha sido repetidas veces apelado por los defensores y defensoras de imputados por las flagrantes violaciones al derecho de defensa. Sólo tomemos en consideración la causa Vialidad que fuera llevada en instrucción por Ercolini, que debería haber sido rechazada por su orfandad probatoria, llegó al ridículo luego que el denunciante Javier Iguacel presentara una acción civil en el fuero penal señalando que la ex Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, era la jefa de la asociación ilícita por culpa, al haber diseñado el presupuesto y haber designado a los funcionarios. ¿Ercolini puede pasar por alto que no existe delito más doloso que la asociación ilícita? ¿Cómo es posible que considerara válida la existencia de la asociación ilícita con culpa? Ello sin tomar en cuenta la cantidad de pruebas que fueron rechazadas en instrucción, lo que en definitiva marca que tenían como único objetivo sentar en pleno proceso electoral a la ex Presidenta.

El máximo de los bochornos es la designación reciente de la diputada nacional por la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, en el Consejo Asesor del Centro de Estudios sobre la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción o mejor dicho el Consejo de Encubrimiento de la Vergüenza. ¿Cómo es posible que una persona imputada de armar causas y ser parte de un dispositivo de espionaje ilegal sea designada, hace sólo apenas unos días, como referente académica de la lucha contra la corrupción? Ese Consejo Asesor está integrado sólo por personas allegadas al gobierno de Cambiemos. ¿Acaso piensan que la lucha contra la corrupción sólo pertenece a la derecha argentina? ¿La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no conoce la cantidad de prestigiosos militantes y destacados juristas que provienen del campo nacional y popular y han dado muestras con su propio cuerpo de su pelea contra las mafias que azotan a nuestro país? Es un grave error, además de un insulto innecesario.

El titular del posgrado de Derecho Constitucional es Daniel Sabsay. Además de hacerse famoso por gritar a los cuatro vientos que la ex Presidenta mostrara su condición de abogada (cuestión que está fuera de duda, aunque lo interesante sería que Sabsay mostrara sus títulos de posgrado en materia de derecho constitucional en Francia) mediante una diatriba lamentable en el marco de un encuentro en Mar del Plata del círculo rojo de nuestro país, nunca se le escuchó o se leyó ni medio tweet de Sabsay respecto de la incomparecencia del fiscal rebelde Carlos Stornelli (que en un país en serio no podría ser ni fiscal de mesa) ni tampoco de las flagrantes violaciones a las garantías constitucionales. El Derecho Constitucional es una materia fundamental a los fines de entender el Estado de Derecho, una esfera que cobija no sólo a quienes le gustan a Sabsay. Esto toma relevancia en el marco de una sociedad que está en permanente riesgo y a tiro de quedar detenida bajo una prisión preventiva ilegal ante las arbitrariedades sistemáticas tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.

Otro punto a señalar: ¿alguien escuchó o leyó alguna crítica institucional de la Facultad de Derecho respecto a las escuchas ilegales? ¿Se preguntó la Facultad si puede permanecer indiferente a que organismos estatales de inteligencia pueden grabar escuchas entre una persona detenida y su abogado? ¿No sería importante que la alta casa de estudios de derecho de nuestro país pusiera de manifiesto que existen dispositivos antijurídicos que se anidan en los más alto del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que buscan desguazar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano? Sino pregúntenle a María Eugenia Vidal, a Gómez Centurión, o a Romina Manguel. Como venimos, no sería ridículo que en cualquier momento en la Facultad se vaya crear la materia “Derecho Procesal Penal Creativo” bajo la titularidad de Claudio Bonadío.

Las arbitrariedades son permanentes en materia académica. Recientemente fue removida del cargo de subdirectora del Posgrado de Familia, doctora Marisa Herrera. Alguien que con su equipo docente fue una destacada académica en todas aquellas discusiones y debates que transitan hoy en nuestro país. Es cierto que su posición es minoritaria en el Claustro Docente de Familia de la Facultad, pero es absolutamente mayoritaria en el resto de las altas casas de estudio de la Argentina. Así fue que la Facultad de Derecho pasará de tener un posgrado modelo en América Latina respecto de los debates trascendentales que se suceden día a día, a un posgrado normativista, alejado de las cuestiones que se suceden y se expresan continuamente en las calles de la Argentina.

Otro ejemplo que describe esa alta casa de estudios es que recientemente la Facultad de Derecho realizó una obra de restauración de su salón de actos a partir de aportes privados y para ello dispuso una placa de conmemoración en agradecimiento por su colaboración dineraria. Por supuesto, una placa que tiene a los grandes estudios, que va desde el estudio Bomchil al estudio Marval, O´Farrell & Mairal. Raro, porque la Facultad se ocupó de inmediato de reconocer a los grandes estudios, inclusive a aquellos que litigan contra la Argentina en el CIADI, pero nunca reconoció a la cantidad inmensa de docentes que concurren todos los días a dar clase ad honorem. Para la Facultad es más destacable arreglar con un aporte dinerario (sobre todo de aquellos a quienes no le falta nada) un sillón en el salón de actos que el compromiso diario con la educación pública. Digo esto respecto de todos los y las docentes, aquellos y aquellas que piensan inclusive que la Facultad de Derecho funciona en óptimas condiciones.

La Facultad de Derecho está repleta de personas honorables, de eso no hay duda, lo que cuesta entender es que desde sus autoridades no se impulse este debate tan necesario de interpelación del Poder Judicial. Extraño, porque cuando hizo falta una declaración del Consejo Directivo contra Justicia Legítima no se tardó mucho en votar.

El hecho de tener a Paula Oliveto en el Centro de Transparencia y lucha contra la Corrupción es claramente una toma de posición respecto de expediente D'Alessio que tramita en Dolores. Su designación y su silencio parece respaldar la existencia de una organización paraestatal destinada a armar causas y el espionaje ilegal. ¿Acaso suponen que no existe interés en los estudiantes o graduadxs sobre la causa que puso en tela de juicio el dispositivo de persecución judicial que significa Comodoro Py? ¿Qué tipo de estudiante se busca formar en Figueroa Alcorta si no se pone de manifiesto la necesidad imperiosa de establecer alianzas en el seno de la comunidad académica que no permitan traspasar el límite de la ley y la dignidad?

Lo concreto es que se necesita construir una Facultad que interpele al Poder Judicial y ponga de manifiesto que no se puede permitir la violación sistemática del debido proceso y del derecho de defensa. Este aspecto no puede soslayarse en la esfera formativa del estudiante de grado o de posgrado.

Por todas estas cosas, desde un espacio plural que recibe a todas las agrupaciones del campo nacional y popular es que venimos a resaltar la importancia de no abandonar la pelea en los ámbitos universitarios. Porque en definitiva sigue siendo la lucha por la idea, y el peronismo tiene un larga historia universitaria en este sentido, que se apunta a ocultar. Es así que el 11, 12 y 13 de junio es que te pedimos que nos acompañes con tu voto a la Lista 2 Frente de Abogadxs Populares en la Facultad de Derecho de 9 a 21.

 

 

 

 

 

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