Una deuda de la democracia

La cuarentena empoderó a las policías pero el gobierno nacional emite mensajes de sanción y reforma

Por Luciana Bertoia

 

Estados Unidos arde tras el asesinato de George Floyd. En Argentina, el crimen de Luis Espinoza, un trabajador rural de Tucumán estremece. Un video muestra la incursión en la casa de una familia qom y, más tarde, unas fotos con caras desfiguradas. En todos los casos, son las policías movidas por odios raciales, clasistas y amparadas en el uso excesivo de las fuerzas. Las diferencias son las respuestas políticas que se dan frente a la violencia policial e institucional.

 

Matar y hacer desaparecer

El 15 de mayo, la policía de Tucumán mató a Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años y padre de seis hijos, e intentó hacer desaparecer su cuerpo. Luis y su hermano Juan andaban a caballo cuando se toparon con una comitiva policial – que recorría la zona para dispersar una carrera. Los policías estaban sin identificaciones y de civil.

Uno de los efectivos habría empezado a disparar balas de plomo contra los hermanos Espinoza, que corrieron hasta un campo. Los policías se abalanzaron contra Juan. Su hermano Luis gritó que no le pegaran más. Uno de los policías, José Morales, se dio vuelta y le apuntó con su arma reglamentaria de marca Jericho. Juan sólo escuchó el disparo.

Mientras a Juan lo mantenían esposado, otros policías arrastraron el cuerpo de Luis – sin saber si estaba vivo o muerto – por el monte. Al menos, unos quince metros, creen los investigadores. Al rato, lo cargaron en una camioneta y lo llevaron directamente a la comisaría de Monteagudo. Según la fiscal Mónica García de Targa, lo ingresaron al patio de la dependencia, lo desnudaron y lo envolvieron en una colcha gris, que ataron con pedazos de plásticos, sogas y cinta de embalar. Después, cargaron a Luis al auto del subcomisario, que habría manejado hasta el límite de Catamarca, para deshacerse del cuerpo. Encontraron sus restos una semana después de su desaparición.

Son once los policías que están detenidos por el caso de Luis Espinoza, que remite a las prácticas más extendidas de la dictadura: matar y hacer desaparecer. La fiscal acaba de pedirle al juez Manuel Velázquez que prorrogue la preventiva de diez de ellos y el magistrado deberá resolver en los próximos días.

“Muertes, violaciones, torturas y desapariciones, todos delitos cometidos por miembros de la Policía de la provincia. Se trata de violencia y está institucionalizada, es estatal y las autoridades tienen que hacerse cargo, porque son responsables”, escribieron en una declaración más de 400 organismos de derechos humanos, activistas y referentes sociales y políticos.

 

 

No puedo respirar

Seis años atrás, George Floyd se había mudado a Minnesota. Primero trabajó como camionero y, después, como seguridad en un restorán. La crisis del Covid lo dejó sin empleo. El 25 de mayo fue a comprar y supuestamente pagó con un billete de 20 dólares falso. Cuatro policías lo siguieron hasta su camioneta, lo redujeron y tiraron al piso. Uno de ellos, Derek Chauvin, le apretujó el cuello con su rodilla por cerca de nueve minutos. Otros dos hacían fuerza del otro lado del cuerpo. El último miraba cómo se iba apagando la vida del afroamericano de 46 años.

Todo quedó registrado en distintos videos que grabaron quienes pasaban por ahí, incluso con transmisiones directas por redes sociales. A George Floyd se lo escuchaba decir: “No puedo respirar”. Las mismas palabras que le escucharon decir seis años atrás a Eric Garner, un hombre negro –como Floyd– que fue asfixiado por un grupo de policías tras acusarlo de vender ilegalmente cigarrillos.

Las protestas por el asesinato de Floyd –que dejaron en evidencia el racismo y el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías– se extendieron desde el 26 de mayo. Donald Trump respondió que era el Presidente de la ley y el orden, que dispondría de recursos para aplastar las protestas, a las que definió como actos de terrorismo doméstico. Incluso ordenó despejar los alrededores de la Casa Blanca con militares armados contra manifestantes pacíficos para que él pudiera salir caminando y posar –Biblia en alto– frente a la iglesia de San Juan.

 

 

 

 

 

Nos decían que nos iban a prender fuego

En la casa de Elsa Fernández estaban durmiendo en la madrugada del 31 de mayo en la ciudad de Fontana, Chaco. El único que estaba levantado viendo la televisión era su sobrino. Todos se despertaron por los ruidos. El video del muchacho forcejeando con los policías se viralizó gracias a Revista Cítrica. Las imágenes son aterradoras. La puerta cede. Entra un grupo de hombres, algunos con uniforme y otros de civil, golpean a todos los habitantes de la casa. Exhiben armas. Lo que nunca exhiben es una orden para irrumpir de noche en la vivienda.

 

 

 

 

En medio de ese operativo ilegal, se llevaron a dos chicas y dos muchachos. Una de ellas era menor. Los trasladaron a unos metros, hasta la comisaría Tercera de Fontana. Durante toda la noche, los torturaron. Según los testimonios, cuando los policías apagaron la luz empezaron los golpes. Los rociaron con agua, con alcohol y les tiraban cigarrillos. “Amenazaban con prendernos fuego”, relató una de las jóvenes. Las mujeres fueron sometidas a distintas formas de violencia sexual.

Las cuatro víctimas integran la comunidad qom del Chaco. Según Silvio Del Bazo, presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y/ o degradantes, no es la primera vez que los oficiales de la Comisaría III de Fontana están involucrados en actos como el que vivió esta familia.  “No es algo aislado. Es una práctica sistemática de la policía del Chaco”, le dice Del Bazo a El Cohete.

Tanto el Comité como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se presentaron como querellantes en la causa. El viernes solicitaron la detención de seis policías, que hasta ese día no habían sido imputados ni indagados.

 

 

Una mezcla de empoderamiento y resabios

La violencia institucional se intensificó en tiempos de pandemia en todo el mundo, como el caso de George Floyd y la represión a las protestas lo muestran a diario. El jueves pasado, un grupo de organizaciones sociales realizaron un webinar en el que abordaron la temática.

Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), llevó los casos de Luis Espinoza y de la familia qom del Chaco a la reunión. “Resulta difícil establecer si tienen una relación directa con la situación de emergencia y el Covid porque en realidad son patrones de comportamiento que podemos encontrar desde hace mucho tiempo en las fuerzas”, explicó el integrante del CELS. “Es complejo establecer cuánto hay de continuidad de viejas prácticas que, en todo caso, encuentran un ambiente propicio en esta situación de aislamiento”.

 

 

Elsa Fernández y uno de sus hijos tras el ataque de los policías.

 

 

Desde que comenzó el aislamiento, se produjeron graves denuncias por el accionar de las fuerzas de seguridad. Se denunciaron muertes en comisarías. En San Luis son dos: la de Florencia Morales (39) y la de Franco Marangüello (16). En Santiago del Estero, un joven que fue detenido el 1 de mayo, Mauro Coronel, terminó muerto en el hospital. La madre denuncia que el hijo fue golpeado y que vomitaba sangre, desmintiendo las versiones que desresponsabilizaban a la policía. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirmaron que siguen con detenimiento estos casos.

Desde que se decretó el aislamiento hubo provincias que decretaron el toque de queda, lo que dio rienda suelta a las policías. Uno de esos casos fue el de Chubut, donde la situación empezó a normalizarse tras la aceptación por parte de la jueza Mirta del Valle Moreno de un habeas corpus que promovió la Secretaría de Derechos Humanos. Esa dependencia había recibido denuncias que iban desde un repartidor que fue baleado por la policía cuando volvía a su casa hasta una persona que fue detenida mientras sacaba la basura.

Los hechos de violencia no fueron ajenos a las fuerzas federales, aunque el ministerio de Seguridad dio mensajes contundentes de rechazo. En el Gran Buenos Aires se registraron dos muertes en las que intervinieron efectivos de la Policía Federal Argentina en las últimas semanas – aunque no por estar prestando funciones vinculadas al aislamiento. El 24 de mayo, el policía Germán Bentos detuvo su auto y efectuó cuatro disparos. Uno impactó sobre la espalda de Alan Maidana, un pibe de 19 años que volvía en bicicleta a su casa con un grupo de amigos. Cuando miraron hacia atrás, vieron que Alan caía de la bicicleta y empezaba a sangrar, relataron al Centro Informativo Berazategui. Bentos está detenido. En la Isla Maciel, Avellaneda, el policía Osvaldo Nicolás Rendichi fusiló de 18 disparos a Lucas Barrios, un joven de 18 años, con quien supuestamente había convenido encontrarse para que le vendiera una Play Station. El policía está también detenido.

Según información oficial, las fuerzas de seguridad federales estuvieron involucradas en 27 hechos de violencia institucional desde que se inició el aislamiento. Hubo 68 efectivos involucrados. De esos, seis ya fueron pasados a disponibilidad, siete están con medidas disciplinarias y el resto bajo investigación.

 

 

Esas raras preocupaciones nuevas

El PRO de Mauricio Macri sorprendió esta semana con un comunicado en el que condenaba los “graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país”. Toda una rareza, ya que proviene del partido que preside la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, creadora de la doctrina que habilitaba a los policías a disparar – incluso por la espalda. Bullrich defendió y elogió al policía Luis Chocobar después de que matara de un disparo por la espalda a Juan Pablo Kukoc en La Boca. La defensa de Chocobar fue tan explícita que el Ministerio le proveyó abogados, defenestró a los jueces que impulsaron la investigación y llevó a Macri a invitar al policía a la Casa de Gobierno. Bullrich también ejerció una defensa férrea de la Gendarmería en el caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, diciendo que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana.

Durante su gestión, Bullrich hizo propio el discurso más reaccionario de las fuerzas e incluso creó el año pasado una Unidad de Garantía de la Vigencia de los Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para recrear una idea de las dos campanas de los derechos humanos. Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos y firmante del comunicado, también había celebrado que se inauguraba una nueva etapa frente a las fuerzas de seguridad con la llegada de la doctrina Chocobar.

“El PRO exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al gobierno nacional no ser indiferente pues el silencio es cómplice”, escribieron. El radical Mario Negri, socio del PRO en Juntos por el Cambio, se envalentonó y pidió la renuncia del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

 

 

Decir no

Lo curioso es que no hubo silencio del gobierno nacional. Un día antes del comunicado del PRO, el Presidente Alberto Fernández había tuiteado que las imágenes del allanamiento y las torturas en Chaco eran inaceptables, que celebraba la decisión del Ejecutivo provincial de separar a cuatro efectivos, pero iba más allá: “Debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

 

 

El secretario de Derechos Humanos, Pietragalla, cuenta que, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había 40 personas trabajando la temática de violencia institucional en la Secretaría de Derechos Humanos. Durante el macrismo, esa área quedó reducida a una dirección con cinco trabajadores. “Vaciaron el tema. Es un mensaje muy claro en el marco de la doctrina Chocobar”, dijo el secretario de Derechos Humanos a El Cohete.

“No hay un gobierno más preocupado en la violencia institucional que este”, remarca. Como primera medida, Pietragalla hizo que la Dirección Nacional de Políticas contra Violencia Institucional dependa directamente de él. El secretario de Derechos Humanos dice que la oposición especula con hechos gravísimos, pero que el contexto debe permitirle avanzar al gobierno en esta temática. “Vamos a presentar un proyecto de ley para que nos acompañen”, anuncia.

—¿Qué debería contemplar?

—Creo que se tendría que trabajar en un abordaje integral, que contemple el acompañamiento, las leyes reparatorias para casos de violencia institucional, formación de las fuerzas y protocolos de actuación. Sería el momento de formar a todas las fuerzas nacionales, y que se ocupe la Secretaría de Derechos Humanos, ante la sensibilidad que expuso la oposición.

 

 

 

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