UNA DE CAL Y UNA DE ARENA

 

El gobierno de Alberto Fernández tiene dos meritos insoslayables:

1. haber elegido preservar la vida en la lucha contra la Covid–19, sabiendo que la reclusión de los habitantes repercute negativamente en la economía del país y,
2. la propuesta de pago de la deuda pública nacional, con el objetivo no solo de salir de la situación extrema a la que nos llevó el gobierno de Cambiemos y no solo para que no afecte en los cuatro años de gestión del actual gobierno, sino para generar una salida estructural, que como bien dice el Ministro Martín Guzmán, termine para siempre con el flagelo de la hipoteca de la deuda y que la misma sea financiable a largo plazo, para lo cual pide tres años de gracia y un canje por un bono a 15 años.

El Ministro lo denominó el “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina” y consiste en dividir la deuda externa bruta nacional, que al 31/12/2019 asciende a 323.065 millones de dólares y representa el 91% del PIB, en cinco partes bien diferenciadas, y a cada una de ellas darle un tratamiento específico.

1. 66.238 millones de dólares son 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera. Se infiere que los fondos de cobertura encabezados por BlackRock tienen  la masa crítica de las acreencias para impedir que se cumpla la cláusula de acción colectiva;
2. 44.000 millones de dólares que se adeudan al FMI;
3.  30.000 millones de dólares aproximadamente con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc. que básicamente financian obra pública;
4. 130.000 millones de dólares de deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y
5. 53.000 millones de dólares con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional.

Dado el marco de la pandemia por el virus, los acreedores no pueden imponer sus condiciones y terminarán aceptando la propuesta argentina, sabiendo que el efecto dominó en las declaraciones en default de más de 50 países que se encuentran en similares condiciones sería catastrófico para los grandes acreedores que administran fondos.

 

 

 

Pero también pueden señalarse sus defectos

El problema del gobierno nacional reside en considerar que somos todos iguales ante el Estado y eso no es cierto. No se le puede dar igual trato a las grandes empresas que a las micro y pymes. E incluso entre ellas también se debe diferenciar. No es posible que el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) sea de solo 10.000 pesos por mes y no para todos los que están desocupados ya que, por una razón u otra, hay quienes no perciben el beneficio, tarea que se realiza con una meticulosa precisión digna de mejor causa. En cambio, se asiste con mayor ligereza a grandes empresas con el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

De las aproximadamente 600.000 empresas que hay en el país, unas 500.000 solicitaron el programa, pero por diversas cuestiones el Estado nacional aprobó el pago de parte del salario de abril de 2020 a unos 2.200.000 asalariados que trabajan en 247.000 firmas. En las empresas de menos de 25 empleados la ATP cubre en promedio el 70 por ciento del salario neto, mientras que en las de 800 empleados esa cifra es del 50 por ciento.

Pero observamos que recibieron el programa ATP por ejemplo la cerealera y aceitera Vicentin SA, que un día antes de que se fuera Mauricio Macri del gobierno de la Nación presentó un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de stress financiero por una deuda bancaria de unos 1.000 millones de dólares, de los cuales 350 son del Banco de la Nación Argentina. Todo en la empresa es dudoso. Comparte con la empresa chilena Ultramar SA la concesión del principal puerto de exportación de granos de soja del mundo, en Rosario. El negocio ha sido siempre rentable, hoy la firma norteamericana Glencore a través de su controlada Oleaginosa Moreno SA, utiliza los silos de Vicentin SA en el puerto lindante de San Lorenzo.

También recibieron el Programa ATP las empresas del grupo Clarín, Techint y Ledesma, cuando se trata de grandes evasores fiscales y fugadores de divisas a través de las empresas y de sus dueños y CEOs, tal lo demostrara en su momento el “Primer Informe de la mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión de Pago de la Deuda Exterior de la Argentina”, publicado en julio de 2019 e impresa en libro en febrero de 2020, que se corroborará en el presente cuando se presente el listado de quienes fueron las personas físicas y jurídicas que fugaron los 86.200 millones de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos. El de las empresas puede consultarse en la nota principal de esta edición.

Paralelamente se mantienen los mecanismos de fuga de capitales y hasta se los apuntala, como es el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que con la fuerte demanda de dólar paralelo imperante extendió por más de 40 días (hasta fines de julio) los plazos para que las personas físicas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a la renta financiera (grava las ganancias por compraventa de activos financieros), que junto con sus declaraciones juradas debían ingresar el saldo resultante de dichos tributos. La medida beneficia a más de dos millones de contribuyentes

Tampoco se prohíbe la operación de Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) con la salvedad a favor de sus beneficiarios que disminuye contablemente sus ganancias, dado que cuando se vendan los títulos y se reciba la moneda extranjera, se valuará la misma al tipo de cambio (comprador, en el caso) vigente de ese momento y ese será el valor obtenido por la enajenación; si se compara el mismo con el valor de costo de las especies vendidas (importe invertido en pesos por la compra de los títulos), el resultado será un quebranto, no una diferencia de cambio.

Habiendo publicado el BCRA el jueves 14 de mayo 2020 el Informe “Deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, inferimos que se citará a cada apoderado de las empresas o personas que aparecen en el listado para que expliquen de donde extrajeron los recursos y cómo es su contribución con el fisco, cuando el Artículo 16 de la Constitución Nacional afirma que “todos sus habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Esa riqueza que sacaron del país debe pagar impuestos, que es la forma en que nos constituimos en una sola nación y en una misma sociedad. El Preámbulo de la Constitución proclama que el gobierno y todos sus habitantes deben “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres [y mujeres] del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Si ese es el verdadero marco legal, no es concebible que la ciudadana Ramona Medina, del Barrio Padre Múgica, muera afectada por el virus Covid-19 y que el barrio, con unos 40.000 vecinos, no tuviera agua durante doce largos y penosos días. Ella siendo insulino dependiente, con dos hijas —una discapacitada—, asistía con sus ahorros y con su trabajo a los comedores del barrio. La responsabilidad de su muerte es del Estado en claro y franco incumplimiento de nuestra Carta Magna.

 

 

El crédito no aparece

El total de préstamos (en pesos y en divisas) al sector privado generado por las 65 –sesenta y cinco— entidades financieras autorizadas a funcionar por el BCRA, significa solo el 11,3% del PIB [1].

Se trata de 13 –trece— bancos públicos de la Nación, de las provincias (que tienen banca oficial) y el Banco Municipal de Rosario que, en conjunto, captan el 60% de los depósitos y prestan al sector privado el 40% del total de créditos. Y de 52 –cincuenta y dos— entidades privadas, de las cuales las diez más grandes por volumen de depósito generan el 55% del crédito total.

Las entidades financieras privadas no están preparadas ni equipadas para otorgar créditos a las micro, pequeñas y hasta medianas empresas porque en su concepción el negocio era prestarle al Estado [2] y a grandes empresas vinculadas o no (que se financian con ahorro argentino). Esa es la razón por la cual el total del crédito del conjunto de entidades del sistema financiero legal argentino crece solamente un 6,4% en lo que va del año 2020 hasta el viernes 15 de mayo. El total de créditos (en pesos y en dólares) al sector privado fue de dos billones cuatrocientos setenta y seis mil millones de pesos al 30 de diciembre de 2019 y se acrecienta a solo dos billones seiscientos treinta y seis mil millones al 15 de mayo de 2020, cuando el tipo de cambio oficial aumentó en un 17% (de $ 59,92 a $ 70) y el dólar paralelo lo hizo en un 70% (de $ 73,5  a $ 120).

Los depósitos en cuenta corriente de las 65 entidades financieras en el BCRA que constituye básicamente el encaje o efectivo mínimo, que es la parte de los depósitos que deben inmovilizar las entidades como reaseguro de esas imposiciones, ascendía a $ 682.000 millones a diciembre de 2019, crece un 30% al 15 de mayo de 2020 para sumar un billón de pesos. Esto quiere decir que el sistema financiero en conjunto cuenta con no menos de $ 300.000 millones para prestar y no lo hace, la lenta e inexplicable instrumentación de los créditos a tasa subsidiada o a tasa cero para los monotributistas propuesto por el gobierno nacional, lo demuestra. El dinero no llega con la rapidez y la potencia que requiere la situación de pandemia, pero sí alcanza para que suba el dólar paralelo que el viernes 22 de mayo cerró a $ 125, cuando el oficial es de $ 70,5.

Los bancos públicos mal o bien cumplen con la función de asistir a sus respectivos Estados y prestan al sector privado, mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas y créditos personales. Obviamente las nuevas autoridades de los bancos oficiales están en condiciones de auditar la gestión anterior, si se hizo debidamente o no (Caso Vicentin SA en el Banco de la Nación Argentina).

Pero los bancos privados, esencialmente los diez más grandes por volúmenes de depósitos, han sido y son los instrumentos de la compra de dólar Contado con Liqui (CCL) y bolsa (o dólar MEP) y los que registran la mayor parte de las operaciones de comercio exterior. Directa o indirectamente son responsables del dólar paralelo y de facilitar los mecanismos de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, caminos recurrentes de la fuga de capitales.

La principal tarea del BCRA es fiscalizar esencialmente a esos 10 –diez— grandes bancos y, de cerciorarse que incurren en mala práctica, sancionarlos y hasta quitarles la autorización para funcionar, que es la carta de la reina para convertir a un pirata en un corsario.

El sistema financiero así como está solo le sirve a Sir Francis Drake.

 

 

 

[1] En la Argentina de 1943-1974 el crédito al sector privado sobre el PIB rodaba el 45% del PIB. En Brasil actual es del 40% del PIB. En los países de la Unión Europea ronda el 80% y en los EEUU es del 52%

[2] El Stock de Leliqs al 15 de mayo 2020 fue de $ 1.202,5 millones y devengó una tasa del 38% anual, por lo que va del año, el BCRA les pagó a esas entidades $ 170.000 millones, mientras las entidades abonan tasas pasivas del 15,2% promedio.

 

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