Una condena absurda

 

La Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó al líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart a seis meses de prisión en suspenso por incitación a la discriminación. Los hechos que han dado lugar a la condena consisten en una serie de mensajes que Bodart publicó en 2022 en la red social X en referencia al conflicto en Palestina con el siguiente texto: “Sionistas = Nazis” y “74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino, a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha. Por una Palestina laica y democrática, del río al mar”.

La DAIA denunció a Bodart por violar la ley Antidiscriminatoria 23.592 y la definición de antisemitismo de la Internacional Holocaust Remembrance Alliance. Bodart había sido absuelto en primera instancia y esa decisión fue revisada por la sala III de la Cámara, que por mayoría revocó la absolución. La magistrada Patricia Ana Larroca votó por confirmar la absolución. Sostuvo que los tuits de Bodart no tienen la tipicidad objetiva ni subjetiva para ser encuadrados como delito de discriminación y advirtió: “Las expresiones que aquí fueron objeto de controversia, a mi criterio, encuentran amparo en el derecho a la libertad de expresión”. Pero los jueces Ignacio Mahiques y Jorge Atilio Franza entendieron que existió delito con una interpretación muy forzada. Según estos jueces, “las expresiones de Bodart constituyen una narrativa que proporciona las bases para deslegitimar la existencia de Israel y realizar un llamado a su destrucción que va más allá de cualquier opinión o crítica contra las acciones tomadas por las autoridades de ese país”. Añaden que, “bajo el ropaje de críticas legítimas, despliega un arsenal discursivo discriminatorio que contiene una comparación del movimiento político sionista con el nazismo”. Para los jueces el discurso que “niega el derecho del Estado de Israel a existir y postula que la comunidad judía allí establecida ocupa un territorio que le pertenece a otro pueblo, adquiere la cualidad discriminatoria por el modo en que se expresan las palabras y confluyen como base para instigar violencia, hostigamiento y persecución”.

“La posición contraria al derecho del pueblo judío a la autodeterminación en el territorio ancestral (antisionismo) se conecta con la deslegitimación, estigmatización y demonización que implica la equiparación del régimen nazi con el movimiento sionista”, señalaron los magistrados.

 

Sionismo y nazismo

La equiparación que Bodart ha hecho entre el sionismo y el nazismo no es correcta desde el punto de vista histórico, dada las notorias diferencias entre el régimen nazi y el movimiento sionista. Pero es evidente que se trata de un uso retórico que pretende establecer una cierta semejanza entre las políticas de exterminio de las minorías judías, gitanas y eslavas durante el nazismo con las políticas de discriminación racial y limpieza étnica que implementa actualmente el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Las acusaciones de racismo y genocidio contra el Estado de Israel son abrumadoras y parten de prestigiosas organizaciones internacionales de derechos humanos. Por otra parte, nada menos que la Corte Internacional de Justicia ha iniciado un proceso por la comisión de un delito de genocidio contra el Estado de Israel, y la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura contra Benjamín Netanyahu por la comisión de varios delitos considerados crímenes de guerra, como el uso del hambre como arma de guerra en Gaza y dirigir ataques indiscriminados contra civiles en ese territorio. Si aplicáramos el mismo criterio que los dos jueces de la Cámara Penal, todas esas organizaciones estarían incurriendo en el mismo delito por el que se acusa a Bodart, lo cual deja en evidencia lo absurdo del planteamiento. Un breve repaso por los pronunciamientos de las organizaciones internacionales permite ubicar correctamente el tema objeto de debate en la sentencia de la Cámara.

 

Declaración de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) presentó el pasado 5 de diciembre en La Haya un informe donde afirma haber encontrado elementos suficientes para concluir que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina de Gaza después del 7 de octubre de 2023. La ONG concluye que Israel ha cometido tres actos prohibidos por la Convención: matanza de palestinos en Gaza, lesión grave a su integridad física o mental, y sometimiento intencionado de la población a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física, total o parcial. “Después de considerar todos los objetivos militares de Israel en su lucha contra Hamás, hemos comprobado que no hay otra justificación para la destrucción perpetrada que la intención genocida de erradicar y destruir físicamente a la población”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de AI, durante la presentación del informe. A lo largo de 300 páginas, la ONG describe también que “se ha sometido a desplazamiento forzado, en muchos casos múltiples veces, al 90% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza”. Además, cálculos provisionales de la ONU indican que en enero de 2024 ya habían sido dañadas o destruidas el 84% de las instalaciones sanitarias y el 57% de la infraestructura de abastecimiento de agua de toda Gaza. Los palestinos se han visto obligados a concentrarse en zonas cada vez más pequeñas y sin medios, en campos, escuelas o centros de salud. El informe subraya que “ahí se prueba cómo la intención del genocidio es un acto de someter intencionalmente a la población a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción total o parcial”.

Amnistía Internacional también publicó en el año 2022 un informe en el que acusaba a Israel de cometer el crimen de apartheid contra los palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza e Israel. Redactado tras cinco meses de trabajo de campo, investigaciones, pesquisas y entrevistas, este documento se basa en el estudio de situaciones concretas que no dan lugar a ninguna duda. Los autores del informe, que denuncian “la inacción de la comunidad internacional” y “la impunidad de la que goza Israel desde hace más de siete décadas”, señalan que “las autoridades israelíes tratan a los palestinos como un grupo racial inferior, definido por su no judaísmo”, especialmente desde la aprobación de la ley de 2018 que define a Israel como “Estado-nación del pueblo judío”. En enero de 2021, B'Tselem, el centro de información israelí sobre los derechos humanos en los territorios ocupados, ya había publicado un informe con un título elocuente: “Un régimen de supremacía judía desde el Jordán hasta el Mediterráneo es apartheid”. 

 

Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras 

Estas organizaciones internacionales advirtieron que los ataques, el asedio israelí y la denegación sistemática de ayuda humanitaria están destruyendo las condiciones de vida en la Franja de Gaza. HRW publicó un informe en el que asegura que las autoridades israelíes privaron de forma deliberada a los palestinos de la Franja de acceso seguro al agua potable necesaria para beber y lavarse, una situación que, según la organización, resultó en miles de muertos. “Las autoridades israelíes son responsables del crimen contra la humanidad de exterminio y de actos de genocidio”. El organismo estima que cientos de miles de personas en Gaza contrajeron enfermedades causadas por (o a las que contribuyó) la falta de agua potable. Del mismo modo, MSF indicó en un informe que los repetidos ataques militares israelíes contra la población civil palestina durante los últimos 14 meses, el desmantelamiento del sistema sanitario y de otras infraestructuras esenciales, el asedio y la denegación sistemática de ayuda humanitaria están destruyendo las condiciones de vida en Gaza.

 

Francesca Albanese

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha declarado que “no es el momento de andarse con rodeos y esconderse detrás de una ambigüedad constructiva”. “La ley es muy clara y mis únicos puntos de referencia son el derecho internacional y la humanidad”, dijo. Por eso, Albanese cree que es necesario hablar claramente de “genocidio” y pide a la comunidad internacional no solo un embargo de armas, sino que corte todo tipo de comercio con el Estado de Israel. Añade que el análisis de los patrones de violencia en Gaza demuestran la violencia incesante que se ha utilizado contra la población civil, la vida civil, la infraestructura civil. Considera que “después de tanta destrucción, tantas masacres y tanto tormento infligido a los palestinos en Gaza, Israel ha convertido Gaza en un lugar inhabitable, con consecuencias que se dejarán sentir durante generaciones”.

 

La libertad de expresión

Todas estas organizaciones han hecho uso del derecho a la libertad de expresión y argumentado los motivos por los cuales consideran que el Estado de Israel está cometiendo un delito de genocidio en Gaza. De esas declaraciones no se puede deducir que se pretende negar el derecho del Estado de Israel a existir. Tampoco que “constituyen una narrativa que proporciona las bases para deslegitimar la existencia de Israel y realizar un llamado a su destrucción”. Son críticas legítimas que aparecen proporcionales y ajustadas a la dimensión de la catástrofe humanitaria a la que se sometió el pueblo palestino. Las declaraciones de Bodart, con mayor o menor fortuna, apuntan a denunciar los mismos hechos y nada puede justificar una condena por hacer ejercicio de un derecho de crítica que está amparado en todas las constituciones liberales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, reconoce en su artículo 19 que todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que ese derecho incluye la libertad de manifestarse sin interferencias y de buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio con prescindencia de fronteras. La libertad de expresión permite la emisión del pensamiento crítico, lo que se ha dado en denominar el juicio político, que como su denominación lo indica, es esencialmente político. La política es la actividad que permite analizar críticamente las formas de vida colectiva, el modo de resolver nuestras diferencias y debatir sobre los comportamientos institucionales, lo que inevitablemente lleva a abordar temas morales. Como señala Luigi Ferrajoli, “una sentencia es válida y justa no porque es querida y compartida por una mayoría política, sino porque está fundada en una correcta comprobación de sus presupuestos de hecho y derecho”. En este caso, los jueces han aplicado una condena penal por una opinión política, lo que supone una flagrante aberración. Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo ha señalado que la comprensión de los acontecimientos políticos significa “examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros —y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso—. La comprensión, en suma, significa un atento e impremeditado enfrentamiento a la realidad, un soportamiento de esta, sea lo que fuere”.

 

 

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