UNA CARGA INSOPORTABLE

 

La estrategia de aproximación indirecta busca el sometimiento de las fuerzas contrarias mediante una maniobra envolvente o induciendo su quebrantamiento moral, sin necesidad de una batalla decisiva. Es lo que hacen el FMI y sus personeros con nuestro país en base a una deuda espuria, que no se investigó y que fue tomada en forma arbitraria e inconstitucional, que incluso viola el inciso A del artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI [1] por el cual esa institución se obliga a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos. En el caso argentino no solo no se hizo sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, mientras el Banco Central de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

La deuda tomada con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo exige el artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional, que incluye entre las atribuciones de los legisladores la de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.

El Presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1º de marzo de 2021 dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más”.

Sin embargo no se investigó la deuda: los organismos encargados de hacerlo –gracias al secreto fiscal, bursátil y financiero– no dan ninguna explicación y mientras tanto se pagan los intereses en base al presupuesto de la Administración Nacional.

Es más, con fecha 21 de mayo de 2020 el Banco Central publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, en el que demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. El informe sostiene que 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron esos 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares.

Ni el Banco Central (que armó el listado) ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos. Sí lo hizo El Cohete a la Luna en una nota titulada Los 100 de Macri del 24 de mayo de 2020, firmada por su director Horacio Verbitsky, lista jamás desmentida por los interesados ni por el Banco central. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares [2]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); el Grupo Clarín con DirecTV Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA, Transportadora de Gas del Norte y  Tecpetrol SA; Hidrovía Paraná SA (empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany [3]; el Banco HSBC y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Ninguna de las 100 empresas de la lista de quienes compraron 24.679 millones de dólares puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para adquirir esa cantidad entre 2016 y 2019, lo que supone la comisión de los delitos de evasión fiscal y fuga de capitales por parte de los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos”, para los bancos, que les vendieron esos dólares del Banco Central y no tomaron los recaudos sobre el origen de los fondos.

 

 

 

Programa del FMI

Sin investigar la deuda, se acordó el pago con el FMI e incluso se lo refrendó por la Ley 27.668 que aprobó el “Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo stand-by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”. La Administración Nacional debe cerrar este año con un déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 2,5% del PIB [4], una contracción de la asistencia monetaria al Tesoro de hasta el 1% del PBI y un incremento de las reservas internacionales netas de 5.800 millones de dólares para 2022.

Los números presentados por la Secretaría de Hacienda muestran que al 30 de junio de 2022 el déficit primario fue de -755.975,7 millones de pesos, y ello gracias al aporte de 359.461 millones del INSSJyP (PAMI) y de los Fondos Fiduciarios, porque la Administración Nacional fue deficitaria en -1.115.436,7 millones (1,12 billones de pesos). Eso significa al tipo de cambio oficial el 1,92% del PIB, que obviamente se proyecta mayor dada la menor recaudación real esperada en la segunda parte del año y las mayores erogaciones.

Analizando la evolución de la recaudación tributaria de los primeros siete meses de 2022, el incremento nominal es igual a la inflación medida por el IPC del INDEC. Pero se observa una caída en las retenciones (derechos de exportación) que llama la atención, porque no es lo que declara la Balanza de Pagos y tampoco el sector (un informe de CIARA-CEC sobre exportaciones de los primeros siete meses de 2022 contra igual lapso de 2021 muestra un incremento del 10,55% en dólares). Allí habría que poner la lupa pues significa un importante recurso para la Administración.

 

 

Obviamente que con el perfil y la estructura tributaria se torna cada vez más difícil financiar el gasto público, máxime cuando la incertidumbre cambiaria y la suba persistente de la tasa de interés, en un marco de aceleración inflacionaria, impacta e impactará negativamente en el nivel de actividad.

Obviamente también el gasto que más se incrementó con respecto al primer semestre del año pasado es el de los subsidios energéticos, que el mismo informe de la Secretaría de Hacienda estimó en un 38% real (deflacionado). De allí las medidas adoptadas de segmentación de las tarifas y subsidios solo hasta el consumo mensual de 400 kilowatts. En forma similar se procede con las transferencias a las provincias que en el primer semestre significaron un total de 404.038,6 millones de pesos (transferencias corrientes por 269.921,8 millones y transferencias de capital por 134.116,8 millones) que significaron el 5,6% del presupuesto ejecutado, suma muy menor al 7,13% que representó para igual período en 2021.

Al 30 de junio 2022 los gastos totales ascendieron a 7.210.484,3 millones, que representan el 43,9% del gasto total previsto para el presupuesto del corriente año, de 16.425.485 millones (ampliado por decreto 331/22), teniendo en cuenta que la Argentina no puede colocar nuevos títulos de deuda en el exterior y no podrá recurrir al Banco Central por estar excedido dicho financiamiento del 1% del PIB (comprometido con el FMI), que ante ello incluso obligó al Tesoro de la Nación a devolverle al Banco Central 10.000 millones el martes último.

A su vez el acuerdo con el FMI prevé la posibilidad de financiar hasta 0,2% del PBI con organismos multilaterales, y los restantes 2,3% deben conseguirse en el mercado interno, en un marco de incertidumbre cambiaria en que el Banco Central incrementó la tasa testigo el 11 de agosto elevando la TNA (tasa nominal anual) de los pases a un día a 64,5% (desde 55%), la Leliq a 28 días a 69,5% (desde 60%) y la Leliq a 180 días a 76%, obviamente la tasa efectiva correspondiente es mucho mayor.

El 8 de agosto el Tesoro de la Nación renegoció títulos de deuda por dos billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre de 2022, con una participación del 85%,a través de la colocación de “bonos dual” [5], con los que pospuso esos pagos para 2023. Ello le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses, al lograr reducir los vencimientos proyectados a 115.318 millones de pesos este mes, a 209.337 millones en septiembre y a 155.336 millones en octubre.

Por ende el mecanismo de financiamiento que le queda al Tesoro de la Nación y que empleó en su momento el entonces ministro Martín Guzmán es la registración contable que implicaba contar los DEG en el Presupuesto (lo que permite reducir el rojo fiscal) y al mismo tiempo usarlos para devolver adelantos transitorios al Banco Central [6].

Por ende, no resulta tan alarmante la situación fiscal, nada que no se pueda administrar siempre y cuando las variables (precios, dólar, actividad, etc.) se desenvuelvan en porcentajes previsibles. Es más, de continuar un proceso de aceleración de los precios, el Estado nacional puede y debe recurrir a adelantos de cobro de impuestos a las ganancias y/o a un gravamen extraordinario por única vez que alcance a la renta minera, hidrocarburífera, agropecuaria y financiera.

La renta es la diferencial entre el costo en dólares de extracción o producción argentina y el precio que se vende ese producto en el mercado mundial. En primer lugar en la producción agropecuaria, porque la Argentina es un gran productor y oferente de esos bienes en el mercado mundial y, obviamente, el costo promedio es muchísimo menor que el del precio en los mercados internacionales, esencialmente por nuestra pampa húmeda, una de las tierras más fértiles del mundo, donde más rinde por hectáreas tienen la soja, el maíz, trigo, girasol, sorgo, etc. Igual se debe hacer con la minería y con la extracción de petróleo y gas. Por último, se debe gravar las Leliq y otras inmovilizaciones y encajes remunerados por el Banco Central.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo laboral sobre ventas de las principales empresas alimenticias argentinas cayó del 18,9% en 2016 al 12,2% en 2021. Esa ganancia extraordinaria por reducción del costo salarial en la formación de los precios de las principales empresas alimenticias se transforma en fuga de capitales.

Los empresarios con la ganancia extraordinaria operan en CCL (Contado con Liqui), que consiste en comprar títulos o acciones en pesos, que a la vez cotizan en dólares en el exterior, y una vez adquiridos el inversor los vende en el mercado extranjero y recibe a cambio un depósito en dólares. La cotización del CCL al 12 de agosto es de 290 pesos. Significa que compraron por ejemplo un bono (título) público o una acción por un dólar (a 140 pesos) y la vendieron en el exterior a 0,47 dólares (menos de la mitad) Se extranjeriza la economía (el que compra es un residente extranjero) y se fugan capitales, porque esos dólares no reingresan al país.

Tienen una renta extraordinaria por la suba de los precios y esa ganancia la fugan a través del mecanismo de CCL. Ese procedimiento debería prohibirse y, si no se lo hace, al menos gravarse y que contribuyan al fisco.

 

 

Reservas internacionales del Banco Central

De lo que los medios no hablan o lo hacen muy parcialmente es del brutal descenso de las reservas internacionales del Banco Central: luego de tener un superávit comercial hasta julio de 2022 de 31.000 millones de dólares, las reservas son 7.371 millones de dólares menos que cuando asumió Alberto Fernández.

 

 

La meta con el FMI era para este año lograr un incremento de las reservas internacionales netas de 5.800 millones de dólares.

 

 

 

 

En síntesis

Por una deuda que fugó una minoría, el gobierno nacional se subordina al FMI, que fue cómplice y partícipe de la fuga de capitales por una suma que –aun haciendo los mayores sacrificios– no se puede pagar, como es la deuda por 45.400 millones de dólares en diez años.

Por ende y dado lo reseñado, se debe suspender todo pago al FMI hasta que se sepa fehacientemente a dónde fue cada dólar tomado en crédito al organismo internacional, tal como lo propuso en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo de 2021.

La principal tarea del gobierno no es acordar con el FMI sino investigar adónde fueron los dólares que conforman esa deuda.

 

 

 

 

 

[1] Artículo 6º incido A: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.

[2] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) reconoce tener participación en su capital Larry Fink, titular del fondo BlackRock.

[3] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

[4] El PIB del año 2021 se estimó en 416.111 millones de dólares.

[5] Al momento de su vencimiento, los tenedores de bonos duales pueden elegir si quieren que se lo ajuste por la variación del índice de precios minoristas o por la del dólar.

[6]1) FMI le envía al Tesoro de la Nación los DEG; 2) El Tesoro remite esos DEG al Banco Central; 3) El BCRA acrecienta las reservas internacionales y emite billetes y monedas a cambio, que le da al Tesoro; 4) Ingresa por Rentas Generales y el Tesoro lo emplea para pagarles parte de la deuda por “Adelantos al Tesoro” al BCRA; 5) Al pagarle al FMI la cuota de capital por un valor equivalente a los DEG recibidos por el acuerdo firmado; 6) El Tesoro le da al BCRA una letra denominada en dólares estadounidenses por el monto del capital adeudado al FMI en esa misma moneda, a diez años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, precancelables total o parcialmente; 7) El BCRA recibe los dólares y paga las cuotas de deuda con el FMI; 8) Resultado: el BCRA se queda con una letra a diez años de plazo, el Tesoro con la posibilidad de pedir nuevos “adelantos” al BCRA y el FMI percibe su pago en DEG.

 

 

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