Una bomba de regalo

 

José Luis Vila fue funcionario en el Ministerio de Defensa durante las gestiones de Julio Martínez y de Oscar Aguad. Denunció, entre 2018 y 2019, cuatro hechos de amenazas, que terminaron con la colocación de una bomba sin activar en un edificio en el que había vivido un tiempo antes. En todos los casos, el mensaje era que se fuera de donde estaba. Hace unos días se presentó ante la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para denunciar que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había estado detrás de esos actos y que se había valido de una banda de delincuentes para realizarlos. Su testimonio provocó un sismo en el lúgubre mundo de la inteligencia local y nadie se atreve a adelantar dónde pueden terminar sus réplicas.

“Mi presentación en la Bicameral de Inteligencia se debió a los avances que hubo en una investigación a una banda narco llevada adelante en Lomas de Zamora por el juez (Federico) Villena”, dice Vila, tras ser contactado por El Cohete. “Un integrante de la banda dijo que había sido contratado por una persona un agente de la AFI para poner la bomba en un domicilio que había sido mi casa”.

Vila es militante radical y, como ex liceísta, no es raro que haya integrado las gestiones de Defensa, una cartera que Cambiemos delegó en la Unión Cívica Radical. El director de El Cohete lo definió como un estrecho colaborador de Horacio Jaunarena. Fue parte del grupo de inteligencia que armó Enrique “Coti” Nosiglia para rodear a Raúl Alfonsín en el gobierno, pero se integró formalmente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de la Alianza. Después, estuvo destinado a Estados Unidos y se retiró al final de la gestión de Oscar Parrilli en la ya llamada AFI.

El episodio del artefacto explosivo tuvo publicidad al momento de producirse. Fue el viernes 6 de julio de 2018, cuando la bomba fue dejada con un panfleto en un edificio de la Avenida Callao al 1200.

—¿Cuáles son las amenazas que denuncia?

—A lo largo de estos años he sufrido distintos hechos. Cuatro en total que he judicializado en todos los casos sin ningún tipo de exposición en los medios porque no me interesa. Llevo dos años colaborando con la justicia en todas sus instancias para que estas investigaciones avancen.  En el primer caso fueron un panfleteo o volanteada en el Edificio Libertador del Ejército. En el segundo caso amenazas telefónicas en las que me decían que renunciara de donde estaba si quería proteger a mi familia. Luego hubo panfleteadas en el edificio en el que yo ya no residía. Y finalmente la bomba en ese mismo edificio. Yo no vivía allí, pero había sido mi lugar de residencia hasta unos meses atrás. Un domicilio que estaba en el padrón electoral y en mi legajo de AFI y que fue mi dirección cuando entré al ministerio.

—¿Y qué pasó con la bomba?

—El tema de la bomba es complejo y voy a explicarlo. No estaba conectada para explotar. La bomba tenía medio kilo de trotyl, que se consigue con algún grado de dificultad, pero se consigue en el mercado criminal. Se usa en la actividad minera. Luego tenía el tren de fuego completo, que comprende las demás partes: un teléfono celular como detonador y un estopín como fulminante, que tiene más dificultades para ser conseguido porque es peligroso de manipular. También tenía algo que me llamó la atención, que era una base de aserrín, usado pocas veces y que se acomoda como asiento para orientar la barra de trotyl.

—¿Entonces?

—Con esto quiero decir que el aparato estaba muy bien armado. Hubo un experto encargado de armar el explosivo, que fue el que lo hizo. Pero, después, hubo otras personas que lo trasladaron desconectado porque se necesita hacerlo así dado que esto es muy inestable. El aparato debe conectarse en la proximidad del blanco. Yo creo que las personas que debían conectarlo en el lugar finalmente no lo hicieron y dejaron sobre el artefacto un cartelito. No se animaron a conectarlo. Pero el que lo encargó lo hizo para explotar. Eso es lo importante. La bomba tiene estopines, que también hoy pueden conseguirse más fácilmente en la Triple Frontera.

—¿Y cuáles serían las razones de la AFI para atentar contra usted?

—Las razones yo no las conozco, pero tengo alguna hipótesis. Las amenazas decían: “Si te interesa tu familia, andate” (de donde estás). Lo mismo que la intimidación telefónica. ¿Y dónde estaba yo? Ya no estaba en la AFI, me había jubilado en 2015. Sin embargo, estaba en Defensa – en un lugar en el que creo que lo ocurría era que molestaba a la AFI.

—¿Cómo molestaba a la AFI?

—En aquel momento hubo, por decirlo de alguna manera, un cambio de dirección en las políticas de las fuerzas armadas para que comiencen a trabajar en narcotráfico. Nuevas tareas sobre narcotráfico y nuevos fondos para hacerlo. La AFI derivaba el dinero. La inteligencia contra narcotráfico había que hacerla fuera del país, por imposición del marco legal para la Defensa. Yo tuve a mi cargo el despliegue en el exterior, incluida la jurisdicción de la Triple Frontera. Ahí había de todo menos terroristas, saturada como está de agentes de seguridad. Mi posición me facilitaba enterarme de cualquier actividad propia, incluida la que implicara el destino de los fondos reservados en el terreno. O sea que nos acercamos a la posibilidad de control indirecto, al menos, del uso de esos dineros. Y eso sí parece darle sentido a las amenazas e intimidaciones que, de otro modo, por lo desproporcionadas serían mucho más difíciles de explicar. En este contexto, aparecieron las primeras amenazas. Primero calumnias. Una acusación por un supuesto acoso con una foto confusa que terminé de entender que salió o que pasó por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que era el área que tenía coordinación directa con la AFI.

Los fondos reservados son un área clave de la reforma que encara Cristina Caamaño en la AFI. El área que menciona Vila acaba de ser reformada por Agustín Rossi, recortando los fondos reservados y la posibilidad de que operen agentes con alias -- como relató en una entrevista con El Cohete.

El nexo

Vila no quiere dar los detalles que proporcionó a la Bicameral. Sin embargo, lo que habría anudado el atentado con la AFI fue la detención de un presunto narco, que terminó declarando que lo habían contratado para poner la bomba. Esta detención se produjo por orden de Villena. La causa del artefacto explosivo tramita en Comodoro Py. El juez Sebastián Ramos la delegó en el fiscal Guillermo Marijuán y, por lo que explicaron fuentes tribunalicias, esa causa no tuvo demasiado avance desde 2018.

El detenido habría apuntado al abogado Facundo Melo como quien hizo la “contratación”. Melo declaró semanas atrás en C5N que integró la AFI entre 2016 y 2019 y está involucrado en la causa por el apriete al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo y Hugo Moyano. Él mismo se presentó el año pasado denunciando las maniobras de la AFI en ese expediente.

El fiscal Ramiro González, que tiene delegada la investigación, pidió que se le levantara el secreto para declarar. La gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani le contestó que Melo no había sido asignado a ese caso. Todavía no resolvió si se le tomará declaración o cómo lo hará. El juez Ariel Lijo habilitó a la Bicameral para tomar vista de la causa. Hasta ahora, Arribas y Majdalani habían quedado fuera de la investigación.

Probablemente después de la detención ordenada por el juez de Lomas, Melo presentó un Habeas Corpus ante la justicia de instrucción de la Capital. En su presentación, Melo repetía lo que había dicho en la carta que dejó en el juzgado de Lijo y en la entrevista televisiva. El recurso fue remitido el 20 de abril por Villena a la Bicameral.

Después de su intervención en C5N, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció a Melo por la violación del secreto, lo que terminó de dejar en evidencia que el abogado reportaba en la agencia de inteligencia. El fiscal Federico Delgado pidió que se lo indague, aunque sea por videoconferencia.

Delgado comparte el turno con Daniel Rafecas, el juez que está a cargo de la investigación por los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército. Para el fiscal, la justicia debería mirar los casos de espionaje que están saliendo a la luz como se hizo con las causas de lesa humanidad. “Hay que conectar lo particular para entender lo general”, dice Delgado.

 

El allanamiento

La Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió el miércoles. Ese día se trató la presentación de Vila y se decidió pedirle al juez de Lomas que envíe la declaración del detenido que habría confesado su participación en el atentado. También decidieron citar al periodista Carlos Pagni, quien habría hablado directamente con Arribas sobre la situación de Vila.

Ese día se había conocido la renuncia al Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Emiliano Blanco. El Ministerio de Justicia aun no informó si aceptó la dimisión. La presentación de la renuncia se produce tras una violenta represión a una protesta en Devoto – que incluyó dos heridos con balas de plomo – y un fuerte desgaste interno. Blanco había sido propuesto como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, pero fue resistido por los organismos de derechos humanos. El funcionario, que ingresó al Ministerio durante el kirchnerismo, había estado a cargo del SPF durante toda la gestión de Macri, cuando se hizo frecuente que los canales entraran a mostrar cómo estaban detenidos quienes estaban ligados al gobierno de Fernández de Kirchner. También en esa época hubo filtraciones de llamadas entre los presos, sus familiares e incluso sus abogados.

Esa misma noche, Villena ordenó una serie de allanamientos a áreas sensibles del SPF, como la Dirección Nacional o el Área 50 – conocida como el bastión de la inteligencia del SPF y donde se supone que reportarían también integrantes de la AFI. El Cohete había vinculado al Área 50 del SPF con la transcripción de las escuchas a ex funcionarios que estaban presos en Ezeiza. Las escuchas se habían realizado por orden del juez Villena, que investigaba a Mario Segovia, conocido como el rey de la efedrina, que orquestaba delitos desde adentro de la cárcel e incluso habría pedido que gente de su entorno se comunicara con internos de otros pabellones. La historia es después conocida. En Py, por ejemplo, se usó como contrapeso del D'Alessiogate.

El área de inteligencia que allanó el juez actualmente se llama Dirección Principal de Análisis de la Información y está a cargo del inspector general Cristian Lionel Suriano, un hombre de extrema confianza de Blanco. El 29 de abril, el mismo día que se presentó una denuncia por los baleados en la protesta de Devoto, Suriano había informado ante el juzgado de Villena movimientos que le hacían pensar en una toma de distintas cárceles mientras se mantenía la protesta en el penal de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal Cecilia Incardona no consintió que se diera curso a la denuncia y no hubo intervención judicial.

Ámbito financiero informó el viernes que Villena secuestró importante documentación, que incluso mostraría que jueces fueron blanco de la inteligencia durante los últimos años.  El Cohete pudo establecer que en el allanamiento se hallaron en el escritorio de Suriano informes sobre la composición política del gobierno nacional y sus líneas internas, cosa que además de prohibida por la ley de inteligencia, ni siquiera guarda relación con los objetivos del Servicio Penitenciario, salvo que estuvieran pensando en la conversión de algunos funcionarios en personas privadas de su libertad. Pero sería una excesiva capacidad de anticipación, de la que estos funcionarios no son sospechosos.

En Lomas, siguen el tema con hermetismo.

 

La imputación

La interventora en la AFI, Caamaño, fue la primera en responsabilizar directamente a Macri por las tareas de inteligencia ilegal durante su gobierno. Lo hizo en una denuncia que presentó el martes y en la que incluyó también a Arribas y a Majdalani. Concretamente la presentación se produjo tras el hallazgo de un disco rígido de la marca Western Digital que no había sido borrado completamente y aun conservaba rastros que daban cuenta de que se habrían espiado los mails de 87 políticos, periodistas y abogados, así como el de la Comisaría III de Avellaneda.

Lo curioso es que la inteligencia se habría hecho también sobre los propios integrantes de la coalición Cambiemos – Juntos por el Cambio, incluyendo a funcionarios como Laura Alonso (ex Oficina Anti-Corrupción) o diputados como Nicolás Massot y Mario Negri, llegando al propio Ernesto Sanz – uno de los tres padres fundadores de la coalición junto con Macri y Elisa Carrió.

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi con la intervención de la fiscalía de Jorge Di Lello. El fiscal dijo el viernes que la denuncia debe ser investigada y pidió una serie de medidas que van desde peritar el disco rígido a otras que pueden destapar la olla del recontraespionaje cambiemita. Di Lello solicitó la nómina de todo el personal contratado durante la gestión de Arribas y Majdalani. Según información proporcionada por la intervención en la AFI, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, 803 personas fueron contratadas en la agencia, lo que equivale a más del 60 por ciento de la planta actual.

Di Lello piensa que debe hacerse un muestreo de declaraciones y preguntarles a los agentes qué directivas recibieron de los jefes de la AFI para sus tareas, lo que podría llevar a entender cuáles eran los blancos a los que apuntaba la central de inteligencia. Podría levantar la tapa de una olla a presión.

Al promover la investigación, Di Lello explicó que sostenía la línea que había esgrimido en 2016 cuando pidió que se investigara una denuncia que la gestión del escribano Arribas había hecho contra sus antecesores.

 

Una línea que lleva a Dolores

Caamaño ya anunció que tiene una serie de denuncias para presentar. Es probable que todas incluyan a Macri porque lo considera responsable por los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la política de inteligencia nacional.

En la denuncia están mencionados dos agentes que reportaban a la Dirección de Bases de Datos y Archivos. Uno, ODS, era el agente que usó el disco rígido. Otro, PCC, su jefe y quien estaba logueado.

La denuncia incorpora también a Dario Alberto Biorci, que, además de ser el ex cuñado de Majdalani, era su jefe de gabinete y quien llevaba el ritmo del área operativa de la AFI durante la gestión Macri. Durante esos años, Arribas tuvo a su cargo dos grandes áreas, Jurídicos y Finanzas. Su número dos, la Señora 8 estaba a cargo de las Operaciones y, para eso, su mano derecha era Biorci. De hecho, el área que él manejaba se conocía como Gabinete B – por Biorci.

El ex cuñado de Majdalani apareció mencionado en las declaraciones de dos célebres exponentes de la inteligencia vernácula, Marcelo D’Alessio y su socio Rolando Barreiro. En declaraciones ante el juez Alejo Ramos Padilla, D’Alessio contó que quien le encargaba tareas era el ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien había trabajado con el fiscal Carlos Stornelli cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Según el falso abogado, le habían prometido el cargo de director de asuntos complejos de la AFI si sus gestiones con el empresario Pedro Etchebest daban sus frutos.

Barreiro, por su parte, declaró que D’Alessio se reunía habitualmente con Pablo Pinamonti, a quien describe como una especie de enlace dentro de la AFI entre directores y asesores. Uno de los asesores que mencionó el ex agente fue a Biorci. Pinamonti estaba a cargo del proyecto AMBA, en el que revistaban Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

Tanto D’Alessio como Barreiro, Degastaldi y Bogoliuk están procesados en la causa de espionaje, que estaba hasta la semana pasada elevada a juicio. Sin embargo, el juez Ramos Padilla decidió diferir la elevación después de que el fiscal Juan Pablo Curi sostuviera que había que esperar que la Cámara de Mar del Plata revisara los procesamientos de Stornelli y del periodista Daniel Santoro. Ese tribunal también debe definir si coincide con Ramos Padilla al rechazar a D’Alessio como arrepentido.

Curi propuso, por ejemplo, dejar fuera de la elevación algunos tramos significativos de la causa como las maniobras de D’Alessio en la causa Gas Natural Licuado (GNL), que fue la que después permitió que Stornelli y Claudio Bonadio se arrogaran la competencia para investigar la causa cuadernos, o las tareas de espionaje sobre el abogado Gabriel Bouzat, ex socio del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

 

 

 

 

 

Escuchas

El mismo día de la presentación de la denuncia de Caamaño, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo trató – no sin escándalo con la oposición – el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el Macri transfirió la oficina de escuchas a la Corte y el que prorrogó el mandato del camarista Martín Irurzun al frente de esa oficina. El diputado Marcos Cleri, quien preside la Bicameral, figura en el listado de los espiados que denunció Caamaño.

El Frente de Todes firmó los dictámenes declarando la invalidez de los DNU 256/2016 y 102/2017. Si las cámaras votan en consonancia, la oficina de escuchas – actual Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) – debería volver a la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de Eduardo Casal hasta que el Senado de tratamiento a la nominación de Daniel Rafecas. Desde la Procuración dijeron no haber mantenido conversaciones sobre el posible retorno de la oficina.

Las escuchas estuvieron, al menos, desde los años 90 bajo la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La dirección, que funcionaba en un edificio sombrío de Avenida Los Incas, se llamaba de Observaciones Judiciales (OJ), por lo que históricamente se conoció a esa dependencia como la Ojota. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner anunció una reforma a la ley de inteligencia y la transferencia de las escuchas a la Procuración, que estaba a cargo de Alejandra Gils Carbó.

La procuradora designó a Caamaño para hacerse cargo de la oficina y desembarcar con un grupo de trabajadores del Ministerio Público en el espacio que todavía estaba ocupado por personal de la ex Secretaría de Inteligencia (SI). El escenario era lúgubre. Las ventanas estaban tapiadas. Había puertas cerradas. Un agente había tenido un accidente cerebrovascular haciendo una escucha y había sido obligado a reintegrarse sin más. Quizá el mensaje más claro lo daba un calendario que colgaba de una pared. Era del año 1985, como si la democracia todavía no hubiera dado más que mínimos pasos en la oficina de escuchas.

Durante la gestión de Caamaño, no hubo filtraciones – como sí ocurrió durante la era Martín Irurzun. A los pocos días de asumir, Macri firmó un DNU para sacarle la oficina a la Procuración en un intento de ir minando el poder de Gils Carbó. El DNU se firmó el 24 de diciembre de 2015. El traspaso fue anunciado en un lunch que el entonces ministro de Justicia Germán Garavano compartió el 28 de diciembre con periodistas. Un día después se publicó en el Boletín Oficial. No hubo nunca necesidad ni urgencia para el traspaso, tanto que la Corte difirió cualquier definición hasta después de la feria de verano de 2016. También trascendió antes del sorteo – en La Nación y Perfil – que la oficina iba a quedar a cargo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que preside Irurzun. De hecho, hubo una causa que promovió sin suerte el fiscal Delgado.

Desde febrero, la DAJuDeCO está a cargo de Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia y hombre con buena llegada al ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que gestionó la llegada de la oficina de escuchas a la Corte. Según la nómina de personal de la Corte, hasta abril, trabajaban 271 personas en la DAJuDeCO – que amplió sus funciones más allá de las escuchas --. Un día después de la Bicameral, Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), le pidió a Rosenkrantz que efectivice a los contratados – de modo que, si las escuchas finalmente vuelven a la Procuración – sean absorbidos por otras áreas del Poder Judicial.

Piumato fue elogioso del trabajo de la oficina a cargo de Irurzun, Leal de Ibarra y, de manera ejecutiva, de Juan Tomás Rodríguez Ponte. “Si hubo algún error, no fue en el ámbito de la DAJuDeCO sino en la actitud de ciertos jueces que mandaron a desgrabar los audios cedidos por DAJuDeCO a la AFI, en una actitud absolutamente incomprensible”, escribió Piumato. En otra tónica, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) celebró el anuncio del traspaso y reclamó que se diluciden las responsabilidades de las autoridades de la DAJuDeCO en las filtraciones de escuchas.

 

 

 

 

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