Una bocanada de aire fresco

 

El tiempo se escurre como el agua de un río turbulento y deja a su paso la certeza de un mundo azotado por la inestabilidad política y social y la inminencia de una crisis económica de nueva índole. En este mundo cada vez más complicado, las entrañas del orden global salen a la intemperie y se desparraman en oleadas que desnudan las distintas caras de la violencia. La presión militar, la dolarización y el endeudamiento ilimitado imponen al mundo la “estabilidad estratégica” que interesa a un reducido núcleo de poder. Paradójicamente, también agudizan los conflictos locales y crean las condiciones para realineamientos geopolíticos de nueva índole.

El martes pasado los Presidentes de Rusia y de Estados Unidos mantuvieron una reunión virtual para discutir las graves tensiones surgidas en Europa en torno a la posible integración de Ucrania a la OTAN. Al día siguiente, la Cancillería rusa presentó una nota de protesta ante el gobierno norteamericano detallando las “continuas y peligrosas provocaciones” en la frontera rusa y reiterando el pedido de un “diálogo profundo para definir garantías de seguridad y bajar la tensión política y militar… de lo contrario, desplegaremos todos los medios que tenemos a nuestro alcance para eliminar los peligros que surjan” [1]. Rusia dejaba así constancia de un peligroso estancamiento de las negociaciones.

Detrás de este impasse diplomático existe, sin embargo, un problema más profundo: la creciente debilidad del gobierno de Joe Biden ante la presión de distintas facciones y grupos de poder que buscan influenciar sus políticas.

La alianza entre el establishment del partido demócrata y los “neocons” republicanos, que desde la era Bush impulsan las guerras localizadas y permanentes, ha adquirido gran influencia en la política exterior norteamericana. Se forjó oportunamente con el objetivo de desalojar a Trump del gobierno. Luego de la debacle de Afganistán esta alianza entre “halcones” pasó a dominar la visión geopolítica oficial y ha llevado a Biden a endurecer su posición en relación a Rusia y a emitir un decreto que intensifica la emergencia declarada por Trump el 12 de noviembre del año pasado para frenar la expansión mundial de China  [2]. Esta visión geopolítica alimenta las continuas demandas del Pentágono para obtener más financiamiento para la industria de guerra y así revertir la supuesta superioridad rusa y china en el desarrollo de tecnología espacial y armamentos supersónicos.

Otros grupos de poder económico y facciones partidarias presionan para incidir sobre las políticas económicas del gobierno. Entre ellos, se destacan las presiones en torno a la financiación del gasto social. Estas han expuesto la división profunda dentro del partido Demócrata entre un ala conservadora que responde a determinados lobbies de monopolios y otra progresista que busca cumplir las promesas de inclusión social votadas en 2020 e incorporadas al “proyecto de reconstrucción nacional” (Build Back Better, BBB) de Biden. Recortado sustancialmente, este proyecto todavía languidece en el Congreso. Esto contrasta con el apoyo partidario a un presupuesto militar que ya logró aumentar la financiación en montos equivalentes a los que se recortaron del proyecto de inversión social [3].

A casi un año de gobierno, y sin nuevo financiamiento para mitigar la situación de los más vulnerables, el gobierno parece marchar a la deriva mientras la inflación ya afecta al nivel de vida del 45% de la población con menores recursos [4] y cunde el descontento frente al manejo oficial de la pandemia. Todo esto contribuye a explicar la reciente derrota electoral de los demócratas en Virginia, y la caída de la popularidad de Biden, que por estos días despierta sólo un 36% de aprobación entre los encuestados. Asimismo, sólo el 31% los demócratas y el 25% de los republicanos aprueban el funcionamiento del actual Congreso [5]. En este escenario marcado por la polarización partidaria y la degradación de la legitimidad institucional, Trump planea su retorno al poder

 

 

Ingresos populares, inflación y endeudamiento

Desde principios de la década del ‘80 los sectores populares han “compensado” la caída del poder adquisitivo de sus salarios, estancados y a la baja, aumentando su endeudamiento para consumir. Hacia 2008 este endeudamiento detonaba una crisis financiera enraizada en la proliferación de transacciones especulativas con derivados (activos financieros que derivan su valor de otros activos) mechados con hipotecas basura. La política de facilitación monetaria (quantitative easing, QE) a tasas cercanas a cero de la Reserva permitió por ese entonces salvar a los grandes bancos de la debacle, expandiendo las burbujas de precios a todos los mercados financieros y aumentando el nivel del endeudamiento privado, corporativo y público.

Ahora, ante la necesidad de controlar la inflación, la Reserva acaba de anunciar la reversión de esta política y el aumento de las tasas de interés en el futuro. Esto implica el riesgo de recesión e implosión financiera y coloca a los sectores populares altamente endeudados en una situación de enorme vulnerabilidad.

En un año la deuda de los hogares (tarjeta de crédito, hipoteca, autos, estudios) creció 1,1 billón (trillion) de dólares. Sólo entre julio y septiembre de este año este crecimiento fue del 1,96% llegando a representar 15,24 billones (trillions) de dólares, el nivel más alto alcanzado por este tipo de endeudamiento en la historia del país [6]. La deuda de los consumidores crece sin límite alguno. El proyecto de reconstrucción nacional (BBB) propuesto por Biden no da respuesta a este problema y desconoce el impacto de la inflación sobre los ingresos populares. Ambos fenómenos, sin embargo, se retroalimentan y crean una situación que potencia la inestabilidad política y social, y pone serios límites al proyecto de inclusión social.

En otras notas hemos visto que la alta concentración del capital existente en la logística internacional y en las cadenas de valor global da un ritmo nuevo a la inflación. Reconociendo la gravedad de la situación, el Presidente Biden encomendó a la Comisión de Comercio (Federal Trade Comission) una investigación exhaustiva sobre el abuso de posición dominante en la formación de precios en distintos eslabones de las cadenas de valor vinculadas al consumo [7]. Es altamente improbable que estos estudios culminen con algún control de precios. En cambio es posible que la degradación del poder de compra de los sectores populares profundice el yugo del endeudamiento ilimitado y potencie demandas que no tienen canales institucionales para expresarse.

 

 

 

FMI y endeudamiento ilimitado en la periferia

El aumento de las tasas de interés anunciado por la Reserva también coloca a los países pobres y de ingresos medios que están altamente endeudados en dólares en una situación de extrema vulnerabilidad. En 2020 su deuda externa creció un 5,3% llegando a los 8,7 billones (trillions) de dólares. El aumento de la deuda supera al crecimiento de las exportaciones que proveen las divisas para pagarla. La relación entre ambos indicadores paso del 129% en 2019 al 154% en 2020. En este contexto, resuena la advertencia reciente del FMI sobre un posible “colapso económico” de las naciones más pobres si sus acreedores, las naciones más ricas que pertenecen al G20, no aceleran los esfuerzos de reestructuración de sus deudas y suspenden el pago de los servicios mientras dura la misma [8].

Paradójicamente, el FMI no analiza la situación de sus préstamos. Tampoco analiza la posibilidad de flexibilizar las condiciones que los acompañan. Ello es así porque la ayuda financiera del FMI tiene por principal objetivo el endeudamiento ilimitado. Es decir, la constante adquisición de deuda nueva para saldar a la “vieja”.

La humanidad descubrió la magia perversa del interés compuesto cerca de 3000 años a.C. Este expresa a la usura: un mecanismo de dominación que conduce a la eliminación de un polo de la relación de poder por el otro. Así, en distintas culturas y en diferentes oportunidades los seres humanos han intentado poner límites, o prohibir, cierto tipo de deudas que no pueden ser saldadas porque sus intereses crecen a un ritmo exponencial que supera al ritmo en que crecen los recursos para pagarlos. Esto conduce al caos social. Hoy la lógica de la usura se naturaliza en los préstamos que otorga el FMI. Estos llevan a una permanente succión de recursos y a una reproducción de la dominación política con pérdida de autonomía en la toma de decisiones y progresiva dolarización de las economías.

 

 

FMI y deuda en la Argentina

En vísperas de firmar un acuerdo con el FMI, el gobierno tiene la oportunidad de sentar un precedente internacional declarando el carácter ilegitimo de un sobre-endeudamiento insostenible y acelerado del país e implementado violando los procedimientos legales de la Argentina y los estatutos del propio FMI. Esta deuda fue contraída por un gobierno elegido democráticamente que, con complicidad del FMI, utilizó el endeudamiento para fugar capitales, financiar la campaña política de Mauricio Macri y enriquecer a un grupo de individuos condenando al resto de la población a años de recesión, desempleo y hambre. Esta deuda también potencia el carácter insostenible de la deuda ya reestructurada con los acreedores privados. El gobierno debería seguir las recomendaciones del grupo Soberanxs [9]y acudir a la Corte Internacional de Justicia antes de firmar un acuerdo con el FMI. Esto le permitirá evitar que la ilegitimidad de esta deuda salpique en el futuro a su propia credibilidad política.

El gobierno llega a esta instancia de negociación en una posición de debilidad: desde que asumió ha pagado todos los intereses y vencimientos de capital, perdiendo así la mayor parte de sus reservas internacionales que, más allá de las futuras liquidaciones de exportaciones, estarán en niveles mínimos hacia el próximo mes de marzo. Distintos funcionarios, incluido un representante de Biden, han dicho que el FMI “de ahora” ha comprendido las circunstancias políticas del país y sólo pretende ayudar a un plan de crecimiento elaborado por el propio gobierno. El Presidente y el ministro de Economía han dicho que no se aceptarán condicionamientos al crecimiento del país y/o a realizar ajustes que comprometan la inclusión social. Sin embargo, la experiencia histórica indica que la posición y el rol del FMI son irreversibles. Más aun, hacia marzo de este año el 85% de los préstamos negociados por el FMI en tiempos de pandemia imponen a los países más pobres medidas drásticas de austeridad que se aplicarán ni bien se controle la pandemia. Esto ocurre a pesar de que el FMI reconoce que la pandemia ha agravado la miseria y la desigualdad social en estos países [10].

Por otra parte, los condicionamientos del FMI también pueden llegar por distintas vías y de un modo solapado. El gobierno ha otorgado prioridad a un modelo de crecimiento centrado en el aumento de las exportaciones del complejo agro industrial, la minería y la producción de hidrocarburos. Este modelo encuadra con los criterios que impulsa el FMI y con las demandas de las corporaciones transnacionales que ya controlan a estos sectores productivos. Da prioridad a las exportaciones con el objetivo de obtener divisas para el pago de los intereses y vencimientos de la deuda; garantiza exención de tributos y otorgamiento de subsidios a las corporaciones que controlan a estos sectores privilegiados; no regula la transferencia de ganancias y divisas entre corporaciones del complejo multinacional, ni el comercio entre sucursales y casa matriz, ni la subfacturación de importaciones, sobrefacturación de exportaciones y deuda, que tienen lugar en las transacciones del complejo transnacional.

Asimismo, este modelo agro industrial reproduce la dependencia tecnológica de la industria y del sector agropecuario y asegura la extranjerización de toda la cadena de valor de la producción de alimentos, quitando al país el control sobre su soberanía alimentaria. Potencia la demanda de importación de tecnología incorporada en bienes intermedios y de capital, y reproduce la restricción externa inherente a la actual matriz productiva que junto con el peso creciente de los paquetes tecnológicos en el desarrollo de los agronegocios multiplica la demanda de dólares y obliga a recurrir al endeudamiento externo.

La otra cara de este modelo de producción es un mercado de trabajo cada vez más restringido que reproduce la pobreza estructural, fenómeno que termina incidiendo sobre el nivel de ingresos del conjunto de los asalariados. La pobreza estructural, la miseria y el hambre son problemas cuya solución debería ser encarada de inmediato. No se puede esperar a que el ritmo del crecimiento “se derrame” a todos los sectores de actividad económica y a la sociedad, algo discutible que pone en juego la estabilidad política de este gobierno y el futuro del país.

La firma del acuerdo con el FMI no pondrá fin a la inflación y a la corrida cambiaria. Estas son las vías utilizadas por los sectores económicos más poderosos para disputar una mayor apropiación del excedente, la riqueza y los ingresos del país. En el pasado hemos analizado cómo la llegada del FMI durante el gobierno de Macri intensificó esta disputa que se enraíza en la actual matriz productiva. De ahí la importancia de tomar medidas inmediatas para empezar a revertir esta situación. Para ello se necesita un shock redistributivo que impulse la expansión del mercado interno, la sustitución de importaciones industriales y el desarrollo agroecológico. Esto debe ser acompañado con una fuerte integración de los recursos científicos y tecnológicos del país al desarrollo de estas actividades y con crédito blando que estimule el desarrollo de cooperativas, y pequeñas y medianas empresas nacionales en todos los sectores de actividad. Para ello hay que recurrir a la enorme acumulación de intereses de las LELIQs y pases pasivos que empollan las ganancias de un sector bancario que continúa privilegiando a la especulación financiera y cambiaria por sobre la inversión productiva.

Nada de lo anterior se puede realizar sin la movilización y participación directa de los sectores que votaron a este gobierno y esperan mayor inclusión social. A diferencia de otras épocas de la historia contemporánea, hoy existe un importante entramado de organizaciones populares y una esperanza de cambio que todavía no ha desaparecido. ¿Por qué no dar a los representantes de estas organizaciones mayor participación en la gestión de las políticas que les conciernen y en el control de precios a lo largo de todas las cadenas valor? Sólo así se podrá contrarrestar la ofensiva de los desconocidos de siempre, y se dará un paso gigantesco en el fortalecimiento de una democracia acechada por organizaciones mafiosas, por el lawfare y el clientelismo.

En los últimos tiempos, el gobierno ha convocado en distintas ocasiones a la movilización popular. Esto ha permitido repechar, en parte, el desastre de las PASO. Ante una Plaza de Mayo colmada este viernes para rememorar 38 años de vida democrática y el Día de Internacional de los Derechos Humanos, los alegatos de la Vicepresidenta, de Lula y de Pepe Mugica, y el compromiso del Presidente a no transigir ante el FMI, constituyen una bocanada de aire fresco impregnado de esperanza.

 

 

 

[1] zerohedge.com 8 12 2021

[2] whitehouse.gov 3 6 2021

[3] nakedcapitalism.com 25 11 2021

[4] Gallup en zerohedge.com 2 12 2021

[5] theatlantic.com 12 11 2021

[6] Household debt and credit report, newyorkfed .org Q3 2021

[7] zerohedge.com 29 11 2021

[8] reuters.com 2 12 2021. Los países más ricos desarrollaron la Iniciativa de suspensión del Servicio de Deuda para los países más pobres al borde del default. Esta iniciativa termina a fin de este año. Paralelamente, el Marco Común para el Tratamiento de la deuda (Common Debt Framework) elaborado por los países más ricos para ayudar a los más pobres no ha tenido repercusión alguna.

[9] baenegocios.com 3 12 2021

[10] oxfam.org 11 8 2021

 

 

 

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