Una bocanada de aire fresco

 

En estas dos últimas semanas sucedieron hitos históricos en el camino hacia un sistema de gobierno organizado bajo el paradigma de la Democracia Participativa y Ambiental.

El martes 12 de octubre, la Justicia ratificó la inconstitucionalidad de la ley que autorizó la venta del predio conocido como Costa Salguero, ubicado en la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 15 se inició la audiencia pública que tratará el proyecto que impulsa el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para crear un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur, denominado Costa Urbana. Y el viernes 22 de octubre comenzó el plazo de inscripción para la audiencia pública que tratará 11 convenios urbanísticos.

 

 

Ajustar la Constitución a intereses inmobiliarios

El 27 de abril de este año, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6289. Esta ley fue votada el 5 de diciembre de 2019 y autorizaba a Horacio Rodríguez Larreta, en su calidad de jefe de gobierno, a vender la totalidad del predio conocido como Costa Salguero, es decir 17 hectáreas de la Costanera Norte.

En dicha oportunidad, el juez determinó que esta ley no había cumplido el procedimiento de doble lectura. Este es un procedimiento parlamentario especial que debe aplicarse, por ejemplo, para la venta de bienes del dominio público de la Ciudad. Consiste en que un proyecto, para convertirse en ley, debe lograr una doble sanción o aprobación por parte del cuerpo legislativo y entre ambas sanciones debe convocarse de forma obligatoria a una audiencia pública. Para realizar un parangón: a nivel nacional una ley obtiene una aprobación doble (Cámara de diputados y Senado), con la diferencia de que no se convoca a audiencia pública entre ambas sanciones. En la Legislatura porteña, al ser unicameral, interviene en ambos tratamientos el mismo cuerpo legislativo.

Para comprender por qué se saltearon el procedimiento de doble lectura resulta muy ilustrativo algo de historia.

El proyecto de ley 3033-J-2019, que finalmente dio lugar a la Ley 6289 (venta de Costa Salguero), fue remitido a la Legislatura el 5 de diciembre a las 10:27. El mismo día a las 11:00 el jefe de gobierno ingresó el proyecto 3034-J-2019 que tenía por objeto aprobar convenios firmados entre Nación y la Ciudad para la transferencia a la última de diversos predios ferroviarios nacionales y a la vez la autorización de su venta. Entre los playones figuraban los de Colegiales, Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Catalinas Sur II, etc. Este proyecto de ley tenía 278 fojas.

Media hora más tarde comenzó la sesión de la Legislatura. Ni los legisladores oficialistas ni los de la oposición tuvieron tiempo de leer ni analizar esos proyectos. En la sesión del 5 de diciembre se aprobaron alrededor de 55 leyes en doce horas de sesión. Resultaba imposible analizar seriamente alrededor de 300 páginas técnicas de convenios y ventas de tierras mientras se desarrollaba, una vez más, una sesión maratónica de fin de año, las recurrentes navidades inmobiliarias. De todas formas, ambos proyectos fueron incorporados sobre tablas en la sesión y fueron aprobados durante la última hora convirtiéndose en las leyes número 6.289 y 6.290 respectivamente.

La sesión del 5 de diciembre se realizó cinco días antes del recambio legislativo, que ocurrió el 10 de diciembre. Con el ingreso de lxs nuevxs legisladorxs, el jefe de gobierno era consciente de que perdería la mayoría automática de 40 votos, necesaria para la aprobación de este tipo de proyectos.

¿Qué solución encontraron? Hicieron pasar el proyecto de Costa Salguero y otros como un proyecto de simple lectura (basta con una votación y no hay que convocar a audiencia pública) aplicando uno de los principios fundamentales de su praxis política: “Si pasa, pasa”. De esta forma, sorteaban la imposibilidad de conseguir los 40 votos para la segunda lectura luego del 10 de diciembre. Rodríguez Larreta recibió el proyecto de ley aprobado en una sola ocasión y lo promulgó como la ley 6289 el 3 de enero de 2020 (publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero).

Para que sea más gráfica la violación constitucional cometida, imaginemos que el Presidente de la Nación remitiera un proyecto de ley al Congreso. Sabiendo que no conseguirá los votos necesarios en el Senado, decide promulgar el proyecto de ley con la sola aprobación de la Cámara de Diputados y lo publica en el Boletín Oficial como ley.

Esto es lo que en forma análoga hizo Rodríguez Larreta. Por esto, el 12 de octubre de 2021, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, con el voto de los jueces Fernando Juan Lima y Mariana Díaz, resolvió ratificar la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 que había autorizado la venta del predio de Costa Salguero para emprendimientos inmobiliarios, por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad. Llanamente, por no respetar el procedimiento constitucional de sanción de leyes. Esta sentencia fue dictada en el marco del amparo impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la ex diputada Gabriela Cerruti.

Esta sentencia histórica implica dos cuestiones muy importantes. Primero, la Costanera deber ser pública y de uso común de la ciudadanía porteña. Segundo, la justicia deja una vez más al descubierto la gravedad institucional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Legislatura sanciona leyes en favor de la especulación inmobiliaria sin respetar las exigencias mínimas del trámite legislativo. En este caso, no respetaron el procedimiento de doble lectura y no convocaron a audiencia pública obligatoria. Hace un par de semanas el juez Roberto Gallardo declaró inconstitucional la venta de 86 hectáreas de tierras públicas por el mismo motivo. El proyecto de Costa Urbana en la Costanera Sur se votó sin la mayoría de dos tercios que exige la Constitución. Estamos en una situación de inseguridad jurídica permanente donde la Legislatura aprueba leyes sin las mayorías legales y sin la participación de la ciudadanía. Y si no fuera por el movimiento ciudadano urbano que se organiza y acude a la Justicia estas situaciones se consolidarían.

 

 

 

Dos audiencias históricas en marcha

El viernes 15 de octubre de 2021 se inició la audiencia pública que tiene por objeto tratar la propuesta de convenio urbanístico firmada entre el Grupo IRSA y el gobierno porteño para construir el mega emprendimiento náutico llamado Costa Urbana en la Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica.

Se inscribieron alrededor de 2.600 personas. Hasta el viernes pasado, participaron 220 ciudadanxs y la totalidad se expresó en rechazo a este nuevo Puerto Madero que se construiría destruyendo unos de los pocos humedales que quedan en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las exposiciones de los técnicos del GCBA apareció el anuncio de un nuevo megaproyecto inmobiliario, como próxima etapa, que llevaría el nombre de “Corporación Riachuelo”. Esta propuesta se planteó para aprovechar la obra de infraestructura más importante del país, construida con el financiamiento más grande del Banco Mundial en este tipo de obras: el Colector Cloacal Margen Izquierda. Esta obra fue proyectada y construida en el marco de ACUMAR para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. En su momento se propuso otro diseño de infraestructura, a escala humana, utilizando plantas modulares de tratamiento que vuelquen los efluentes tratados al Matanza-Riachuelo. Este diseño permitía acortar los tiempos de conexión al sistema de los hogares, ya que los mismos se conectaban a medida que se iban ejecutando los distintos módulos de obras. Permitía diversificar las fuentes de financiamiento, incorporar mano de obra local en las diferentes etapas de diseño, ejecución y operación, y lograr a través del vuelco progresivo de los efluentes cloacales tratados la remediación del Matanza-Riachuelo. Sin embargo, esta alternativa fue descartada. Y esta festejada megaobra de infraestructura no sólo va a limitar la posibilidad de remediar el Matanza-Riachuelo sino que va a comprometer la calidad de las aguas del Río de la Plata, ya que este va a recibir a través de un conducto subterráneo los efluentes cloacales con sólo un pretratamiento de separación de sólidos. Ahora comprendemos que la elección de esta megaobra tenía como fundamento oculto extender el modelo de urbanización de Puerto Madero también hacia el sur de la ciudad a las orillas del Riachuelo.

La misma lógica aplica al proyecto del Colector Cloacal Baja Costanera, que el GCBA quiere construir en paralelo al Río de la Plata para abastecer a 16 emprendimientos inmobiliarios, entre ellos Costa Salguero y Costa Urbana. La ciudadanía porteña va a invertir 160 millones de dólares para que las desarrolladoras inmobiliarias con más peso en el sector usufructúen el esfuerzo colectivo.

 

 

 

Por último, el viernes 22 de octubre comenzó la inscripción para la Audiencia Pública sobre los 11 convenios urbanísticos que votó recientemente la Legislatura porteña. Son excepciones inmobiliarias a medida de la especulación inmobiliaria, con jerarquía legal.

Las once torres que habilitarían estos convenios se encuentran en los siguientes barrios (aquí el mapa): Almagro: Corrientes 3402. Belgrano: 11 de Septiembre de 1888 1535/1545 - Libertador 5723/6747 - Arcos 1865. Caballito: Campichuelo 644 - Díaz Vélez 5476. Colegiales: Amenábar 1501. Núñez: Arcos 3631. Palermo: Lafinur 3126. San Cristóbal: San Juan 2502. Villa Crespo: Corrientes 5761.

Para inscribirse a la audiencia pública se debe llenar el formulario disponible aquí.

 

 

 

 

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