Una agresión judicial a la democracia brasileña
En los casos de Dilma y de Lula, los jueces exhibieron celo partidista y arbitrariedad
El 4 de abril fue un día negro para la democracia brasileña. Por una mayoría de apenas un voto, el Supremo Tribunal Federal de Justicia dispuso el arresto de Inacio Lula en un proceso plagado de violaciones a las garantías procesales. Pero no sólo fueron violados los derechos el ciudadano Lula. La víctima ha sido todo el proceso judicial, con sus innumerables lesiones a los principios del debido proceso, junto al impeachment infundado desde el punto de vista constitucional que destituyó a la presidente Dilma Rousseff con la finalidad de poner fin al proceso de reformas que tuvo lugar durante los gobiernos de ambos y que sacó de la miseria a 50 millones de brasileños. La jurisdicción suprema agredió de ese modo todo el acervo constitucional que tenía la misión de defender.
La total falta de imparcialidad de los magistrados que promovieron y realizaron el proceso contra Lula revela el sentido no jurídico sino político de todas las actuaciones. Este partidismo fue favorecido por una característica singular e increíble del proceso penal brasileño: la falta de diferencia y separación entre acusador y juez, y en consecuencia la figura del juez inquisidor que instruye el proceso, firma órdenes y emite la condena de primera instancia: en el caso de Lula, la condena pronunciada el 12 de julio de 2017 por el juez Sergio Moro a 9 años y 6 meses de reclusión y la inhabilitación para ocupar cargos públicas durante 19 años, agravada en la apelación con la condena a 12 años y un mes.
A este absurdo sistema institucionalmente inquisitorial los jueces añadieron celo partidista y arbitrariedad, de los que señalaré tres aspectos.
El primer aspecto es la campaña de prensa orquestada desde que empezó el proceso contra Lula, alimentada por el protagonismo del juez de primera instancia, quien ha difundido actos que estaban en secreto del sumario y ha concedido entrevistas en las cuales se pronunció antes del juicio en contra de su imputado, en busca de una legitimación indebida en el consenso popular y no en la sujeción a la ley. La anticipación de la sentencia también ha contaminado la apelación. El 6 de agosto del año pasado, en una entrevista con el diario O Estado de San Pablo, el Presidente del Tribunal Regional Superior de la 4ª Región (TRF-4), ante el cual había sido apelada la condena declaró, también antes del juicio, que esa sentencia era “técnicamente irreprochable”. En todos los países civilizados, semejante adelanto de opinión es motivo obvio e indiscutible de excusación o de recusación, dado que revela una hostilidad y un prejuicio incompatibles con la jurisdicción.
Esto es lo que Cesare Beccaria llamó “proceso ofensivo” en De los delitos y de las penas, durante el cual “el juez”, en lugar de “buscador imparcial de la verdad”, se “convierte en enemigo del reo” y “no busca la verdad del hecho, sino que busca el delito en el prisionero y lo amenaza con perder si no lo consigue”.
El segundo aspecto de la parcialidad de los jueces —y al mismo tiempo, la característica típicamente inquisitorial de este proceso— consiste en la petición de principio, por la cual la hipótesis acusatoria a probar, que debería ser la conclusión de razonamiento inductivo, sostenido en pruebas y no desmentido por contrapruebas, forma en cambio la premisa de un procedimiento deductivo que asume come veraces solo las pruebas que la confirman y como falsas aquellas que la contradicen. De ahí el curso tautológico del razonamiento probatorio, en el cual la tesis acusatoria funciona como criterio de orientación de la investigación, como un filtro selectivo de la credibilidad de las pruebas y como clave interpretativa de todo el material procesal. Por ejemplo: los diarios brasileños informaron que el ex ministro Antonio Pallocci, bajo prisión preventiva, había intentado en mayo último una “delación premiada” para obtener la libertad, pero que su solicitud fue rechazada porque no incluía ninguna acusación contra Lula y Dilma Rousseff sino sólo contra el sistema bancario. Pero el 6 de septiembre, ante los fiscales, el mismo imputado proveyó la versión apetecida por la fiscalía para conseguir la libertad. Por el contrario, fue totalmente ignorada la deposición de Emilio Odebrecht, quien el 12 de junio declaró al juez Moro que nunca había donado ningún inmueble al Instituto Lula, como presumía la acusación de corrupción.
El tercer aspecto de la falta de imparcialidad es el siguiente: los jueces aceleraron el momento del juicio para llegar a la sentencia final lo antes posible y así, de acuerdo con la ley "Ficha limpia", evitar que Lula, quien sigue siendo la figura más popular de Brasil, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Esta es otra pesada interferencia judicial en la esfera política, que mina de raíz la credibilidad de la jurisdicción.
Por último, es innegable el nexo entre los ataques a los dos presidentes artífices del extraordinario progreso social y económico de Brasil –la ausencia de fundamentos jurídicos de la destitución de Dilma Rousseff y la campaña judicial contra Lula– que hace de su convergencia una operación única de restauración antidemocrática. En estos días, esa operación contó con el amenazante apoyo de los militares, que está destrozando al país de un modo difícil de reparar. La indignación popular se expresó y se seguirá expresando en manifestaciones masivas. Aún habrá una última instancia judicial ante el Superior Tribunal de Justicia. Pero a esta altura es difícil ser optimistas.
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