Un viaje al Fondo para acabar con Perón

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron el arribo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada menos que por la cifra de 50 mil millones de dólares. Se trata del mayor monto acordado por créditos stand by entre 2002 y 2018. De una lista de cinco países, Argentina estará primera, seguida de cerca por Grecia con 39.340 millones de dólares, Brasil con 36.400, Rumania con 18.500, Ucrania con 16.400 millones. A la tasa más alta del mundo, ahora se le suma un nuevo récord en deuda con un organismo internacional.

Una vez que el Directorio del organismo firme el acuerdo, ambos funcionarios deberán elevar las respectivas cartas de intención y comprometerse a llevar adelante reformas estructurales a cambio del efectivo desembolso de tramos financieros. En esas cartas de intención se sacrifican los derechos del pueblo argentino, se pulverizan conquistas sociales materializadas en salarios, servicios sociales y se comprometen reducciones del gasto público, que implicaran un profundo ajuste fiscal asociado a la reducción del déficit fiscal, que el Fondo y el gobierno entiende son la causa de todos los males del país.

A pesar de que mediante estos 50 mil millones, el gobierno busca tender un puente de plata de cara a las elecciones del año 19, lo cierto es que los compromisos asumidos representan un verdadero salvavidas de plomo porque conducen a la economía argentina a seguir los pasos de la experiencia griega. Recesión, venta de empresas, desempleo y fuga de capitales. En el final del túnel -ahora sí entramos en un túnel- el default, la suba del riesgo país y el país rapiñado por fondos buitres nuevamente, marcan la única salida que ofrece el recetario de políticas neoliberales en la nueva fase de financierización subordinada de la economía argentina. Se trata de una financierización subordinada porque somos el costado dependiente de la especulación financiera, estamos a merced del ingreso y salida furibundo de capitales de cortísimo plazo, como quedó demostrado en la corrida del mes pasado y como también refleja la apertura del mercado de cambios del día posterior al anuncio del gobierno, donde el dólar arrancó en franca disparada: en los primeros 45 minutos de operaciones, la depreciación ya había cubierto un 2.26%, avisando al conjunto de los Argentinxs, que el tipo de cambio flotante vino para quedarse, pero también para sellar una fórmula de crecimiento del ratio de deuda del país, de los compromisos asumidos en moneda extranjera, de riesgo cambiario y de deterioro de las condiciones salariales y del nivel de precios de la economía.

El Banco Central continúa en este esquema con su mirada ciega sobre el manejo de los asuntos de política monetaria. Pasó de modificar la meta a afirmar que para este año dejó de tener meta. Sin vaselina, directo al corazón de los sectores trabajadores, que continúan recibiendo presiones para cerrar paritarias por debajo del 15%. La marmicoc en algún momento va a estallar. Esperemos no sea demasiado tarde para imaginar alguna alternativa de respuesta a la creciente especulación financiera que golpea los destinos del país. Lo que es seguro es que la única solución vendrá de la unidad de los movimientos sociales, de los trabajadores de la economía popular, las fábricas recuperadas y las organizaciones de la pequeña y mediana empresa, cuyos libros comerciales van derecho a la quiebra provocada por las medidas de un gobierno que puso la tasa de interés en el 40%.

Pero vayamos al plan, a las exigencias del Fondo Monetario.

Por lo poco que se conoce hasta ahora, es mucho el costo que deberá pagar el país, los sectores trabajadores y empresariales que no están ligados al proceso de valorización financiera. La meta de reducción del déficit fiscal a un 3.7% del PBI para el acumulado 2018/2020, representaría un esfuerzo fiscal del orden de los 20 mil millones de dólares. Ese dinero saldrá de dos lugares. Por un lado, transferencia a las provincias y por el otro inversión en educación, un mal llamado gasto fiscal. El federalismo y el sistema educativo pagarán ese costado del pacto con el organismo monetario internacional.

El gobierno, que necesita preservar su ya gastada legitimidad, hace esfuerzo por mostrar el lado bueno del FMI. Así sostiene que el plan económico con el que se refunda el gobierno, es consistente y se apoya en la sostenibilidad económica, social y política del país. Por primera vez en la historia de los programas del organismo, en el préstamo acordado con el país, se incluye el monitoreo de indicadores sociales como salvaguarda para proteger a los sectores más vulnerables. El lado b del acuerdo, es presentado como el eje central del programa, a partir de la fijación de un piso para el gasto en materias denominadas de protección social que serán canalizadas por medio de la AUH, la AUE y asignaciones familiares. Una vuelta a los noventa, al corazón del asistencialismo, donde no hay ni derechos ni seguros sociales. Simplemente, asistencias del Estado, a los necesitados, a los excluidos del sistema. Un perfecto cambio de signo para quitar juridicidad a los derechos y transformarlos en base de extorsión hacia los movimientos sociales. Será este tal vez, uno de los más perversos vínculos entre dinero y política.

El tipo de cambio flotante que tanto festejan operadores dolarizados en el mercado, no hará más que profundizar la dolarización de carteras que ya está instalada en casi todos los contratos del país, generar mayor riesgo cambiario y, además amplificar el déficit fiscal por el costado del pago de los servicios de la deuda. Cómo a nadie escapa, no es lo mismo deber a un tipo de cambio de 25 pesos que a uno de 30. Esas cinco guitas de diferencia, representan miles de millones de dólares que el Tesoro se verá obligado a conseguir antes del vencimiento de las obligaciones contraídas. De modo que por mayor que sea el esfuerzo fiscal en gasto primario, el resultado financiero no hará más que alimentar el déficit. Exactamente lo mismo que viene sucediendo hasta ahora.

Entre los enunciados del acuerdo, nada se dice sobre el control del destino de los verdes. Los 15 mil millones que vendrían como adelanto del 30% del acuerdo, quedarían en parte en cuentas del Banco Nación y en parte pasarían a reservas. La semana pasada, el gobierno le prometió a los banqueros que no les faltarían los dólares, de modo que el acuerdo lejos de estar pensado para la sostenibilidad del país, forma parte del espaldarazo que el FMI le da al gobierno, con el único propósito de defender a sus delfines financieros. Los montos alcanzan para desarmar las lebac y pagar intereses. El capital se verá. Podría ser objeto de futuras renegociaciones de deuda. Hemos visto esta historia en el pasado.

Tampoco el acuerdo hace mención alguna de incentivos a la producción ni contempla ningún mecanismos para asegurar el flujo positivo de divisas que necesita el país para cerrar el déficit de cuenta comercial. Quién crea que esto se resuelve mágicamente o que quedaron cabos sueltos, está equivocado. Todo ha sido pensado, hasta el menor detalle, como el reconocimiento de deuda con los buitres al inicio del gobierno, cuando existían sólidos argumentos para continuar la defensa de la posición argentina en los tribunales de Nueva York y el cabildeo en los organismos internacionales. Por estos días, el Tribunal Constitucional de Bélgica dictó sentencia rechazando la solicitud de NML CAPITAL (el fondo de Paul Singer beneficiado por Macri, Caputo, y el resto del equipo económico), para declarar inconstitucional la ley belga contra la especulación de los fondos buitre sobre la deuda. Acá los recibieron de brazos abiertos. Era necesario cerrar ese capítulo a las apuradas, para que lleguen las inversiones. En cambio, tuvimos que salir corriendo al Fondo.

Por último, la madre de casi todas la batallas. La Carta Orgánica del Banco Central, pulverizada por este gobierno desde que asumió la gestión, implementando el modelo de metas de inflación, delegando el manejo de la tasa de interés en un comité de política monetaria que, en los hechos, sustituyó, el rol del Directorio en el ejercicio de una de sus atribuciones esenciales, será objeto de reformas orientadas a eliminar todo tipo de vestigio de asistencia financiera al tesoro. Con esta reforma no se busca dotar de mayor autonomía al organismo monetario. Se equivocan quienes así lo piensan.

Lo que se busca es eliminar el objetivo de pleno empleo y el compromiso con el desarrollo económico con equidad social, que expresa el corazón del enfoque de un banco central concebido como agente del desarrollo. Quienes tanto critican (por sus supuestos efectos inflacionarios) el artículo 20 de la Carta Orgánica, en donde está previsto el mecanismos de asistencia financiera al Tesoro, parecieran desconocer que según el texto vigente, se trata de una facultad del directorio y no de una obligación. Tranquilamente podrían no haber hecho uso de dicha facultad, nadie los obligaba. La usaron por voluntad propia. Tampoco pueden argumentar presiones políticas, porque hasta ahora, al menos en los registros documentados del Banco Central, la única presión cierta contra la que se ha tenido que lidiar, es la que el poder financiero efectúa a fin de lograr regulaciones favorables a sus intereses.

Lo único que buscan quienes proponer dicha reforma es poner en manos del mercado financiero todo el poder de manejo sobre el sistema de pagos, la administración de los depósitos y la canalización del crédito en favor de la especulación financiera. Cuando más entierren las bases del modelo de BCRA del gobierno peronista del año 1946, mayores serán los beneficios de la financierización de la economía. Aquella carta orgánica, aprobaba por Decreto Ley 14.957 establecía que el Banco tendrá por objeto: “…promover, orientar y realizar en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación…”. Eliminado este postulado, no hay posibilidad de recorrer un camino de crecimiento constante en el largo plazo, pero sí de recorrer de manera, cada vez, más frecuente, perturbaciones en todos los frentes, en especial el externo y el social.

Ninguna de estas palabras forma parte de los acuerdos, pero expresan las bases de un programa monetario que podría volver a marcar un rumbo de independencia económica (pleno empleo) y soberanía monetaria (administración del tipo de cambio junto a la tasa de interés), para nuestro país. Mientras tanto, el desarme de Lebac, es decir la monetización de la especulación financiera, lo paga el Estado, como aconsejó Cavallo el día que volvió a ingresar por las puertas del Banco Central.

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