Un prófugo en la viña del señor

Italia define si extradita al cura Franco Reverberi Boschi, acusado de torturas en dictadura

Por Facundo Fernández Barrio
Reverberi Boschi huyó a Italia luego de que la fiscalía de San Rafael pidiera su indagatoria.

 

En los primeros días de 2021, una periodista del diario romano La Repubblica llegó a la parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, una pequeña comuna de 9.000 habitantes en Parma, y preguntó por el cura Franco Reverberi Boschi, prófugo de la Justicia argentina desde 2012 y acusado de haber asistido sesiones de tortura en el centro clandestino de detención “La Departamental” en San Rafael, Mendoza, durante la dictadura militar. Reverberi no estaba, pero sí un colega suyo, el párroco de la diócesis, quien comentó mientras limpiaba la iglesia: “Hace unos días, cuando ustedes periodistas llegaron a Sorbolo, le escribí al obispo para decirle que buscaban a Don Franco. El obispo me respondió que les diera una trompada en los dientes”.

En ese momento la fiscalía de San Rafael preparaba su segundo pedido de extradición contra Reverberi, protegido no sólo por la Iglesia católica sino también por la Justicia italiana, que ya se había negado a entregarlo en 2013. Varios sobrevivientes de La Departamental denunciaron en los juicios de lesa humanidad en la provincia que el sacerdote acompañaba a los represores cuando repartían picana, golpes y “submarino”. Casi siempre vestía de oscuro, aunque a veces se aparecía de fajina militar. Andaba con una Biblia y dejaba ver una pistola enfundada en una sobaquera. Decía a los interrogados que debían arrepentirse y hablar. Un ex militante recordó que durante la tortura el cura lo alentó a colaborar para tener “alivio espiritual”.

Reverberi, de 84 años, está acusado de partícipe secundario en diez casos de secuestros y torturas y en el asesinato de José Berón, militante del ERP aún desaparecido, y como miembro de una asociación ilícita junto a los represores de la Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales en San Rafael. La Justicia italiana ya rechazó dos veces su extradición, difícil de lograr en casos de personas con doble ciudadanía. En 2013, una corte de apelaciones local argumentó que el delito de tortura no era imprescriptible según el Código Penal italiano. El asesinato de Berón aún no se le había imputado al cura. Este año, la Justicia italiana volvió a negar el reclamo argentino y no dio ningún valor a la prueba reunida sobre el caso Berón, asesinado y desaparecido en la época en que Reverberi se paseaba por La Departamental.

En las próximas semanas, la Argentina tendrá su última chance de intentar repatriarlo. La Corte Suprema de Casación italiana, máximo tribunal de apelaciones del país, resolverá definitivamente en una audiencia a fin de mes si lo extradita o no. La fiscalía y las querellas tienen tiempo hasta el 15 de junio para reforzar las pruebas contra el sacerdote. A los denunciantes y fiscales se suma esta vez el gobierno argentino, representado por la Secretaría de Derechos Humanos, que por primera vez actúa como parte interesada en procesos fuera del país contra acusados por el terrorismo de Estado. Mientras tanto, Reverberi sigue dando misa los domingos.

“Más allá de mostrar nuestro interés en que Reverberi sea juzgado en la Argentina, es muy probable que no nos den la extradición porque técnicamente la normativa jurídica italiana no lo permite −dice el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien en los últimos días estuvo en Italia para impulsar la participación del gobierno argentino en el caso Reverberi y en los procesos contra otros dos represores refugiados en ese país, Jorge Troccoli y Carlos Malatto−. Por eso creemos que sería muy importante que lo juzguen allá, que un país como Italia acompañe el proceso de Justicia argentino y no deje pasar delitos como los que se imputan a Reverberi”.

 

 

Su nombre se ventiló por primera vez en un juicio en 2010, cuando se celebró el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y cuatro sobrevivientes describieron su presencia asidua en el CCD y los interrogatorios. Mario Bracamonte, ex militante de la JP, dio uno de los testimonios más contundentes. Recordó la presencia de Reverberi en un episodio puntual, la noche del 9 de julio de 1976, a temperaturas bajo cero, cuando después de torturarlos los hicieron arrastrarse sobre su sangre en el piso. Esa noche la patota se ensañó con un sindicalista de la UOM al que ahogaron en un balde. Reverberi observaba. Cuando Bracamonte levantó la cabeza buscando la mirada del cura, recibió una patada de un oficial: “¿Qué mirás, negro?”.

Al igual que otros sobrevivientes, Bracamonte era católico y conocía desde antes a Reverberi porque era párroco de San Rafael. En el juicio de 2010, el cura fue llamado a declarar como testigo. Dijo que nunca había estado en La Departamental y que el Ejército lo había designado como capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael recién en 1980. Sin embargo, según la prueba documental reunida por la fiscalía, Reverberi había reconocido en una nota que venía prestando funciones desde antes de su nombramiento.

Tras las declaraciones de los sobrevivientes, la fiscalía pidió su indagatoria. Pero Reverberi abandonó el país un par de meses antes de que el juez lo llamara a declarar. Se instaló en Sorbolo, su tierra natal, que había dejado a los 11 años junto a sus padres emigrados a la Argentina. En 2012, la Justicia argentina lo declaró en rebeldía y pidió su extradición. Interpol emitió una orden de captura internacional −hoy caducada−, pero Reverberi ya se encontraba en tierra segura. Desde entonces siempre respondió a los oficios judiciales diciendo que no podía viajar a la Argentina por razones de salud. Da misa una vez por semana y confiesa fieles en la parroquia Santi Faustino y Giovita. Durante la pandemia ofreció sus servicios espirituales en formato virtual.

 

La orden de captura internacional.

 

Según la fiscalía, “Reverberi tenía conocimiento pleno de las detenciones ilegales de los nombrados y de las torturas a las que fueron sometidos” y “se movía con autonomía” en la Casa Departamental. “Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a ‘aconsejarle’ que hable para no ser torturado nuevamente −anotaron los fiscales en el segundo pedido de extradición−. Ahora bien, cuando el que llega después a dar consejos es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los demás miembros del aparato represivo, entrando y saliendo a su antojo del centro clandestino, no es un torturador cualquiera, es uno calificado”. Su aporte no radicaba sólo en el hecho de presenciar las torturas sino además en el daño infligido a las víctimas: “Abandonados de todo, ya ni siquiera pueden confiar en Dios porque un ‘representante’ suyo está presente en ese infierno”.

La Iglesia católica está al tanto del caso desde el principio. Luego del primer pedido de extradición, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, querellante en la causa, le mandó una carta a Jorge Bergoglio, por intermedio del nuncio apostólico en Buenos Aires, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Reverberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.

El Papa también recibió un mensaje judicial sobre la actuación de Reverberi en la dictadura. En 2017, el Tribunal Federal Oral 2 de Mendoza resolvió en un veredicto sobre crímenes cometidos en varios CCD de la provincia “liberar oficio al Jefe del Estado del Vaticano a fin de poner en su conocimiento la grave intervención de sacerdotes de la diócesis de San Rafael en crímenes de lesa humanidad”, en alusión al cura. Hasta ahora, la Iglesia apenas tomó nota.

En 2015, el historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede, autores del primer estudio exhaustivo sobre el vicariato castrense durante la dictadura, precisaron en un informe entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que al menos 102 sacerdotes ejercieron su ministerio en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos. Entre ellos identificaron a 22 sobre los que pesaban sospechas de complicidad u ocultamiento de información sobre las víctimas. Sin embargo, hasta hoy el ex capellán Christian von Wernich sigue siendo el único miembro de la Iglesia católica condenado por el terrorismo de Estado.

Durante su viaje a Italia, Pietragalla se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para tantear si es posible abrir un trabajo conjunto sobre los documentos de la época de la dictadura que conserva la Iglesia. El funcionario también tuvo un encuentro privado con Jorge Bergoglio, en el que le dio un pantallazo general sobre la política de derechos humanos del gobierno. En ninguna de las dos reuniones se habló de Reverberi. A esta altura no hay expectativas sobre una medida eclesiástica, al menos un gesto, con respecto al cura prófugo.

 

 

 

 

 

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