Un Presupuesto para volver al 2001
Cómo ocultar temporalmente los tremendos daños causados a todo el tejido social
Uno de los documentos que permite exhibir el perfil de gestión de un gobierno es su Presupuesto anual. La forma en que se distribuirán los recursos del erario permite advertir algunos de los ganadores y perdedores de la sociedad, más allá de los muchos otros factores políticos que lo determinan. El Cohete a la Luna solicitó a la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) los guarismos del Presupuesto 2001, último aprobado a la primer Alianza, el del 2015, último año de gestión kirchnerista, y el propuesto para 2019 recientemente aprobado por la alianza Cambiemos del PRO, la UCR, la CC y un sector del PJ, con el cual estos espacios finalizarán su gobierno. Si bien es cierto que este último fue instruido por el FMI, no menos real es que la subordinación del gobierno argentino a dichos lineamientos, y su fuerte defensa pública, lo tornan como propio de Cambiemos. También cabe acotar que, por estar las cifras representadas en porcentaje del PBI, es necesario tener en cuenta que el Producto casi se duplicó entre 2001 y la actualidad, lo que implica en cualquier caso erogaciones reales duplicadas.
En el presupuesto 2019 se perfila un rasgo representativo de la nueva derecha: pese a su discurso contrario al asistencialismo, ha aprendido de anteriores experiencias la importancia de establecer un relativo blindaje a los sectores fuertemente afectados por sus políticas regresivas, bajo la lógica de una política gradualista de quita de derechos que evite eventos sociales desestabilizadores. Por eso, mientras la primer Alianza destinó un 11,5 por ciento del PBI a los Servicios Sociales y finalizó abruptamente produciendo un caos socioeconómico, Cambiemos le destinaría el 14,3 por ciento de un PBI que durante los años kirchneristas se duplicó en relación a inicios de la década pasada.
Con esta salvedad, el presupuesto 2019 comienza a tomar la forma del de 2001. En ambos, la segunda partida en importancia es la de servicios de la deuda, la cual en 2001 representaba el 4,2 por ciento, pero descendió gracias a la política de desendeudameniento del kirchnerismo al 1,6 por ciento, para regresar en 2019 al récord del 4,1, teniendo en cuenta las cifras del PBI sobre las que se establece.
A partir de allí, todos los números son a la baja. De hecho, mientras que en 2001 y 2015 las partidas destinadas a la pregonada lucha contra la inseguridad y el narcotráfico eran del 1,2 por ciento del PBI, para el próximo año descienden al 1 por ciento, lo que en términos reales implica un recorte aún mayor, pues el PBI de 2019 se proyecta cerca de un 3 a 5 por ciento menor que el de 2015. Otro descenso, que para el discurso neoliberal del gobierno representa un relativo éxito en función de diezmar al Estado, es la reducción de erogaciones para la administración nacional. Mientras que la primer Alianza y el kirchnerismo lo habían sostenido en valores similares en relación al PBI, es decir 1,4 y 1,3 por ciento respectivamente, para el 2019 se lo proyecta bajar al 0,9, tornándolo regresivo incluso en relación al 2001.
También en consonancia con la primera Alianza, se advierte una fuerte reducción del rubro denominado "servicios económicos", que básicamente representa los subsidios a los servicios públicos. En 2001 representaban solo el 0,9 por ciento; la política del kirchnerismo de subsidios como vía de mayor competitividad industrial y mayor consumo interno, hizo trepar esta cifra al 4,6 por ciento del PBI. La Alianza Cambiemos, por su parte, mediante la política de shock tarifaria, planea reducir en toda su gestión este gasto a menos de la mitad en términos reales, es decir dejarlo en el 2,3 por ciento de un PBI entre 3 y 5 por ciento menor al de 2015.
La política de subsidios del anterior gobierno era cuestionada por personas del mismo espacio, por la opacidad de alguna de las partidas y por el hecho de que en algunos casos alcanzaba a segmentos sociales que podían afrontar los costos integrales de las tarifas. Sin embargo, la modalidad de supresión del actual gobierno, que se combinó con una fuerte alza de las tarifas para beneficiar a sus socios dueños de empresas energéticas, explica que las partidas ahorradas solo se hayan derivado al pago de la deuda, con el que la Alianza financió la fuga récord de capitales, además de ocultar temporalmente los tremendos daños causados a todo el tejido social.
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