Un poder que no va a elecciones

 

Autoritarismo, violencia y criminalidad en prácticas policiales trazan mensajes en las provincias hacia las dirigencias políticas en el proceso electoral y recambio de gobierno, así como hacia el conjunto de la sociedad. Los aparatos del Poder Judicial son, a la vez, parte y destinatarios de ese mensaje que busca la impunidad corporativa.

En Río Negro, el gobernador electo y actual senador nacional Alberto Weretilneck dijo que su próxima gestión deberá “empezar de cero con la Policía” porque “está destruida”, como si la administración provincial de los últimos doce años le fuera ajena. Lo mismo vale para Pedro Pesatti, vicegobernador electo y actual intendente de Viedma, quien participó del gobierno que desplazó al radicalismo en diciembre de 2011. Ambos argumentan que la crisis de seguridad se origina en la caída de los salarios del personal, la falta de inversión en las condiciones laborales y de infraestructura y equipamiento. Nada dicen de la violencia estructural que secuestró y mató a un oficial en Bariloche en 2016 y a otro joven durante su formación oficial en un cuerpo de élite en Viedma en 2021, por citar dos casos. Menos sobre las responsabilidades de la cartera de Seguridad en las condiciones que permitieron el crimen de Elías Garay Cayicol en Cuesta del Ternero.

En Neuquén, la última semana de julio, dos jóvenes murieron a manos de la policía en dos procedimientos realizados en ciudades diferentes, justo cuando se cumplió un año del homicidio de otro joven en Villa La Angostura. En esta provincia, el gobernador electo Rolando Figueroa interpreta que el conflicto pasa por la falta de ropa de trabajo.

Y, en Chubut, parte de la disputa por el poder real de la policía local se juega en tribunales. Buena parte del aparato judicial está al servicio de la impunidad, así como de la persecución de toda disidencia.

 

“Todos somos López”

La justicia de Chubut inició una nueva investigación contra Omar López, defensor público en lo penal de Rawson, por presunta desobediencia a la autoridad al no acceder a exhibir su DNI en un puesto policial sobre la ruta en marzo de 2022. Tres abogados regresaban en una camioneta de jugar un torneo de fútbol de veteranos. Uno de ellos era Luis Aviles, ex jefe de la Policía (2017/2018); en el asiento trasero, López.

Patricia Reyes, jueza de garantías en lo penal de Rawson, resolvió el 10 de agosto abrir una segunda investigación por decisión del Superior Tribunal de Justicia, en cuya resolución se comparó la conducta de López con la figura del desacato, derogada en la Argentina. En la audiencia preparatoria, Alfredo Pérez Galimberti, defensor particular de López, argumentó que la posición de su defendido es coherente con su larga trayectoria profesional, en que representó a víctimas de abuso y violencia policial.

 

 

En 2009, como defensor de Esquel, promovió la investigación contra el escuadrón de élite GEOP por las violaciones a los derechos humanos durante un procedimiento de tres días en la localidad de Corcovado, en la cordillera. El tribunal consideró probados los numerosos casos con víctimas fatales, lesiones graves, allanamientos irregulares y hasta una persona desaparecida, pero no la autoría material. Miguel Gómez, jefe del GEOP responsable del operativo, quedó a salvo y siguió su carrera plagada de momentos controvertidos.

Años después investigó y acusó a César Ricardo Brandt, que en 2003 era comisario en el paraje Cushamen. Estuvo al frente del desalojo ilegal y abusivo de una familia de la comunidad mapuche-tehuelche Vuelta del Río. El comisario fue condenado, pero continuó su carrera hasta alcanzar el año pasado la Jefatura, cargo que mantiene hasta el presente.

En las próximas semanas representará a cuatro manifestantes víctimas de detención ilegal y lesiones en Rawson, juicio oral y público postergado contra cuatro efectivos provinciales en funciones.

En suma, López conoce tanto a la policía chubutense como ella a él.

 

Modelo Chubut

Diego Armando Pacheco tiene 42 años. Era un pibe de 17 cuando comenzó un terrible proceso en manos de la policía primero y del Poder Judicial después. Fue acusado y condenado por un homicidio cometido en un baldío en Sarmiento, al centro sur de la provincia. No recibió la atención que fija la ley para los jóvenes de su edad, ni tampoco se le permitió el pleno ejercicio de su derecho a la defensa. Eran tres coautores: los mayores de edad fueron sobreseidos, sólo Pacheco fue condenado a cuatro años de prisión.

La causa la llevaron el Juzgado de Sarmiento y la Cámara de Comodoro, ninguno especializado en derecho penal juvenil. La Defensoría general de Chubut representó al joven en un reclamo ante el Estado que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004. El organismo concluyó en 2021 que el Estado Argentino “era responsable por la violación del derecho a recurrir del fallo, del derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, del principio de legalidad y de su deber de adoptar medidas de protección especial a los adolescentes en conflicto con la ley penal”. Luego, recomendó “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos detalladas en el Informe mencionado, tanto en el aspecto material como inmaterial”.

El año pasado se firmó el acuerdo de cumplimiento de la recomendaciones de la CIDH entre la representación de Pacheco y el gobierno nacional, lo que fue ratificado por decreto días atrás.

 

Cuentas de rosario

Weretilneck gobernaba Río Negro. El 10 de agosto de 2016 estaba en Bariloche cuando se encontró en un descampado el cuerpo sin vida del oficial de policía Lucas Muñoz (29 años), quien llevaba 27 días desaparecido. El lugar había sido rastrillado días antes. El jueves pasado su familia reclamó verdad y justicia ante la Casa de Gobierno y la sede del Superior Tribunal de Justicia en Viedma. Los anuncios del momento naufragaron en el legajo judicial.

En enero de este año fueron encontrados el chaleco antibalas y otras pertenencias de Lucas en la Comisaría 42 donde prestaba servicios, en la zona sur de la ciudad. Esa unidad había sido allanada en su momento. La 42 fue clave en el operativo de persecución y criminalización de la lof Lafken Winkul Mapu, ya que su jurisdicción alcanza Villa Mascardi.

 

 

Hace pocas semanas, un tribunal de Viedma condenó a cuatro policías del cuerpo especial COER por el homicidio de Gabriel Mandagaray (25 años), producida el 15 de abril del 2021 en Bahía Creek durante un curso de capacitación.

Entre marzo y abril eclosionó en las calles de distintas ciudades rionegrinas el reclamo de los jubilados de la policía por una recomposición de los haberes, tema que en medio del proceso electoral se amplió a la falta de equipamiento y personal. Falta, de todos modos, un análisis sobre la gestión de Betiana Minor, ministra de Seguridad y Justicia, y de Osvaldo Tellería, titular de la Jefatura, antes de que dejen sus puestos con el próximo gobierno.

En la agenda diaria de los medios de comunicación, los hechos no suelen dan cuenta de los procesos de los que son parte. Aunque, en ocasiones, esos procesos estallan.

El 22 de julio, Oscar Costich (28 años) murió durante un procedimiento de la policía neuquina en Centenario. Dos días después, en Plottier, ciudad del mismo cordón urbano, Cristian Salazar (25 años) fue demorado y murió dentro de una comisaría. En julio se cumplió un año del homicidio de Robinson Gatica Quintriqueo (32 años) a manos de un grupo de cinco policías en Villa La Angostura, al sur.

Hace falta analizar las ejecuciones presupuestarias, las licitaciones, quién paga las camperas –como dijo Figueroa–, pero también el inventario de los vejámenes.

 

 

 

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