Un nuevo proceso de inclusión

 

El 15 de diciembre de 2004 se votó la ley 25.994, que Clarín rápidamente estigmatizó como la “de jubilación para las amas de casa”. Para la derecha, representó la jubilación con pocos o ningún aporte. Sin embargo, para aquellos que tuvimos el privilegio de trabajar en ella, fue el “Plan de Inclusión Jubilatoria”, que no sólo cambió la realidad previsional del país, sino que configuró una verdadera reparación histórica y una dignificación para todos los compatriotas castigados por las privatizaciones y flexibilizaciones laborales de la década de los '90. En dicha ley, el artículo 6 plasmó el siguiente texto: “Los trabajadores que, durante el transcurso del año 2004, cumplan la edad requerida para acceder a la Prestación Básica Universal de la ley 24.241, tendrán derecho a inscribirse en la moratoria aprobada por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias; con los intereses y en las condiciones dispuestas hasta el 31 de julio del corriente año”.

Ese pequeño contenido, que apenas ocupa dos renglones de la ley, fue lo suficientemente potente para crear una revolución en materia de seguridad social e inspirar parte del discurso de Néstor Kirchner en la apertura de las sesiones legislativas de 2007, cuando mencionó que “hemos diseñado y llevado adelante una amplia moratoria previsional, sin precedentes, que permitió que un millón de trabajadores puedan estar incluidos en el sistema. Optamos por el ejercicio de la solidaridad para reparar una injusticia y recuperar la dignidad de los adultos mayores a tener derecho a su jubilación y a su obra social luego de tantos años de trabajo y esfuerzo”. Aquel millón del que hablaba Néstor se transformó, con el correr del tiempo, en más de 4 millones de beneficiarios.

En 2007 escribimos con Sergio Massa el libro De la exclusión a la inclusión social, en el que intentamos dejar testimonio de una época signada por el cambio y la transformación social. Allí mencionamos, por ejemplo, que el primer gran hito que marcó un claro cambio de tendencia en materia de política social es el dictado de la ley 25.994 –conocida popularmente como la ley de la jubilación anticipada–, sancionada en diciembre de 2004 y que empezó a regir en enero de 2005. Esa ley fue complementada, un año después, con el dictado del decreto 1454/05, el cual reglamentó la ley 24.476. Ambas significaron la incorporación, al año 2007, de más de un millón de nuevos jubilados.

Estas leyes facilitaban la incorporación de aquellas personas que, encontrándose en estado de desocupación a noviembre de 2004, registraban todos los aportes al sistema requeridos, pero les faltaban hasta cinco años de edad para adquirir derecho al beneficio previsional. También podían hacerlo quienes, teniendo la edad cumplida al 31 de diciembre de 2004, les faltaban aportes registrados al sistema. Esos aportes podían ser completados y regularizados a través de la moratoria establecida en la ley 25.865 y en las condiciones dadas hasta julio de 2004, y quienes, cumpliendo la edad en cualquier momento, completaren los aportes anteriores al 30 de septiembre de 1993 en las condiciones indicadas también por la ley 25.865 hasta julio de 2004.

Del nuevo millón de nuevos jubilados ingresados al sistema previsional –exactamente, 1.056.448 personas a febrero de 2007–, sólo 30.961 fueron beneficiarios de la jubilación anticipada prevista por el artículo 2 de la Ley 25.994. Es decir, aquellas personas que, producto de las privatizaciones de la década de los '90, se quedaron fuera del mercado laboral siendo aún jóvenes para jubilarse, pero “viejos” para obtener trabajo, luego de toda una vida de esfuerzo. El mayor perjuicio que arrojó la reforma del sistema previsional de la década de los '90, en la figura de la privatización del mismo, fue la enorme disminución de lo que se conoce como “tasa de cobertura”, que no es otra cosa que dejar fuera del sistema a miles de personas que, por diversos motivos, no alcanzan a cumplir los requisitos para obtener un beneficio jubilatorio.

A través de la implementación de “moratorias” –en realidad no deberían llamarse así, ya que técnicamente son planes de facilidades de pago en virtud de que no contemplan quita de capital alguna, a diferencia de los planes de moratoria propiamente dichos– se habilitó a más de un millón de personas a regularizar la situación de sus aportes previsionales, de manera de facilitarles el acceso a una jubilación que contempla, a su vez, la cobertura médica por medio del PAMI, en base a los lineamientos normativos plasmados en los artículos 2 y 6 de la ley 25.994.

Para llevar a cabo la efectivización de su inclusión, se apeló a la utilización intensiva de los avances tecnológicos registrados en materia informática en ese momento, en un proceso inédito para la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y, me animaría a decir, que para toda la Administración Nacional. Se diseñó un proceso que iniciaba con una aplicación informática accesible por Internet, la cual permitía incorporar los datos personales, los datos del grupo familiar, los años trabajados con los servicios requeridos, y en caso de surgir períodos adeudados, los mismos podían ser incorporados en el plan de facilidades de pago conforme las pautas reglamentarias vinculadas a fechas de corte y demás, para luego poder abonar el valor resultante hasta en sesenta cuotas. Luego de iniciar el trámite de solicitud del beneficio previsional, el beneficiario debía abonar la primera cuota del plan de pago acordado, mientras las restantes se le descontaban mensualmente de su haber previsional de manera automática, es decir, con pago asegurado.

Por otro lado, para tener idea de la magnitud del esfuerzo que demandó tamaña incorporación de personas al sistema previsional argentino, cabe mencionar que en toda la historia del mismo se había logrado sumar, entre jubilados y pensionados, algo más de tres millones de individuos, con un promedio de 150.000 altas por año. Estas medidas permitieron incorporar más de un millón de nuevos beneficiarios en sólo doce meses.

Paralelamente, la dimensión de los efectos sociales que trajo aparejado ese incremento en la tasa de cobertura sólo puede vislumbrarse cuando se analiza cómo se compuso ese universo. De los 1.025.847 nuevos beneficiarios provenientes de la aplicación del artículo 6 de la citada ley a febrero de 2007, el 33,79% –es decir, 346.518 personas– tenían más de 75 años, de los cuales 12.551 pasaban los 90 años. El 57,81% superaba los 70 años, de los cuales 246.279 no habían cumplido todavía los 75 años. Más de 290.000 estaban entre 65 y 69 años de edad, mientras que 142.197 eran los “jóvenes” mayores de 60 años de edad que aún no habían cumplido los 65.

Cabe señalar que la inmensa mayoría de los nuevos beneficiarios fueron mujeres y se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.

Desde los sectores más conservadores de la política argentina se han cuestionado estos planes de inclusión social, argumentando el elevado costo que podían representar para el erario público hacia el futuro. Por ello, vale la pena recordar que el costo de la transición por la reforma del sistema previsional de 1994 fue financiado con el incremento de la alícuota del IVA, impuesto al consumo que, como tal, afecta siempre en mayor medida a las personas con menores recursos. También resulta oportuno recordar que el abandono social hacia nuestros mayores no resulta gratis, ya que de alguna manera alguien deberá hacerse cargo de ellos –sean los hijos, el Estado nacional, provincial o municipal a través de pensiones de tipo asistencial o en última instancia, la caridad– y este deberá pagar las erogaciones vinculadas a ese cuidado. En mi opinión, el hecho de devolver la dignidad a nuestros mayores no puede ser medido en términos de costo fiscal, porque la dignidad no tiene precio.

A esta norma le siguió una lista interminable de leyes y decretos destinados a proteger y dar cobertura a los que menos tienen y más necesitan: la ley 26.222, que quebró la lógica del régimen de capitalización individual; la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; la reestatización del sistema previsional; la fórmula de movilidad jubilatoria; la Asignación Universal por Hijo; la Asignación Universal por Embarazo; y la reinstauración del régimen docente y del régimen de científicos, sólo por nombrar algunos hitos. Aquella primera norma aprobada en tiempos de Néstor, que modificó la lógica del sistema previsional, marcó el inicio de un tipo de política social que luego fue profundizada por Cristina durante los siguientes ocho años de gobierno.

 

 

 

 

Lo que me gustaría recordar, y de primera mano –porque afortunadamente fui partícipe de esa epopeya– es que en 2007, y como siempre pasa, los sectores neoliberales le auguraron al gobierno una crisis económica inédita que llevaría al caos financiero. Fueron tan acuciosos que llenaron los medios dominantes con las más agoreras predicciones. Los medios dedicados a temas económicos llenaron sus páginas de cálculos y opiniones que hacían prever que esas medidas representaban la ruina global del país. Nada de ello ocurrió. En 2006, la incorporación de beneficiarios superó el millón de personas y la inflación bajó más del 2%. A pesar de los cálculos ex profeso amañados, las jubilaciones y los salarios crecieron como nunca. Lo mismo ocurrió durante el gobierno de Cristina, cuando la Argentina alcanzó el maravilloso logro de ser el país de América Latina con la jubilación mínima y el salario mínimo más altos del continente. ¡Y con nostalgia recuerdo que en aquellos momentos ostentábamos una de las mayores tasas de cobertura del mundo!

Por ello, cada vez que veo un debate o algún “opinólogo” desmereciendo las políticas sociales, o al gobierno renegando de ellas sin siquiera tomar el ejemplo de Néstor y de Cristina –quienes lograron darles una paliza intelectual a los neoliberales de siempre–, me indigno.

En el Senado está en tratamiento un nuevo Plan para incluir a los mismos que incluyó Néstor. Creo que además de ser un homenaje a su figura y a sus ideas, el gobierno debería seguir su ejemplo y asumir como propio el nuevo Plan de Inclusión que se debate, usando este proyecto como punta de lanza de un nuevo proceso de inclusión.

En 2006, en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Néstor decía: “Superados los peores momentos, con todo lo realizado ante nuestra memoria, debemos emprender el esfuerzo de inventarnos un futuro innovador con vistas a la integración, el crecimiento con equidad, la inclusión social y con desarrollo sustentable”. Creo que aún es posible: sólo hace falta coraje, voluntad política y amor a la patria.

 

 

 

 

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