UN NO TRAS OTRO
Datos correctos sobre el presupuesto y el personal de la Defensoría del Público
Ante informaciones inexactas difundidas desde diferentes espacios políticos y publicadas en diversos medios en los últimos días, la Defensoría del Público aclara que son 118 las personas que trabajan en el organismo, información disponible en la web institucional y funciona con un presupuesto de 232.591.134 pesos que fue aprobado por el Congreso de la Nación, a pedido de la intervención del gobierno anterior, a cargo del abogado Emilio Alonso.
El financiamiento de la Defensoría del Público proviene de fondos de gravámenes sobre las publicidades emitidas y las licencias de radio y de televisión, según estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) en el Inciso e) del Artículo 97. El mencionado artículo establece que el 5% de esos gravámenes se destinarán al funcionamiento de la Defensoría. El artículo 100 de dicha norma establece que esos fondos no podrán ser, en ningún caso, utilizados para fines distintos.
A la fecha, el gasto total ejecutado en personal es de 122.581.418,72 pesos. Dadas las características de este año (pandemia) se ejecutó al 1° de octubre menos del 60% del total del presupuesto anual, por lo que se generó un ahorro que se podrá asignar al presupuesto de gastos de 2021.
Ante la serie de inexactitudes publicadas, se aclara además que los salarios que cobran las y los trabajadores y las autoridades de la Defensoría del Público son los mismos que el resto del Poder Legislativo.
Además, se reitera que el observatorio de discursos de odio y de violencia simbólica será una línea de trabajo de la Defensoría del Público como las ya existentes. Por si no quedara claro: NO es un organismo, NO es una institución, NO es un ente. Y no se proyecta tomar personal para sus actividades.
Aportará una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias ya emitidas en medios audiovisuales. No existe intención alguna de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa, que son actividades incompatibles con las funciones de la Defensoría del Público, que carece de competencias sancionatorias.
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