Un negocio de la casta empresarial

 

En un comunicado conjunto, el miércoles 31 de julio, YPF y la estatal malaya Petronas informaron oficialmente la decisión de que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) se instale en el puerto de Punta Colorada de la localidad de Sierra Grande, Río Negro. Esta determinación le traerá mayor costo al Estado nacional. Quienes integran el directorio de YPF desde la asunción de Javier Milei son ex CEO de grupos económicos vinculados a la actividad petrolera. La decisión está más relacionada con los posibles negocios privados que puedan existir que a una decisión técnica, como hicieron trascender en el comunicado. Indicaron que fue la conclusión de una consultora internacional la que determinó como “ventajosa” que la locación sea en Río Negro. Señalaron que la decisión fue tomada después de un “extenso proceso de evaluación técnico económico” que determinó el lugar. Pero ese estudio no se hizo público y solamente hubo menciones en el comunicado a supuestos beneficios; sin embargo, serán mucho más los costos en inversión que deberá realizar el Estado.

En el comunicado hacen mención a lo determinado por “la consultora internacional Arthur D. Little —tercero calificado e independiente— quien llegó a la conclusión de que para el proyecto resulta más ventajoso hacer la inversión en Río Negro”, debido a que “muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aun si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales”. Los motivos serían:

• la zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta;
• la existencia de una mayor profundidad marítima que disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos;
• la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas, y
• la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada y la sinergia con el desarrollo de infraestructura local con el proyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

 

 

El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que la decisión de que la planta no se instale en Bahía Blanca obedecía a que su provincia “tiene un mandato que no comulga con la ideología de Milei y por esa razón decidió castigarla y vengarse”.

En 2022, Bahía Blanca había sido el lugar escogido por YPF para instalar en su puerto la planta de GNL. En 2023, había reservado para ello 1.500 hectáreas. El intendente de dicha ciudad, Federico Susbielles, explicó en una conferencia de prensa realizada el miércoles 31: “Bahía Blanca hizo todo lo que debía hacer y más para tener este proyecto en la ciudad. Hicimos el trabajo con seriedad, con responsabilidad, con profesionalismo en estos meses y en los siete años que atravesaron distintas responsabilidades y distintas administraciones”.

Explicó lo que representaba el proyecto para su distrito: 15.000 puestos de trabajo en forma directa en la construcción, 5.000 puestos de trabajo de manera primaria y secundaria. El mandatario local indicó que no se tuvo en cuenta la capacidad operativa de los puertos, destacando que el de Bahía Blanca es el más importante del país. Susbielles remarcó que la decisión que había tomado YPF en su momento “generó que Bahía Blanca garantice las condiciones legales, impositivas y técnicas que el proyecto requería”. Dijo que el proceso de toma de decisiones “estuvo alterado”. 

También puso en duda el supuesto estudio de la consultora al señalar que no hubo “tiempo físico para evaluar los costos y la inversión secundaria que este proyecto requiere”. Detalló el costo mayor que tendrá para el Estado nacional, las inversiones que deberá hacer. La ciudad de Bahía Blanca y su puerto tienen una sinergia industrial consolidada desde hace años por su conectividad terrestre desarrollada, su vinculación ferroviaria y por ser el quinto polo petroquímico de Sudamérica, circunstancias que la hacían especial para el proyecto. Cosa que no ocurre con Río Negro.

 

 

Dentro del cúmulo de factores que presenta el proyecto, el intendente de Bahía Blanca reconoció dos que pueden darle a la locación de Río Negro mayor competitividad: la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas y mayor profundidad marítima. Pero señaló que “las múltiples inversiones que deben realizarse exceden —y por mucho— las condiciones que el privado y el Estado nacional van a tener que generar”.

Ventajas comparativas de Bahía Blanca:

• El puerto de Bahía Blanca es un puerto abrigado que opera un 22% más de los días que una locación de puerto abierto, como es el de Punta Colorada. Ese 22% menos es dinero que se va a perder de producir. El Estado desaprovecha así la capacidad industrial que tiene el puerto de Bahía Blanca, que le permitía maximizar los beneficios de exportación en comparación con el puerto de la provincia de Río Negro.
• La planta petroquímica del puerto de Bahía Blanca cuenta con proveedores especializados capaces de solucionar toda clase de problemas operativos. A la ciudad le tomó 25 años conseguir esta experiencia en todos los servicios para el ámbito portuario. Desarrollarla en Río Negro constituirá un alto costo. 
• Otra característica desaprovechada por el Estado al no elegir el puerto de Bahía Blanca es la mayor velocidad para poner en funcionamiento el proyecto que implica. El muelle de la compañía Mega, donde una empresa anunció que para 2027 contará con un buque para licuefacción y exportación, produciría la aceleración necesaria para generar los dólares con la exportación de GNL que el país requiere.
• Los costos de operación para el Estado nacional en lo que es su sistema de defensa. Dado que la planta que se construirá será un punto geoestratégico clave en el mundo, la decisión de instalarse en Río Negro perdió de vista activos de protección con los que Bahía Blanca ya cuenta: la Armada Argentina, Ejército y Prefectura. Para el intendente, también en lo que refiere a Aduana y Migraciones, y sistemas que tienen que ver con lo operativo, que Bahía Blanca ya tiene resuelto y que su generación en Río Negro va a implicar millones de dólares de costo añadido.

El intendente manifestó su preocupación, no solo por el daño que se le produjo a Bahía Blanca con esta decisión, sino por la posibilidad de que ese daño “también sea irreparable para la República Argentina”. 

 

 

En la conferencia que brindó el miércoles, Kicillof también se encargó de demoler la falsedad de las expresiones de algunos opositores bonaerenses que expresaron que la provincia perdió la planta de GNL porque él no había adherido al RIGI y contó, incluso, que el director y presidente del Directorio de YPF, Horacio Marín, le dijo que YPF avanzará en inversiones por  2.200 millones de dólares en Bahía Blanca, desde Profertil. Los beneficios después de aprobado el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) hubieran corrido igual si la decisión hubiera sido la de instalar la planta en Bahía Blanca, porque, por más que el gobernador Kicillof no haya adherido, el beneficio no es para la provincia, es para las empresas más allá del lugar de su locación.  

La recuperación de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue la base fundamental para que estemos hablando de esto. Aunque muchos deciden olvidarlo, fue en abril de 2012 que se recuperó la petrolera tras años de desinversión y vaciamiento a manos de empresas privadas que hicieron que el país tuviera que importar gas y petróleo. Esa recuperación permitió la posterior explotación de Vaca Muerta. Antes de la llegada del libertario y la ocupación de CEO en YPF, una conducción más digna había logrado un acuerdo con Petronas y ahí se había decidido instalar la planta de GNL en el puerto de Bahía Blanca.

No es menor pensar si el Estado debe realizar una mayor inversión al decidir que la planta se instale en el puerto de Punta Colorada de la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro, en quiénes serán los beneficiarios. Los que detentan cargos en YPF —nombrados por Javier Milei— son hombres vinculados a los intereses de empresas privadas más que a la defensa del Estado. El presidente de YPF, Horacio Marín, como también el director, Eduardo Ottino, provienen de la empresa Tecpetrol del grupo Techint de Paolo Rocca. Otro director de YPF es el actual vicejefe de gabinete, José Rolandi, que tuvo su paso por Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Eduardo Eurnekián. Con buenos ojos vieron esos directores de YPF que todas las inversiones que el Estado deberá realizar en Río Negro brindarán la oportunidad a esas empresas a las que sirvieron en el pasado de ser los proveedores de la sinergia necesaria para que la planta de GNL funcione. El sistema de casta empresarial será realmente el beneficiario en perjuicio del Estado.

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí