Un mundo con periodistas

La persecución a quienes difunden lo que el poder desea mantener oculto

Por Alberto Moya
Julian Assange al llegar a Australia, en libertad luego de 12 años.

 

En la misma semana, en distintos puntos del planeta, fue liberado Julian Assange, fundador de WikiLeaks; le revocaron la prisión domiciliaria al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, perseguido por investigar a las elites de su país, y el Ministerio de Capital Humano del gobierno PRO-libertario esbozó la obligatoriedad de la matrícula profesional para ejercer el oficio, con lo que puso en alerta a la prensa argentina, que acumula una larga experiencia de luchas.

 

Autoritarismo en Centroamérica

Ya hace un año que fue condenado a prisión José Rubén Zamora, “uno de los periodistas de más alto perfil de Guatemala”, según la descripción del New York Times. Desde elPeriódico, diario líder que fundó y dirigía, investigaba las acusaciones de corrupción contra el entonces Presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras (sancionada en Estados Unidos por socavar la democracia y la lucha anticorrupción), nombrada por aquel con una mecánica similar a la de Gerardo Morales en Jujuy. Desde esos poderes partieron las acusaciones de corrupción contra Zamora, que terminó preso, aunque los fiscales no hallaron irregularidades en su trabajo.

Cuando fundó elPeriódico, en 1996, Guatemala salía de casi cuatro décadas de violencia política, con decenas de miles de desaparecidos. Sin embargo, entrado este siglo, la corrupción en la élite del país era tal que los integrantes decentes del Poder Judicial debieron acudir a expertos internacionales de la ONU para colectar datos durante doce años hasta que, en 2019, el investigado Presidente concluyó que sería más seguro para él expulsar a aquellos extranjeros. Con el reemplazo por Giammattei, desde enero de 2020, la situación no cambió: la Asociación de Periodistas documentó 472 casos de hostigamiento, agresiones y censura. Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y abogados huyeron del país, al igual que 22 periodistas amenazados. Con esos antecedentes se llegó a la condena contra Zamora. Durante el proceso, ocho reporteros, editores y columnistas fueron investigados por “obstrucción a la Justicia” sólo por cubrir el juicio. La mayoría se fue de Guatemala.

El juicio fue contemporáneo a una campaña electoral con irregularidades y cuatro candidatos presidenciales impugnados. Tanto que desde WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington, la directora para Centroamérica, Ana María Méndez, dijo que allí “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas conformadas por la élite económica, la militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.

En su primer día de prisión, hacia julio de 2022, Zamora sólo tenía una toalla con la que cubrió un colchón asqueroso, sin cobija. Lo tuvieron dos semanas sin hablar más que con sus defensores, dos de los cuales fueron obligados a declararse culpables de obstruir la investigación a cambio de seguir en libertad. La dupla Bonadío-Stornelli hizo escuela.

Los 38.000 dólares por los que fue condenado, explicó Zamora, provenían de una pintura donada por un pintor amigo, que usó para vender y pagar deudas de elPeriódico. Agregó que le pidió a otro amigo, Ronald Navarijo, que lo depositara, pero éste prefirió denunciarlo, en lo que algunos sospechan que podría ser una maniobra del banquero Navarijo para obtener beneficios judiciales en un caso de corrupción por el que está procesado.

“La jueza me dijo: el Ministerio Público no probó que fuera dinero ilícito y usted no probó que fuera dinero lícito, entonces el tribunal infiere que proviene de un ilícito”, relató Zamora, quien reclamó que no pudo defenderse porque no le permitieron presentar pruebas, como los testimonios de quiénes donaron y compraron la pintura.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York se manifestaron a favor del colega en un proceso que incluyó el congelamiento de las cuentas bancarias de elPeriódico, lo que derivó en su cierre. ¿Acaso Javier Milei habrá sabido eso cuando lanzó su diatriba contra el director de Perfil, Jorge Fontevecchia?

Una Fundación Contra el Terrorismo apoya a la fiscal general, a la vez que amedrenta al equipo de Zamora. Según Stephen Townley, director de la iniciativa Trial Watch de la Fundación Clooney para la Justicia: “La defensa se ha visto obstaculizada. Cuatro de sus abogados han sido procesados​. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.

Al igual que a Milagro Sala, también a Zamora lo acusaron de delitos sin pruebas, como los de chantaje y tráfico de influencias; pretendían cuatro décadas de prisión para ese hombre de 66 años. Absuelto de varios cargos, debió soportar una multa de 40.000 dólares. Sentenciado por lavado de dinero a seis años de prisión, a Zamora sólo le quedaba acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Zamora, esposado, otra vez en prisión. Foto: Johan Ordoñez, France Press.

 

En una entrevista con Associated Press, denunció maltrato y vejaciones en la cárcel. El corresponsal constató que se hallaba “en una celda gris de cinco por cuatro metros, que se oscurece cuando se cierra la pesada puerta de metal, con una rendija de 20 centímetros por la que entraba algo de luz”, en la que pasaba 23 horas diarias a oscuras.

Debido a fallas procesales, hacia octubre de 2023 una Corte mandó rehacer el juicio, que Zamora podía esperar en su domicilio, pero la Fiscalía apeló para mantenerlo preso por obstrucción a la Justicia y falsedad de documentos. El año anterior el juez había ordenado apresarlo porque, según dijo, Zamora tenía un medio de comunicación con el que podía obstruir la investigación. elPeriódico desapareció hace un año.

Ya en 2024, con el cambio de gobierno por el de Bernardo Arévalo, ha podido empezar a bañarse con agua caliente. Sin embargo, esta semana, una corte de apelaciones revocó el arresto domiciliario concedido en mayo.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción apeló la decisión que revocaba una de las dos órdenes de prisión contra el comunicador por dos casos distintos que lleva la fiscalía, por los que nunca dejó la cárcel, a pesar de que la primera condena quedó en suspenso, según informó Associated Press, que recogió el testimonio del hijo de Zamora, también periodista: “En casos de gran corrupción, la Fiscalía no apela las decisiones a favor de los corruptos, pero cuando se trata de criminalizar a operadores de Justicia o periodistas allí sí apela todo”.

 

 

Primera Enmienda, bien gracias

La negativa a que Zamora espere el juicio en su casa se dio a horas de diferencia con la noticia de que Julian Assange avanzaba hacia su libertad, luego de doce años de exilios y asilo diplomático, durante el cual la comunidad internacional bregó porque su caso no cayera en el olvido ni empeorara con una extradición a los Estados Unidos, donde no era impensado que algún estamento pidiera la pena de muerte para él. Lo acusaban de espionaje y de poner en peligro la seguridad nacional (del país más poderoso, nada menos).

Assange difundió más de 90.000 documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán, incluido un video de un helicóptero estadounidense matando a tiros a civiles iraquíes y a dos periodistas. Además colaboró con medios de todo el mundo, también de la Argentina, en revelar la corrupción financiera desde Estados Unidos a Perú y conversaciones de políticos de las que muchos no quieren acordarse.

Ahora, el fundador de WikiLeaks acordó declararse culpable de conspirar para obtener y difundir información, por lo que recibiría una condena mínima que se computaría con los cinco años que estuvo sin poder salir de Londres. Su comparecencia se dio en un tribunal estadounidense en las Islas Marianas del lejano Océano Pacífico, 6.000 kilómetros al oeste de Hawai, adonde había llegado en secreto.

A la jueza Ramona Manglona ​​le dijo que había sido acusado porque “como periodista, animé a mis fuentes a proporcionar información que se decía clasificada para poder publicarla. Creo que la Primera Enmienda protege esa actividad… La Enmienda y la Ley de Espionaje están en contradicción, pero acepto que es difícil ganar un caso así”.

La jueza le dijo que “el momento importa” ya que habría estado menos inclinada a aceptar el acuerdo una década antes. La operación se dio en la misma semana del debate presidencial electoral, uno de cuyos contendientes, el mandatario Joe Biden, había deslizado la posibilidad de un acuerdo sobre Assange. Sin embargo, en declaraciones a CNN, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, despegó a la Casa Blanca: “Fue una decisión independiente tomada por el Departamento de Justicia”, dijo.

Con sus 52 años, Assange padeció un tremendo sufrimiento “en su lucha por la libertad de expresión y la libertad de prensa”, según su abogado estadounidense, Barry Pollack, quien agregó que “el procesamiento no tiene precedentes en los cien años de la Ley de Espionaje. Assange reveló información veraz y de interés periodístico… Nunca debería haber sido acusado en virtud de la Ley de Espionaje por haber participado en un ejercicio que los periodistas realizan todos los días”. O al menos debería realizarlo en un mundo con periodistas.

El miércoles a la mañana pudo por fin volar a Australia, donde se abrazó con su esposa.

 

Y por casa…

En la Argentina, el titular del Poder Ejecutivo Nacional criticó a periodistas a partir de una situación en España, donde insiste en meterse en cuestiones de política interior. Ahora tomó el caso del periodista peninsular Vito Quiles, quien se dice perseguido por las autoridades después de que publicara que un ministro habría utilizado un auto oficial para ir al recital de Taylor Swift.

Milei posteó: “Si un funcionario de nuestro Gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Son cómplices del socialismo autoritario”.

 

 

Su obnubilación no le permite diferenciar a un socialista de una zanahoria, ya que también envuelve a quienes comparten sus preferencias. Esta semana, Silvia Mercado denunció que el impedimento a asistir a las conferencias de prensa en la Casa Rosada (no la dejan acreditarse) es por “un capricho personal de Milei”, y evaluó que “el gobierno está ganando tiempo para evitar un escándalo mayor en el ámbito de los medios y la libertad de expresión”.

En la misma línea de avanzada contra la prensa para probar su nivel de resistencia parece haber tenido lugar la difundida obligatoriedad de tener un carnet profesional otorgado por el gobierno, aunque pronto aclararon que fue un error.

El Ministerio de Capital Humano había posteado: “Si sos periodista profesional, podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria y se acordará sin restricción… salvo las excepciones señaladas en la Ley 12.908”. Esa ley es el Estatuto del Periodista Profesional del gobierno peronista de 1946.

Tal vez eso haya impulsado a la diputada Mónica Frade (ARI-CC) a postear: “Libertarios y neo libertarios, desorientados!”. Es que, en términos de coherencia ideológica, la pretensión choca contra la decisión de cerrar Télam, otra creación peronista.

 

 

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) recordó que la matrícula “es un derecho pero nunca un requisito para ejercer la profesión, lo que violaría la Constitución”.

 

 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) comunicó su condena a la colegiación de periodistas, una práctica “obsoleta” y que “desde 1985 está considerada por la Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una restricción ilegítima al derecho universal a la libertad de expresión”. Agregó que “la ministra agravia la libertad que su partido dice defender”.

Hasta el diario La Nación les recordó un informe sobre el país, en cuyas páginas Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, llamó “a las autoridades a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, a fin de construir una sociedad más cohesiva e inclusiva. Esto también significa el pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”.

El sitio donde se recordaba la obligatoriedad de matricularse fue dado de baja.

 

 

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