UN MODELO AGONIZANTE

 

El Ministro Nicolás Dujovne sostuvo que es “una responsabilidad muy grande evitar una mega crisis en la Argentina como la que ya vivió el país en 2001 y en los años '80, porque en cada una de ellas acumulamos nuevas camadas de pobreza". Sin embargo, y aun antes de que él asumiera funciones, la política económica del gobierno de Cambiemos, en su creencia de que el capital financiero se reproduce y genera condiciones para la inversión y el crecimiento, no ha hecho otra cosa que abonar el fin que dice temer, una crisis terminal como la de los año 1989 y 2001, y es funcional al capital internacional en general y al de los Estados Unidos en particular, que no quieren una Argentina productiva, sino un país dependiente y atrasado.

La mayor parte de nuestras exportaciones son bienes primarios y su manufactura, básicamente soja, luego otros granos y finalmente petróleo y sus derivados y demás productos de minería. La demanda mundial de esos bienes es sostenida, pero somos tomadores de precios, mientras que importamos principalmente productos industriales que tienen mucho mayor valor agregado (es decir, trabajo incorporado). Por cada tonelada que exportamos recibimos 620 dólares, el 34% de la tonelada que importamos, por 1.830 dólares. Esta relación entre los precios promedio de nuestras exportaciones e importaciones hace que sistemáticamente compremos trabajo y vendamos recursos naturales. Como las cantidades exportadas no compensan ese desequilibro, las importaciones superaron bajo el gobierno de Cambiemos a las exportaciones. Al déficit comercial resultante debe sumarse el déficit de los servicios reales (turismo, fletes, seguros, royalties, comunicaciones, etc.) y financieros (intereses y giro de utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices en el exterior), lo que significa una fuerte restricción externa a nuestro desarrollo.

El crecimiento depende de la elasticidad de las exportaciones y de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. Como en la amplia mayoría de los países no industriales, la elasticidad precio de las exportaciones desciende fuertemente, por la consolidación de las cadenas globales de valor (administradas por las empresas transnacionales), que representan directa o indirectamente el 80% del intercambio mundial.

Menos del 30 % de las exportaciones de la Argentina ingresan en esas cadenas globales de valor como mero proveedor de alimentos, donde el 60,9% de las exportaciones argentinas, se dividen tan solo en 5 –cinco— productos primarios con bajo valor agregado.

Paralelamente, hasta que los grandes capitales financieros se fueron y al fijarse el dólar por la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos (carry trade o bicicleta financiera), se generó una fuerte distorsión de los precios relativos y por ende del costo fijado en divisas. Por ejemplo, en agosto de 2017, el precio de la carne en gancho de exportación era de 3,17 dólares el kilo, mientras que un kilo de asado en el mercado interno se llegaba a pagar el equivalente a 8 dólares, por lo que, de persistir en ese camino, nos encontrábamos que se iba a importar carne en lugar de exportarla. Complica más el cuadro descripto si le sumamos la dependencia de insumos y de técnicas del exterior, demostrada tomando un largo período de la historia económica Argentina (1980-2015) en que por cada punto que crece el PIB industrial, las importaciones lo hacen en tres puntos.

Finalmente, la práctica permanente de sub facturación de exportaciones y de sobrefacturación de importaciones, para depositar la diferencia en paraísos fiscales donde se esconden los ingresos, con lo que se contabilizan menos ganancias en el país de origen y, también, se tributa menos, todo eso en conjunto cierra el cuadro de “primarización” de nuestra economía y fuga de capitales.

A ese complicado cuadro externo, el macrismo le sumó financiar el déficit fiscal que es en pesos (la moneda en la cual el Estado Nacional recauda y paga) con deuda externa y encima, pagarles a los fondos buitre por los bonos “defaulteados” y que no entraron en los dos canjes de deuda realizados por el kirchnerismo, con el pretexto de que así reingresábamos al mercado de capitales mundial.

La Argentina en 1974 era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre la franja más rica de la población y la más pobre, gracias a una industria que sustituía importaciones y crecía mientras crecía el mercado interno, por lo que se beneficiaba con el aumento del número de trabajadores y su mejor paga.

La dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera del capital que destruyó el tejido industrial, al destruir la formación interna de cadenas de valor, atando a nuestras importaciones de imprescindibles insumos que no producimos o lo hacemos en forma insuficiente, con lo que la estructura económica argentina presenta ciertos enclaves competitivos y modernos, en el marco de estructuras degradadas y empobrecidas donde el capital concentrado no invierte.

Es más, las grandes empresas que han permanecido lo han hecho con y por la apropiación de un mercado cautivo, y han destruido y destruyen eslabones internos de producción, imponiendo sus condiciones en el mercado nacional y usándolo de base para sus ventas e inversiones en el exterior.

Si bien los gobiernos denostados como populistas han convivido con esa trama productiva y distributiva, las administraciones neoliberales como las de Menem y la Alianza, y ahora Cambiemos, son funcionales al capital financiero internacional e incluso limitan vía tasas de interés y competencia desigual (por el atraso cambiario y la reducción de aranceles) a los enclaves industriales que sobrevivieron con la práctica de mercados cautivos.

Esa combinación de altas tasas de interés y bajo tipo de cambio es exactamente al revés de la de los países del este asiático, que por esa razón crecen sistemáticamente produciendo más bienes y servicios. Cuanto esta ecuación eclosiona por fuga de capitales como ha pasado tantas veces en nuestro país (en 1980-1981 y 1982; 1989; 1995; 2001-2002), se trata de revertir el cuadro con una violenta depreciación de nuestra moneda que le permite a los “fugadores” de capital y al capital extranjero, quedarse con las principales compañías por la mitad o menos de su valor real. Por ende la crisis implica extranjerización del capital, esencialmente en los grandes resortes de un país, su producción energética, en las industrias de uso difundido (acero, aluminio, cemento, petroquímica) y en el comercio exterior (esencialmente granos y petróleo).

 

 

Subvertir los valores

El nuestro era un país con cierto grado de industrialización y de consciencia social. Fue necesaria una sangrienta dictadura para subvertir los valores y que se acepten los de los sectores dominantes, fundamentalmente los ligados al capital financiero, que es la forma que tienen los países centrales de desindustrializar y hacer depender de su producción a las naciones periféricas.

Macri, Dujovne y antes Prat Gay, postularon volver a los mercados de capitales y aceptar su lógica de interés compuesto, sin comprender la esencia de la producción y distribución de bienes y servicios finales que conforma el PIB (Producto Bruto Interno), más para un país como el nuestro cuyas ventas en más de tres cuartas partes se destinan al mercado interno.

Esa sumisión conceptual a la lógica del capital financiero hace que empresas productivas y fuertemente concentradas de la Argentina deban subordinarse, soportando la competencia desigual por el atraso cambiario y las altas tasas de interés, más la dolarización de las tarifas de energía y combustible. Y cuando el tipo de cambio derrapa (por la restricción externa referida), se ven presionadas por el capital extranjero dispuesto a quedarse con los activos del país a precio vil.

El colapso cambiario, la deuda externa generada y sus compromisos, producen un cuadro complejo donde la administración aún subordinándose a la lógica del capital financiero, no logra que los exportadores liquiden sus operaciones, porque la fragilidad es tan grande que se duda que el precio del cierre de un día del tipo de cambio, por más alto que parezca, logre permanecer en el tiempo.

Las LEBACs (Letras del BCRA), no son el único problema que tiene el Banco Central. Las reservas internacionales no paran de retroceder y el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional obliga a la entidad a presentar un cuadro sólido y consistente de reservas de divisas y, una inflación acordada con el organismo a cargo de Christine Lagarde que este año 2018 no puede superar el 32 por ciento.

Pero la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fue del 3,1% mensual en julio y comparándola con un año atrás es del 31,2%. Y todavía falta que se sigan trasladando los efectos de la depreciación de nuestra moneda a las tarifas y el transporte (el boleto de trenes y colectivos aumentó el 15 de agosto de 2018), que fueron dolarizadas, y a los alimentos que tienen precio internacional en dólares (como harinas y aceites).

En los primeros días de agosto de 2018 el Banco Central decidió reducir la cantidad de dólares que se subastan en forma diaria de 100 a 50 millones a partir del lunes 13. La autoridad monetaria no podía continuar perdiendo divisas a un ritmo de 1500 millones semanales porque se comprometió a mostrar en septiembre y en diciembre de 2018 una cantidad de reservas internacionales netas de al menos 5.500 millones de dólares por encima de los registros del 4 de junio. Estas reservas netas, una vez descontados los pasivos de corto plazo de la entidad, sumaban 23.100 millones de dólares a inicios de junio y deberán ubicarse por arriba de 28.600 millones en las próximas revisiones del FMI para habilitar el desembolso de las nuevas cuotas del crédito.  Sin embargo, el martes 14, el Presidente del BCRA, Luis Caputo, informó que el FMI había avalado cancelar parte de las LEBACs, que son en pesos, con dólares de las reservas del BCRA.

Esto en nuestro país no pasó nunca y tenemos acuerdos con el FMI desde 1956.  Tan es así, que en enero del año 2002 el FMI le exigió al gobierno de Duhalde liberar el mercado cambiario (sin intervención alguna del BCRA) y el dólar que teóricamente valía un peso en diciembre de 2001, en abril de 2002 había pasado la barrera de los 3 pesos.

Es cierto que con la venta de reservas internacionales se frena la suba del tipo de cambio, peró sólo mientras hay reservas. El martes 14 de agosto de 2018 vencieron LEBACs por $528.000 millones y solo se renovaron $ 201.701 millones (38,2% del total). El 61,8% de ese total que no se renovaron ($326.300 millones, equivalentes a 10.600 millones de dólares) presionaron el miércoles 15 de agosto sobre la demanda de divisas y obligaron a que el BCRA adjudicara un total de 781 millones de dólares para abastecer la demanda en la plaza mayorista.

Tampoco le había ido mejor al gobierno en la licitación de LETES (Letras de Tesoro de la Nación). A pesar de que esas letras se pueden suscribir en pesos, pero a su vencimiento pagan capital e intereses en dólares, el Ministerio de Hacienda logró renovar sólo la mitad de los 800 millones de dólares de Letras del Tesoro que vencían el 10 de agosto, a 182 días de plazo, con vencimiento el 8 de febrero de 2019 (teóricamente todavía gobierno de Macri) y reconociendo una tasa del 4,99% anual en dólares.

Al problema financiero de títulos de deuda, se le debe agregar los 5.900 millones de dólares por intereses de la deuda externa a pagar desde el 1° de junio al 31 de diciembre de 2018. Multiplicados por $ 19,30 (que era el tipo de cambio promedio de este año según la ley de presupuesto 2018), significan $ 113.870 millones. Pero como el tipo de cambio va a ser mucho mayor (supongamos $ 35, promedio, de junio a diciembre de 2018) implica que la suma es de $206.500 millones. Para pagar la diferencia por la devaluación se deben recaudar $ 92.630 millones más que lo presupuestado. Esto es lo que el gobierno llama poner las cuentas en orden.

Sin capacidad para renovar el capital adeudado (roll over de los títulos de deuda) y debiendo hacer frente a los intereses que se incrementan en nuestra moneda, que es la que el Estado recauda, el gobierno se ve obligado a realizar ajustes permanentes, de allí que adopta medidas como la de suspender por seis meses la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja, que el gobierno descendió desde una alícuota del 32 por ciento en 2015 hasta el 23 por ciento actual. También se eliminó el Fondo solidario de la Soja, por lo cual las provincias y municipios no recibirán el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja que financiaban obras públicas (con esta decisión, según el gobierno, se deja de girar a las mismas 8.500 millones de pesos en este año 2018 y otros 26.500 millones de pesos en 2019). Y se reduce en un 66 por ciento el monto total pagado en concepto de reintegros (devolución de impuestos a los exportadores) que serían unos 5.000 millones de pesos en 2018 y 29.000 millones de pesos en 2019.

 

Triste y solitario final

El gobierno de Cambiemos naufraga en su propia impotencia e inutilidad, a los golpes, sin más apoyo que el FMI (y obviamente los Estados Unidos que están detrás de ese organismo internacional de crédito), abandonado por su principal socio que eran los grandes bancos y fondos de inversión como el JP Morgan, Merrill Lynch, Stanley Morgan, Deutsche Bank, que se fueron en masa desde el 25 de abril de 2018. Su única fortaleza es la debilidad organizativa del campo nacional y popular, e incluso el hecho de que los famosos Cuadernos de Centeno hagan poner la barba en remojo a los Rocca de Techint y su plan de 14 puntos presentado por el Frente Renovador y dirigidos por Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli, que pretendían aprovechar la depreciación cambiaria debida a la inoperancia del gobierno de Cambiemos y la permisividad a la fuga de capitales (más de 50.000 millones de dólares desde que Macri asumió la presidencia), para imponer un modelo productivo pero sesgado hacia las grandes empresas industriales y pagando salarios siempre menores que en Brasil.

El capital financiero internacional y los Estados Unidos en particular tienen en la Argentina una  fuente de ganancia asegurada por la deuda y su pago en especies, como son las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS [1], los yacimientos de Vaca Muerta, el litio, las reservas de agua potable, etc., a la vez que es funcional al destino que tienen trazado para nosotros, como vendedores de recursos naturales con la menor industrialización posible.

Antonio Gramsci afirmaba que la crisis es porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Como tantas veces en la historia argentina estamos en medio de una situación que no se termina de resolver hasta que desemboca en una crisis terminal, como fueron las de 1989 y las de 2001, con distintos finales. La jugada de los Cuadernos de Centeno ha mejorado la situación para que perdure el modelo y la lógica del interés compuesto, pero nada es para siempre.

 

 

 

[1] Las acciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS entre otras son:

 

El 31,5% del capital accionario del Banco Macro  (Jorge Britos y Flia. Carballo)

El 26,96% de la Citrícola San Miguel (Familia Miguens y Otero Monsegur)

El 26,81% de EDENOR (Pampa Energía)

El 26,63 de Gas Natural BAN; (Española)

El 26,03% de SIDERAR; (Techint)

El 24,99% de Telecom Argentina SA (Grupo Fintech-David Martínez y Clarín)  primer jugador de cuádruple play en la Argentina, ya que podrá ofrecer TV por cable, internet, telefonía móvil y telefonía fija (Personal, Fintech y Cablevisión) 

El 24,88% de Consultatio;(Eduardo Constantini)

El 23,23% de Pampa Energía (Jospeh Lewis. Marcelo Mindlin – Macri)

El 23,11 de la Transportadora de Gas del Sur (Pampa Energía y Flia Werthein)

El 20,32% del Banco Galicia (Escasany-Braun –Ayerza)

El 20,04 de Molinos Rio de la Plata SA (Pérez Companc)

El 15,29% del Banco Patagonia;  (Banco Do Brasil)

Y el 6,1% de AGEA –Grupo Clarín.

 

 

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