Un milagro

 

Gerardo Morales apura la sentencia del sexto juicio sobre Milagro Sala. Diez testigos, todos de la acusación impulsada por el infatigable juzgado de Pablo Pullén Llermanos. Tres audiencias y sentencia prevista para el miércoles 15. Una causa de 2006 por una trifulca entre dos organizaciones territoriales. Un sobreseimiento de 2009. Y la reapertura de la causa en marzo de 2016, como Dios manda, iniciada por la denuncia de un detenido por delitos comunes diez años después de los hechos en la que casualmente instaló a Milagro Sala en escena y como autora de las lesiones. Si el caso de Marcelo D'Alessio finalmente mostró las operaciones para fabricar culpables en la persecución a los integrantes y aliados del gobierno de Cristina Kirchner, Jujuy los anticipó.

 

 

El caso es conocido con el nombre de Luca Arias. Luca se llamaba en realidad Cristian Cesar Arias, pero cambió el nombre en homenaje a Luca Prodan. En la historia real era un tipo carismático, de lengua muy suelta, fortachón y de pelo largo, que siempre andaba con bombachones de campo y casaca militar, entre campestre y guerrillero. Comenzó a militar en los '90, cuando hacía los primeros años de ingeniería agraria en la universidad. Formó una agrupación que, en el contexto de la gran crisis de fin de siglo, articuló acciones en la calle y las rutas con la Corriente Clasista y Combativa del Perro Santillán y el Frente de Gremios Estatales con Milagro Sala haciendo sus primeras escalas. Luca creció políticamente en el espacio de la CCC y el PCR, se emparejó con la hija del Perro Santillán, disputó poder con su suegro, el Partido echó primero a uno y luego al otro. Y luego creó la Corriente del Pueblo. Así llegó a julio de 2006, fecha del altercado en el Ministerio de Infraestructura jujeño con organizaciones territoriales integradas por quienes habían caído de márgenes sin márgenes.

 

 

Para entonces Luca manejaba unas treinta cooperativas. Mantenía vínculos con los radicales que lo sostenían para generarle un contrapeso a Milagro. Viajaba a Buenos Aires, gestionaba alianzas y canalizaba programas a través de su organización. El 3 de julio de 2006, lo llamó el ministro de Infraestructura de Eduardo Fellner, Luis Cosentini. Una reunión habitual, usualmente para acordar ejecución de obras. Luca acudió con dos personas. Yaqui Agüera, uno de sus compañeros más duros, y Juan Maidana. Allí se encontraron con un grupo de cooperativistas. Ese es el objeto de este juicio. Luca murió un año más tarde de leucemia. Pese a que en algún momento el gobierno de Morales intentó también vincular esa muerte con esta causa, debió dar marcha atrás.

El expediente por la pelea se inició en 2006 por el delito de lesiones leves agravadas por el número de personas. Estuvo a cargo del juez Marcelo Gutiérrez. La denuncia mencionaba a integrantes de la organización como responsables. Milagro Sala sólo aparecía como una de las personas en el lugar. La causa avanzó. Los supuestos agresores nunca fueron identificados. La fiscalía no instó a investigar. Y el 1 de abril de 2009 el juzgado dictó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal vía viejo Código Procesal Penal.

 

 

En marzo de 2016, Maidana estaba detenido por un delito común en la Unidad Penal 1 de Jujuy. Morales llevaba cuatro meses en el gobierno y Milagro estaba detenida. Maidana supuestamente pidió una cita con el juez, se presentó por primera vez y acusó a Milagro como responsable. Pullén hizo lo que sabe hacer: ordenó desempolvar la causa. Dictó la nulidad de la prescripción de 2009, violando el instituto de la cosa juzgada. Y el 7 de septiembre de 2016 dictó la prisión preventiva y procesamiento de Milagro por “lesiones graves, agravadas por el número de participantes”.

Este es el juicio que se inició el 26 de abril, tuvo dos audiencias más, un día de alegatos y la sentencia prevista para el 15. La presidencia del Tribunal la ejerce la jueza Ana Carolina Perez Rojas, integrante del Tribunal que condenó a Milagro en Pibes Villeros, menos recordada tal vez por su intervención en el desalojo de tierras en Ledesma de julio de 2011 con un saldo de cuatro personas muertas, balas de plomo, caras deformadas por cartuchos de goma, quema de colchones y de carpas.

 

 

Con el correr de las audiencias declararon diez testigos de la fiscalía, porque el tribunal impidió a la defensa presentar un sólo testigo. Maidana también declaró. Dijo que en 2016 le envió una carta a Pullén Llermanos para preguntarle en qué había quedado la denuncia que se había presentado contra Milagro Sala en 2006. Cuando la defensa de Milagro le preguntó cómo sabía a qué juez debía escribirle, las respuestas fueron extrañas. Y cuando le preguntaron cómo había hecho para escribir una carta con computadora y con su firma desde la cárcel, dijo que lo hizo en el Servicio Penitenciario. Un problema. En la instrucción había dicho que se la había dictado a una persona del juzgado de Pullén Llermanos.

La posición de Milagro, sin embargo, no pudo probarse durante el juicio. Ninguno de los testigos pudo inscribirla en el hecho de los golpes a él y a Luca Arias. Sólo lo hizo Maidana, pero su declaración fue contradictoria porque desde donde estuvo no pudo ver quién lo golpeaba.

"Lo que en realidad sucedió es que el juzgado buscó esa causa y le hicieron firmar esa nota, de eso no tenemos dudas", dice Paloma Alvarez Carreras, defensora con Ariel Ruarte. "Falsearon todo el contenido para que apareciera como una supuesta presentación espontánea de Maidana. A partir de allí el juez ordena que lo trasladen para una audiencia, toma testimonial y reactiva la investigación. En definitiva, es una causa armada. El rasgo en común con las otras causas es que también acá existe un único testigo que manifiesta que Milagro estuvo presente en un hecho y causó las lesiones. Un testigo y una persona que está fallecido, lo que hace que no se pueda contrastar el testimonio. Y también aparece la participación de Pullén, el juez que revocó las domiciliares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el juez que la mandó en medio de un juicio a la cárcel de Salta". Por estas características, la defensa denuncia la ilegalidad e irregularidad de una causa ya investigada y archivada.

 

 

"Con este panorama, la expectativa es que a Milagro la absuelvan", dice Alvarez Carreras. "Durante el debate no pudo probarse que ella efectivamente haya causado las lesiones y aunque haya habido un enfrentamiento de organizaciones por diferencias políticas o disputa de recursos, tampoco se pudo probar ni antes ni ahora quiénes participaron de las lesiones. Ese es otro problema grave. A Milagro le imputan un agravante por supuesta participación de una o más personas, pero nunca nadie se tomó la molestia de averiguar quiénes eran las otras personas. ¿Cómo podes sostener que hubo premeditación y acuerdo previo para causar lesiones si no sabés quiénes son esas personas? Pero acá en Jujuy todo es posible: el fiscal no lo dijo en la investigación ni en los alegatos".

 

 

 

 

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