Un llamado a la unidad

 

En tres meses de gestión, el gobierno nacional ha puesto en marcha un cruel experimento con el que busca demostrar que liberando absolutamente las fuerzas del mercado se resuelven los problemas del pueblo argentino.

Implementando un irracional e inhumano ajuste, celebra como un éxito haber logrado equilibrio fiscal en el mes de enero.

Entre otras medidas, se decidió la paralización de la obra pública, la reducción de subsidios a la energía y al transporte y la supresión de transferencias a los gobiernos provinciales, se dejó de pagar a proveedores y se redujeron “gastos” que incluyen alimentos para los comedores y medicamentos para las enfermedades complejas. El poder adquisitivo de los ingresos de las familias trabajadoras y de los jubilados y jubiladas ha sido pulverizado por la inflación, y los niveles de pobreza e indigencia se han disparado como nunca antes en los últimos 22 años. La caída generalizada del consumo augura un escenario de creciente recesión con reducción y cierre de comercios e industrias, suspensiones y despidos que ya comienzan a extenderse en distintas actividades.

 

 

Obstáculos

La experiencia puesta en marcha por el gobierno nacional no resulta novedosa. Es la reafirmación de un modelo exportador de materias primas que desprecia el desarrollo industrial y abre las puertas al capital extranjero, lo que favorece el saqueo de nuestros recursos naturales.

El incondicional alineamiento internacional con Estados Unidos, que ha manifestado sin disimulo su interés en nuestros recursos estratégicos, es coherente con el abandono del camino hacia la incorporación de la Argentina a los BRICS y la integración con las demás naciones de nuestra América.

Este proyecto de recolonización, que incluye el anhelo presidencial de dolarización y en el que juegan un papel central grandes corporaciones nacionales y multinacionales y fondos de “inversión”, necesita la desintegración nacional y el debilitamiento de la representación política federal.

El Estado y las organizaciones sindicales pasan a ser molestos obstáculos que en la medida de lo posible deben ser eliminados.

El Congreso de la Nación también dificulta el logro de las metas, por eso se busca eludirlo mediante el inconstitucional DNU 70/23. La “revolución libertaria” en marcha no puede salir victoriosa en el marco de los razonables condicionamientos que impone el sistema democrático.

 

 

Un pacto de resignación a la entrega nacional y la desigualdad social

En su mensaje desde el Congreso al inaugurar un nuevo período de sesiones legislativas, el Presidente Javier Milei habló de la peor crisis de toda nuestra historia, intentando presentar como heroica su gestión de gobierno; con su planteo, cargado de ridículas exageraciones y mentiras ratificó que no hay otro camino para el país que el que ha elegido su gobierno y que todo aquel que se oponga forma parte de “castas” políticas, sindicales, sociales y empresariales cuyo único fin es preservar privilegios.

Las alternativas son entonces someterse sin discusión a su plan o entrar en conflicto con el gobierno. El denominado “Pacto de Mayo” convoca al equilibrio fiscal sobre la base de la naturalización de la pobreza y la desigualdad; reducción de la inversión pública a la que llama “gasto” y que no es ni más ni menos que quitar recursos a la educación, a la salud y a la infraestructura para el desarrollo nacional; una reforma tributaria que seguramente no pone el acento en aumentar impuestos a los poderosos y a los especuladores y quitarlos a la producción y al consumo popular; una reforma laboral que apunta a eliminar derechos y desproteger a la clase trabajadora en beneficio de las patronales; una reforma previsional que rompe la solidaridad para volver al negocio privado de las AFJP; apertura comercial al mundo que coloca a la Argentina como furgón de cola de los intereses de occidente, fundamentalmente de los Estados Unidos.

Ese pacto no es otra cosa que la rendición incondicional de la nación y el pueblo argentino al proyecto de dependencia e injusticia social.

 

 

La clase trabajadora organizada y el frente nacional

La convocatoria de la CGT a marchar a Tribunales, acompañando la presentación judicial contra el DNU, y el paro y movilización del 24 de enero pasado demostraron la capacidad del movimiento obrero organizado para convertirse en eje de unidad en la resistencia.

Más de un millón de personas se movilizaron en todo el país en rechazo de las políticas del gobierno, junto a los trabajadores y trabajadoras de cada organización sindical estuvieron las organizaciones sociales y políticas, sectores del empresariado pyme y cooperativistas, hombres y mujeres de la cultura, de los clubes de barrio y de amplios y variados sectores de la población.

Eso demuestra la necesidad de que la CGT articule un plan de acción y un programa mínimo, en línea con otros pronunciamientos históricos de nuestra entidad madre y en defensa de los intereses de las mayorías con el fin de consolidar la unidad en la resistencia de todos los sectores afectados y con la aspiración de contribuir a la reconstrucción de un gran frente nacional hacia la recuperación de una alternativa política que nos permita salir de esta trampa a la que nos ha llevado el estado de insatisfacción democrática.

Más allá de las acciones inmediatas que resuelva orgánicamente el Consejo Directivo de nuestra central obrera en cumplimiento del mandato oportunamente otorgado por el Comité Central Confederal y el Plenario de Delegaciones Regionales, proponemos:

• Constituir en el seno de la CGT un ámbito en el que confluyan todas las organizaciones sindicales que enfrentan la amenaza de privatización de organismos y empresas del Estado, como asimismo sindicatos y federaciones del ámbito estatal que se ven afectados por las políticas de desfinanciamiento y reestructuración con el evidente objetivo de tercerizar y privatizar el trabajo. Desde ese ámbito, coordinar la solidaridad y definir estrategias en común, manifestando nuestro total rechazo a las privatizaciones totales, parciales o transformación en sociedades anónimas de las empresas del Estado.
• Contraponer al llamado “Pacto de Mayo”, un programa de Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía, basado fundamentalmente en la revalorización del rol del Estado, que fortalezca la educación, la salud pública y la planificación del desarrollo económico y social, tomando como ejemplo el oportuno mensaje del Papa Francisco acerca de que “el Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social (…). Los derechos sociales no son gratuitos, la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas”.
• Declarar la emergencia ocupacional y de ingresos del pueblo argentino, impulsando medidas concretas para sostener el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, apuntalar el mercado interno, preservando las fuentes de trabajo y protegiendo el empleo público y privado.
• Sostener el derecho de autodeterminación y no alineamiento automático con ninguna potencia extranjera que limite nuestra capacidad de vincularnos fraternal y cooperativamente con todas las naciones del mundo para afianzar relaciones comerciales y culturales en beneficio mutuo.
• Defender el derecho de propiedad de nuestros recursos naturales para que sirvan al interés del pueblo y la nación, como así también el derecho de propiedad de nuestros ingresos (salarios, jubilaciones, inversión social, etc.),
• Promover la investigación tecnológica y científica para servir a la producción nacional, fundamentalmente al desarrollo industrial basado en nuestras inmensas riquezas, único camino a transitar para asegurar un destino de grandeza y felicidad para el conjunto del pueblo argentino

Con estos planteos como principios innegociables, convocar a una Cumbre por la Unidad Nacional, la Soberanía, la Producción y el Trabajo y la Justicia Social, en rechazo del pacto espurio promovido por el gobierno nacional para imponer un nuevo estatuto legal del coloniaje, inconstitucional y antidemocrático.

Nuestra patria y la democracia están en riesgo, una vez más el pueblo y sus organizaciones son llamadas a salvarlas.

 

 

 

 

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