Un incendio que ilumina

 

De la monarquía inmobiliaria a la financiera

Cuando asumió como Jefe de Gobierno, Mauricio Macri inició un plan sistemático de privatización de tierras y servicios públicos (ventas y concesiones). Para llevarlo adelante disciplinó de a poco a la mayoría del Poder Judicial (principalmente al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Superior de Justicia), transformó a la Legislatura porteña en una mera escribanía (con la mayoría oficialista y el acompañamiento de votos de la oposición) y convirtió en oficialistas a las instituciones de control (Auditoría General, Ministerio Público Fiscal, Asesoría Tutelar General, etc.).

Así, finalizó sus dos gestiones en la ciudad (2007-2015) con un régimen que en los hechos se asemejaba más a una monarquía inmobiliaria que a una democracia participativa y ambiental, un mandato constitucional absolutamente desvirtuado.

En sus ochos años de gestión se privatizaron más de 200 hectáreas de tierras públicas. Por ejemplo, se autorizó la venta de Catalinas Norte I, de diez manzanas de la traza de la Ex Au3 Sector 5, del Edificio del Plata; se concesionó nuevamente Punta Carrasco, 37 hectáreas del Parque Roca para un playón de carga y descarga, la totalidad de las 45 hectáreas del Parque de las Victorias para un golf. Hasta vendió al Club Atlético Boca Juniors sin pasar por la Legislatura los terrenos conocidos como Casa Amarilla, en La Boca.

Cuando asumió como Presidente continuó con su plan privatizador de tierras públicas, con rasgos más monárquicos. Las autorizaciones para la venta de terrenos nacionales no pasaron por el Congreso sino que fueron aprobabas por decretos y resoluciones. El tándem de un mismo color político en Nación y Ciudad de Buenos Aires permitió que las grandes tierras nacionales en territorio porteño pudieran venderse. Mediante decretos, Macri autorizaba la venta y Horacio Rodríguez Larreta, Legislatura mediante, otorgaba la normativa urbanística para la construcción de torres. Las tierras que no se llegaron a vender a privados antes del final de la gestión se traspasaron a la ciudad para que el remate continuara con Larreta.

La gestión presidencial de Macri fue la oportunidad de expandir el horizonte de negocios, utilizando las herramientas institucionales para agregar a la especulación inmobiliaria la especulación financiera y en algunos puntos unificar los caminos. La ruleta financiera, la liberación del control cambiario para la fuga de capitales y el endeudamiento histórico con el Fondo Monetario Internacional fueron todas decisiones unilaterales, que el Congreso vio pasar por el costado.

 

Una secesión tranquila

Ahora nos encontramos frente a un recambio de liderazgo en el Pro y en la coalición de Juntos por el Cambio. En toda sucesión surgen tensiones entre el monarca debilitado que debe dejar el espacio para la ascensión de su reemplazo, en este caso Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las tensiones en CABA no surgen de diferentes miradas sobre el norte de las políticas inmobiliarias y financieras sino del recambio de lealtades de los actores encargados de poner en marcha los negocios. Los cortesanos (como también reina el patriarcado en estos temas, casi todos son varones) en la transición se preguntan sobre el momento oportuno para dar el salto, o si los negocios seguirán con la misma calidad y cantidad, etc.

Rodríguez Larreta, como buen previsor o gestor de la corte (no de la ciudad), se ha preocupado en demasía en dar señales de garantía de que con él seguirá todo en marcha, incluso con mayor eficiencia y amplitud de posibilidades. Por eso, en sus primeros cuatro años de gobierno ha privatizado tanta tierra pública como Macri en ocho años, llevando las cifras a más de 500 hectáreas privatizadas por el PRO en 14 años de gobierno en la ciudad.

Otro ejemplo: Macri no había conseguido las autorizaciones para todos los proyectos. En cambio, con Rodríguez Larreta la situación fue distinta. Apenas asumió designó como Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología a Andy Freire, que hasta unos días antes se desempeñaba como director de IRSA. Augusto Rodríguez Larreta, hermano del Jefe de Gobierno, también trabajó para IRSA a cargo de la gerencia de Relaciones Institucionales.

En 2017, la Rural e IRSA se quedaron con la concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad por 15 años. El GCBA puso la tierra, la normativa y el financiamiento de la construcción del edificio, y entregó llave en mano la explotación a una Unión Transitoria de Empresas en las que se destacan La Rural S.A. y Ogden Argentina S.A, cuyo accionista mayoritario es IRSA. En 2018, durante la gestión de Rodríguez Larreta, se autorizó el emprendimiento inmobiliario Ciudad Palmera en Caballito, impulsado por una asociación entre IRSA y Portland S.A. y actualmente frenado por la justicia por ilegalidades urbanísticas. El julio de 2021 firmó el convenio urbanístico con IRSA para avanzar con un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur llamado “Costa Urbana”, al lado de la Reserva Ecológica. Este proyecto, que tuvo varios intentos fallidos en el reinado de Macri, avanzó como nunca antes al obtener la aprobación en primera lectura por la Legislatura el 19 de agosto. Rodríguez Larreta cumple con mayor eficiencia y eficacia.

Recientemente, Rodríguez Larreta remitió 16 convenios urbanísticos a la Legislatura, que son excepciones para la construcción de torres que van desde los 54 hasta los 85 metros de altura. Macri otorgaba una cobertura legal endeble a las excepciones urbanísticas porque salían por resoluciones o disposiciones, que en muchos casos la justicia declaraba inconstitucionales. Rodríguez Larreta garantiza una mayor seguridad porque las excepciones están saliendo como leyes. La lógica que explica esta acumulación de excepciones como una forma de planificación desplanificada de la ciudad no se encuentra en el mercado tradicional de venta de inmuebles sino en la lógica de crear activos financieros y nichos de negocios, receptores de fondos financieros y de los blanqueos aprobados en los últimos años. No preocupa que la construcción de estos edificios sea accesible a menos del 3% de la población porteña porque su destino es profundizar la financiarización de la dimensión inmobiliaria.

 

Incendio que ilumina una carrera presidencial 

Esta avidez por garantizar negocios, incrementar la caja política y generar ingresos extras para la gestión del gobierno, está generando resistencias en barrios donde la mayoría de la población son sus electores o bien personas que integran su fuerza política o son cercanas a referentes de su partido.

El 14 de septiembre se incendió un edificio en construcción en la calle San Martín de Tours 2869/89. En estos terrenos, el gobierno porteño habilitó a la empresa NorthBaires a construir el emprendimiento inmobiliario llamado OM Barrio Parque, de 26,43 metros de altura, en el Distrito Área de Protección Histórica N° 3 (APH3) - Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico. Apenas comenzó la demolición de las casas, vecinos/as de la zona alertaron que el proyecto no cumplía ninguna de las limitaciones urbanísticas de la zona. El permiso otorgado en 2020 viola los límites a la superficie de parcelas que se pueden englobar, casi duplica la altura permitida, no respeta los retiros obligatorios, supera los metros que se pueden construir, y permite el enrase o completamiento de tejido que se encuentra prohibido en las Äreas de Proteccion Histórica. Además, no se realizaron las instancias de participación que obligatoriamente exige la ley.

 

 

Frente a este cúmulo de ilegalidades, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ratificó el 8 de enero de 2021 la suspensión de la obra en cuanto no respete los parámetros normativos vigentes para el distrito APH3. La acción judicial fue impulsada por Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad en conjunto con vecines del barrio. Esta sentencia judicial está vigente y firme, contrariamente a la desinformación planteada por un medio periodístico.

A pesar de esto, la obra continuó como si no existiera medida judicial alguna en manos de la constructora de Nicky Caputo. La denuncia de incumplimiento de la medida cautelar avanza a pasos lentos.

El juez de primera instancia que intervino antes que la Cámara sostuvo que “la etapa inicial de la obra y la decisión que en esta resolución se dispone disipan totalmente la posibilidad que los trabajos preliminares generen un peligro inminente”. De la certeza de ausencia de peligro pasamos a que por sólo el azar de la dirección de los vientos no se incendiaron las viviendas linderas, que tienen protección patrimonial.

La violación de la normativa de protección patrimonial de la zona, la falta de control del GCBA y la negligencia de la constructora de Caputo que produjo el incendio, han colmado la paciencia y tolerancia de las familias linderas y aledañas, entre las que se encuentran personas muy cercanas a la familia Macri, que fueron de las primeras impulsoras de los reclamos administrativos y judiciales a esta obra.

Entre ellas se encuentra Eduardo Cohen, amigo de Mauricio Macri, cuya vivienda es lindera al predio incendiado. En una declaración para esta nota, Cohen expresó que “contrariamente con lo publicado por algún interesado medio, junto a varios vecinos fui y soy uno de los promotores más activos de las acciones que encaramos los residentes del barrio para intentar que no se vea perjudicado con la construcción de la obra. Así, desde el inicio, a través de mi apoderada, sumé mi firma a las de 50 vecinos que firmaron un petitorio adhiriendo al reclamo relativo a la resolución del G.C.B.A que autorizó la obra. Nótese que la construcción de la ilegal obra nos perjudica directa y principalmente al señor Daniel Guardati y a mí por ser los dos los vecinos lindantes con la misma. También colaboré con la ONG Basta de Demoler, con relación a los gastos necesarios para afrontar las acciones judiciales en procura de la protección de los intereses del barrio”.

Indiferente a quienes perjudica, Rodríguez Larreta no retrocede en sus decisiones y continúa con el plan sistemático de privatización de tierras públicas y creación de enclaves de especulación inmobiliaria con el fin de asegurar que los cortesanos inmobiliarios sostengan su ascenso para obtener los recursos económicos necesarios para su campaña electoral del 2023.

 

 

 

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