Un golpe contra la paz social

 

En una declaración, la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de Económicas, condenó y repudió al golpe de Estado en Bolivia. “El pueblo boliviano vive momentos dramáticos. Un gobierno popular, ejercido por un indígena que ha desplegado una política virtuosa en múltiples sentidos, ha sido volteado por grupos parapoliciales, organizaciones civiles de ultraderecha armadas, la acción policial y, finalmente, por la presión militar que pidió la renuncia del Presidente para luego tomar las calles” declaró. 

La Comisión agregó que “Evo Morales, líder indígena de los cocaleros, ha sido reelecto luego de más de trece años de gobierno por haber fundado la institucionalidad de la Bolivia plurinacional e igualitaria, garantizando y estimulando un rol activo y dignificado de la mayoría de su pueblo, de raíz indígena. Sus años de gobierno persiguieron y lograron una fuerte reducción de la pobreza y la desigualdad, como lo muestran todas las estadísticas reconocidas internacionalmente. También la gestión del MAS, su partido, condujo a incorporar los elementos de las culturas de los pueblos originarios a la vida de la Nación, incluyendo su bandera junto a la clásica de Bolivia. El país creció más que cualquier otro de América del Sur, la inflación fue reducida –lo que significa un claro signo de paz social—, y se condujo al país hacia políticas industriales promotoras de la independencia económica sobre la base de un desarrollo tecnológico que le permitió avanzar en la cadena del litio, y en otras, a lugares destacados. Nacionalizó la producción minera metalífera y la de gas y petróleo recuperando los recursos naturales estratégicos para la Nación boliviana. La gestión del gobierno de Morales fue la más exitosa de la región en términos de desarrollo con inclusión y equidad, avanzando profundamente en el cumplimiento de los derechos humanos en toda su dimensión, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.

Evo adhirió e impulsó la política de integración regional y desarrolló relaciones con todos los países del mundo, teniendo una valiente actitud antimperialista frente a recurrentes intentos de injerencia de los EE.UU. en forma directa o clandestina. También logró una mejora en la lucha contra el narcotráfico a partir de la valiente expulsión de la DEA de su territorio.

Fueron estas las razones por las que reaccionaron la oligarquía boliviana, articulada con el agronegocio, los servicios de la distribución de energía y otros, consustanciada con una arraigada y antidemocrática vocación racista, y el imperialismo norteamericano interesado en el manejo de las grandes fuentes estratégicas de recursos naturales y preocupado por mantener el control político continental que Evo desafió con su política independiente. Hubo una primera ocasión en que esa alianza del poder permanente intentó voltear su gobierno, pero la presencia de la UNASUR, institución creada por un conjunto de gobiernos de vocación nacional y popular con pluralidad de concepción y orígenes, impidió que ello ocurriera. 

En cambio, hoy pudieron avanzar por la modificación de la situación de la región, en la que se instalaron hegemónicamente experiencias neoliberales que vaciaron esa valiosa instancia de integración, restituyendo la centralidad a la OEA, una institución de la guerra fría que jugó un papel parcial y de funcionalidad vergonzosa con los objetivos de las derechas en la región. Y que en esta circunstancia esas características alcanzaron un grado límite.

La consumación del golpe se perpetró con la actuación de bandas civiles, parapoliciales y policiales, que se comportaron con la lógica de “territorio liberado” y amedrentaron a la población en general. Secuestraron a familiares de parlamentarios y funcionarios del MAS como rehenes para provocar su renuncia. Torturaron y humillaron en plazas públicas a dirigentes y dirigentas regionales afines al gobierno del MAS. Incendiaron las viviendas de líderes políticos y sus familiares. Aterrorizaron, golpearon y reprimieron –recurriendo a desapariciones y asesinatos— al pueblo indígena y campesino, mayoritario en Bolivia.

Finalmente se proponían la propia eliminación física del Presidente y demás líderes gubernamentales. La acción terrorista caotizó el país y preparó el clima para la “sugerencia” de renuncia al Presidente por los mandos de la FFAA, que no habían intervenido contra el terrorismo vandálico de la avanzada golpista pero luego sí lo hicieron frente a la reacción popular contra el golpe. También participaron de la confluencia golpista sectores religiosos retrógrados de la iglesias católica y evangelistas.

El gobierno argentino, frente a un golpe de Estado que implicó el quiebre del estado de derecho y que incluyó acciones de terrorismo explícitas, se negó a condenarlo y a calificar lo acontecido como lo que fue. Acudiendo a fórmulas declarativas evasivas de definiciones precisas y con un claro posicionamiento favorable a los golpistas, alineándose con EE.UU., cuyo gobierno festejó la asonada. Actitud que no sólo quiebra las tradiciones de los gobiernos constitucionales argentinos en política exterior, sino que crea antecedentes que debilitan la futura defensa del orden institucional en nuestro país.

Los grandes medios de comunicación, como lo hicieron cuando el golpe que instaló el terrorismo de Estado, no explicitan la comisión del delito de usurpación del poder institucional y de los medios represivos que se utilizaron, sino que invierten la culpa y se expiden con argumentos falaces respecto de supuestas condiciones creadas durante el gobierno democrático, nacional y popular de Morales que justificarían los “acontecimientos” que se desataron. No han cambiado sino repetido el estilo y el posicionamiento frente a hechos de dramáticos pasados. La misma conducta han tenido los periodistas editorialistas que expresan la opinión de esos grandes grupos mediáticos, quienes se autorrefieren como independientes escondiendo su verdadero carácter de intelectuales orgánicos del neoliberalismo, corriente hegemónica del capitalismo financiero internacional que acepta sólo la democracia liberal y que frente a las alternativas de democracia participativa con vocación de igualdad social, respaldan restauraciones del autoritarismo e interrupciones de la institucionalidad democrática.

La Comisión para la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas y la Cátedra Poder Económico y Derechos Humanos denuncian y rechazan el golpe de Estado en Bolivia, reivindican los avances y conquistas populares logradas en la gestión de Evo Morales, rechazan el racismo desatado por los golpistas y se suman a las exigencias de la rápida normalización de la vida institucional boliviana sin ninguna quita ni restricción a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales conquistados en la última década y media por el pueblo boliviano.

Quienes participamos de las mismas proponemos e impulsamos que la Facultad, la UBA y el CIN se pronuncien enfáticamente en el mismo sentido de esta declaración y convoquen a actos públicos de esas instancias, dignos del espíritu democrático, transformador y antioscurantista de la Reforma Universitaria. No es la neutralidad, ni el silencio, ni un academicismo ascético el espíritu de nuestra vida universitaria, sino el humanismo y el espíritu crítico. Lo ocurrido en Bolivia requiere promover la indignación de nuestras aulas y la inquietud y movilización de la comunidad académica”.

Los diplomáticos

También se pronunciaron los embajadores Juan Carlos Olima, Federico Mirré, José Gutiérrez Maxwell, Victorio Taccetti, Hernán Patiño Mayer y Juan Archibaldo Lanús, en su carácter de "funcionarios que hemos ocupado cargos de responsabilidad en nuestra diplomacia". Afirman que "repudiamos profundamente el golpe de Estado recientemente perpetrado en la hermana república de Bolivia. Adherimos al espíritu y  texto de los comunicados emitidos por  A.T.E. (Asociación de Trabajadores del Estado) sede Cancillería y por A.P.S.E.N. (Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación) con referencia a este tema. Expresamos asimismo nuestra adhesión al comunicado emitido por el Partido Justicialista".

 

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