Un golpe a la inmoralidad

 

A raíz de la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la justicia de Jujuy dispuso la prisión domiciliaria de Mirta Guerrero, conocida como Shakira, dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, que llevaba mil días detenida igual que Milagro Sala. A solicitud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el organismo de control de las personas privadas de su libertad envió a cuatro de sus trece miembros a Jujuy para verificar las denuncias, que comprendían el riesgo de vida para Shakira, debido a las tres intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida y sus consecuencias, la desatención que sufriera y el hostigamiento infringido por jueces, funcionarios judiciales y personal penitenciario.

El informe que produjeron los comisionados Silvina Cantero, Josefina Ignacio, Juan Manuel Irrazábal y Gustavo Palmieri, aprobado por el pleno del cuerpo, constató la gravedad del caso y la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de Mirta Guerrero y Milagro Sala, a quienes visitaron en sus respectivas prisiones. También entrevistaron a los jueces Pablo Pullen Llermanos e Isidoro Cruz, y a dos magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Laura Lamas González y Federico Otaola. En sus conclusiones, el Comité formuló un fuerte reproche al Poder Judicial Provincial, por el abuso de la prisión preventiva y su prórroga, transcurridos los dos (2) años de esa medida coercitiva.

Respecto a Mirta Rosa Guerrero, el Comité requirió a la justicia provincial que adoptara medidas similares a las recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Milagro Sala: la detención domiciliaria u otra medida alternativa, la atención indicada por sus médicos y la revisión de la razonabilidad y proporcionalidad de la prisión a la que está sometida. En respuesta al pedido del Comité, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 otorgó la prisión domiciliaria a Mirta Guerrero.

Respecto a Milagro Sala, el Comité solicitó al Superior Tribunal que le remitiera la documentación por la que debe entenderse que el juez de Instrucción de causas residuales, Pablo Pullen Llermanos, resulta competente para resolver hoy sobre todo lo relacionado con la prisión de Milagro Sala. También reclamó el pleno cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana, ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el traslado dispuesto arbitraria mente a la localidad de El Carmen no da cabal cumplimiento a lo ordenado por ambos tribunales e implica una reclusión en condiciones de aislamiento que afectan su libertad y un sinnúmero de derechos. Además viola disposiciones nacionales y provinciales. Restringir el acceso y permanencia de su familia y visitas, no encuentra precedentes en la aplicación del régimen de arrestos domiciliarios en el contexto nacional. El Comité también reclamó que se le garantice a Milagro Sala una adecuada atención médica y psicológica, sin condicionamientos ni limitaciones y la libre elección de los facultativos que ella elija para ser atendida, por ser su derecho. Al Poder Ejecutivo Nacional le solicitó que revise la colaboración de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería) en su custodia, ya que no sólo están incumpliendo con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana y la propia CSJN sino también violentando normativa nacional que lo prohíbe.

En la extensa reunión del Comité Nacional de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales fue cuestionado por dirigentes porteños por la prolongada prisión preventiva de Milagro Sala. Y en Mendoza, el Tribunal de Cuentas aprobó por unanimidad la rendición de cuentas de la delegación de la Túpac Amaru por la construcción de viviendas sociales. La investigación impulsada por Margarita Stolbizer culmina con la constatación de que los fondos se aplicaron al fin declarado, sin perjuicio para la administración pública. Si la justicia quiere investigar casos de corrupción y malversación de fondos debería fijarse en los Panama Papers, la condonación de deuda del Correo Argentino y los millonarios negocios de obra pública del gobierno de Mauricio Macri.

 

 

Eduardo Tavani es secretario de relaciones institucionales de la APDH e integra el Comité por 
la Libertad de Milagro Sala.

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