Un genocida en tu tapial

 

Daiana y Juan viven en Santa Fe. Tienen una beba de 6 meses, casi el mismo tiempo que llevan encerrados en las habitaciones de su casa sin animarse siquiera a salir al patio. La noche del 18 junio de 2020 tuvieron una discusión con la familia de la casa de al lado. Esos vecinos son violentos. Se lo hicieron sentir aquella vez. El más agresivo fue el patriarca del clan, Jorge Balla, ex sargento del Ejército, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios agravados, crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura cívico-militar-clerical-patriarcal. Balla permanece en esa casa porque desde 2017 es beneficiado por una irregular decisión judicial que lo incluyó en un régimen de prisión domiciliaria para evitarle ir a la cárcel.

 

¿El derecho a la salud de los vecinos?

Esa noche del 18 de junio pasado los hijos de Balla y su esposa insultaron brutalmente a Daiana y Juan. También se sumaron amigos de los hijos. El militar prescindió, como tantas veces, de la señal que pudiera disparar la tobillera electrónica que porta, salió de su casa y lo tomó a Juan por el cuello. “Mugriento de mierda, te voy a matar”, le dijo el ex sargento condenado por varios homicidios. Ya le tiraba puñetazos a la cara y el cuerpo cuando los hijos tuvieron que interrumpir por un momento sus insultos y ocuparse de retener a su padre, preocupados ellos también por la ferocidad con que se proponía golpear a Juan. Hijos y amigos priorizaron hacer regresar al condenado a los límites de la casa que ocupa, para no prolongar la evidente violación de su detención domiciliaria.

 

 

 

El joven matrimonio no se animó a hacer una denuncia en aquel momento. Esperaban el nacimiento de su hija y abrigaban una expectativa de que la situación fuera más tranquila si no daban a conocer lo sucedido. Sin embargo, el hostigamiento sobre Daiana y Juan continuó. Los molestan de todos los modos que pueden, ensoberbecidos por su disposición a valerse de la violencia para intimidarlos. Tienen diálogos entre ellos, con un tono de voz lo suficientemente alto como para ser escuchado por Daiana y Juan, en los que expresan sus deseos de golpearlos y arruinarles la vida. La pareja agredida no se anima a visitar el patio de su casa. Temen la violenta reacción de Balla si los escucha o si se trepa al tapial o a los techos para observarlos, como ha hecho en varias oportunidades.

La pesadilla cotidiana organizada por los vecinos indeseables hizo que Daiana tuviera episodios de presión alta y una cesárea de urgencia por desprendimiento de placenta, llevando a un nacimiento prematuro de su hija. La paz para esa beba recién nacida no fue una razón considerada por Balla & Flía. para cesar el hostigamiento.

 

 

Vocación de matar

La noche del 5 de diciembre de 2020, Daiana ayudaba a su beba a conciliar el sueño. Los nietos de Balla jugaban ruidosamente en la vereda, delante de la ventana de la habitación de Daiana. La beba se despertó, Daiana salió a pedirle a la esposa de Balla que los chicos no jugaran allí porque no podían descansar y otra vez comenzaron los insultos. El clan Balla consideró una osadía ese pedido. De la casa de al lado fueron saliendo los conocidos violentos más otros visitantes no autorizados al condenado con prisión domiciliaria. Daiana quizo ir a buscar su documento de identidad para hacer una denuncia. Juan cruzó a la casa donde viven los padres de Daiana con su beba en brazos en busca de protección. Los rodearon y les dijeron que tuvieran cuidado con lo que pasaría con su beba. Balla optó por liderar el ataque desde la puerta de su casa. Desde allí incitaba a que les peguen. Martín Balla, agente del servicio penitenciario provincial, es uno de los hijos del genocida y se valió de su repertorio de insultos machistas para amenazar de muerte. “Vení, puto, que te voy a matar”, le gritó a Juan, con su beba en brazos. A Daiana le dijo que aparecería con un tiro en la frente si no se iba del barrio. Luego se dirigió a su casa gritando que iba “a buscar un arma para meterles un tiro”. También su madre y su hermana insultaban a Daiana y le advertían que pagaría con la vida de su beba. El genocida preferió amenazar a Juan y hacer referencia a los crímenes que fundan la condena en su contra. “Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio”, gritó fuerte para que Juan lo escuchara. El papá de Juan fue un preso político durante la dictadura que tuvo a Balla como uno sus sanguinarios ejecutores.

Daiana pidió auxilio al número de emergencias y fueron agentes de la policía, que llegaron en un par de móviles, quienes pudieron interrumpir el asedio de la patota de Balla contra sus vecinos. Daiana materializó una denuncia por la que intervino una fiscal provincial pero también supo de todos los hechos la fiscalía federal que participó en el juicio oral en el que se condenó a Balla. Ni una ni otra fiscalía adoptaron medidas para impedir que Balla pueda concretar su anunciado ataque por el patio. Al domicilio de Daiana y Juan concurren agentes de la policía para hacer una guardia no permanente, varios de los cuales están tan mal capacitados e informados que el 13 de enero el agente que debía hacer la guardia se puso a conversar con el condenado Balla, quien le preguntaba por las derivaciones de la denuncia de la pareja. Juan tuvo que salir y exponerse una vez más para hacerle saber al agente de protección que ese era el agresor de quien debían ser protegidos.

 

 

Los organismos, presentes

Angustiados por no lograr mejorar el encierro al que los tiene sometido el clan Balla, la joven pareja tomó contacto con los organismos de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe, que junto a los de Rafaela y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia local se presentaron el 18 de enero ante la fiscalía federal y el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe requiriendo el cese inmediato de la irregular prisión domiciliaria otorgada a Balla.

Como abogado querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad ante ese mismo tribunal, asisto esa presentación en la que detallamos los múltiples y perniciosos modos en que Balla viola las condiciones exigidas por el régimen de prisión domiciliaria. Acompañamos fotos y filmaciones de cámaras de seguridad que prueban el accionar de Balla ensoberbecido por la impunidad que le facilitan las autoridades judiciales que nada previeron, nada controlan y nada revisan.

 

Clan Balla en acción. Unos contienen al penitenciario Martín Balla, que amenaza de muerte y corre a buscar su pistola. Al fondo, en la puerta de la casa, el represor condenado grita “montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio”.

 

 

La Argentina asumió la responsabilidad internacional de juzgar y sancionar con seriedad y rigurosidad los crímenes de lesa humanidad. La fiscalía federal y el TOF deben cambiar de raíz sus prácticas sobre el cumplimiento de la pena por parte de genocidas condenados si quieren estar a la altura de esas responsabilidades. Así los reclama también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los escritos que presentó el 20 de enero para que cese el beneficio irregular concedido a Balla y en apoyo de la presentación de los organismos.

Jorge Balla está condenado por múltiples homicidios alevosos como parte de la persecución genocida a la militancia política durante la última dictadura. Hace 44 años, el 19 de enero de 1977, integró el grupo de militares y policías que perpetró la masacre de Ituzaingó y Las Heras en la ciudad de Santa Fe: acribillaron durante horas la vivienda donde se encontraban cuatro militantes montoneros: Osvaldo Zicardi, Carlos Frigerio, y la pareja formada por Jorge Piotti e Ileana Gómez con sus pequeños hijos, Mariano (dos años y medio) y Jorge (45 días). Del alevoso ataque sólo sobrevivieron los niños, posiblemente protegidos dentro de un mueble. Ese día también fue asesinada Elina Carlen, vecina de los militantes, que cometió el imperdonable acto de abrir la ventana de su departamento cuando las fuerzas represivas se disponían a iniciar la balacera.

Con la rigurosidad de investigación y pruebas con que se llevaron adelante las acusaciones públicas y de las querellas, debe asegurarse también el cumplimiento de la prisión perpetua impuesta a Balla. El ex sargento se vanagloriaba de sus acciones en 1986 cuando dirigió un reclamo por escrito al Ejército para que se le otorguen beneficios por su activa participación en el genocidio. También se presentaba como un héroe en la fantasía panegírica que le brindó a quienes publicaron, sin mencionarlo, un libro lamentable (Hay un positivo, con más de una edición a cargo de la Universidad Nacional del Litoral) que se presenta como ficción basada en supuestas investigaciones y propala la coartada del “enfrentamiento” difundida por las autoridades dictatoriales para referirse a esos bestiales homicidios. El sólido trabajo de las acusaciones desmintió para siempre esta versión presentada a la prensa por la alta oficialidad de la dictadura.

El encuentro entre los organismos de derechos humanos, que protagonizaron esa tarea, y la pareja que tiene al lado de su vivienda la casa usada por Balla para explotar el privilegio de la prisión domiciliaria como otra forma de impunidad, puede hacer que sean la fiscalía federal y el TOF los que pasen a cumplir su tarea con seriedad respecto del cumplimiento en establecimiento carcelario de la prisión perpetua impuesta a Balla, adoptando medidas que respeten su derecho a la salud pero también los derechos a la salud y a la libertad de Daiana, Juan y su hija de seis meses.

 

 

 

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