UN FRENO A LA VORACIDAD

 

El gobierno de la provincia de Neuquén no pudo imponer una transformación de fondo del uso de la franja del territorio que contiene el bosque nativo andino-patagónico, para permitir proyectos inmobiliarios VIP, de infraestructura de turismo y nuevas rentas de los bienes de la naturaleza. Una importante resistencia y movilización surgida del interior logró la última semana que los diputados de la oposición bloquearan por este año el proyecto de reforma a la ley provincial de ordenamiento territorial de los bosques nativos. El gobierno de Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) pretendía tratar y aprobar este proyecto el 4 de diciembre, en la última sesión de este período legislativo, pero quedó en la comisión de Medio Ambiente para que se vuelva a discutir con la nueva composición.

Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria, hace menos de un mes ingresó en la Legislatura el proyecto de reforma a la Ley N°2780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de la que es autoridad de aplicación. En el norte y en el sur cordillerano se movilizaron inmediatamente organizaciones de base campesina, comunidades mapuche, gremios estatales, ambientalistas, investigadores de universidades públicas cuestionando tanto el fondo como las formas de la iniciativa de gobierno.

 

 

La provincia tiene algo más de 94.000 kilómetros cuadrados. Esta reforma afectaba directamente a 6.000 kilómetros cuadrados de las mejores tierras altas de la cordillera de los Andes, los valles con pasturas naturales que usan tradicionalmente los crianceros y comunidades del norte y centro de la provincia; su riqueza en biodiversidad, nacientes y cauces de agua dulce potable sin contaminar, suelos fértiles libres de agroquímicos, entre otros bienes de la naturaleza de valor estratégico. Otras 9.000 hectáreas están bajo la jurisdicción de Parques Nacionales, otro botín en la mira de los capitales.

En 2012 se aprobó la OTBN con el mapa que estableció los alcances de cada categoría de protección y sus correspondientes restricciones y/o habilitaciones al uso del suelo. Al mismo tiempo, empezó el lobby de distintos proyectos directamente alcanzados por ese mapa para flexibilizar o adaptar a su conveniencia la norma protectora, especialmente en San Martín de los Andes (SMA) y Villa La Angostura (VLA). La ley prevé que en un plazo de cinco años se puede volver a considerar el mapa y sus alcances con mayor documentación, siempre en orden progresivo. El mayo del año pasado, en un acto oficial en VLA López Raggi aseguró que se “repintará” el mapa de bosques, refiriéndose a los colores que identifican las distintas categorías de protección (rojo es máxima protección). El diputado provincial y ex intendente de VLA Roberto Cacault fue más audaz y defendió la creación de la categoría blanca, para dejar sectores directamente por fuera de la ley y permitir el avance de la frontera inmobiliaria. Las sucesivas gestiones de los gobiernos locales que reciben y gestionan los proyectos de inversión hicieron propias las demandas de los inversores, estrategia especialmente usada por el ex ministro Leandro Bertoya, intendente electo de San Patricio del Chañar.

 

 

Nombre y apellido

Dos casos de reajuste a la ley se manifestaron en conflictos abiertos los últimos años. Primero, el desarrollo en altura del complejo del cerro Chapelco en San Martín de los Andes; después, el loteo VIP del Fideicomiso Lago Correntoso en el territorio tradicional de la comunidad Paisil-Antreao en VLA.

En los fundamentos de la reforma el gobierno reconoció 19 casos que necesitan ajustar la ley a sus necesidades en la zona de Copahue-Caviahue, Villa Pehuenia, SMA, VLA y Traful, los que cuentan con resoluciones aprobadas por la cartera de López Raggi pero necesitan mayor “seguridad jurídica”, como reclama el capital privado.

En la zona del volcán Copahue y el lago Caviahue el proyecto de la Empresa Compañía de los Andes SA consiguió una flexibilización hace cuatro años para más de dos mil hectáreas de bosque protegido. Ahora el gobierno pretendía elevar a la máxima categoría de protección los suelos de las veranadas mapuche muy cercanas a ese lugar -las del Cajón de Hualcupén, por ejemplo-, por lo que de haberse aprobado en los términos propuestos no podrían seguir usándola como lo hacen tradicionalmente.

En SMA y su área rural trece proyectos consiguieron el aval provincial para incorporar más de tres mil hectáreas al desarrollo inmobiliario VIP. Ahí estuvo uno de los puntos más intensos del lobby empresario, que encontró en el gobierno local un aliado fundamental. El 11 de noviembre la intendenta saliente Brunilda Rebolledo (MPN) respaldó formalmente el proyecto oficialista. Aval previsible considerando que Sara Castañeda, secretaria de Planeamiento municipal, firmó muchos de los dictámenes favorables al cambio de categoría, según consta en las resoluciones oficiales. Juan Cruz Adrogué, de Nieves del Chapelco SA e Inversora Lolog SA, firmas que controlan el complejo de nieve, se reunió días antes con el intendente electo Carlos Salonitti (https://www.youtube.com/watch?v=LhNQ9otEaRk). Este empresario tiene al menos un expediente aprobado que necesitaba esta reforma a la ley. En cambio, mas de veinte organizaciones sociales e instituciones locales no han conseguido reunirse con él todavía.

 

 

En Villa Pehuenia dos proyectos pretendían blanquear la modificación de categoría para casi 6.800 hectáreas. Otros dos en Villa La Angostura habilitados durante la gestión de Bertoya para más de 5.600 hectáreas en total, en tanto que en Traful un mismo expediente ampliaba en 600 hectáreas el área para usos actualmente no permitidos por la ley.

 

 

Retroceso y revés

Durante el año pasado el debate regional por las violaciones a la ley OTBN se reactivó con el conflicto por el loteo en 87 hectáreas del fideicomiso integrado por capitales vinculados a hombres de Boca Juniors y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto al lago Correntoso. Así, hubo rápida capacidad de movilización a partir del proyecto ingresado a mediados de noviembre. El viernes 22, las comunidades Vera y Curruhuinca de SMA llevaron el conflicto a la mesa de protocolo intercultural de la que participan con representantes del ejecutivo y concejales, un espacio sólido creado por ordenanza hace varios años.

Estas mismas comunidades se autoconvocaron en la calle el martes 26 por la mañana y antes del mediodía ocuparon el salón municipal acompañadas por la Asamblea Socioambiental, ATE y otros espacios de base. Las autoridades mapuche se reunieron con la intendenta y, después de varias horas, lograron que Rebolledo diera marcha atrás y enviara una nota a la Legislatura promoviendo la instancia de consulta previa, libre e informada para el pueblo mapuche en el caso de Chapelco, tal como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

 

En la reunión de la comisión de Medio Ambiente en Neuquén, al día siguiente, se desencajó la expresión de López Raggi cuando en el otro extremo de la mesa oval Ariel Epulef, werken de Curruhuinca, desplegó la nota de Rebolledo ante todos, según relató una fuente que asistió. Amalia Sapag, subsecretaria de Producción, acompañó al ministro a defender el proyecto ante el silencio absoluto de los diputados propios, entre ellos, Cacault. Como pocas veces, esta comisión legislativa permitió y actuó como verdadero espacio de debate, al punto que asistieron diputados que no integran Medio Ambiente. Fue el caso de Raúl Godoy (ceramista, FIT) que leyó la nota de rechazo de la comunidad mapuche Felipín, que confirmó que tampoco fue consultada sobre el proyecto que afectaría sus tierras de veranada en las sierras del Chachil, en el centro de la provincia.

 

 

Rojo confuso

Aparecen confusas las razones por las que el gobierno incorporó como zona roja de máxima protección las tierras boscosas del centro-oeste y noroeste que ocupan tradicionalmente miles de familias mapuche y criollas pobres que mantienen la trashumancia entre tierras bajas en invierno y altas en verano, uso ecológicamente sustentable y vital del territorio. Algunas fuentes consideran que fue una estrategia para sumar hectáreas bajo protección que disimularan en una mirada total las que en cambio se entregarían a la urbanización VIP.

Cualquiera sean las razones de fondo, en la zona de Chos Malal se movilizó rápidamente la Mesa Campesina del Norte Neuquino, la Cooperativa Campesina y el Consejo Zonal Picunche de la Confederación Mapuche del Neuquén. Esa rezonificación les impediría criar y mover ganado en el bosque, base económica y cultural de gran parte de la población local. Aún en el aislamiento y la adversidad de las distancias, la preocupación y el debate se amplió.

Silverio Alarcón, de la Mesa Campesina, asegura que es imposible aplicar el rojo en las veranadas y en los callejones de arreo por donde dos veces al año se transita con el ganado en pie para el ciclo del engorde. Hay casos donde tanto las tierras de veranada como las de invernadas quedarían comprendidas dentro de las restricciones extremas, lo que hace suponer que los técnicos de López Raggi o la consultora privada contratada para redactar el proyecto no conocen las condiciones reales de ocupación del territorio.

Quedó planteado sí que se pretende “promover la conservación y uso sustentable del bosque nativo mediante el ordenamiento territorial del mismo y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria, minera, urbana y de cualquier otro cambio de uso del suelo”. También “fomentar las actividades de conservación, recuperación, enriquecimiento, restauración, rehabilitación, investigación, manejo sostenible y uso sustentable del bosque nativo”.

Los laboratorios de investigación en biogenética, los colocadores de bonos verdes, los fideicomisos o ONG de protección estricta, pueden ser algunos de los otros actores involucrados que guardan silencio en este conflicto.

 

 

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