Un fondo de emergencia

Sin embargo, es preciso advertir que esta emergencia sanitaria se produce en el contexto de la pauperización de millones de argentinos como consecuencia de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. La destrucción producida por el saqueo especulativo que endeudó al Estado y empobreció al pueblo argentino, hace mucho más difícil sostener en el tiempo medidas como el distanciamiento social.

La paralización de la actividad económica debida a las restricciones a la circulación impacta de lleno en los sectores de la población cuyo sustento diario exige salir a la calle.

Las personas más vulnerables, ya golpeadas por el abandono sufrido en años pasados y del cual apenas empezaban a recuperarse, están hoy más expuestas no sólo a la enfermedad sino a que se agrave su condición de pobreza.

Por ello esa parte de nuestra población no puede soportar el aislamiento sin asistencia directa de un Estado que ha sido desfinanciado hasta el agotamiento por las políticas del anterior gobierno. Es la misma población sobre la cual pesa de manera desproporcionada todo incremento de los precios de los productos esenciales para la vida. Los alimentos y los artículos de higiene no pueden seguir aumentando. Hay que controlar los precios y castigar a los especuladores. Para ello la emergencia requiere fortalecer las posibilidades de la acción estatal en todos los niveles, desarrollando instrumentos de política pública, pero también dotando rápidamente al Estado de mayores recursos económicos.

Para eso es necesario exigir más a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y pedir mayores esfuerzos a quienes la recesión económica en el peor de los casos sólo hará perder, eventualmente, una porción de las riquezas que nunca han dejado de acumular. Pero es precisamente ese poderoso núcleo del empresariado que se ha enriquecido con la concentración económica y la especulación financiera, cuyas ganancias dolarizadas están en los paraísos fiscales, el que hoy pretende imponer por encima de cualquier lógica solidaria la ley del más fuerte.

El ejemplo paradigmático de esto fue el despido de 1.450 trabajadores dispuesto por Techint, la empresa de Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina, cuyas ganancias anuales superan los 400 millones de dólares. Esta brutal decisión no solo se explica desde la óptica de un despiadado calculo económico, sino que está dirigida a convertirse en la punta de lanza de una ofensiva de los grupos dominantes que, con acciones como esta, pretenden dejar claro que no están dispuestos a aceptar medidas que le devuelven al sector público capacidad de incidir sobre las ciegas leyes del mercado.

La rápida reacción del Presidente Alberto Fernández calificando de miserables a quienes despiden en medio de esta crisis y la firma del decreto estableciendo la prohibición de despedir durante 60 días, generó la reacción de algunos empresarios y del núcleo más retrogrado de la alianza Cambiemos que, reavivando el discurso de la antipolitica, histórico caballito de batalla de la derecha, replicó convocando al cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos. Cumpliendo aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, intentan sacar rédito del supuesto desgaste político que debería afrontar el gobierno a partir de que el malestar por las condiciones del aislamiento se fuera intensificando. Esa especulación constituye una extorsión que pretende presionar al poder democrático y a la opinión pública, para poner por encima de cualquier otra consideración su rentabilidad empresaria y, a la vez, favorecer al sector más duro de la oposición. En una situación como la actual, cuando la protección de la vida es el valor que convoca al esfuerzo comunitario, la avaricia y la mezquindad que revela este accionar resultan especialmente obscenos.

Como decíamos al principio, a pesar de esto sigue habiendo una gran mayoría de los argentinos y argentinas que creemos en el valor del esfuerzo solidario de una comunidad para enfrentar la crisis que nos impuso la pandemia. No es casual que seamos los trabajadores quienes estemos ocupando los principales lugares en este combate en el que para garantizar el bien comunitario seguimos produciendo los bienes y recursos necesarios para la vida y la salud de nuestra comunidad. Hablamos de los que todos los días dicen presente para poner en funcionamiento los servicios de salud, la distribución de los alimentos en los comedores escolares, el trabajo no rentado de los militantes de los barrios garantizando comida y asistencia, la producción de bienes básicos para el consumo y todas las otras actividades detrás de las cuales hay hombres y mujeres que creen en una Argentina que deje de ser la jungla donde se impone el más fuerte para convertirse en una comunidad en el que entre todos y todas construyamos un país con justicia social.

Estos hombres y mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, que no tienen reservas dolarizadas en los paraísos fiscales ni riquezas acumuladas en cajas de seguridad, son los únicos que verdaderamente tienen derecho a reclamar un esfuerzo solidario para que los que más tienen, en esta crisis de gravedad inusitada, aporten de manera extraordinaria a la constitución de un Fondo de Emergencia para enfrentar la pandemia.

Desde la CTA-T, al igual que el resto de las organizaciones sindicales del país, hemos puesto a disposición de las autoridades nacionales y provinciales toda nuestra infraestructura hotelera y de salud. Estamos dispuestos también a aportar el porcentaje que se determine de la recaudación de los aportes de nuestros afiliados, que significa tributar para la constitución de ese Fondo, el esfuerzo de los que menos tienen. Estamos convencidos de que si es imprescindible para garantizar que nuestra comunidad salga de esto en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible, hay que hacerlo. Pero también estamos convencidos de que al pueblo argentino le asiste el derecho a reclamarle a los que más tienen, un esfuerzo que sea proporcional a la riqueza que detentan. Si de las cincuentas personas más ricas de la Argentina, según el listado de la revista Forbes publicado por Infobae en abril de 2018, aportaran por única vez el 1,5 % de sus fortunas personales valuadas en conjunto en 70.040 millones de dólares, se estarían reuniendo en ese Fondo 1.050 millones de dólares.

Es decir, un monto equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test de coronavirus o poco más de 1.000.000 de internaciones en terapia intensiva.

Creemos que como se lo hizo en tiempos de la Primera Junta en los albores de la Patria para reunir recursos durante la Campaña al Alto Perú, hoy deberíamos asumir un esfuerzo compartido para que nuestro pueblo pueda salir lo más indemne posible de esta crisis sin precedente. Creemos que es el momento de sumar esfuerzos y de dar señales de unidad. No vamos a convocar a cacerolazos ni a ninguna acción que les sirva a los que quieren sembrar el odio y la división. Vamos a seguir poniendo el cuerpo para aportar a que entre todos superemos con el menor costo posible, tanto en vidas como en fuentes de trabajo, este momento doloroso.

Pero cuando haya pasado, entonces sí miraremos hacia atrás, para ver dónde estuvo parado cada uno. Para saber quién puso el pecho y quién dio la espalda. Para saber quién tendió la mano solidariamente y quién eligió cerrar el puño. Porque más temprano que tarde, a todos los que detentamos algún grado de responsabilidad dirigencial, en la esfera pública, en la empresarial, o en la esfera sindical, nos llegará el momento de la rendición de cuentas ante un pueblo que, como lo ha hecho otras veces, reclamará Memoria Verdad y Justicia.