Un fallo a pedir de Villarruel

 

Victoria Villarruel tendrá razones para celebrar este fin de año. La Cámara Federal porteña ordenó que se investigue la bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) colocada en julio de 1976, en plena dictadura. La causa, impulsada por defensores de represores y por el genocida Eduardo Kalinec, se presentó como una reacción al proceso de juzgamiento por crímenes de lesa humanidad. El argumento de los camaristas para favorecer la avanzada contra los sobrevivientes de los años ‘70 es que el hecho no se investigó entonces. La dictadura hizo justicia a su modo: secuestrando, torturando, asesinando y desapareciendo a quienes sindicó como responsables. “Los tres jueces de la Cámara se hacen los tontos y pretenden ignorar de qué manera ‘hicieron justicia’ los policías y militares con este hecho: salieron a matar a los curas palotinos y a decenas de militantes en los días posteriores. Con esta resolución avalan las desapariciones, torturas y muertes de los represaliados por el hecho del 2 de julio de 1976”, afirma el abogado querellante Pablo Llonto.

El 2 de julio de 1976, una bomba estalló en el comedor que funcionaba en la sede de la SSF, popularmente conocida como Coordinación Federal. Veintitrés personas resultaron muertas. Montoneros se atribuyó el ataque contra un edificio de la Policía Federal Argentina (PFA) donde funcionaba la inteligencia de la fuerza y un centro clandestino de detención desde antes del golpe de Estado.

La PFA únicamente hizo un sumario, pero no presentó una denuncia. Ningún juez o fiscal actuó de oficio. Nada se los impedía. Primó entonces la metodología criminal de la dictadura: hubo una cacería contra los militantes a quienes se acusó del ataque y hubo una sed de venganza por parte de los efectivos policiales.

Cuarenta y ocho años después, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que el episodio del comedor –la bomba y la falta de investigación– fue una grave violación a los derechos humanos, que debe investigarse porque compromete la responsabilidad internacional del Estado.

La causa se inició en agosto de 2003 como una reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de los crímenes perpetrados por la última dictadura. En ese momento, la empresa no tuvo éxito: la jueza María Servini dijo que no era un crimen de lesa humanidad y, por ende, había prescripto. En 2012, la Corte Suprema validó lo resuelto por la magistrada.

Justicia y Concordia volvió a la carga en 2021, cuando soplaban nuevos vientos, sobre todo con la llegada de Javier Milei y Villarruel al Congreso. Justicia y Concordia es la misma asociación que impulsa el hábeas corpus para que los represores vuelvan a sus casas.

Los defensores de los represores se anotaron una victoria con este caso: la Cámara Federal revocó los sobreseimientos e instó a llamar a indagatoria a Mario Firmenich, líder de Montoneros. Además aceptó como querellante a Kalinec, condenado a prisión perpetua por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo.

En la causa están denunciadas personas que militaron en Montoneros durante los años ‘70. Hay incluso víctimas notorias del accionar del terrorismo de Estado como Rodolfo Walsh o José Salgado, señalado por la inteligencia de la dictadura como el responsable de la bomba. La jueza Servini, que se negó a investigar este hecho por considerar que estaba prescripto, deberá decidir cómo continúa después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal.

 

Los argumentos de la Cámara

Llorens llevó la voz cantante en el fallo, que hizo una reversión de la teoría de los dos demonios. “La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado –la conducción de la organización Montoneros–; a las distintas células encargada de su logística y realización –los integrantes del denominado ‘Pelotón de Combate Sergio Puiggrós’–; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”.

El argumento central de Llorens para promover la reapertura de la causa es que nunca se investigó el ataque contra el comedor de Coordinación Federal. “El acto en sí, es verdad, es atribuido –en principio– a particulares. Pero la omisión de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos es estrictamente una deuda del Estado cuya omisión provoca responsabilidad internacional”, señaló el presidente de la Cámara Federal.

Lo central del voto de Llorens es plantear este fallo como un parteaguas en el proceso de Justicia en la Argentina. “Hubo una época en la que la justicia penal debió colocar el foco en un fragmento de la herencia de esos años, impulsado también en el ambicioso proyecto de brindar un terreno de calma que sirviera de sustento a una nación pacificada”, escribió citando un libro de Federico Morgenstern, el secretario de la Corte Suprema que impulsó el fallo del 2x1 para los criminales de la dictadura.

“Ahora tal vez haya llegado el momento de iluminar alguno de esos espacios de sombra; de traerlos al centro de atención y anunciar que con el silencio no hubo ninguna remisión de responsabilidades, solo una gestión de tiempos”, añadió mientras recordaba que “la historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos”.

Bertuzzi y Bruglia, por su parte, dijeron que promovían la investigación porque se trata de un evento de “enorme gravedad y magnitud” en el que el Estado no cumplió con su obligación de impulsar la acción penal. “Consideramos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible avanzar en la investigación en el presente para esclarecer las responsabilidades en este suceso y poner fin al estado de incertidumbre que afecta a las víctimas y sus familiares”, afirmaron.

 

Un contexto favorable

El fallo de la Cámara Federal se conoce meses después de que Villarruel dijera en un acto en el Senado que iba a impulsar la reapertura de las causas contra todos los militantes de los años ‘70 porque quería a “todos los montoneros presos”.

Villarruel preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que tiene como principal objetivo la reapertura de causas contra militantes de los años ‘70. El Celtyv es un desprendimiento de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), conformada en 1992 por Fernando Exequiel Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo y ex jefe de la policía bonaerense durante la dictadura.

La estrategia del generalato –sobre todo de los que venían de inteligencia– fue responder a la reapertura de las causas por crímenes de la dictadura con denuncias contra los militantes de aquellos años que sobrevivieron a la masacre. Buscaban generar una situación de “empate” que obligara al dictado de una amnistía general. Esta estrategia puede leerse en los papeles de Carlos Alberto Martínez, hombre fuerte de la inteligencia de la dictadura, revelados el año pasado en Página/12.

 

Los dos demonios recargados

Hace cinco años, el sociólogo Daniel Feierstein advirtió que había un nuevo proceso más nocivo que el de los dos demonios –que fue hegemónico desde los años ‘80: el que buscaba equiparar a los particulares con los agentes estatales para forzar su juzgamiento.

“Hace tiempo advertíamos tres procesos: que el gobierno iba a avanzar con la descalificación del movimiento de derechos humanos; que iba a existir algún tipo de intento judicial para lograr la salida masiva de los genocidas y que habría una reactivación de los dos demonios en sede judicial como forma de disputar sentido. Y es lo que está sucediendo”, dice Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).

“Este caso ya estaba resuelto judicialmente, y esta maniobra es motivo suficiente para denunciar a los jueces ante el Consejo de la Magistratura”, dice Rodolfo Yanzón, abogado de la querella Kaos. “Los camaristas dicen que el Estado no reparó a las víctimas y, por eso, es una violación a los derechos humanos. El Estado de la dictadura decidió secuestrar, torturar y matar a los sospechosos. Estas supuestas víctimas, entre las que se encuentra un represor condenado, estuvieron de acuerdo con esta metodología”.

Para Llonto, se trata de una “resolución política” acomodada para el gobierno de Milei y Villarruel. “La primera consideración es que los mismos jueces admiten el paso del tiempo sin que los familiares o las víctimas impulsaran la acción. Ellos también reconocen que se hizo un sumario policial, eso lo hizo el Estado. Las cosas no se resuelven abriendo 200 veces la posibilidad de que el Estado investigue”.

Para Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), es mentira que se esté buscando la verdad. “Este fallo convalida la doctrina Villarruel de tratar de avanzar contra militantes de las organizaciones para generar un empate para que no se avance con los genocidas. Es un fallo con groseros errores: revocan sobreseimientos de personas muertas o nombran mal a otras. No es una resolución jurídica. Parece un relato escrito por un novelista, como Ceferino Reato. Lo que no dicen estos tres jueces, por cuyas manos pasaron infinidad de causas de lesa humanidad, es que en Coordinación Federal funcionaba un centro clandestino. Tampoco dicen que la dictadura pudo haberlo investigado en el momento. Pero la dictadura decidió hacer lo mismo de siempre: tortura y desaparición”.

 

 

 

* El artículo se publicó en Página/12.

 

 

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