Un ejemplo a no seguir

 

Francia se encuentra conmocionada por sucesivas huelgas, múltiples manifestaciones populares y represión gubernamental a través de un fuerte accionar policial y prohibiciones sobre los lugares de concentración. El revulsivo fue la aprobación de una reforma jubilatoria por el gobierno de Emmanuel Macron sin respetar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En Uruguay, el movimiento sindical está desarrollando un plan de lucha contra la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ambas reformas buscan elevar la edad de acceso a la jubilación y postergar aún más la posibilidad de contar con haberes jubilatorios superiores a los mínimos de subsistencia.

 

 

 

El decretazo de Macron

Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) postulan que no cabe introducir reformas al sistema jubilatorio si no se cuenta con un amplio consenso social, dada la trascendencia de la materia para las condiciones de vida de la población con efectos que se mantienen por largos períodos.

Lejos de contar con un claro apoyo social, el gobierno de Macron ha recurrido a dos medidas para restringir el análisis y el debate sobre su proyecto de reforma jubilatoria. En primer lugar, se forzó la apariencia del proyecto como una propuesta de ley rectificativa del financiamiento de la seguridad social –cuando en realidad es una reforma de condiciones estructurales del sistema jubilatorio para el largo plazo– y así poder invocar el artículo 47-1 de la Constitución francesa, que restringe a 45 días el período máximo de deliberación parlamentaria sobre el proyecto. Si bien la iniciativa tuvo aprobación en el Senado, se vislumbraba dificultosa la aprobación en Diputados. Entonces, el 16 de marzo pasado, Macron se decidió a aprobar por decreto la reforma, invocando el procedimiento de excepción dispuesto en el artículo 49-3 del texto constitucional. Es un nuevo acto de la “monarquía presidencial” que viene denunciando Jean-Luc Mélenchon [1], el candidato de Francia Insumisa que estuvo cerca de competir en segunda vuelta con Macron durante las presidenciales de 2022 y que poco tiempo después logró una gran elección para Diputados liderando el frente NUPES (Nueva Unión Popular Ecológica y Social).

La imposición de la cuestionada reforma jubilatoria mediante decretazo llenó plazas y calles de manifestantes en las más variadas ciudades del país. También motivó que partidos opositores presentaran recursos ante el Consejo Constitucional y dos mociones de censura, que se trataron el 20 de marzo en la Asamblea Nacional. A la moción de censura más votada le faltaron sólo nueve votos para poner fin al gabinete de la primera ministra francesa Élisabeth Borne.

La reforma aprobada por decreto lleva la edad de jubilación de 62 a 64 años y adelanta para 2027 la entrada en vigencia del requisito de aportar 43 años para poder cobrar un haber completo. De esta forma se agravan los perjuicios para los colectivos más desaventajados, como las mujeres y en general quienes padecen interrupciones en sus empleos. Estando lejos aún del reparto equitativo de las tareas de cuidado entre varones y mujeres, las carreras estables que superen las cuatro décadas de empleo registrado es un privilegio masculino. También ha dejado de ser una condición habitual entre los trabajadores de menor calificación. A su vez, quienes a la edad más adulta cuentan con un empleo deberán permanecer más tiempo en el mismo, desafiando su estado de salud y restringiendo las oportunidades de quienes buscan su primer trabajo. Por otro lado, se estima que más de 1,4 millones de franceses entre 53 y 69 años carecen de empleo y no cumplen con los requisitos de jubilación. Este grupo de las y los NER (Ni Empleades ni Retirades) sufrirán aún más esta reforma, que endurece los requisitos de jubilación. Entre las personas que logran jubilarse, cada vez son menos quienes pueden obtener un ingreso superior al haber mínimo, al mismo tiempo que el valor de los haberes viene siguiendo una tendencia a la baja por la vía de reglas desfavorables que se introdujeron para calcular la actualización periódica de sus montos, es decir, según una movilidad jubilatoria insuficiente [2]. La cobertura social se deteriora de acuerdo a una obsesión por el recorte del gasto público, mientras que se reducen los impuestos que paga la clase alta. El repudio popular a la reforma jubilatoria por decretazo no tiene nada de sorprendente.

 

 

 

La calle le responde a Lacalle

Recientemente, el 23 de marzo, la central sindical PIT-CNT de Uruguay y la Intersocial Feminista declararon una huelga general desde las 9 de la mañana y se movilizaron hacia el Palacio Legislativo de Montevideo en rechazo a la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pou. El proyecto se encuentra en tratamiento en la Cámara de Representantes, frente a la cual se instaló una carpa de protesta, ya que su contenido fue definido contra la oposición del Frente Amplio, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales.

La iniciativa del oficialismo lleva la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años y contiene una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para aumentar aún más el requisito de edad o agravar las exigencias de años de aportes. Queda claro por qué se relaciona el debate en curso con el resistido decretazo de Macron en Francia. Se los puede ver como parejas expresiones de los recortes neoliberales al gasto social, desoyendo los reclamos por elaborar reformas que se financien progresivamente y mejoren los derechos de los grupos más vulnerabilizados. El proyecto del gobierno uruguayo, además, lleva a 25 años los períodos remunerativos a promediar para fijar la base sobre la que se calcula el haber de jubilación. Para la enorme mayoría de trabajadoras/es, esto determina una rebaja en el haber a percibir durante el resto de su vida. Justamente, el motivo de la reforma es disminuir el déficit proyectado del sistema de seguridad social, pero sin alterar las moderadas contribuciones patronales y haciendo recaer sobre asalariadas/os todo el peso de las medidas de sustentabilidad basadas en retrocesos sobre las condiciones de la cobertura previsional.

Las organizaciones sindicales y sociales han decidido mantener la carpa de protesta frente al Palacio Legislativo mientras no se desista de este regresivo proyecto de reforma o se lo someta a un plebiscito en el que pueda expresarse la ciudadanía, cuyo descontento es registrado por las encuestas de opinión.

 

 

 

 

 

El neoliberalismo insiste

A partir de la financiarización de las economías capitalistas que siguió a la crisis del petróleo de 1973, se verifica la insistencia de restringir los derechos de cobertura jubilatoria como uno de los objetivos principales de los programas neoliberales que desde esa misma época se volvieron dominantes a nivel planetario.

La experiencia pionera la llevó adelante la dictadura chilena del general Augusto Pinochet, aboliendo la garantía de haberes definidos que reemplacen al salario activo en un alto porcentaje. Allí se crearon las Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs), como próspera oportunidad de negocios para el sector financiero y a la que se derivaron los aportes obligatorios de todo el universo de trabajadoras/es registradas/os. El monto a cobrar como jubilación es el que resulta de dividir para toda la etapa jubilatoria la suma que encuentre cada trabajador/a como saldo registrado en su cuenta individual, luego de todos los descuentos de altas comisiones que cobran las AFPs y los magros resultados financieros de su gestión frente al deterioro del valor monetario que se verifica en los aportes efectuados durante tres o más décadas de carrera profesional.

José Piñera, el discípulo de la escuela de Chicago que redactó aquella reforma chilena, la ha defendido como un triunfo de la libertad individual, a pesar de ser impuesta por la sangrienta dictadura pinochetista. También le ha atribuido una superioridad moral sobre el sistema solidario de reparto, al hacer recaer sobre cada trabajador/a las consecuencias de sus bajos ingresos, los períodos de desocupación que puedan afectar su carrera o el mayor tiempo de sobrevida posterior a jubilarse, tal como sucede con las mujeres, cuya expectativa de vida supera a la de los varones. “¿Por qué cargar a otro lo que yo debo hacer por mí mismo?”, enuncia en el opúsculo que publicó como crónica panfletaria de la reforma. En esa presentación de su rústica filosofía individualista, se sigue preguntando: “¿Por qué lo que yo no hice en su momento debe hacerlo el Estado, por mí y a destiempo? ¿Por qué fomentar el parasitismo social y no la disciplina personal a través del ahorro que, movilizando primero el interés individual, favorece después a todo el cuerpo social?” [3]. El texto se lo dedica a “los trabajadores chilenos, pioneros en esta aventura de libertad”, quienes lejos de sentirse agradecidos, siguen hasta el presente buscando cómo deshacerse de las súper-poderosas AFPs de las que obtienen, en la mayor parte de los casos, haberes que no llegan a un tercio del ingreso promedio al jubilarse [4].

En la década de los '90, será el Banco Mundial [5] el impulsor global de las reformas jubilatorias que limitan el régimen público al pago de una prestación básica y hacen depender el resto de la cobertura sobre la lógica de la capitalización en cuentas individuales. Esa propuesta impactó en varios países latinoamericanos, incluido Uruguay, y de Europa del Este, especialmente en aquellos que por su endeudamiento externo se expusieron a una mayor injerencia de los organismos financieros internacionales [6].

En lo que va del siglo XXI, varias potencias de Europa occidental han recurrido a una reforma estructural del sistema jubilatorio, que hace menos visible el futuro descenso de los haberes. Manteniendo los recursos de financiamiento dentro del sistema público de reparto, se adopta como forma de determinación de los haberes una lógica similar a la de las AFPs chilenas. Se desarrolla un cálculo que simula la acumulación de los aportes personales en la etapa activa, rentados con un índice relacionado con la evolución del PBI o de los salarios, y a la suma resultante se la divide para el pago de un haber mensual durante el tiempo de sobrevida estimado de quien se jubila. Es lo que se conoce como sistema de cuentas virtuales o nocionales, que no deja en claro, al momento de la reforma, cuál será el resultado futuro del sistema de cálculo adoptado, lo que evita la conflictividad de anunciar directamente una rebaja en la proporción que alcanzan los haberes jubilatorios respecto del promedio de ingresos en actividad [7]. Con esa orientación venía presentándose la gestión de Macron en Francia, fundándose en la idea de que cada trabajador/a debe ser emprendedor/a de su propio retiro a lo largo de su vida, es decir, algo similar a lo brutalmente expuesto por el pinochetista Piñera para que las contingencias sociales no sean cubiertas de manera colectiva y solidaria, sino asumidas como una responsabilidad individual. Sin embargo, el paso reciente a un recorte acelerado mediante un decretazo que impone el aumento de la edad jubilatoria y la exigencia de años de servicios con aportes expuso con nitidez el carácter regresivo de las medidas con que Macron busca limitar el déficit del sistema jubilatorio. La activa movilización social en contra que ha despertado puede lograr no sólo revertir la reforma –de cuestionada constitucionalidad–, sino también ponerle fecha de cese al gabinete de su Primera Ministra.

La Argentina logró en 2008 reestatizar el sistema jubilatorio para dejar atrás los efectos deletéreos del sistema mixto, impuesto por el menemismo y protagonizado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs). Sin embargo, el regreso a la supervisión de las políticas públicas por parte del FMI a causa de la pérdida de soberanía efectiva que provoca el nuevo ciclo de endeudamiento externo, nos pone a disposición de las repetidas recomendaciones para limitar el gasto público en jubilaciones y pensiones. Si un gobierno argentino se prestara a seguir ese camino regresivo contra uno de los principales derechos de seguridad social, no puede esperar menor confrontación social que la que hoy conmociona a Francia y Uruguay.

 

 

 

*Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional del Litoral.

**Agradezco a Daniel Attala de la Universidad Bretagne Sud por haberme facilitado algunas de las fuentes consultadas sobre los sucesos más recientes del debate que se desarrolla en Francia.

 

 

 

[1] Mélenchon, Jean-Luc, L’Avenir en commun, París, Éditions du Seuil, 2021.

[2] Barbier, Jean-Claude; Zemmour, Michaël y Théret, Bruno, Le système français de protection sociale, París, La Découverte, 2021.

[3] Piñera, José, El cascabel al gato. La batalla por la reforma previsional, 3ra. ed., Santiago de Chile, Zig-Zag, 1991, página 74.

[4] Informe final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, Chile, 2015, página 91.

[5] Banco Mundial, Envejecimiento sin crisis. Políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento, Washington D.C., 1994.

[6] Müeller, Katharina, The political economy of pension reform in Central-Eastern Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 1999.

[7] Banco Mundial, Notional accounts. Notional defined contribution plans as a pension reform strategy, Washington D.C., 2020.

 

 

 

 

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