Un despertar

 

Las elecciones de convencionales constituyentes, alcaldes y gobernadores del 16 y 17 de mayo de 2021 concluyen con una dura derrota de la derecha, la segunda derrota del pinochetismo y sus continuadores. En 1988, Augusto Pinochet convoca un plebiscito a fin de que el pueblo se pronuncie sobre su continuidad en el poder hasta 1997. La respuesta negativa de más del 54% de los chilenos determina la convocatoria a elecciones de Presidente y legisladores para el año siguiente.

Las bases de la superestructura política e ideológica del Estado habían quedado establecidas en la Constitución Política de 1980. Los sucesivos gobiernos de la Concertación, integrada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista (Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, etc.) no modificaron el régimen neoliberal creado por Pinochet luego del golpe de Estado contra Salvador Allende.

La dictadura genocida convirtió a Chile en un laboratorio de Milton Friedman y sus discípulos chilenos: los Chicago Boys. El Premio Nobel Friedman visitó el país y se refirió con entusiasmo al “milagro de Chile”.

Siguiendo al pie de la letra el dogma neoliberal, la dictadura liberó los precios y las normas protectorias sobre el trabajo, los subsidios al consumo popular, el gasto público en materia social. Se suprimieron los controles estatales, se desnacionalizaron empresas y se llevó a cabo una contrarreforma agraria, devolviendo a los terratenientes las tierras expropiadas y entregadas a los campesinos durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Se realizó una reaccionaria reforma laboral que concluyó con la redacción de un nuevo Código del Trabajo. Como experimento social, el régimen de Pinochet se anticipó en varios años a la contrarrevolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, imponiendo el dogma de la desregulación económica, la idea del “Estado mínimo”, la eliminación de los controles estatales sobre la economía, reducción de los aranceles y libre ingreso y egreso de inversiones.

Quienes no comulgaban con las tesis neoliberales –eliminación del sector público empresarial y equilibrio presupuestario más allá de los ciclos económicos– fueron sistemáticamente marginados de los ámbitos académicos, consultorías, medios de comunicación dominantes y organismos internacionales. Obviamente que no se tuvieron en cuenta las opiniones de sindicatos y demás organizaciones sociales y se impuso la idea de que sus demandas eran incompatibles con la racionalidad económica y el propio interés del país. Las consecuencias de la aplicación del dogma neoliberal fueron el crecimiento de la desigualdad y la exclusión social.

 

 

La actual sociedad chilena, generada por la dictadura de Pinochet y profundizada por sus continuadores “democráticos”, demuestra claramente que el neoliberalismo no es sólo una ideología económica y que para su aplicación requiere del autoritarismo y la represión, lo que lo hace incompatible con el sistema democrático. Pinochet y sus cómplices en Chile, la dictadura cívico-militar en nuestro país y las demás dictaduras en América Latina, en cumplimiento del Plan Cóndor diseñado por el imperialismo norteamericano, fueron los precursores del neoliberalismo. Uno de sus continuadores, el gobierno narco-oligárquico colombiano de Iván Duque, desata una violenta represión sobre trabajadores, campesinos, estudiantes y pueblos originarios, causando numerosos muertos, heridos y desaparecidos. La acción criminal de las fuerzas del Estado y las milicias irregulares, que incluye el exterminio sistemático de líderes sociales, dirigentes sindicales, abogados laboralistas y defensores de derechos humanos, confirma la decisión del narco-estado colombiano de no cumplir con los acuerdos de paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.

Durante casi medio siglo Chile fue el “ejemplo” de una economía sólida para la derecha latinoamericana y sus voceros políticos y mediáticos; por supuesto soslayando u ocultando que se funda en la concentración de la riqueza y en los más altos niveles de desigualdad social.

Una de las muestras de la magnitud del retroceso social y político generado por el pinochetismo y sus continuadores de la extrema derecha y la Concertación se advierte en el sistema privado de pensiones. En mayo de 1981 se estableció un sistema privado de jubilaciones y pensiones a cargo de las Administradoras de Fondos y Pensiones (similar al sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y pensiones –AFJP– implantado por el menemismo y eliminado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) basado en la capitalización individual, destinado a los trabajadores, ya que los uniformados mantuvieron su sistema de reparto.

Otro de los rasgos que caracterizan a Chile a partir de la dictadura de Pinochet es la pérdida de fuerza de los sindicatos; que se constituyen generalmente por establecimiento y no por actividad. Es cierto que el sindicalismo se vio afectado en América Latina por las políticas y prácticas neoliberales, la apertura de los mercados, las privatizaciones, las desregulaciones y la flexibilidad laboral.

Pero la experiencia chilena ha tenido consecuencias mucho más graves.

Durante los primeros años de la dictadura, luego del asesinato o la detención de miles de militantes sindicales y de los principales dirigentes de la Central Única de Trabajadores (CUT), se dispuso el control de las actividades sindicales y una dura represión a sus líderes y organizaciones, la suspensión de las elecciones de sus autoridades, la prohibición de la negociación colectiva y de la huelga. Esta etapa comprende desde 1973 hasta 1978; a partir de entonces y hasta 1989 se inicia un período caracterizado por reformas orientadas a la desregulación laboral.

Podría pensarse que los gobiernos de la Concertación (Lagos, Eduardo Frei Montalva, Bachelet) promovieron la sindicalización y un mayor peso político de las organizaciones de los trabajadores chilenos. Nada de esto ha ocurrido: “De esta forma, el retorno a la democracia en Chile desde el año 1990 no ha generado el robustecimiento esperado en el sindicalismo debido a que los nuevos gobiernos ‘democráticos’ adoptaron y profundizaron el modelo económico neoliberal, lo que no ha permitido el resurgimiento del movimiento sindical con los consiguientes beneficios tanto para los trabajadores como para la sociedad en su conjunto”.[1]

 

 

Las movilizaciones populares del 2019

A partir de octubre de 2019, miles de estudiantes llevaron adelante jornadas de lucha, en el curso de las cuales se fue elevando el nivel de participación popular y escalando las exigencias: desde el llamado a no pagar el aumento del subte y el salto por encima de los molinetes en Santiago hasta la exigencia de un cambio del régimen económico y una nueva Constitución. El gobierno de Sebastián Piñera responde con una violenta represión desatada por los carabineros. Más de 12.000 heridos ingresan a las guardias de los hospitales, muchos de ellos heridos de bala. Los carabineros tiran al rostro de los manifestantes, lo que provoca cientos de víctimas de lesiones oculares graves.

La Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, se convierte en el centro de la lucha. A las reivindicaciones de una verdadera democracia y el fin de la Constitución pinochetista, los manifestantes incorporan la consigna “Fuera Piñera”.

El 25 de octubre, cerca de dos millones de personas toman las calles de Santiago, en una de las mayores movilizaciones de la historia de Chile. El 12 de noviembre, la CUT organiza y convoca a una huelga general, que alcanza una gran adhesión. El gobierno se ve forzado a plantear lo que llama un “acuerdo para la paz social y una nueva Constitución”, que es firmado por una mayoría de legisladores.

 

 

Se convoca a elecciones a fin de que el pueblo decida si una nueva Constitución debe reemplazar a la de 1980. En el referéndum de octubre de 2020 vota cerca de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas. La inmensa mayoría (78%) se inclina por el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente soberana electa en su totalidad, sin admitir la idea gubernamental de una convención mixta, con la mitad compuesta por legisladores.

 

 

La debacle electoral de la derecha

Las elecciones del 16 y 17 de mayo –en las que votan el 43% de los chilenos– arrojan el peor de los resultados imaginables para el gobierno de Piñera. De los 155 constituyentes electos, la coalición de los partidos de derecha obtiene sólo 37 escaños (23,9% de los votos). La derecha había impuesto la condición de los dos tercios de los convencionales para el quorum y para los cambios del contenido constitucional, dando por descontado que llegaría al menos al tercio de los escaños. Los resultados electorales no le otorgaron el poder de bloqueo soñado.

Los independientes realizan una gran elección: obtienen 65 escaños. La coalición de izquierda Apruebo Dignidad, alianza entre el Frente Amplio y Partido Comunista de Chile, obtiene 28 escaños, convirtiéndose en la primera fuerza de la oposición en la Constituyente, superando a la Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana) que llega a 25. De los 17 escaños de los pueblos originarios se destaca la participación de mapuches y aimaras.

Tanto la derecha heredera de Pinochet como los partidos que integraran los gobiernos post-pinochetistas de la Concertación (demócratas cristianos y socialistas) son los grandes derrotados en estos comicios.

Las elecciones a alcaldes y gobernadores muestran el avance de las fuerzas de izquierda e independientes nacidas de las luchas estudiantiles universitarias y secundarias, y del movimiento feminista, cuyo notable crecimiento se refleja en la proporción de mujeres electas como constituyentes y alcaldes.

La economista y miembro del Partido Comunista de Chile, Irací Hassler, arrebata a la derecha nada menos que la alcaldía de Santiago. Elías Jadue, también del Partido Comunista, obtiene su reelección como alcalde del municipio capitalino de Recoleta, con el 65% de los votos. Candidatas y candidatos del Frente Amplio de izquierda, surgido de las luchas estudiantiles universitarias, han ganado los municipios de Maipú, Ñuñoa y Viña del Mar, que tradicionalmente se habían inclinado por los candidatos de la derecha. En Valparaíso la victoria de la izquierda comprende tanto la alcaldía como la gobernación.

 

 

Objetivos de la Constituyente

Es la primera vez en su historia que el pueblo de Chile tiene la posibilidad de elegir a quienes van a redactar una nueva Constitución. Las anteriores, incluyendo la actual, fueron pergeñadas por representantes del poder oligárquico.

Respecto al funcionamiento y posibilidades de arribar a una nueva Constitución que refleje la voluntad transformadora de los sectores populares, dejando atrás casi medio siglo de neoliberalismo, existen algunas dudas. Se ha dicho que una comisión técnica preparatoria podría delimitar los temas a tratar por la Asamblea Constituyente.

La Asamblea Constituyente es poder constituyente originario; en consecuencia no puede existir autoridad alguna por encima de la misma, y por lo tanto ninguna comisión técnica podría imponer condiciones que limiten el tratamiento de los temas. Las clases dominantes siempre han tratado de poner trabas o condiciones a las asambleas constituyentes para que estas no puedan declararse soberanas y crear las nuevas bases de una sociedad democrática, justa e igualitaria. Ya lo vivimos los argentinos con el “Pacto de Olivos” de Menem-Alfonsín, y el “paquete” que se impuso a los constituyentes de 1994, con los resultados ya conocidos. Es evidente que en Chile no se ha realizado una revolución ni se ha producido siquiera un cambio de gobierno, que sólo ha sufrido una dura derrota electoral, de manera que el aparato del Estado sigue en las mismas manos. En consecuencia, no pueden descartarse las maniobras tendientes a condicionar o limitar el funcionamiento de la Convención, que durará de nueve a doce meses.

El Tribunal Constitucional es uno de los ejes posibles de las maniobras tendientes a limitar el poder de la Convención Constituyente. Dicho Tribunal se ha extralimitado de sus poderes, revirtiendo normas sancionadas por el Congreso Nacional. En agosto de 2005 hubo un acuerdo político entre la derecha y la Concertación socialista-demócrata cristiana, por el cual la primera aceptaba eliminar los senadores vitalicios –creados por Pinochet– a cambio del fortalecimiento de los poderes del Tribunal Constitucional. El acuerdo terminó favoreciendo a la derecha. Este Tribunal cuestionó la validez de normas dictadas por el Congreso, incluyendo aquellas dictadas para el propio funcionamiento del Tribunal, llegando a atribuirse la facultad de declarar inaplicable un tratado internacional a los casos particulares [2]. En síntesis, como ocurre con nuestra Corte Suprema, se trata de un poder no democrático que pretende colocarse por encima de los demás, amenazando la propia existencia de la democracia.

Resulta evidente que habrá una mayoría, integrada por los sectores de izquierda e independientes, que estará en condiciones de redactar una nueva carta constitucional que constituya un programa de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas.

Entre los puntos a incluir seguramente estarán la renacionalización de las empresas públicas privatizadas por el pinochetismo y sus continuadores; la reforma del Banco Central a fin de ponerlo al servicio del desarrollo nacional, dejando atrás su “independencia”, dogma impuesto por el Consenso de Washington y por el neoliberalismo para garantizar su dependencia del capital financiero; una profunda reforma tributaria basada en la progresividad del sistema impositivo; el control del comercio exterior; la reforma agraria iniciada durante el gobierno de la Unidad Popular e interrumpida por la dictadura pinochetista; la nacionalización del sistema jubilatorio; el reconocimiento de la educación gratuita en todos los niveles de la enseñanza, y el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el derecho de sus comunidades a la posesión y propiedad colectiva de sus tierras. Habrá propuestas para crear un nuevo Poder Judicial, desde la primera instancia hasta los tribunales superiores, liberado del elitismo oligárquico y antidemocrático que siempre tuvo.

En estos tiempos, en que la pandemia del Covid-19 pone al descubierto la irracionalidad e inhumanidad del sistema capitalista en nuestro país y en todo el mundo, la victoria de las fuerzas populares en Chile abre una esperanza no sólo para el pueblo chileno sino para todos los países de América Latina, fundamentalmente para aquellos que –como el nuestro– no han modificado las constituciones liberales o neoliberales del pasado.

En estas difíciles condiciones signadas por la pandemia del Covid-19, la dura tarea que debe afrontar el gobierno nacional para combatirla y los obstáculos permanentes del poder económico –hoy nuevamente los elementos antisociales nucleados en la “Mesa de Enlace”– nos parece necesario promover en nuestro país el debate de una reforma constitucional, votada por una Asamblea Constituyente libre y soberana, no condicionada por pactos previos, que entre otros objetivos reconozca el derecho a la planificación estatal de la economía, la función social de la propiedad y la democratización del Poder Judicial.

 

 

 

[1] González Candia, Julio César, “El movimiento sindical chileno. Tensiones y obstáculos para su fortalecimiento”, p. 115, en Trabajo y Sociedad, N° 20, 2013.

[2] Claudio Fuentes, “Un pequeño monstruo llamado Tribunal Constitucional”, 4/4/2018,

 

 

 

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