Un derecho, no un servicio

 

El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación que declara a la educación como servicio esencial y que puede convertirse en ley cuando sea tratado en el Senado es rechazado por la provincia de Buenos Aires. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, adelantó su posicionamiento en diálogo con El Cohete. “La educación es un derecho, porque el servicio tiene clientes y los derechos tienen ciudadanos y ciudadanas. El servicio es para algunos y los derechos son universales”, precisa.

Alberto Sileoni explica que la esencialidad es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando hay riesgos de vida, de la salud y la seguridad. “No es el caso”, afirma sobre el proyecto que pretende convertir a la educación en servicio esencial. “Esto es más para otro tipo de actividades, como una guardia médica”.

El político y educador, que se desempeñó como ministro de Educación nacional (2009-2015)​ durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y que actualmente dirige la cartera bonaerense, brinda un dato clave: “En la provincia de Buenos Aires hace cinco años que no hay paros provocados por disputas gremiales y seguimos teniendo problemas en términos de la discontinuidad educativa. O sea que la intermitencia, la discontinuidad educativa, no tiene como causa los paros docentes, sino el ausentismo de docentes y alumnos, en lo cual estamos trabajando”. Barre con la falacia de que regular el derecho a huelga, como pretende el proyecto, permitiría resolver el problema de la interrupción educativa, cuando en verdad la causa es otra.

Sileoni precisa que “la búsqueda que están haciendo a través de esta norma es regular el derecho de huelga, que es un derecho constitucional. Es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales para limitar sus derechos”, afirma. Como si se tratara de un gobierno que busca en cada decisión generar un impacto efímero televisivo, dice que “las medidas no pueden ser zócalos o medidas efectistas o punitivistas. Tienen que ser de verdad. Deben tener profundidad, veracidad”. Y agrega:”Tampoco creemos que este gobierno tenga autoridad para llamar a la educación esencial, porque si fuera para este gobierno esencial, no la estarían desfinanciando”, sostiene.

Enumera la desinversión educativa del gobierno de Milei y su impacto en la provincia: “Eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); mil obras paradas, ochenta de las cuales son escuelas; no hay distribución de libros; no hay distribución de tecnología; no hay una política de formación docente”, enumera y se pregunta: “¿Dónde se ve el aprecio que este Presidente tiene por la educación? Si en ocho o nueve meses de gobierno visitó una escuela que es aquella donde fue alumno e hizo dudosos chistes de burros y ante un joven que se desplomó frente a sus ojos se empezó a reír”, recuerda Sileoni.

Pondera las acciones llevadas adelante por el gobernador Kicillof, diciendo que mejorar la educación es desarrollar políticas activas: “Construcción de escuelas, transformación de los diseños curriculares, transformación de los regímenes académicos”, menciona como acciones que apuntan a la mejora educativa. “Ya nadie cree que a alguien le importa la educación si no invierte en ella”. Esas son las razones por la que Sileoni expresa: “No estamos de acuerdo porque no tiene autoridad moral quien lleva adelante esta idea”.

La modificación que hace el proyecto es también donde se detiene Sileoni para analizar la incongruencia. “El artículo 2 de la ley de Educación dice: ‘La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado’, es algo con lo que estamos de acuerdo. Punto seguido dice que la educación es un servicio esencial. En el mismo artículo reformado será un derecho en una parte y un servicio en otra.  No estamos de acuerdo”.

 

 

“La inversión es el camino para mejorar la educación”, dice Sileoni. Y con respecto a la desinversión educativa que realiza el gobierno nacional, marca claramente el principio que rige a la pareja de hermanos gobernantes. “Dado que firmó un DNU para la ex SIDE de 100.000 millones para gastos reservados y, según datos oficiales del Ministerio de Economía, en tres semanas, se ejecutaron 80.000 millones. Eso, a valores de diciembre, son seis meses del FONID de los docentes bonaerenses. Por lo tanto, no es cierto que no haya recursos. Este es un gobierno disciplinador que desprecia profundamente la educación pública”, califica.

Si el Senado termina aprobando el proyecto que declara la educación como servicio esencial y se convierte en ley, ¿qué posición tomará la provincia?

Si finalmente se aprobara el proyecto en el Senado creemos que la provincia de Buenos Aires y las demás provincias deberán adherir mediante una ley. Esa es la primera interpretación que hacemos, porque el artículo 5 de la Constitución nacional delega en cada provincia la autonomía concerniente en educación. También, el artículo 5 de la Ley de Educación Nacional, dice que el Estado nacional fija la política educativa respetando las particularidades provinciales y locales. El artículo seis también lo expresa en ese sentido y el artículo once de nuestra ley provincial dice que a través de la Dirección General de Cultura y Educación dicta su política. Evidentemente, no coincidimos con el espíritu de este proyecto de ley, creemos que no responde a las causas de discontinuidad pedagógica. El Estado nacional podría destinar recursos para trabajar con todas las provincias con respecto al ausentismo docente, que es un problema, pero prefiere un camino que es el disciplinador.

Nuestra provincia no disciplina a los docentes, discute con ellos, tiene una paritaria abierta. Y es bueno advertir que el disciplinamiento ya fracasó en 2015-2019, con centenares de docentes sumariados, no ocurrió nada con eso. Y tampoco en esos años se cumplía con el calendario. Por nuestra parte, nosotros sí asumimos que tenemos un problema como ocurre en el resto del país, que es la existencia de mucho ausentismo docente. Licencias de uno o dos días, que son las más frecuentes y más dañinas al sistema educativo. También hay ausentismo de estudiantes, no solo en el nivel secundario, como se podría presuponer, sino en otros niveles. Por lo tanto, la provincia no va a acompañar ese proyecto si llega a convertirse en ley porque adopta otros caminos.

El título II del proyecto habla de guardias mínimas, de difícil cumplimiento. ¿Cómo podría explicar la dificultad de su implementación?

Lo que propone el proyecto con lo de guardias mínimas está pensado en otro contexto. El concepto de presencialidad es de la OIT y está pensado para la salud, seguridad. Por lo tanto, es claro que se puede poner una guardia mínima en una comisaría o en una dependencia sanitaria, donde se atiende una urgencia, pero no se opera si no es urgente. Ahora, una escuela, está prescripto que esté el 30% de los docentes o del personal, con el 100% de los alumnos. Entonces, qué pasa con el servicio alimentario, qué pasa con las clases. Porque que estén los docentes en una dotación mínima no garantiza que haya clases, no garantiza seguridad. Es cierto que tenemos escuelas rurales de cinco, quince, veinte alumnos, pero la gran mayoría de nuestras escuelas, el grueso de nuestra matrícula, está en el Conurbano y en las grandes ciudades: Junín; Bahía Blanca; Mar del Plata, escuelas de 800 o 1.000 alumnos. Imposible garantizar lo pedagógico.

Como el sentido del proyecto de ley es erróneo, después todo el articulado deviene en abstracto. Porque la causa de la infrecuencia o corte de las clases no está dada por los paros docentes. Hace cinco años que nuestra provincia no tiene paro del frente de unidad gremial, que son los cinco gremios más importantes, e igual seguimos teniendo esos problemas de ausentismo. Entonces, es por otro lado que pensamos la solución.

Si existiera un verdadero interés por mejorar la educación por parte del gobierno nacional, ¿cuál debería ser el camino para la solución?

Si le parece esencial la educación a este gobierno, debería invertir. Recuperar el FONID que le ha metido la mano en el bolsillo a los educadores; distribuir libros que no distribuye; distribuir tecnología; hacer acciones de formación docente para mejorar la educación y ver qué hace con las obras paradas en la provincia de Buenos Aires. De las 1.000 paralizadas, 80 son escuelas, muchas en grado de avance alto y estamos trabajando para reflotarlas, de ver cómo continuamos. No es solamente la desidia de no invertir, no hay interlocutor, no hay nadie que te atienda y se haga cargo. Ni siquiera devuelven la titularidad de esas obras. Porque para continuar una obra que tiene financiamiento del Estado nacional hay que hacer un trámite administrativo porque la provincia no podría invertir en algo que es nacional si antes no se hace la adecuación legal. Eso no está. Hay una total desaprensión. De todas maneras, el gobernador Kicillof se ha comprometido en que la educación importa. Y estamos inaugurando escuelas, pero el crecimiento en infraestructura que va a existir este año será más lento.

La provincia de Buenos Aires que tiene la mayor cantidad de habitantes es la que más padece los recortes del gobierno de Milei, que no solamente son en educación. ¿Cómo se logra una resistencia a este proyecto de ley que tuvo el acompañamiento de otros sectores políticos?

La provincia, con el gobernador a la cabeza, lo que hace es cumplir con el contrato electoral y político que le dio el pueblo bonaerense con 20 puntos de diferencia con el candidato que salió segundo. Las y los bonaerenses pidieron más Estado. Mayor y mejor salud. Seguir resolviendo los problemas de saneamiento. Asfaltar calles en el Conurbano. Se asfaltaron cerca de 15.000 pero quedan 85.000. La provincia de Buenos Aires tiene esa enorme complejidad. 307.000 kilómetros cuadrados, 18 millones de habitantes, el 70% de los cuales viven en el 5% del territorio. Hay que tener políticas para todos ellos.

Si hay que nadar contra la corriente de un Estado nacional insensible se hará. Porque para eso nos convocaron. Para eso está un gobierno sensible a las necesidades de su pueblo. Eso tiene un capítulo educativo. La educación es ladrillo, tecnología, en menor cantidad, pero va a seguir estando presente. Y la transformación de lo curricular, de lo pedagógico. Hemos cambiado el diseño curricular de inicial. Hay 740.000 chicos en primaria que tienen más horas de clases. Había 112.000 y ahora hay 740.000 que tienen quinta hora o jornada completa. Estamos trabajando en la mejora de los aprendizajes. Estamos trabajando en la reforma del diseño curricular de la educación superior, en los profesorados, en la educación de adultos, en la educación especial.

Es por ahí, es lo contrario que hace el gobierno nacional. No para diferenciarnos, sino porque política y éticamente somos otra cosa. Y la resistencia o como se llame esa actitud se hará trabajando con los docentes. Nosotros arrancamos nuestras charlas con ellos diciendo que sabemos que no pensamos lo mismo, que hay una diferencia probablemente en lo electoral, pero hay un escenario común que es la defensa de la escuela pública, obligatoria, gratuita, con buenos salarios. Hemos mejorado los salarios todos los meses, salvo el mes del aguinaldo. En proporción, en adecuación de la inflación, un esfuerzo del Estado provincial que el Estado nacional no hace. 

 

 

 

 

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