Un cuadro a lo Guernica

 

El empresario Elías Masri murió el 7 de abril de 2020 a sus 91 años. Su fallecimiento fue por causas naturales: “Colapso respiratorio por Covid-19”. En Nueva York, y a su edad, todo hubiera parecido normal. En uno de los vuelos de repatriación de ciudadanos argentinos llegó a Ezeiza su cajón mortuorio, con papeles falsificados que ocultaban la infección para ingresarlo de contrabando al país. Como si fuera una macabra broma, todo parecía parodiar la película Este muerto está muy vivo, donde Terry Kiser encarnaba al boss Bernie Lomax. En esa comedia, dos pibes hacían lo imposible para ocultar la realidad simulando que la muerte no había ocurrido para continuar sus vacaciones. El hecho constituye un gravísimo delito que revela otra más de las burdas maneras con que la clase alta ignora las reglas.

 

 

Otro vuelo, muy distinto, abre las puertas respetuosas a la esperanza. Se realizaron varios viajes  con aviones de la línea de bandera Aerolíneas Argentinas (ida y vuelta a Shanghai) para traer insumos médicos. Las operaciones necesarias para concretar esa tarea son realizadas por dirigentes de todos los gremios aeronáuticos que han encabezado las listas de voluntarios a cargo del operativo. Para Edgardo Llano, secretario general de APA y referente de la Federación de los Síndicatos Aeronáuticos: “Los vuelos a China demuestran el rol de la aerolínea de bandera, en este caso cumpliendo una función social esencial para la vida de los argentinos, y dejando muy en claro porque el Estado nacional la recuperó en el año 2008.”

La pandemia no es un concierto ni el Estado es una orquesta. Voces disonantes, declaraciones contradictorias donde se trasunta el miedo a la muerte colectiva, masiva, donde las imágenes de España, Italia y Nueva York son el espejo en tiempo real. Es indudable que a la firme decisión del Presidente Alberto Fernández de bancar la cuarentena rígida no hay con qué darle. La pandemia fue importada por los ricos y la clase media que viaja y la padecen los pobres en carne viva. El gobierno con todas sus contradicciones se puede equivocar, pero en la trinchera de enfrente anida el enemigo.

El miedo que generan las cifras abrumadoras que cambian de la mañana a la noche, constituye la base colectiva de esta especie de pacto social que tolera el encierro, con la economía paralizada y una política del gobierno que les distribuye a los pobres e intenta sacarles a los más ricos. En esta lógica va transitando sus primeros meses Alberto Fernández. A medida que crecen los infectados, aumenta la preocupación de los que están alcanzados por pertenecer a los servicios esenciales de la salud. Se estima que son alrededor de 450 casos de trabajadores del área alcanzados por la pandemia. La desaprensiva actitud de las patronales, sumada al pragmático aprendizaje de cómo aplicar protocolos eficientes, ha convertido a los lugares de internación (lugares de trabajo del personal sanitario) en el campo de batalla. Un sentimiento de que inevitablemente todos van a ser alcanzados los invade. Esto se extiende al personal de atención de los geriátricos, donde la entrada del virus se percibe como un certificado de defunción, La Intersindical de Derechos Humanos se pronunció al respecto solidarizándose con los trabajadores de la salud:

“Nos solidarizamos y nos sumamos al reclamo de lxs trabajadorxs de salud después de que vimos en las noticias la desidia y el interés económico de muchxs empresarios, que lo ponen por encima de la salud de lxs que deben cuidarnos. (…). Ningún trabajadxr es un número, somos todxs personas con una familia detrás, a lxs que también se expone. Aprendimos de este virus que no hace diferencia de clase social, económica, ni geográfica. ¡Con lo cual nos deja para pensar qué tipo de sociedad queremos para nosotrxs y nuestro futuro, ya que nos demuestra que todxs somos iguales!”

 

 

Rebelión en la granja

Antonio Caló, secretario general de los metalúrgicos, afirmó que prefería “rebajar el salario para preservar los puestos de trabajo”. Son polémicas declaraciones, ya que existe una ley antidespidos y el gobierno reclama que no haya rebajas salariales: las protestas se expandieron por las seccionales a la velocidad de un tsunami. “No es un problema de interpretación lo sucedido, sino que el problema es lo que dijo”, afirmó un veterano dirigente de profesión tornero. En un año electoral para la otrora poderosa UOM, el actual secretario general (que ya superó los 70 años) carga la pesada mochila de suceder a Lorenzo Miguel, un histórico caudillo sindical de notorio peso en el concierto nacional. La figura de Caló no se destaca por la audacia de quienes lo precedieron en el cargo. Los cuatro mandatos que lleva no alcanzaron para recuperar el papel protagónico que siempre tuvo la UOM en el concierto de los sindicatos argentinos. Otros dirigentes ocuparon ese espacio, como Hugo Moyano, y hay liderazgos internos al gremio que pujan por la sucesión. En las grandes empresas los acuerdos se realizan en las seccionales y con las comisiones internas. Al Secretario General sólo le queda la lapicera para firmar los convenios y recaudar los aportes. Cuando se conoció que el gobierno cargará con el 50% de los salarios caídos, ya era tarde. El incendio se había propagado y el secretario general se había inmolado. Finalmente la UOM no cerró el acuerdo por la rebaja de los pagos con motivo de las suspensiones, como pretendía Caló.

El paro de los trabajadores de las plataformas en varios países da cuenta de la incipiente voluntad de sindicalizarse de uno de los más precarios e indefensos sectores laborales. Su importancia exponencial en estos días les da la oportunidad de visibilizarse. Como los peones de las estancias de Santa Cruz hace un siglo, que reclamaban un paquete más de velas y que las instrucciones de los botiquines sean traducidas al castellano, ellos piden barbijos y alcohol en gel. Según Pedro Brieger, un referente de los huelguistas señaló: “Sólo recibimos un kit con un barbijo descartable y una botellita de alcohol en gel en Pedidos Ya y un kit de barbijo y guantes en Glovo La Plata. En Capital, un barbijo y un alcohol en gel pequeño. Yo trabajo en Rappi y no recibí nada, Uber Eats tampoco brindó elementos de seguridad”. Son los herederos de la “caballería de la libertad” que dio batalla en las calles el 19 y 20 de diciembre del 2001. De la tradición de aquellos fundadores del SIMECA (mensajeros y cadetes) salen estos jóvenes celular en mano para visibilizar sus reclamos con gran potencia.

 

 

 

Son la marca en el orillo del empleo en tiempos del neoliberalismo. Son el descarte laboral por excelencia. Como los 43.000 despedidos de Disneylandia en Estados Unidos, son un emblema del castigo capitalista que no perdonó a Rico McPato ni a Mickey Mouse.

La marcha de un grupo desesperado de trabajadores del Frigorífico Penta de Quilmes hacia la Plaza de Mayo, reclamando el pago de sus salarios, puso el foco en la hijoputez del empresario Bruzzone, propietario administrador de tres frigoríficos que, apoyado en marginales alquilados a hinchadas de fútbol y cuentapropistas de La Bonaerense, desconoce la conciliación obligatoria y empuja a la desesperación a los trabajadores que no han percibido su garantía horaria por dos quincenas. Los operarios fueron disuadidos de continuar violando la cuarentena en el Puente Pueyrredón.

Contaminado por la peste de la impunidad abierta de la que parecen gozar las patronales de la carne, Genaro Morrone, el administrador del Frigorífico El Federal, también de Quilmes, desconoció cualquier legislación tras el deceso de un trabajador del Senasa y falsificó un amparo judicial para ingresar a la planta y obligar a los operarios a tomar tareas sin ningún protocolo sanitario. Fue denunciado penalmente.

 

 

Reclamos de igualdad

La reunión de los representantes de las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas con la comisión de diputados la semana anterior no logró calmar la inquietud que las desvela. En una carta dirigida al ministro de Trabajo Claudio Moroni le expresan: “Saludamos la promulgación del DNU 332/20 que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, aunque nos preocupa la nula mención de las empresas cooperativas vinculadas a la producción y que quedamos comprendidas en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dictado por el DNU 297/20”, señala la misiva.

No están comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo ni el de las Convenciones Colectivas de Trabajo y al ser asociaciones de trabajadores sin patrones quedaron fuera tanto de los “Repros” como de las otras formas de asistencia que brinda el gobierno nacional a las pequeñas y medianas empresas. Este universo consolidado después de la crisis de fin de siglo ha logrado una presencia y crecimiento significativo. Muchos sindicatos los reconocen estatutariamente como trabajadores de pleno derecho a la sindicalización y a la representación en los cargos electivos, los gobiernos sucesivos no terminan de encuadrarlos y las grandes patronales los siguen considerando un mal ejemplo. Para el presidente de Conarcoop (Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados), Ramiro Martínez, “lo que solicitamos es una igualación con los Repros que se les otorgó a pymes, de tal manera que podamos, frente a esta situación de crisis y falta de trabajo, dar respuesta y sustento económico a más de 230 cooperativas y 8.000 familias que dependen de ellas”.

Para darle seriedad a la intención de reparar los errores y calmar el hambre, el Presidente se reunió con el Triunvirato de San Cayetano (el Movimiento Evita y la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie). Tras las tarjetas rojas en Desarrollo Social por los sobreprecios, las autoridades prometieron acelerar la compra de alimentos. Los triunvirantes piden por un fondo para la economía popular para dar empleo a trabajadores informales. El amigo papal Juan Grabois reclamó “un Plan Marshall criollo” junto con la entrega de tierras a productores de alimentos. El sentido de préstamos blandos para el despegue se diferencia de aquel Plan tras la segunda guerra para frenar al comunismo en Europa. En 2020 las guerras comerciales se extienden y Estados Unidos pasa por un pésimo momento. Hasta el FMI podría suscribir tal “ayuda”.

En la reunión quedó evidenciada la mala entrega de alimentos en muchos sectores vulnerables del país. Cunden los temores ante contagios masivos de Covid-19 en los barrios y existe la necesidad de dar respuesta inmediata a los trabajadores de la economía popular en función de la extensión del ASPO más allá del 26 de abril, y la discriminación que se percibe en algunos lugares con los infectados del virus, en especial el personal de salud. “No vamos a ceder a las presiones para levantar la cuarentena, porque está comprobado que nos fue bien hasta ahora”, dijo el Presidente a los dirigentes de movimientos sociales que lo escuchaban. El ministro Daniel Arroyo señaló la posibilidad de ampliar la oferta de proveedores de insumos desde su cartera con unos 700 productores o intermediarios disponibles en este período de emergencia. Los referentes reclamaron además alimentos para los 10 mil comedores del país, el doble de las compras frustradas en marzo.

 

 

CABA, territorio de miedo

Los estatales denunciaron el extendido pluriempleo el contagio de los compañeros de salud de la Capital es una oleada irrefrenable. Los bajos salarios llevan a enfermeros, personal de limpieza, auxiliares de medicina y los mismos médicos a realizar rondines de instituciones públicas a privadas e incluso geriátricos como franqueros o part time. ATE Capital cuestionó con dureza la actitud  del gobierno de minimizar la combinación letal de dengue y coronavirus, que afecta a dos sectores sociales bien diferenciados al sur y el norte de la ciudad. Realizan acciones para visibilizar la explosiva situación de falta de insumos, los sobreprecios y el entramado de corrupción existente. Las acciones se realizan en los cambios de turno, con asambleas con distanciamiento social y de forma permanente. Los reclamos se extienden por todos los hospitales de la ciudad donde faltan insumos básicos de protección para el personal.

Daniel Catalano, en representación del colectivo laboral, realizó una denuncia penal por los sobreprecios de los barbijos y desde el gremio anunciaron que continuarán sus justos reclamos, tomando en cuenta la responsabilidad social que les cabe. Señalan las urgentes necesidades de los compañeros de Prevención del Delito que monitorean los hoteles de cuarentena, los trabajadores que acompañan los retenes de tránsito, que siguen en condición precaria de monotributistas y expuestos al contagio por múltiples contactos, que ya es hora de que pasen a planta permanente.

Un silencioso anteproyecto de ley sigue su curso para dotar de herramientas peligrosas al emperador municipal. Larreta pretende suspender obras y reasignar partidas con una emergencia económica a medida de su política. Solicita a la legislatura manos libres para realizar el pago diferido de proveedores, salarios de los trabajadores y otras viejas ambiciones neoliberales.

Un trabajador del área de limpieza del subte porteña dio positivo al coronavirus y permanece internado en una clínica del sur bonaerense, y se determinó el aislamiento de seis empleados del mismo sector que pudieron tener contacto con él en los últimos días, mientras que se inició una desinfección del ámbito laboral con armonio cuaternario, indicado para la eliminación del virus.

"Ayer por la noche recibimos la confirmación de que un trabajador del turno noche de la línea E dio positivo en su hisopado para coronavirus", sostuvo, por su parte, el secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Enrique Rositto.

 

 

 

 

Tras la ratificación del aumento del ABL, en un contexto de congelamiento salarial de las asignaciones familiares, el secretario General de la CTA Ciudad, Eduardo López, se manifestó a favor de que en la ciudad de Buenos Aires se avance, como a nivel nacional, en un impuesto a los sectores con mayor capacidad contributiva para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia de coronavirus. López expresó su respaldo a la iniciativa legislativa que propone establecer un impuesto especial del uno por ciento a aquellas empresas radicadas en el territorio porteño que hayan tributado en concepto de Ingresos Brutos más de 30 millones de pesos en 2019. Esto incluye a las grandes entidades bancarias y financieras que tienen su sede en este distrito. El proyecto prevé que el 50 por ciento de lo recaudado se asigne a políticas sanitarias y el 50 restante al abastecimiento de comedores escolares y merenderos en los barrios más humildes, así como a la asistencia a pequeñas empresas afectadas por la caída de la actividad económica. Para López, “la disyuntiva es si la crisis que genera esta pandemia se paga afectando la riqueza de 5.000 grandes fortunas o rifando la salud de millones de habitantes.”

A todo este panorama se le suma la paralización de la industria petrolera, las dificultades de mantener las exportaciones de granos por la histórica bajante del Rio Paraná, sabiendo que más del 75% de lo se exporta sale de los puertos situados entre Timbúes y Ramallo (sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires), el impacto de la “Operación Vicentin” agrega incertidumbre y la industria pesada paralizada nos pinta un cuadro a lo Guernica.

Una batalla de nuevo tipo contra un enemigo invisible se está librando en todo el mundo y también en Argentina. No solo la peste está en cuestión, sino el modelo económico y social de la globalización que patentiza la crisis. Todos somos trabajadores de la salud, de los médicos cubanos, de los maestros y de ese ejercito de voluntarios de las organizaciones sociales.

 

 

 

 

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