Un conflicto aceitoso

Por primera vez en más de 20 años a la lista del secretario general Pablo Reguera le surgió no una sino tres agrupaciones opositoras.

Y una serie de maniobras intentó dejar afuera de la competencia a su agrupación, la Celeste y Blanca, que dirige uno de los gremios mejor pagos del país. El conflicto se prolongó durante un mes. Casi tanto como el paro que hace dos años tuvo en vilo al país, con barcos haciendo cola en el río Paraná esperando entrar a los puertos del Gran Rosario y pérdidas millonarias.

“Vemos una mala intención, un manto oscuro” detrás del intento de no dejar participar a nuestra lista, dijo Reguera a El Cohete a la luna. “Hace años que las empresas quieren flexibilizar a los aceiteros, el gremio con uno de los mejores sueldos del país”. El salario básico del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo es de 153 mil pesos. Los afiliados tienen beneficios que envidian el resto de los sindicatos, desde ayuda económica para los hijos que estudian en los tres niveles hasta centros de salud y un proyecto de construir 600 viviendas.

Al mismo tiempo, en la región hay una papa caliente con muchos interesados en comérsela: la empresa Vicentin, cuya sede administrativa está en Reconquista -donde tramita la causa por la quiebra y donde se hicieron las manifestaciones– pero que tiene sus principales plantas en San Lorenzo.

Los tres candidatos de las listas opositoras -Lucas Monzón de La Verde, Daniel Succi de la Blanca y Daniel Fernández de la Naranja– son empleados de la cerealera. Y también lo son los integrantes de la Junta Electoral –Ángel Cabrera, Graciela Da Rosa y Darío Galván–, que estuvieron a punto de dejar a fuera a la Celeste y Blanca.

Acostumbrado a gobernar el sindicato sin oposición desde el 2001, quizás Reguera se confió demasiado.

La junta observó a dos listas, la Verde y la Celeste y Blanca, por no cumplir con el cupo femenino. Tiene que haber un 30% de mujeres repartidas en los distintos niveles de cargos que se eligen. El problema: de los 3.200 afiliados al SOEA, solo 80 son mujeres.

Las elecciones estaban convocadas para el 10 de marzo próximo. El conflicto empezó en enero, en pleno auge de la ola Omicron de Covid. La Junta le dio dos días a las listas para integrar a más mujeres. Tenían que acercar las nuevas listas a una oficina que abría dos horas por día. Un día no hubo nadie por casos de Covid. Entonces habilitaron un mail para hacer las presentaciones. Después argumentaron que las candidatas no podían acreditar su identidad por mail. Así se llegó a la impugnación.

El gremio llevó el tema al ministerio de Trabajo. La cartera que dirige Claudio Moroni tiene como estrategia no intervenir directamente en elecciones sindicales. El antecedente es lo que ocurrió en el sindicato del Seguro, cuyas elecciones están judicializadas. Aunque no lo dejó asentado por escrito, el ministerio instó a la Junta a habilitar a todas las listas.

Al mismo tiempo, la seccional San Lorenzo de la CGT empezó a evaluar un paro de actividades si Reguera quedaba afuera de las elecciones.

 

El jefe de la CGT local, Jesús Monzón, es tío de Lucas Monzón, el candidato de la lista Verde, la otra que no dejaron participar. “No queriamos dejar pasar este mal precedente en la región”, dijo Reguera. Y recordó los “28 días de paro de diciembre de 2020”. “Tenemos un poder de fuego más que importante”, reconoció.

Justamente, el candidato de la Naranja, Piri Fernández, hace campaña diferenciándose en ese tema. “El paro del año 2020 nos llevó a los trabajadores aceiteros a perder más de lo que ganamos. Y ahora el trabajador no quiere más paro. En nuestro espacio somos pacifistas y dialoguistas”, dijo a SL24. Fernández fue concejal de Capitán Bermúdez y en las últimas elecciones tuvo el apoyo de Antonio Bonfatti. Ahora afirma que lo sostiene Daniel Yofra, líder de la poderosa Federación Aceitera.

La semana pasada, el ministerio llamó a una audiencia el miércoles con la junta electoral y las listas cuestionadas. Cada uno de los miembros de la junta llevó un abogado: eran profesionales de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, ninguno de San Lorenzo. El ministerio le dio 48 horas a la junta para rever su decisión y dejar participar a las cuatro listas.

En ese lapso hubo preocupación de los principales actores políticos y económicos de la región. En esa zona del Gran Rosario hay 20 fábricas aceiteras y 31 terminales portuarias, una concentración que no existe en otro lugar del mundo. Desde ahí, la Argentina exporta el 50% del aceite y más del 40% de la harina de soja que se consume en todo el planeta. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, se interesó personalmente por el desarrollo del conflicto. Idígoras tiene llegada directa al presidente Alberto Fernández.

En diálogo con El Cohete, un alto ejecutivo de Aceitera General Deheza trató de desmarcar a las empresas de la pelea: “Este tipo de problemas suele darse cuando va a empezar la cosecha y la producción de aceite, hacia marzo o abril. Este año se adelantó. Acá las empresas estamos como rehenes, no es un conflicto que hayamos provocado por negarnos a una suba de sueldo, por ejemplo”.

Pero ninguno de los actores desconoce que la resolución del caso Vicentin está abierta. Distintas fuentes que conocen el caso aseguran que está a punto de decretarse la quiebra, después de una segunda propuesta de pago a los acreedores que algunos califican como “vergonzosa”. Y el sindicato de aceiteros tiene una silla, o sea un voto, en el consejo que lleva adelante la quiebra.

A las empresas -y a los bancos que las financian– no les da lo mismo cómo se va a llevar a cabo esa quiebra, cómo puede quedar Vicentin para salir a la venta: con o sin deuda, con más o menos empleados.

Aunque le facturen haber apoyado la intervención estatal en Vicentin, Reguera sigue sosteniendo que debe haber “intervención del gobierno, en un porcentaje, en todo lo que tiene que ver con el agro. Las empresas, la mayoría multinacionales, se llevan todo por los muelles y dejan nada más que tributos. Al igual que el estado tiene acciones en YPF, debe tener participación acá. No se puede dejar librado a las  multinacionales lo que cuestan los alimentos. En un país donde se fabrica comida y la mitad de la gente no tiene para comer”, dijo.

Si la empresa no vuelve a funcionar “en 4 años va a ser una chatarra”, advirtió el jefe sindical.

Reguera tiene 67 años y empezó trabajando como ceramista, hombreando bolsas de cemento. Hoy, que dirige uno de los sindicatos más poderosos de la Argentina, asegura: “No estoy atornillado al sillón”. Cuenta que “salió a jugar” nuevamente por la conducción del gremio “al ver que había tres listas de Vicentin y un manto oscuro” detrás de la impugnación.

“No me pudieron torcer el brazo en 20 años –dice antes de hablar en tercera persona–. Reguera no le conviene a las empresas porque nunca lo pudieron adornar. Todas las veces que me llamaron… ni siquiera me acerqué. Para este tipo de empresas que no te pueden torcer el brazo en lo económico terminás siendo un negro jodido. Re jodido”.

El viernes 18 a última hora, la Junta Electoral finalmente oficializó a las listas Verde y Celeste y Blanca para participar de las elecciones. El gobierno, los empresarios y los sindicalistas de todo el país estarán atentos al resultado.

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