Un buen soldado es un mal policía

 

El inconveniente y desatinado decreto 683 que emitió el Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, facilitar que las Fuerzas Armadas remplacen gendarmes en la frontera norte y a la vez puedan custodiar “objetivos estratégicos” generó, como era esperable, un fuerte impacto en diversos sectores de la sociedad.

El Poder Legislativo no estuvo ajeno a esta circunstancia y diversos bloques opositores de la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para el martes 7 de agosto. En el temario de dicha sesión se observa una miríada de proyectos de declaración que rechazan por diversos motivos la oportunidad y conveniencia del decreto 683, como también otros que disponen directamente su derogación. Esos son los esperables. Sin embargo, en el octavo lugar del temario de la sesión aparece el proyecto 1887-D-2017 de “Seguridad Ampliada y Atribuciones Subsidiarias de la Defensa”. Su autor: Sergio Massa.

Donde el desprolijo e intencionadamente confuso decreto de Macri insinúa desdibujar los límites funcionales, jurisdiccionales y operacionales de los organismos que se ocupan de la Defensa Nacional (las Fuerzas Armadas)  y de la Seguridad Interior (los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad), el Proyecto de Ley de Massa lo deja más claro que las aguas del Nahuel Huapi. Donde Macri parece llevarnos en materia de política internacional comparada al lugar en el cual hoy día está Brasil, Massa nos propone emular a El Salvador u Honduras.

¿Por qué? Básicamente porque el Proyecto de Ley de Seguridad Ampliada habilita la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior en cualquier momento y circunstancia. Ilustremos concretamente esta temeraria afirmación. El inciso c) del artículo 2° dice lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, podrán participar temporalmente en operaciones de: c. Control, vigilancia, preservación y aseguramiento de los recursos naturales del país, así como de los procesos para su legítima utilización y/o extracción y/o transporte y/o almacenamiento”. Este artículo implica un cambio extremo respecto al paradigma actual que ordena y articula los sistemas de defensa y de seguridad interior. Lo que hoy día determina la participación de las Fuerzas Armadas no es el tipo de bien a custodiar (en este caso recursos naturales) sino la naturaleza del agresor (militar, estatal y externo). Este inciso abre la puerta a que las Fuerzas Armadas participen casi en cualquier oportunidad dada la amplitud inherente al concepto de “recursos naturales” (y la de su “vigilancia, preservación y aseguramiento”). Esto podría ser, por caso, proteger Vaca Muerta de una paralización gremial (para garantizar su comercio y transporte) o preservar parques nacionales patagónicos de presuntos ataques mapuches a instalaciones como refugios o infraestructura eléctrica. El Artículo 3°  ni siquiera limita el accionar a los “recursos naturales”: “Sin perjuicio de las facultades previstas en el en el artículo anterior, las Fuerzas Armadas, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en forma conjunta, coordinada y/o integrada con otras fuerzas de seguridad, podrán participar temporalmente en actividades y operaciones de seguridad ampliada destinadas a la prevención, inteligencia asignada específica, peritaje e intervención en actividades ilícitas de interés nacional y/o de seguridad internacional, ocurridas en zonas fronterizas, mar territorial, Zona Económica Exclusiva, aguas interiores, espacio aéreo Argentino y de jurisdicción nacional y cualquier otro territorio o zona delimitada en el decreto de intervención”. Este artículo directamente habilita a tiro de decreto simple la intervención de las Fuerzas Armadas ante cualquier circunstancia y problemática. El artículo 4° desagrega las actividades que podrán realizar las distintas fuerzas militares en función de lo previsto en los artículos anteriormente señalados. Entre ellas se habilita al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a “aprehender personas” y “registrar pertenencias, vehículos, y aeronaves”.

Este proyecto tiene su origen en agosto de 2015 cuando Sergio Massa era candidato a Presidente (expediente 4378-D-2015). Durante ese mismo mes de agosto Massa realizaba estas declaraciones: "Se trata de declararle la guerra al narcotráfico y reconocerlo como el principal enemigo externo del país. Queremos que el Ejército pueda entrar a los barrios para asistir en la logística de seguridad, pero también pueda patrullar las fronteras, para liberar a los gendarmes que hacen esa tarea y asignarlos en los barrios de las grandes ciudades" (https://www.lanacion.com.ar/1821543-massa-presento-su-plan-de-seguridad-ampliada). También en agosto de ese año Massa anunciaba que en caso de ser ungido Presidente Diego Gorgal sería el Ministro de Seguridad encargado de ejecutar esa guerra al narcotráfico (http://www.telam.com.ar/notas/201510/122400-massa-anuncio-a-gorgal-como-su-ministro-de-seguridad.php). Menos de un mes después, en septiembre de 2015, Gorgal escribía un interesante artículo titulado: “Narcotráfico: No hay que convertir a las Fuerzas Armadas en Policía” (http://www.lapoliticaonline.com/nota/diego-gorgal-narcotrafico-no-hay-que-convertir-a-las-fuerzas-armadas-en-policia/). Entre otras cosas Gorgal hacía la siguiente reflexión: “Convertir a las Fuerzas Armadas en policías es un grueso y peligroso error, dado que implica asimilar a un médico con un maestro por el simple hecho que ambos usan guardapolvo blanco. La organización, el entrenamiento y el equipamiento que tiene un soldado no sirven en lo más mínimo para reunir evidencia que permita encarcelar a los capitalistas y el management de las empresas narco-criminales. Por ello, si es un buen soldado, será un mal policía; y si es un mal soldado, ¿por qué debería ser un buen policía? El caso (fallido) de México, que debe emplear a sus Fuerzas Armadas porque carece de fuerzas intermedias como la Gendarmería Nacional, exime de mayores argumentos”. ¿Cómo puede explicarse tan flagrante contradicción? Tal vez, como a Mahoma, el arcángel Gabriel se le apareció a Gorgal con una revelación divina y eso explica el cambio extremo de posicionamiento en ese espacio político, o tal vez debamos ensayar otra explicación. Mi hipótesis es que la “guerra a las drogas” de Massa y el proyecto de Seguridad Ampliada presentados en pleno fragor de la campaña electoral tenía exclusivamente esa finalidad: demagógica, efectista y electoralista. El hecho de que durante los casi tres años posteriores jamás se pidiera su tratamiento parecería confirmar la hipótesis. Tenía destino de larvaria estadística parlamentaria. Hasta ayer.

Massa no es más diputado. Otros legisladores de ese espacio político han desempolvado este proyecto y probablemente con las mismas originales intenciones. Apartar a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior es un requisito indispensable para promover el profesionalismo castrense y su esterilidad política; y de esta forma consolidar una conducción civil y política que permita concentrar el instrumento militar en la preparación para la que fue creado: la guerra. Tras la recuperación democrática de 1983 Argentina fue recorriendo este camino. Fue un logro de todos, conseguido con el aporte plural de expertos y representantes de las sociedad civil y materializado en leyes aprobadas con amplio consenso pluripartidario. Sería lamentable que algo tan valioso sea destruido por el accionar irresponsable de un grupo de circunstanciales oportunistas.

 

 

 

El autor es Doctor en Seguridad Internacional,
Docente/Investigador Universidad Nacional de Quilmes

 

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