Un barrio sacrificado

 

El poder inmobiliario devenido gobierno (el triunvirato Macri-Caputo-Larreta) tenía estudiado que las únicas tierras disponibles en la ciudad de Buenos Aires para grandes proyectos inmobiliarios eran los playones ferroviarios y las tierras de las villas. Desde su perspectiva, las primeras están ociosas y las segundas subutilizadas.

Primera Etapa: Diseñaron un Plan muy ambicioso. Para empezar, decidieron procurar la venta de estos predios “vacíos”. La asunción de Macri como Presidente aceleró y casi cumple con este objetivo. Se autorizó la venta (inconstitucionalmente) por decreto y se concretaron numerosas subastas de parcelas principalmente pertenecientes a playones ferroviarios como Catalinas Norte 2, Catalinas Sur 2, de Palermo, de Caballito, de Liniers, de Villa Urquiza, de Colegiales, de Villa Crespo, de Retiro. Las parcelas que no pudieron subastar, Macri se las transfirió a la Ciudad antes de dejar su mandato y Rodríguez Larreta inmediatamente autorizó su venta para negocios inmobiliarios a través de su escribanía personal, la Legislatura. Seguimos a la espera de que la AABE finalice el informe, ordenado por el Decreto N° 145/2000, sobre la legalidad de cada uno de estos traspasos. Aproximadamente 500 hectáreas de tierras públicas se privatizaron en estos últimos 12 años. Privatización histórica para la Ciudad como resultado de un Plan Sistemático. También se reprivatizaron todos los servicios públicos. Una reedición de la década de los '90, multiplicada por cinco (5). La clase política-especuladora-inmobiliaria aprende de sus errores, pero mucho más de sus éxitos. La Escuela-Shopping actualmente sería una pequeña travesura. Nuestros grandes especuladores inmobiliarios, con estas tierras van a poder jugar con la ciudad (una especie de Simcity para ellos) durante 10 a 15 años.

Segunda Etapa: Mientras tanto, haciendo ejercicio de su agudeza previsora van preparando los negocios inmobiliarios en los terrenos de los Barrios Populares. ¿Cuál es la estrategia? La entrega de títulos de propiedad para incorporar estos suelos al mercado inmobiliario (uno de los más desregulados del mundo), endeudamiento de las familias, demora en garantizar los servicios públicos para no consolidar el barrio y titularizar la precariedad. Con este espíritu de fondo, se iniciaron los tramposos “procesos de integración social y urbana” en la gestión de Larreta. La primera decisión clave fue la construcción de viviendas nuevas para ir fragmentando y vaciando estos predios en vez de destinar todos los recursos para garantizar los servicios públicos a las 400.000 personas que viven en los Barrios Populares. A cuatro años del inicio de estos procesos y miles de millones de pesos gastados, sólo se ha mejorado la vida a unos cientos de familias reubicadas en las viviendas nuevas mientras otras cientos de miles siguen padeciendo diariamente la falta de servicios. Esta decisión ha sido clave para mantener la fragilidad de estas comunidades ante la epidemia de dengue y la pandemia del coronavirus. A cuatro años, en el Barrio Carlos Mugica las familias utilizan la misma infraestructura sanitaria porque las obras no se terminaron. El Secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, prometió en televisión que estarían finalizadas a fines de 2018. Ninguna conexión domiciliaria fue regularizada, ni siquiera la de las viviendas nuevas. Por otra parte, las viviendas nuevas del Barrio Carlos Mugica tienen fallas de construcción graves. Fueron levantadas con el sistema Steel framing, son casas de cartón, como las llaman en el barrio. Los complejos habitacionales nuevos son cárceles por la estética proyectual ya que se asemejan a containers cubiertos de rejas. Familias endeudadas con viviendas en mal estado, parte de la ecuación que da como resultado que las familias decidan desprenderse de sus viviendas tentadas por los montos de dinero que ofrezca el “sector privado”. La ecuación se completa con el estímulo del GCBA a la renovación urbana de todo el contorno ribereño que genera una mayor presión inmobiliaria sobre el barrio. El camino hacia la construcción de una nueva fractura y desigualdad socio-espacial en la ciudad y de una división urbana entre la CABA ribereña y la CABA mediterránea. Esto se llama gentrificación, una modalidad de la misma se está implementado en todo el entorno ribereño alcanzando también al Barrio Rodrigo Bueno. Es una expulsión lenta planificada de una población, por intereses inmobiliarios y bajo la consigna del “desarrollo urbano”, es decir, aumento del valor de la tierra.

 

 

 

Nueva oportunidad, la pandemia

En este contexto, de necesidades previas sin respuestas apareció la pandemia de coronavirus Covid-19 y la epidemia del dengue.

El Barrio Carlos Mugica es el sector del país con más contagiados de dengue. Además, al 24 de mayo tenía 1.665 casos confirmados de Covid-19. Es decir, tiene el 64 % de todos los casos de los Barrios Populares de la Ciudad y el 30% de todos los casos de la Ciudad. La curva no se aplana y la desigualdad se amplifica.

Esta alarmante crisis sanitaria constituye un acto deliberado del gobierno que seguramente utilizará a futuro argumentos sanitarios para acelerar sus pretensiones inmobiliarias en la zona. Enfatizará la necesidad de vaciamiento y erradicación, y no la de una verdadera integración social y urbana de este barrio.

No puede comprenderse de otra forma la cantidad de errores y omisiones en que ha incurrido el GCBA. Apostó pasivamente al “aislamiento comunitario” sin prever ninguna medida preventiva en forma simultánea. Desoyó desde el mes de diciembre los problemas graves de falta de agua potable y continuó con su irresponsabilidad en los 12 días más críticos. Aún cuando un tribunal de la ciudad lo obligó a garantizar agua potable en los Barrios Populares, el GCBA decidió apelar la medida. La orden judicial apelada aún sigue vigente e incumplida.

Para los adultos mayores como grupo de riesgo dispusieron unos refugios, una especie de paradores a los que nadie quiso ir. No creyeron conveniente dejar sus viviendas por temor a que fueran ocupadas, para ir a hacinarse. Menos ahora con el antecedente de que el 85% de las personas en situación de calle del parador de Retiro se contagiaron a pesar de haber aplicado los protocolos correctamente, según expresaron desde el gobierno. Varios comedores están cerrando en el barrio Carlos Mugica porque se contagiaron las personas que los sostienen. Falleció Victor Giracoy, coordinador del comedor “Estrella de Belén”. También falleció Ramona Medina, coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer de la organización La Poderosa y Agustín Navarro, otro coordinador de un merendero de Barrios de Pie.

Más tarde que temprano, el GCBA impuso un improvisado protocolo donde los criterios de testeos no son claros, y sin mecanismos de protección para les niñes en caso de que alguno de sus padres tenga que ser internado, sin dispositivos para las situaciones de violencia de género y con demoras interminables en pabellones de hospitales donde lxs habitantes del barrio fueron trasladados con lo puesto en micros sin asistencia sanitaria ni alimentaria para esperar los resultados del testeo.

En este contexto, la Legislatura premia a Rodríguez Larreta otorgándole la suma del poder público. Podrá suspender la vigencia de leyes. Una Ley estará vigente sólo si Rodríguez Larreta decide cumplirla. Este superpoder no lo tuvo ningún Poder Ejecutivo democrático. Podrá distribuir a voluntad la totalidad del presupuesto sin límites.

En este contexto, debemos respetar el uso obligatorio del tapabocas pero no dejar que nos callen la voz. Buscar la forma de protegernos, de no permitir que parte de la ciudadanía sea declarada prescindible, explotada y abandonada. Pedir una clase política que responda a la comunidad porteña. Luchar por la Democracia Participativa y la ciudad como nuestro Bien Común.

 

 

 

 

 

 

 

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