Un año sin Facundo Castro

 

Con el voto de un solo camarista, se mantiene al frente de la causa la jueza que pidió licencia ante los cuestionamientos de los fiscales especiales. Las medidas de prueba que se negó a otorgar debieron ser aplicadas por un subrogante. La perito de la familia insiste en sus cuestionamientos posteriores a la autopsia, con los que la querella quiere apelar a ámbitos internacionales. Ese es el panorama de la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro a doce meses de la última vez que se supo de él, el 30 de abril de 2020, cuando era retenido a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mientras transitaba sin permiso en cuarentena.

 

 

La etapa de denuncia e investigación

La desaparición de FAC tomó estado público el viernes 3 de julio por una denuncia de la Comisión Bonaerense por la Memoria, según publicó El Cohete ese fin de semana: “Facundo Astudillo Castro, de 22 años, está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió ‘a dedo’ desde Pedro Luro a Bahía Blanca. La última vez que se lo vio, era subido a un patrullero, de acuerdo a lo declarado por tres testigos. Los policías dijeron que lo habían infraccionado por violar la cuarentena pero ‘lo dejaron seguir’. La madre reconoció a un uniformado como quien ‘había tenido problemas’ con su hijo. Ahora, su familia denuncia ante el fuero federal un caso de ‘desaparición forzada’”.

Desde entonces, el caso creció tanto en cobertura mediática como en el debate público y en su incidencia política, movilizó a las máximas esferas de la Provincia, trasladó hasta el lugar de los hechos a su ministro más mediático, alcanzó a la sede del gobierno nacional, donde el Presidente recibió a la madre, y motivó acciones por parte de Amnesty International.

 

 

Después de la autopsia

Hacia octubre habría de disminuir la exposición mediática que la prensa le impuso a un desaparecido durante el flamante gobierno peronista (que reemplazó a un conservador que había debido lidiar con el repudio a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel).

Desde entonces se achicaron los márgenes de discusión acerca de lo que sufrió Facundo a partir de que se conociera el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el de mayor prestigio mundial en causas de desapariciones forzadas. A partir de ello pareció posible descartar que el joven hubiera muerto a golpes en un destacamento, en un patrullero o de un balazo en algún descampado para descartar luego su cadáver en una lejana zona costera.

Según el informe colectivo, todo indicaba que había muerto en el lugar donde se lo halló, si bien aclaraba que no podía determinarse con rigor si fue por accidente, suicidio u homicidio.

Los policías respiraron aliviados. El gobierno respetó el prestigio de los científicos. La izquierda insistió en que el Estado era responsable. La prensa hegemónica le redujo espacios de difusión. Y la querella hizo equilibrio para no contrariar a la mayoría pero sin retroceder de su convicción respecto de que la Policía era culpable; parte del Poder Judicial, cómplice, y un sector de la prensa, encubridor.

 

 

¿Qué hacer?

Frente a este panorama había una madre sola, sostén de hogar, con un empleo de limpieza en una estación donde debía brindar servicio a muchos de los policías que intentaban denigrarla cuando no amenazarla.

A su lado, dos abogados que debían poner recursos de sus bolsillos; varios militantes de derechos humanos; artistas y un pueblo chico con indignación grande.

Se veían enfrentando a una corporación integrada por policías bravucones; jefes de otras provincias que obstaculizaban el desempeño de un perito con perros entrenados; ex oficiales devenidos funcionarios luego de zafar de causas penales por violaciones seguidas de muerte; un intendente con una claque de concejales que miraba para otro lado; un Poder Judicial cuestionado por su inacción –como mínimo– ante crímenes como el de Katherine Moscoso, detrás del cual había ligazones con el poder político y el narcotráfico; un fiscal actuante cuestionado por el CELS desde antes de asumir por su “carencia de idoneidad para el cargo”; una jueza esposa de un militar e hija del jefe de la Armada que recontrató a Alfredo Astiz durante el menemismo; y a medios de prensa más cuidadosos de preservar sus fuentes policiales que de llegar a la verdad, en línea con la tradición de La Nueva Provincia (colaboracionista de la dictadura) que en estos años tuvo como asesor a Antonio Stiuso, jefe de los espías de la SIDE hasta que fue despedido por Cristina Fernández poco antes de que le “tiraran” el cadáver de Alberto Nisman.

Ante ese cuadro, a algunos les pareció chocante que un abogado se mostrase tan atípico como vehemente. A otros no dejó de sorprenderles la entereza de esa mujer que casi nunca se quebraba en público, que hoy limpia baños, mañana habla por todos los canales y pasado mañana es recibida en la Casa Rosada para después, regresar a su pueblito y postear fotos con sus compañeras de trabajo, para las que siempre guarda palabras de agradecimiento.

 

La quinta pata

Cristina Castro siempre defendió a sus dos defensores, a quienes se sumó la Comisión Bonaerense por la Memoria, representada por Margarita Jarque y la perito científica Virginia Creimer, que fue la única que no firmó el informe forense que otros catorce elevaron al juzgado.

 

 

Creimer cuestiona, en un largo escrito, que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial; destaca que una de las zapatillas del joven hubiera sido hallada en perfecto estado junto a restos esqueletizados, y que un cabello en un patrullero coincidiera con el ADN del joven. Cree que sus restos fueron plantados y por eso pidió analizar el agua de las dependencias policiales por donde habría pasado el joven ya que “de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo sólo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado”. La recolección de agua la hizo la Policía Federal, cinco días después y a 80 metros de donde estaba el esqueleto, acusa.

 

Reimpulso

El tema del agua es definitorio porque sobre ese análisis se basa la certeza de que Facundo murió donde se lo encontró.

Sin embargo, el 23 de octubre se ordenó un estudio sobre el estuario con el objetivo de determinar la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo, en donde estaba la mochila –bastante más lejos y con la ropa dentro– y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El pedido lo hicieron Horacio Azzolin y Héctor Andrés Heim, los fiscales especiales adscriptos a la causa desde el 28 de agosto, luego de que el Presidente de la Nación recibiera a Cristina Castro. Pueden intervenir en forma conjunta o alternada con el fiscal Santiago Ulpiano Martínez (aunque en febrero pidió ser inhibido de continuar en el caso).

El 2 de febrero, el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida-CERZOS (CONICET/UNS), entregaron el informe “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”, pero debido a irregularidades formales los fiscales solicitaron a los peritos un nuevo informe.

Ese día, desde el IADO llegó otro documento: “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón 46030/2020 - FBB 8640/2020”, algo inusual según los fiscales: un integrante de una de las instituciones presentaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes, en el que sostenía hipótesis y conclusiones que no se le solicitaron. Los fiscales se lo devolvieron.

Pero el 10 de febrero la jueza Gabriela Marrón ordenó al IADO el estudio sobre el estuario. “Eso no implicaba reasumir la instrucción del caso”, se cubrió. Al contrario, Azzolin y Heim entendieron que sí se metía en la instrucción y solicitaron su nulidad. Como Marrón parecía insistir en su convicción, ya insinuada, de que Facundo se ahogó solo, los fiscales señalaron que perdía imparcialidad.

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó entonces parte de la resolución de la jueza que rechazaba medidas de prueba. Los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado dictaminaron que se allanara de nuevo el puesto policial de Teniente Origone donde fuera visto por última vez Facundo. Hicieron constar que, según una testigo, las ropas –telas y una gorra que le regalara la novia– aparecidas allí habían sido tiradas.

Cuando el dictamen regresó al Juzgado, Marrón estaba de licencia y, en su lugar, el juez Walter López Da Silva convocó a Gendarmería para que el 18 de febrero fuera a pasar luminol por las superficies donde durante julio se habían encontrado manchas de sangre, además de cabello y el amuleto-sandía del joven.

Los camaristas ordenaron secuestrar los teléfonos de los efectivos que tuvieron contacto con Facundo aunque no el medio centenar pedido por la querella, que incluía los Prevención Local en Bahía Blanca, en uno de cuyos patrulleros fue hallada una piedra turmalina de un collar del joven.

Con el reimpulso de las medidas de prueba reaparecieron las presiones, según aseguró el abogado Leandro Aparicio ante una consulta de la TV Pública el 21 de marzo en ocasión de la denuncia de amenazas a un testigo que creyó mejor ausentarse de su casa un par de días, tras lo cual reapareció y se le puso custodia.

 

 

 

 

Cuando marzo terminaba, la Cámara de Apelaciones, integrada sólo por Larriera, rechazó el pedido de recusación a la jueza, quien sin embargo sigue de licencia “sin previsiones de fecha porque aún no nos llegó el escrito”, confirmó a El Cohete el abogado Luciano Peretto.

Para este 30 de abril, quienes mantienen la memoria en Villarino convocan a un bocinazo por el pueblo.

 

 

Los artistas del pueblo pidieron al Concejo Deliberante que declarase de Interés Municipal los eventos culturales en memoria de Facundo para el próximo mes de lucha contra la violencia institucional.

 

 

Algunos, como Alejandro Rodríguez, han compuesto canciones en su memoria:

 

https://www.facebook.com/alejandro.e.rodriguez.96/videos/10223207172115295

 

 

Otra canción se gestó a partir del poema Objeto Objetante, escrito desde el hallazgo del amuleto en un destacamento policial. Su autora es Gisela Cairo, creadora de una de las imágenes de la vaquita que más se viralizó. Lo compartió en el zoom del cumpleaños de Facu. Así llegó a Javier Di Benedetto y Romina Bevilaqua quienes lo adaptaron en canción:

 

 

https://www.facebook.com/221009487934132/videos/2532513913722100

 

 

De todos esos aportes se nutre Cristina Castro para mantenerse entera. Junta estos testimonios en sus redes, donde comparte otras canciones, como la del Indio Solari que Marcelo Figueras dio a conocer en El Cohete Radio, por Del Plata, el domingo pasado. Esa que reza: “Escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida”.

Con esa paz interior, Cristina aflora como es. Al cierre de esta nota, le dejó a El Cohete lo único que tiene para dar: “Si algo voy a destacar siempre es el agradecimiento a toda esa gente que día a día nos da su apoyo y nos alienta a seguir”.

 

 

 

 

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