Un año electoral verde

 

El último sábado 18 de mayo la mamá de Ana María Acevedo, Norma Noemí Cuevas, levantó la foto de su hija mientras caminaba sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, en Francia. A los 19 años Ana María fue forzada a mantener un embarazo durante cinco meses a costa de su salud, primero, y de su vida, más tarde. Tuvo que parir en estado premortem. Tenía derecho a un aborto terapéutico porque su salud estaba en peligro y el embarazo era inviable. Le negaron un derecho garantizado en la legislación argentina desde 1921 y, además, la obligaron a transitar su cuadro clínico con dolor hasta su muerte en 2007.

Doce años después, su crimen continúa impune pero su imagen e historia recorrió el mundo como emblema de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Su mamá levantó la foto de Anita en la alfombra roja y las militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Argentina agitaron una bandera con su nombre en el glamoroso evento internacional.

Fue en el marco del estreno la película Que sea ley, de Juan Solanas, que narra la historia de Ana María Acevedo, entre otras, y la de las luchas de los feminismos por el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Las activistas tiñeron de verde, rock y activismo Cannes y la mirada del mundo volvió a estar puesta en Argentina: en el país del Ni Una Menos el aborto todavía no es legal, seguro y gratuito.

Durante 2018 el país quedó al borde de la ley cuando por primera vez en la historia de la democracia consiguió debatir en las dos cámaras una propuesta legislativa construida desde la ciudadanía. En junio se logró la media sanción del proyecto pero en agosto no pasó el bloqueo del Senado. Argentina estuvo a punto de convertirse en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto.

El próximo martes 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Congreso volverá a ser verde porque se presentará por octava vez la iniciativa de la Campaña para despenalizar y legalizar el aborto en un año marcado por las elecciones presidenciales. Será a las 17.30 con movilizaciones simultáneas en todo el país: una acción federal llamada “Las calles al Congreso y el Congreso a las calles”. También habrá pañuelazos en distintos puntos del mundo.

 

¿Quiénes firman este proyecto?

Como muestra de la transversalidad lograda por los feminismos en 2018, las firmas de apoyo estarán encabezadas por 8 diputadas de distintos partidos. A las 4 que co-firmaron la iniciativa el año pasado —Victoria Donda, de Somos; Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical-Córdoba; Mónica Macha, de Unidad Ciudadana; Romina Del Pla, del Partido Obrero— se suman: Araceli Ferreyra del Movimiento Evita; Cecilia Moreau del Frente Renovador y Carolina Moisés, del Partido Justicialista y Mónica Schlotthauer, de Izquierda Socialista. Al cierre de esta nota, desde la Campaña continuaban recolectando apoyos al proyecto. El año pasado lograron un récord: 71 avales.

 

¿Por qué el 28 de mayo?

Además de ser el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple 14 años y, además, fue un 28 de mayo de 2007 cuando se presentó por primera vez el proyecto.

 

¿Qué dice el nuevo proyecto?

Se trata de un nuevo texto que, en 20 artículos, plantea algunas modificaciones en relación al anterior que consiguió media sanción. La propuesta fue aprobada durante una asamblea plenaria realizada en marzo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que concurrieron 190 representantes de todas las provincias después de 4 meses de trabajo de la comisión redactora que recogió discusiones territoriales en todo el país y sumó los los aportes de las distintas regionales que componen la Campaña.

“En el marco de las elecciones a realizarse este 2019 se exige a los y las candidatas expedirse respecto de la legislación del aborto voluntario”, expresó la Campaña en un comunicado de prensa.

La iniciativa despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. En estos casos, se debe garantizar en el sistema de salud, público, privado y de obras sociales. Las prestaciones deberán estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio. La práctica debe garantizarse dentro de los cinco días de requerida.

 

¿Qué no se incluyó esta vez en la propuesta ley?

La causal “graves malformaciones fetales” fue eliminada de la propuesta legislativa a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.

 

¿Qué sumaron al texto?

El nuevo texto incorpora la definición de “persona gestante”. Y suma, en su artículo 7, “asesorías”, para las personas que pidan al momento de reclamar un aborto un espacio de información objetiva y precisa sobre la práctica. Recoge, de alguna manera, la idea de “consejerías” que estaba presente en la media sanción.

La propuesta pone el acento sobre el acceso a la información y la dimensión intercultural. En el caso de que la mujer o persona gestante que quiere abortar hablara una lengua diferente, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de respeto por la interculturalidad.

También resalta, en uno de los artículos, la importancia de la Educación Sexual Integral, destacando la responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, para aplicarla y fortalecerla.

 

¿Y la objeción de conciencia?

La iniciativa no dice nada en relación a la objeción de conciencia.

 

¿Qué pasa con las niñas y adolescentes?

En relación a las personas menores de edad, si tienen menos de 13 años de edad, establece que se les deberá exigir su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno o una de sus progenitores o representante legal, si necesita un aborto. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, se presume que tienen la madurez suficiente para dar el consentimiento requerido. Pero la propuesta de la Campaña agrega que cuando esté en riesgo la integridad o la vida, por una condición preexistente, deberá acompañar el consentimiento al menos uno de sus progenitores.

 

¿Qué dice la legislación actual?

Aunque la interrupción del embarazo es legal bajo el sistema de causales desde 1921 y en 2012 el máximo tribunal del país ratificó los abortos legales por causales, esta normativa no se cumple por igual en todas las provincias del país. La última historia resonante tiene un nombre de fantasía para proteger su identidad: Lucía. Se trata de una niña de 11 años embarazada por una violación que fue obligada a parir en Tucumán después de pasar 15 días retenida en el Hospital del Este en febrero. Médicos, funcionarios y religiosos pusieron obstáculos entre el deseo de la niña que había dicho “quiero que me saquen lo que me puso adentro el viejo” y su derecho.  Todos lxs profesionales de la salud presentes el día de la cesárea se declararon objetorxs de conciencia, por lo que tuvieron que buscar a dos médicxs de fuera del sistema público. Hoy se encuentran denunciados por “homicidio” por un grupo de antiderechos. Los acusan por la muerte de la neonata ocurrida a los pocos días de la cesárea.

La clandestinidad, también, se traduce en femicidios de Estado. Desde el regreso de la democracia en Argentina hasta 2016 murieron 3.040 mujeres por abortos inseguros.

El debate sobre el aborto vuelve con fuerza a la agenda política en un contexto marcado por la crisis económica y el retroceso en materia de acceso a la salud pública y una avanzada reaccionaria de los grupos antiderechos. El gobierno de Mauricio Macri convirtió al Ministerio de Salud en Secretaria. A su vez, la inflación también repercute en los precios de los medicamentos para aborto farmacológico, por ejemplo. En 2014, la caja de 16 comprimidos de Oxaprost formaba parte de Precios Cuidados, con un precio sugerido de $452, el equivalente a 56 dólares. Hoy esa misma caja cuesta $5875,97.

La posibilidad de dar una respuesta política que permita salir de una situación injusta que se mantiene casi intacta desde 1921 estará en manos de los y las legisladores a partir del 28 de mayo cuando se presente el proyecto.

 

 

 

 

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