Un amigo de oro

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, quien no se excusa y vota en causas de los clientes del estudio que compartió con el abogado Gabriel Bouzat, tiene también relaciones de negocios que llegan hasta el presidente Maurizio Macrì y su socio brasileño, Marcelo Odebrecht. Ellas lo convierten en un amigo de oro del presidente.

 

Las sociedades

Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión, uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

En 2011, el Blackwood Group informaba que sus integrantes eran:

• la constructora brasileña Odebrecht;
• Sofinter, un grupo de empresas especializadas en el sector de generación de energía;
• Sideco Americana;
• Grupo Galileo, de tecnología en gas natural comprimido;
• Minera Geometales, que realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
• Litsa SA, especializada en la construcción operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía.
• Civilia Engenharia LTDA, que administra rutas en Brasil;
• Qualix SA Environmental Services, de recolección y tratamiento de residuos.

Todos esos socios de Odebrecht (salvo quizás Sofinter), forman o formaron parte del Grupo Macrì y una de esas empresas, Minera Geometales fue beneficiada con una decisión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tal vez por eso se permite poner en duda la candidatura de Macrì sin caer fulminado por las invectivas de Elisa Carrió y los trolls de Marcos Peña Braun.

 

Geometales y Oromin

Una de esas empresas, Minera Geometales, fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macrì, a quien su primogénito pronunció corrupto diez días después de su muerte. En 2016 inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes.

En cuanto asumió la presidencia Maurizio Macrì se apresuró a ponerlos en venta. Sería útil saber quién los adquirió. Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia. Despiadados para los negocios, pero sin perder la ternura.

En 2014, el gobierno mendocino de Paco Pérez, cuyo valedor nacional era Diego Bossio, le quitó a los Macrì por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca, en el distrito minero 2, de Malargüe. La razón fue una serie de incumplimientos como los que acostumbra el Grupo Macrì, entre ellos la omisión de denunciar el descubrimiento. Minera Geometales explora pero no explota los yacimientos. Los descubre y los vende a otras firmas.

Su apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida, cuando Macrì ya daba exhibiciones de baile desde el balcón de la calle Balcarce y Rosenkrantz lo representaba en la Corte. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.

Pulisich es el eslabón perdido entre Macrì y Rosenkrantz. Cuando Macrì lo designó como comisionado del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz entregó una lista parcial de los clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá.

 

 

La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema. Esa grosería fue corregida por el Enmendero Principal del Gobierno, Micky Vanilla, quien como jefe del bloque mayoritario en el Senado hizo saber que si no se seguía el procedimiento constitucional, ni Rosenkrantz ni Horacio Rosatti, creado juez en la misma lechigada judicial, podrían sentarse en el salón de acuerdos de la República Autónoma del Cuarto Piso . Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía.

 

Y la Barrick también

El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold.

Además de Barrick Exploraciones Argentinas SA, también lítiga Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. El Otro de la carátula es la provincia de San Juan, que durante la gobernación de José Luis Gioja también pidió la inconstitucionalidad de la ley protectora. Por eso es un caso federal y la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad.

El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó. Poco después la Barrick presentó una ampliación de fundamentos (cosa que no sería admisible en un recurso extraordinario o de queja). En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos.

 

 

En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados.

 

De barro

Rosenkrantz fue quien avisó a los medios y al gobierno que los otros cuatro miembros de la Corte habían acordado solicitar al Tribunal Oral Federal 2 el expediente de la causa Vialidad, en la que se acusa a la ex presidente CFK. Lo hizo por medio de su desmesurado colaborador Federico Morgenstern. La desembozada presión del propio Presidente, del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Justicia sobre la Corte Suprema de Justicia, en declaraciones personales de cada uno de ellos respecto de una presunta impunidad, sumada al alud de barro periodístico arrojado sobre el tribunal, disuadió al TOF 2 de postergar el comienzo del debate público fijado para el martes 21, motivó el comunicado más confuso difundido en un siglo por la Corte Suprema (amen del blooper de su publicación inicial en borrador, que es un pecado menor), y dejó abiertas todas las posibilidades.

Otro que por correr tan de prisa llegó desnudo a la meta fijada por Macrì fue el procurador fiscal a cargo en forma interina del Ministerio Público, Eduardo Casal, quien hizo algo sin precedentes. En apenas una línea, sin tener el expediente a la vista ni haber recibido una solicitud de opinión por parte de la Corte, se dirigió al tribunal para solicitar, en apenas una línea, que no suspendiera la iniciación del juicio contra Cristina.

 

 

Militantes peronistas plantearon una movilización sobre los tribunales para acompañar a Cristina el martes 21, pero ella los desalentó. “Ya fuimos una vez a Comodoro Py. No vamos a levantarle el precio a esta jugada, con la que intentan distraer la atención de los graves problemas que padece el país”, dijo. El gobierno tendrá la foto que anhela y comprobará que no amengua en nada el repudio generalizado a sus políticas. Al día siguiente Macrì estará más débil, mientras el Peornismo Federal y la UCR seguirán sondeando la posibilidad de repetir una fórmula conjunta, invocando el Perón-Balbín que no fue en 1973 y olvidando las dos fórmulas mixtas que fracasaron: Cristina-Cobos y Lavagna-Morales, ambas en 2007. Una se impuso pero resultó no positiva, la segunda ocupó una cómoda tercera posición, muy al estilo PRO actual.

Pero más allá de las palabras, el mero hecho de haber solicitado los autos implica que el tribunal consideró consistentes las alegaciones de la defensa de la ex Presidente y de los demás procesados. Si la Corte, luego de iniciadas las audiencias, decidiera abrir la queja, con efecto suspensivo, el debate debería interrumpirse hasta que el tribunal se pronunciara.

No se formularon objeciones menores:

• Cristina es juzgada por la obra pública en Santa Cruz, cuando no era funcionaria provincial. Con ese criterio, quien presida la Nación será responsable de cada acto que realice hasta el último funcionario;
• Durante la instrucción, el juez Julián Ercolini de Kenny no aceptó peritar ni una de las 51 obras realizadas por Lázaro Báez en Santa Cruz, sobre un total de 83, como pidió la defensa.
• Ya este año, el Tribunal Oral aceptó auditar cinco licitaciones, elegidas ni siquiera al azar sino de acuerdo a la discreción del juez y los fiscales, allí donde creen que les será más fácil probar alguna infracción.
• Tampoco se aceptó comparar esas obras con las realizadas por otros contratistas del Estado. Por un lado se afirma que las empresas de Báez obtuvieron un tratamiento preferencial, por otro el Tribunal Oral rechaza cualquier medida de prueba que permita controvertirlo.
• El Tribunal Oral sólo admitió el 20% de la prueba ofrecida, rechazó decenas de medidas fundamentales propuestas por la defensa, en particular aquellos puntos a peritar, fundamentales para conocer la verdad de los hechos enjuiciados, por ejemplo si las obras investigadas presentan o no deficiencias constructivas;
• “Aunque cueste creerlo, una prueba de descargo esencial reclamada por mi parte será producida por uno de los acusadores (el Poder Ejecutivo, que es querellante en la causa a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera) , sin que las defensas cuenten siquiera con la posibilidad de controlar el desarrollo de esa experticia, como lo prevé expresamente la ley procesal”.

El Tribunal Oral resolvió que esos cinco estudios periciales no podrán evaluar:

• Si las eventuales demoras advertidas en la finalización de las obras asignadas a las empresas de Báez son similares a las constatadas en otras jurisdicciones del país;
• Si los pagos recibidos por las empresas constructoras de Báez son congruentes con los precios de plaza y con los efectuados en licitaciones similares realizadas en otras provincias;
• Si la supuesta práctica de cotizar por encima del 20% de los presupuestos oficiales era una característica exclusiva de las obras asignadas a las empresas de Báez o si esta supuesta actividad irregular también se daba en otras provincias de la Argentina.

En consecuencia, concluye Beraldi, “aquí no se desarrollará un verdadero juicio ante la ausencia de pruebas básicas, elementales y dirimentes para la suerte del pleito”.

 

Con ayuda de un filósofo

Si por encima de los apasionados alineamientos políticos de estos años, alguien opuesto a mis opiniones leyera estas líneas, lo invito a ponerse una mano en el corazón y responderse a sí mismo, sin contármelo a mí o a otros repulsivos kirchneristas, si no se justifica una revisión del tribunal superior desde el punto de vista de los derechos y garantías básicas de un sistema que merezca el nombre de judicial.

Tal vez lo ayude la opinión de un conocido filósofo del derecho, que al hablar ante la conferencia sobre delitos transnacionales de la Asociación Internacional de Abogados dijo que “hay que ser extremadamente cuidadoso con la tentación de establecer excepciones, ni siquiera cuando pueda pensarse que dichas excepciones son necesarias para la realización de objetivos colectivos valiosos como, por ejemplo, incrementar la seguridad o disminuir el daño que puede causar la comisión de ciertos delitos", ya que aunque esas excepciones fueran supuestamente justificadas "está siempre latente la tendencia peligrosa de poner al otro en el lugar del enemigo, de alguien que no cuenta y que, por ello, no merece el mismo trato”. Quien el viernes suscribió este razonamiento se llama Carlos Fernando Rosenkrantz.

O repite sin entender conceptos ajenos (de Luigi Ferrajoli, por ejemplo) o tiene dosis elevadas de macrismo en sangre.

 

La minoría automática

Las publicaciones sobre el rol de Rosenkrantz como juez y parte, realizadas aquí y por Irina Hauser en el diario Página/12, han sembrado preocupación en el estudio y entre sus clientes, por temor a verse expuestos en casos de corrupción que tienen además un costado político. Rosenkrantz ha logrado convertirse en la minoría automática de la Corte Suprema que nominalmente preside, pero donde ha perdido todo poder de decisión. En algunos casos la antipatía fue inmediata. Es el caso del juez cordobés Juan Carlos Maqueda, que no ha hecho en su vida otra cosa que servicio público, en los tres poderes de su provincia, en la Convención Reformadora de la Constitución y en la Corte Suprema. El Pato Maqueda se indignó el primer día, cuando Rosenkrantz preguntó cuál era el sueldo de bolsillo y al saberlo se lamentó por cuánto dinero perdería. También se le atragantó a Rosatti, un constitucionalista y profesor que tuvo como clientes principalmente a municipios y universidades, estatales y privadas.

La odiosidad de Lorenzetti con Rosenkrantz tiene menos que ver con valores e ideas.

Estos sentimientos se intensificaron cuando Rosenkrantz dijo que la referencia para el sueldo de un ministro de la Corte debía ser la de un abogado de un gran estudio y se renovó con su descargo ante Irina Hauser cuando adujo que si debiera excusarse en todas las causas de quienes fueron sus clientes, “el universo de causas en que podría decidir sería irrazonablemente acotado. Por ejemplo, bastaría haber sido abogado del Estado Nacional para no poder intervenir nunca más en causas donde el Estado es parte" (sic). Es ostensible que no percibe la diferencia entre representar a una gran empresa que litiga contra el Estado o a la organización política del interés general. Tal vez porque cuando su cliente fue el Estado (la provincia de Santa Fe, en tres casos impositivos, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP) lo logró en sociedad con otro radical de los más progresistas, como Ricardo Gil Lavedra. Fue por contratación directa, pese a que la Fiscalía de Estado tenia 150 abogados, y con la expectativa de obtener un porcentaje sobre los 60.000 millones de pesos en juego, cuestión que está por resolver la propia Corte. Según el concejal justicialista de Santa Fe Eduardo Toniolli, por la ley 21839 esos honorarios deberían fijarse entre 11 y 20 % del monto del proceso. Esto quiere decir entre 6.600 y 12.000 millones de pesos, algo inconcebible en este momento del país, que difícilmente el resto de la Corte dejaría pasar, si el cálculo de Toniolli fuera el correcto.

La página web del estudio ya no dice Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, sino BRYAS, que es su sigla, e incluye la foto del juez, informando a los clientes que ahora es juez de la Corte Suprema, como un argumento persuasivo de venta. Esta falta de recato y pudor es calificada por la Real Academia de la Lengua como impudicia.

 

El Código Iberoamericano de Ética Judicial define la imparcialidad del juez en estos términos:  “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. Igual que Rosenkrantz, pero al revés.

 

Otra Mega Causa

Para el presidente de la Corte ni su amistad íntima con el director de YPF, Fabián Rodríguez Simón, ni el encuentro en la boda de la hija de su amigo con el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, fueron motivos para inhibirse en varios casos que conciernen a la compañía, algunos ya expuestos aquí. Pero la semana pasada, un nuevo episodio revolucionó a la República Autónoma del Cuarto Piso, con la causa de la compañía Mega contra la AFIP por cobro de impuestos. Mega es una empresa constituida por YPF (que, con el 38%, es su accionista principal), Petrobras y Dow Argentina.

 

 

Según su página institucional, su negocio es “agregar valor al gas natural a través de la separación y el fraccionamiento de sus componentes ricos. Recupera el etano, que constituye una de las principales materias primas de la industria petroquímica argentina, y aprovecha el resto de los componentes líquidos (propano, butano y gasolina natural) para otros mercados”. Fue uno de los expedientes más complicados en la Corte, porque los cinco jueces no se ponían de acuerdo y debieron recurrir al inusual método de resolver por cuestiones, de a una, al modo del antiguo Código de Justicia Militar.

El lunes 13 de mayo, el secretario Gustavo Naveira informó que ya estaban los votos listos y que se llevarían al día siguiente al acuerdo. Pero antes de comenzar, Rosenkrantz envió a su principal letrado, Sebastián Elías, a informar que retiraba su voto de la causa en la que había fallado en soledad en favor de la empresa de YPF y en contra del fisco. El borrador ya estaba firmado por todos los ministros.

El 31 de julio del año pasado murió Noemí González Hayes, la madre de Rosenkrantz. El diario La Nación publicó una dolorida participación de Alejandro y Bettina Bulgheroni quienes “acompañan a Carlos y familia en este triste momento, elevando una oración a su memoria”.

 

 

Es otra razón por la que Rosenkrantz debió haberse excusado en la causa ESSO (hoy Axion, de los Bulgheroni) vs Municipalidad de Quilmes, antes de pedir los autos y su remisión a la Procuración General.

 

 

 

 

 

 

 

 

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