Finalmente llegó el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en rigor no es un préstamo sino un programa de “ayuda” a la economía argentina, junto con las condiciones que inevitablemente impone el organismo. 50 mil millones de dólares a cambio de devaluación del tipo de cambio, reducción del déficit fiscal por ajuste del gasto público, recesión económica para reducir el déficit de cuenta corriente, pérdida de poder adquisitivo del salario por vía del aumento sostenido de la inflación, reforma previsional, traslado del ajuste a las provincias, aumento de tarifas de servicios públicos y del transporte, entre otras medidas.
Es evidente que el FMI es el mismo de siempre, por más que se intente presentar su “sensibilidad social” mediante la política de “comedores para todos”, como pidió en Clarín (26/5) Miguel Ángel Broda, para quien deberían estar “abiertos 7 días por 24 horas”.
Otras notas en este mismo medio explican de una manera mucho mejor la fragilidad del escenario económico que se abre, redactadas por otros viajeros y viajeras a la luna, que vemos cada vez con más ilusión el paisaje de cráteres y cielos estrellados, comparados con la Argentina de Macri. Ahora bien: ¿es viable política y socialmente este escenario?
El “gran acuerdo nacional”
El gobierno aspira a profundizar el ajuste este año, con la esperanza de que el año próximo pueda impulsar un rebote suficiente como para financiar la reelección, a costa de más y más endeudamiento externo.
Sin embargo es inviable este plan sin un acuerdo con los representantes del “peronismo racional” en el Congreso, en las gobernaciones y en la CGT.
Por esa razón desde un principio Macri convocó a todos estos sectores a un “gran acuerdo nacional”, y los principales integrantes de Cambiemos comenzaron a trabajar para intentar recomponer lazos con el todavía senador Pichetto, con el gobernador saliente de Salta Urtubey, con el ex diputado Massa y con el agonizante triunvirato de la CGT. Encuentros en Casa Rosada, reuniones en restaurantes reservados, viajes a las provincias del NOA, se suceden las iniciativas con desesperación, buscando socios para un plan al que cuesta encontrarle los beneficios.
Por esa razón el primer resultado de este intento de acuerdo fue un revés contundente, con la aprobación en el Congreso de la ley que ofrecía un paliativo frente al tarifazo y el veto presidencial posterior.
El gobierno se encontró con el obstáculo de que, en este contexto de crisis, los diputados y senadores del peronismo “opoficialista” consideraron más “racional” priorizar su propia supervivencia que ponerse al servicio del gobierno tomando distancia de las “locuras” de Cristina.
Ahora la discusión se da en el terreno gremial, donde el triunvirato de la CGT fue puesto ante una disyuntiva similar. O bien aceptar una ilusoria recomposición salarial a cambio de acordar con el gobierno el levantamiento del paro general, o seguir el rumbo marcado por el reagrupamiento del sindicalismo opositor, que ya puso la fecha del 14 de junio.
El escenario político tiende a sostener y retroalimentar la polarización que lo caracteriza. En este contexto todo conduce a imaginar un 2019 donde exista una fuerte confrontación entre dos propuestas. Lo cual es ante todo un dato positivo, una expresión de la correlación de fuerzas sociales que existen, y un testimonio de que la ofensiva neoliberal, con toda la fuerza que tiene detrás, no consiguió hasta ahora quebrar la resistencia popular. Esto implica que para el peronismo racional se achica el margen de maniobra.
También se agudiza la preocupación para el establishment económico, cuya consigna unificadora es impedir el regreso de un gobierno populista. ¿Sostener a Cambiemos a toda costa? ¿Apostar a una vía “menemista” al poder, mediante la instalación de un candidato peronista que no diga nada de lo que realmente va a hacer después? ¿La esperanza mágica en un outsider que pueda amplificar la avenida del medio para poner al país a bailar por un sueño?
El 2019 de las fuerzas populares
El panorama muestra seis meses por delante caracterizados por un alza del conflicto social, con el horizonte amenazante de diciembre. Es difícil imaginar otro tipo de escenario teniendo en cuenta el reagrupamiento del sindicalismo opositor, la consolidación de las organizaciones de la economía popular, la persistencia de los organismos de derechos humanos y la irrupción de la ola feminista
Del mismo modo, también es difícil evitar pensar en un recrudecimiento de las respuestas represivas del gobierno, para las que se viene preparando el terreno hace tiempo. No solamente en función de sus efectos inmediatos para impedir la protesta social frente al ajuste, sino también porque el gobierno puede encontrarle un rédito electoral a la represión como canalización reaccionaria del reclamo de orden, frente al desorden generalizado creado por sus propias políticas.
Toda esta situación redobla la presión sobre las fuerzas populares para unirse. En el contexto político actual, siendo realistas, unirse para confrontar con el neoliberalismo equivale a reagruparse en torno del principal liderazgo opositor existente, el de CFK. No se trata de imaginar subordinaciones imposibles ni renunciamientos inviables de los distintos sectores sociales, gremiales y políticos llamados a integrar un espacio unitario de esas características. Pero otra cosa es ingenuidad o intenciones non sanctas.
Sin embargo el desafío no termina en la formación de un frente electoral, sino en la construcción de un proyecto de país con el que se pueda gobernar en este contexto. Porque incluso en el caso de que pudiera ganar las elecciones en 2019, lo que implicaría haber podido transitar meses de intensa polarización política y social -¿cuántos miles de millones de dólares podrían irse del país en pocos meses ante un escenario incierto frente al resultado electoral?-, deberá afrontar el desafío de tomar medidas de gobierno que inevitablemente conducirán a un choque con el FMI y con distintos sectores del poder económico local, por lo que requerirán un respaldo social activo.
Como en el año 2001, estos desafíos van a poner a prueba la capacidad política de las fuerzas populares. Diecisiete años después, con mucha mayor madurez, aunque con resultado abierto.
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