Un acuerdo grano a grano

 

“No queremos sabotear el paro ni somos temerosos de que lo lleven adelante. Lo que estamos pensando para la cadena del maíz es independiente de la medida de fuerza que pretenden hacer”. En las últimas horas, el Gobierno nacional avanzó en sus negociaciones con los integrantes del Consejo Agroindustrial para garantizarse no sólo una mayor oferta de granos para el mercado interno sino a un mejor precio con el objetivo de bajar los costos en la producción de carne, cadena que utiliza este insumo para la generación de proteína animal.

“Queremos que quede establecido sobre un papel que la materia prima será suficiente para toda la cadena que necesita del maíz”, enfatizan desde la Casa Rosada. Esto quiere decir que en dicha acta acuerdo no sólo se diga que hay suficiente grano para el mercado interno, sino que se garantice su existencia en el largo plazo. El viernes, el Gobierno nacional agregó un nuevo horizonte: que se baje el precio para el consumo interno. Desde el Consejo Agroindustrial ven con dificultad esta reducción, porque necesariamente debería involucrar a los productores que siguen sosteniendo su medida de fuerza que se iniciará este lunes.

En el Gobierno aplican un híper pragmatismo. La apertura o cierre de exportaciones dentro de un sector que necesita sí o sí de volúmenes específicos para el abastecimiento interno es una prerrogativa oficial. En última instancia, el stock de maíz repercutirá en el precio de la carne, botín que los ganaderos sólo quieren para la exportación sin que les importe demasiado cuánto se paga el asado en el mostrador.

“Ahora saben que podemos cerrar y abrir”, vuelen a remarcar desde el Poder Ejecutivo. El objetivo final de las negociaciones –que continuaron durante todo el fin de semana– es que haya una oferta suficiente de maíz y a un mejor precio. Los instrumentos para conseguirlo varían en el fragor de las conversaciones.

 

Negociaciones

Hubo un primer acta acuerdo que comenzó a circularse el 6 de enero. Allí se hablaba de garantizar más de 10 millones de toneladas de maíz para el consumo interno en la campaña 2020-2021 (cuando las necesidades suelen ser del doble).

“Toda solución deberá contemplar la crisis económica y social que estamos atravesando”, sostuvieron desde el CAA en el documento que circularon. Pero no era suficiente. El Gobierno solicitó mejorar el precio para el mercado interno. Es lógico, si se piensa que uno de los objetivos centrales de la política económica es controlar la inflación.

El acta acuerdo con el nuevo pedido del Gobierno volvió a circularse el mismo sábado. “Ahora también se observa cómo se tensa la soga”, analizan desde el Gobierno.

Dentro del Consejo Agroindustrial hay 53 cámaras empresarias. También lo integran la Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina y Coninagro. Las tres forman parte de la Mesa de Enlace. Pero sólo las dos primeras decidieron avanzar en un lockout patronal en respuesta al “intervencionismo estatal”, junto a la Sociedad Rural Argentina que permanece por fuera del CAA. La SRA habla a través del Foro de Convergencia Empresarial.

“Los efectos adversos de estas medidas ya se experimentaron en el pasado: disminución del área sembrada de los cultivos cuya exportación está prohibida o limitada, pérdida de cabezas de ganado en los rodeos y pérdida de mercados de exportación”, sostuvieron desde las empresas del establishment nucleadas en este foro. El texto difundido es una diatriba de la patronal más contestataria.

Rentabilidades

La decisión de tres entidades del sector agropecuario (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y CRA) de realizar un lockout patronal por 3 días nada tiene que ver con la situación de rentabilidad de las empresas exportadoras ni productores de maíz, cuyos márgenes de ganancias resultaron ampliamente superiores en comparación a la campaña anterior.

El lockout es llevado adelante por el mismo sector cuyos representados tienen la capacidad de almacenar parte de su cosecha y no liquidar divisas con el objetivo de presionar, a través del mercado de cambio, al Gobierno nacional.

“Los productores que quieran vender, pueden hacerlo. No ha habido cambios en el mercado”, manifestó un funcionario que sigue en detalle las negociaciones con la CAA.

Según la publicación Márgenes Agropecuarios, el rendimiento en la zona núcleo para esta campaña (2019/2020) llega a 95 quintales por hectárea. El margen bruto de ganancia (el saldo entre precios internacionales descontado impuestos y costos de cosecha) fue de 877 dólares por hectárea. Es decir, un 73,7 por ciento por encima de la campaña anterior (2018/19).

La producción de maíz viene creciendo todos los años. La actual cosecha superó, incluso, a la producción de soja: en el período 2017/2018 se produjeron 43.462.323 toneladas de maíz, mientras que para el actual período fueron 58.395.811 toneladas. Es decir, un 34 por ciento más. La actual campaña de soja arrojó un resultado de 48,7 millones de toneladas. Pero con el valor internacional de la oleaginosa por estas horas, cerca de los 500 dólares, probablemente en la nueva campaña haya más superficie de soja.

El consumo interno, básicamente destinado a la alimentación animal, demanda 20 millones de toneladas, aproximadamente. Teniendo en cuenta este cálculo, el saldo exportable es de 38 millones de toneladas. De este total, ya se exportaron 34.

Concentración

Como en todo el sector agroexportador, la concentración es un factor estructural. Los que manejan el juego son un puñado de empresas, muchas de ellas con representación dentro de CAA. Las sociedades que forman parte de esta entidad tampoco son ajenas a los comportamientos de los grandes productores. Es decir, no hay una escisión de voluntades. Todos los jugadores del sector están íntegramente relacionados.

Solamente 10 sociedades concentran la casi totalidad de las ventas al exterior del maíz, algunas de las cuales fueron intimadas por el Banco Central por los “retrasos significativos” en la liquidación de divisas entre septiembre y octubre del año pasado (AGD, Bunge, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno y Vicentin), tal como publicó el Cohete.

El ranking de las exportadoras de maíz, con datos de la cosecha 2019, está compuesto por las siguientes compañías, con valores expresado en toneladas:

• COFCO: 5.882.208
• ADM Agro: 6.352.845
• Cargill: 5.512.202
• Bunge: 3.338.509
• Dreyfus: 2.784.863
• AGD: 2.946.223
• ACA (Coninagro): 1.768.261
• Vicentin: 2.408.673
• Oleaginosa Moreno: 1.040.936
• Molinos Agro: 1.388.141

Las retenciones al maíz quedaron a principio del 2020 en un 12 por ciento para los granos mientras que para las harinas de maíz se redujeron del 9 al 5 por ciento, en el marco de un conjunto de medidas para favorecer a las economías regionales. También se estableció un diferencial para los aceites.

Al inicio del Gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández tomó la decisión de aumentar tres puntos las retenciones a la soja pero estableció un mecanismo de compensaciones a pequeños y medianos jugadores, que abarcó al 74 por ciento de los productores de la oleaginosa. La Mesa de Enlace se opuso a la segmentación, a excepción de la Federación Agraria.

La semana pasada, el Gobierno volvió a reducir los derechos de exportación para varios productos de las economías regionales de todo el país. Las cadenas alcanzadas por el nuevo arancel del 0 por ciento fueron la carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, esparrago), hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca.

También la producción de frutos secos, frutas tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especies, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos. Aquí el decreto. La Mesa de Enlace, ni mú.

 

El argumento oficial

La suspensión de las exportaciones de maíz por dos meses se justificó en el hecho fáctico de que los meses previos al inicio de la nueva cosecha (enero y febrero) son los más sensibles en cuanto al abastecimiento. Es decir, se tomó la decisión ante la posibilidad del incremento de precio internacional del maíz, que a su vez presiona sobre los costos de producción de los diferentes tipos de carnes y otros alimentos. El resultado sería el encarecimiento de la canasta básica de alimentos.

La decisión del Ministerio de Agricultura, que conduce Luis Basterra, fue dejar disponible para estas actividades 4 millones de toneladas de maíz, que representan aproximadamente un 20 por ciento del consumo interno del cereal. El objetivo fue aumentar la oferta para quitarle presión a la demanda.

“Queremos que haya una garantía por escrito de que habrá stock suficiente para el mercado interno. Como dice (Martín) Guzmán, hay que buscar instrumentos que den consistencia en el largo plazo”, sostuvieron desde Agricultura. La mención al ministro de Economía no es casual. En el equipo económico prima la lógica del híper pragmatismo aunque eso implique por momentos concesiones más ortodoxas o una marcha atrás con medidas dentro de una negociación por demás compleja.

Acta acuerdo

“El acuerdo estaba casi cerrado el jueves, eso quizás hubiera desactivado la medida de fuerza de los productores. Pero después nos dijeron desde Gobierno que lo conversado no era suficiente. Y ahí se empezó a dialogar sobre una suerte de subsidio privado para bajar el precio interno. Esto se discutirá durante el fin de semana. Pero es difícil porque nadie quiere perder plata. Lo más probable es que el paro se haga”, afirman desde el Consejo Agroindustrial.

“Los sectores participantes se comprometen a realizar los mejores esfuerzos en trabajar, todos juntos, en buscar alternativas para atender las necesidades de los sectores de la demanda para el consumo interno así como mitigar efectos de cambios bruscos en precios internacionales que impactan en el consumo y promover facilidades en el acceso a financiamiento”, escribieron desde CAA.

La propuesta de los privados incluía una cobertura en el mercado a término de compras de maíz para garantizar stock durante todo el año; líneas de financiamiento especial para que la demanda tuviera capital de trabajo para afrontar esas coberturas; y la utilización de aportes fiscales que excedieran lo presupuestado para 2021.

El sector cree que habrá una mayor recaudación por retenciones debido al aumento internacional de precios y que podría utilizarse un 25 por ciento de ese excedente en la creación de un Fondo de estímulo para el sector.

Esto es lo que sostenía el acuerdo cerrado el miércoles pasado. Relectura de por medio, el Gobierno les exigió “bajar los precios internos ya”.

Reglas de juego

El lockout probablemente ocurra. Aunque será inocuo en términos de producción y rentabilidad para el sector. ¿Simbólico? Quizás. “No es momento para un paro. Sí para reclamar que las medidas intervencionistas no son las adecuadas. Hay un marco social muy complejo y queremos, a través del diálogo, encontrar alternativas para mejorar la competitividad, la producción y la generación de trabajo. No creemos que un problema agrario se solucione con otro conflicto”, sostuvo Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro.

También es probable que se llegue a un acuerdo con el CAA. Una pregunta necesaria podría ser cómo y quién establece las bases del diálogo que se exige desde diferentes ámbitos.

El sector agroindustrial está altamente concentrado. En septiembre consiguieron una reducción temporal de retenciones a la soja y un diferencial para la industria a cambio de adelantar la liquidación de retenciones. No sucedió. Ahora le solicitan al Gobierno mecanismos de financiamiento y apalancamiento para aumentar stock para consumo interno de maíz.

Quizás lo más novedoso sea que los formadores de precios reconocieron las tensiones entre la cotización internacional de las materias primas y lo que se paga localmente. ¿Ese diálogo no debía incluir una regulación estructural para que los millones de consumidores argentinos dejen de estar presos de estas tensiones que suelen beneficiar al sector privado?

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