Un 24 distinto

 

No habrá marcha para recordar un nuevo aniversario del golpe de Estado. La pandemia de coronavirus dejó esa comunión plebeya con la memoria para más adelante. Pero el avance del Covid-19 presenta otro dilema: la salida de los genocidas de las cárceles.

Hasta el sábado, los tribunales del país habían recibido más de 55 pedidos de represores, según los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Entre los que pidieron salir por la pandemia están el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y algunos de los integrantes de la patota de la ESMA como Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Antonio Pernías y Carlos Capdevila –  el Tommy, uno de los médicos que atendían los partos en el campo de concentración.  También pidió que lo saquen de la Unidad 34 de Campo de Mayo el recientemente llegado Mario Alfredo Churrasco Sandoval, extraditado desde Francia en diciembre último.

Los pedidos se apilan. Hasta ahora, los tribunales concedieron siete domiciliarias para represores de Mendoza (una no se hará efectiva porque la rechazó otro juzgado) y tres para represores procesados por crímenes en La Plata.

Los pedidos rechazados suman seis: dos en Mar del Plata, uno en San Martín y tres en Córdoba – uno de los cuales había sido presentado por Mirta Graciela Cuca Antón. En Córdoba le concedieron un arresto domiciliario al represor Carlos Yanicelli, pero no fue invocando la pandemia y no se hará efectivo por estar a disposición de otro juzgado.

 

 

Los que sí

El juzgado de Ernesto Kreplak en La Plata recibió el martes un correo desde la cuenta institucional de la Unidad 34 de Campo de Mayo. Era un pedido de domiciliaria que firmaba el ex policía Walter Omar Ale, procesado en diciembre último por el asesinato del militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Horacio Benavides en pleno centro platense en 1976.

Kreplak accedió a la salida de la cárcel de Ale junto con dos de sus camaradas, Ramón Velazco y Juan Nazareno Risso. No consultó con la fiscalía, que ya pidió que se revise la resolución. Pero el juez aclaró que era una decisión provisoria.

En Mendoza, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 también sostuvo que las domiciliarias eran de carácter provisorio, pero además pidió que se los vigilara con dispositivos electrónicos. En el caso del represor Vicente Navarro Moyano, además, dispuso custodia de la Gendarmería Nacional porque hasta hace dos meses estuvo prófugo.

 

 

Los que no

La secretaria del TOF de Mar del Plata Luciana Mercedes Flotta llamó por teléfono al juez Luis Imas cuando entró un pedido de domiciliaria de Marcelo Durquet, condenado por los crímenes de la CNU en la ciudad costera. El magistrado no estaba en Mar del Plata, pero le contestó que había que atenerse al último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297, que disponía la cuarentena hasta el 31 de marzo y le ordenó rechazar in limine el pedido del represor.

La solución fue la misma cuando ingresó la solicitud de Raúl Ángel Córdoba, uno de los represores juzgados por los crímenes en el centro clandestino de Monte Peloni en Olavarría.

En Córdoba, los jueces Carolina Prado y Julián Falucci denegaron los pedidos de Miguel Ángel Gómez, José López y la Cuca Antón porque no pudieron acreditar que exista el riesgo, ya que no se detectó ningún caso dentro de las cárceles federales – aunque aclararon que podrán revisar la situación si la coyuntura cambia.

Una suerte parecida corrió Marcelo Cinto Cortaux, uno de los represores que está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Contraofensiva montonera. Cinto Cortaux fue jefe de la Sección Primera de Ejecución del Departamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Estuvo prófugo hasta 2017. Los integrantes del TOF 4 de San Martín –en sintonía con lo planteado por la fiscal Gabriela Sosti y el querellante Pablo Llonto– entendieron que no correspondía el arresto domiciliario. Pero pidieron que se extremen los recaudos en el penal de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva.

 

 

Las respuestas

El jueves, el Servicio Penitenciario Federal le informó al TOF 6 que estaban tomando todas las medidas para evitar el ingreso del coronavirus a las cárceles federales. Decía, sí, que por su edad y por las patologías que acarrea Etchecolatz es una de las personas vulnerables frente a la enfermedad, pero no presentaba ningún riesgo adicional.

La fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, evaluó como positivo el informe del Servicio Penitenciario. Se apuró para contestarle al TOF 6 que el defensor del genocida invocaba un temor potencial -- porque, por lo menos por ahora, no se detectó ningún caso en las cárceles -- y que, además, el aislamiento podía resultar beneficioso – en este caso.

Sugirió que se restrinjan las visitas o que sean sin contacto, que se eviten las actividades no esenciales en los penales y que sólo haya traslados para consultas médicos. También dijo que el SPF debe informar ante cualquier novedad para revisar la situación. La fiscal también pidió que el defensor explicara si, afuera de la cárcel, puede recibir la atención sanitaria que podría requerir, especialmente porque se prevé una saturación hospitalaria.

Ninguno de los tribunales orales de Comodoro Py respondió todavía a los planteos de los represores. El TOF 5, por ejemplo, pidió informes urgentes al Cuerpo Médico Forense para decidir sobre los pedidos de la patota de la ESMA. El TOF 1 espera un informe del Servicio Penitenciario en las próximas horas para resolver un planteo del ex agente de inteligencia Miguel Ángel Furci.

 

 

El difícil retorno

La posibilidad del regreso de los genocidas a sus casas explotó en el verano 2017-2018. El 27 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 le concedió la prisión domiciliaria a Etchecolatz, que partió raudo hacia una casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata para vivir con “Gracielita”, su esposa y fiadora.

Pero no sólo vivía junto a Gracielita. Vivía a un par de cuadras de Juan Miguel Wolk, el Nazi, uno de sus subordinados y responsables del centro clandestino que funcionó en el Pozo de Banfield, tristemente célebre como destino de los estudiantes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices. Justamente otra víctima de ese operativo tenía su casa cerca de Etchecolatz.

La tranquilidad del bosque desapareció con la presencia del lobo. Vecinos que tapiaban sus casas, otros que entraban en pánico, movilizaciones constantes y señalética que recordaba todos los crímenes que pesaban sobre la conciencia de Etchecolatz.

Fueron unas vacaciones breves para Etchecolatz. En feria, una sala de Casación –encabezada por el camarista Alejandro Slokar– le rechazó la excarcelación. En marzo de 2018, la Sala IV del máximo tribunal penal le revocó la domiciliaria y lo devolvió al Hospital Penitenciario de Ezeiza.

El mes pasado, esa misma sala –con una conformación distinta ahora– revocó las salidas transitorias concedidas a Eduardo Emilio Kalinec, el Doctor K en el centro clandestino Club Atlético. Kalinec fue condenado a prisión perpetua en 2010 y es repudiado por una de sus hijas, Analía, que se presentó ante los casadores para pedir que no dejaran salir a su padre. Lo hizo junto con sus compañeros del colectivo Historias Desobedientes.

Los tres integrantes de la sala, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, coincidieron en rechazar las salidas de Kalinec. Pero Hornos remarcó que estas decisiones tan complejas en casos de lesa humanidad no sólo involucran a las víctimas directas de los criminales, sino también a la sociedad en general –en la que quedó una “indeleble impresión”– sino que llega hasta los aspectos más íntimos de los vínculos humanos y familiares.

El regreso no solo sacude a la sociedad, hace temblar, en algunos casos, a las familias de los verdugos. Esa sensación quedó clara desde 2017 y ante la posibilidad de liberación anticipada de los represores por el 2x1 de la Corte Suprema.

 

 

 

Aislamientos

Los represores, en su gran mayoría, están aislados ya dentro del aislamiento de las cárceles. Según las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), son 76 los que están alojados en Campo de Mayo. Es una unidad que se reabrió a fines de 2016 para garantizarles ciertas comodidades a los presos por lesa.

Ese privilegio lo marcó la abogada Guadalupe Godoy en un escrito en el que pidió que se rechace el beneficio para dos represores platenses, Enrique Welsh y Carlos Leguizamón.

Dijo que están alojados en el pabellón B, por caso, de una capacidad real de 48 personas se encuentran alojadas 17, con celdas individuales, con visitas en espacio separado del espacio de alojamiento. Cuentan con un área de sanidad a disposición dentro del penal y en caso de urgencia, dentro del mismo predio, el Hospital Central de Campo de Mayo.

"A todas luces una situación privilegiada en relación a otras personas, en especial a la totalidad de las y los detenidos por delitos comunes en las cárceles federales", escribió Godoy en línea con información recabada por la fiscal Sosti.

 

 

Las cárceles

El posible egreso de los genocidas ante la expansión del coronavirus se discute al interior del movimiento de derechos humanos. Consideran que se trata de un grupo con capacidad de lobby y para quienes las domiciliarias han estado a la orden del día durante los últimos años— una situación muy distinta a la que viven el resto de los presos, incluso los ex funcionarios kirchneristas.

Desde 2016, la ecuación entre detenidos en cárceles y detenidos en sus casas se invirtió. Al 16 de marzo, eran 637 los genocidas en sus casas contra 195 que seguían en los penales -- según datos de la Procuración. Los números irán cambiando en estos días.

Un grupo de organismos –entre los que están Madres Línea Fundadora, Familiares, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) e HIJOS– opinó que los genocidas se estaban aprovechando del virus para consagrar otro tramo de impunidad.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) marcó, por su parte, que resultaba preocupante que antes de que se resolviera la situación de mujeres con niños, inmunodeprimidos o enfermos graves o terminales estén circulando en los juzgados las listas de genocidas a los que “hay que liberar”.

Lo cierto es que, en las cárceles, conviven todos: los condenados por los peores crímenes –como los de lesa humanidad– como personas que están en prisión preventiva por delitos menores. Incluso, como lo marcó la Casación Federal la semana pasada, hay niños y niñas menores de cuatro años privados de su libertad junto a sus madres.

La Red Nacional Contra la Tortura –que integran el CELS y ANDHES, entre otros— reclamó que un organismo o un comité de crisis monitoree lo que pasa en cárceles, comisarías e instituciones de menores durante la epidemia. Sugirieron, además, enfatizar las libertades de personas en riesgo para descongestionar y reducir el hacinamiento. Hace un año que las cárceles federales están en emergencia y con más internos que plazas. No es justamente un lugar para practicar el distanciamiento social.

La Red también pidió que se concedan las domiciliarias para mujeres (embarazadas o con hijos pequeños) y se revisen las preventivas y de las condenas leves o por delitos no violentos. También que se otorguen arrestos en las casas para quienes ya están con salidas transitorias, algo que cinco jueces de ejecución rechazaron la semana pasada.

La situación no tiene soluciones fáciles. En el Ministerio de Justicia explican, por ejemplo, que la disponibilidad de tobilleras electrónicas es baja, pero confirman que las autoridades se están ocupando del tema.

 

 

Vivos pero muertos de silencio

Al represor Lazarte le gustaba salir de su casa e ir a comer a un restaurante en el coqueto barrio de Coghlan. Llevaba a su perro y hablaba por teléfono al sol. Estaba en domiciliaria, pero eso no era un impedimento. En diciembre, pensó que lo iban a reconocer. Se levantó rápido de la mesa, pero olvidó el documento y la tarjeta de crédito. La persona que atendía lo guardó, pero tomó una precaución antes: Lo googleó. Cuando volvió, le tomó fotos y presentó una denuncia.

Un juez le terminó revocando el arresto domiciliario a Lazarte. Su caso muestra cuán imposible es esa convivencia –y cuán capilar es ese rechazo– con quienes secuestraron, torturaron, violaron, desaparecieron y robaron bebés.

Esa imposible convivencia incluso se extiende al momento de la muerte. Hay un rechazo a habitar el mismo suelo aun cuando los criminales dejan de ser. Eso pasó en 2013 tras la muerte de Jorge Rafael Videla. No pudo ser enterrado en su Mercedes natal porque no querían que estuviera en la misma tierra que sus víctimas –como los sacerdotes y seminaristas palotinos– ni que el cementerio se convirtiera en un lugar de culto para los apologistas del terrorismo de Estado. Videla terminó inhumado sin ceremonias ni nombres visibles en el Memorial de Pilar, donde también descansan Emilio Eduardo Massera y José Martínez de Hoz, tal como reconstruye Sévane Garibian en La muerte del verdugo.

Pero en estos casos no están muertos, apunta la socióloga Valentina Salvi, que dirige el Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES y estudia las memorias y declaraciones públicas de los represores.

“Ellos están vivos y siguen perpetrando el crimen. No aportan información aun cuando hablan”, dice Salvi. “Sin embargo, hay una construcción política y una política de memoria que permitieron construir sentidos de una condena de lo que pasó y sobre quiénes son ellos y cuáles son sus crímenes. Eso es un reaseguro y una batalla política que está ganada”.

Será un 24 de marzo distinto. Sin marchas. Sin abrazos. Con la posibilidad de salida de los genocidas y la imposibilidad de salir a la calle para hacer oír ese repudio. Pero con distintas iniciativas de memoria y la esperanza de que, una vez atravesada la pandemia, las piezas del rompecabezas sigan en su sitio.

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí