Tunuyán, caso testigo
Destino incierto para la tierra rural
Sigue vigente el decreto 820/16 por el que el gobierno de Macri flexibilizó el acceso a la tierra rural por parte de capitales extranjeros o argentinos a través de firmas constituidas en guaridas fiscales. Al mismo tiempo, el gobierno nacional mantiene acéfalo el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que debe aplicar la Ley 26.737 del Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, por lo que se desconocen los alcances de las operaciones de compra-venta realizadas durante el macrismo.
Se interpusieron ocho amparos contra el decreto 820/16, que se encuentran a sentencia en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, secretaría N° 9, precisó Eduardo Barcesat, a cuya presentación se acumularon las demás. En tanto, los capitales transnacionales a través de sus tramas empresariales continúan moldeando procesos territoriales favorecidos por la falta de aplicación de instrumentos jurídicos e institucionales existentes, tales como esta ley y su órgano de aplicación.
Se desconoce toda la gestión de María Cristina Brunet al frente del RNTR, los certificados que emitió autorizando operaciones de compra a personas físicas y jurídicas extranjeras, incluidos los meses previos al decreto 820. Tampoco se conoce la aplicación de la Disposición 7/2019 por las que dejó fuera del régimen las transferencias de propiedad o posesión de tierras rurales, ubicadas en parque, área o zona industrial, así como también en las que se desarrollen proyectos de generación de energía eléctrica a partir del uso de energías renovables. En este sentido, es imprescindible un detalle de la intervención de la subsecretaría de Asuntos Registrales dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó una fuente extraoficial que conoce de cerca el circuito institucional que hacen regularmente estas inversiones.
Enclaves
La aplicación de la ley de tierras rurales en manos extranjeras tiene directa relación con la identificación a nivel local de los grupos económicos que hegemonizan el proceso de reestructuración global de los sistemas agroalimentarios, los que reconfiguraron los espacios rurales a escala mundial. Desde las provincias surgen algunos elementos que dan cuenta de la dinámica de esos flujos de capitales, siempre parciales y fragmentarios.
Deberían revisarse a fondo al menos la presencia y movilidad de las operaciones de compra-venta en los departamentos Lácar para el caso de la provincia de Neuquén, Cushamen para Chubut, Bariloche para Río Negro y Tunuyán para Mendoza, de acuerdo a lo que arrojaron los informes públicos nacionales para 2015 donde los índices de propiedad extranjera estaban por encima de los promedios determinados por las propias provincias. Esta concentración de capitales da cuenta también de las políticas de los gobiernos de las respectivas provincias, cuyas intervenciones en favor de estas operaciones suelen anunciarlas como inversiones.
Mendoza tiene una superficie rural de poco menos de 15 millones de hectáreas, de las cuales un millón trescientas mil estaban en manos de extranjeros para 2015. A partir de los ’90, el Valle de Uco se convirtió en uno de los espacios privilegiados para la inversión extranjera para la expansión de la frontera inmobiliaria y de la producción vitivinícola. Eso se refleja en el departamento Tunuyán, donde de sus 330. 600 hectáreas rurales, 38.000 tenían propietarios extranjeros para 2015. Los propios inversores anuncian en sus sitios web numerosas operaciones posteriores a esa fecha, lo que necesariamente modificó esas cifras.
Cupo yanky
Además de los límites a la cantidad de superficie por distrito y por nacionalidad, es importante el comportamiento en el territorio de esos capitales y sus tramas empresarias.
Ulises César Sábato, norteamericano con residencia en New Jersey, al comenzar la gestión Brunet poseía 30.000 hectáreas en el departamento Tunuyán, según consta en un trámite oficial hecho desde la provincia ante la Nación. Mendoza a través de su decreto 550/2013 y Resolución 83/2013 fijó los topes de las superficies para ser adquiridas por parte de un mismo extranjero y según el destino. Para uso frutícola/vitivinícola el límite es de 15.000 hectáreas, el hortícola 7.000 hectáreas y el inmobiliario a 200 (Decreto n°550).
En 2003, con el abogado Enrique José Quintana, formó Sabaquín SA, que tiene una bodega y plantación de nogales en la zona de Los Arboles. Tres años después le inyectó capital a través de Michel Maggiano por Los Arboles LLC (radicada en Nevada, EE.UU.) y Pasamar SA, una agencia de viajes. Así el paquete accionario quedó en un 49,99% para Maggiano y 50,01% para Sábato, ambos norteamericanos, según consta en boletines oficiales.
A diferencia de la gran mayoría de las bodegas desarrolladas en los últimos años con fuerte respaldo de gobierno, Sabaquín cultiva un perfil bajísimo, no está en los catálogos de promoción institucional y los teléfonos que figuran en las guías oficiales no están activos. Es la propietaria de estancia Los Árboles, con cuatro zonas de desarrollo: el llano (421 hectáreas), los valles de viñedos (614), la precordillera (765) y la cordillera. El proyecto incluye club de golf con cancha de 18 hoyos, club de polo y tenis, un pueblo, un villorrio colonial, una bodega, locales comerciales, galería de arte y artesanos, capilla, hotel & spa de 80 habitaciones (11.600 m2), viviendas individuales, parcelas en el golf, el polo, en los valles y en la precordillera, haciendo un total de 698 parcelas en 296 hectáreas, detalle difundido por el estudio profesional que hizo el proyecto.
En 2014, Marcelo Barg, ministro de Agroindustria de Mendoza, planteó a la Nación que Sábato debía ser considerado con residencia permanente en el país y, por lo tanto, exceptuado de los alcances de la ley. La provincia argumentó que ocupaba en ese momento 30.000 hectáreas en Tunuyán, lo que operaba como un bloqueo a la nacionalidad estadounidense para la compra de tierras rurales a otros extranjeros de esa nacionalidad en ese departamento. La Dirección General de Migraciones informó sobre los ingresos y egresos del país entre 2004 al 2015 inclusive, cuyas permanencias no alcanzaban a constituir residencia permanente de acuerdo a las exigencias vigentes. Así es que no deberían haberse aprobado operaciones a más norteamericanos en Tunuyán, lo que solamente certificará una auditoría de la gestión Brunet, quien al terminar su gestión se radicó en Brasil, según una fuente extraoficial.
Rizoma
Los flujos de capitales de Sábato en la región se articulan en numerosas firmas, muchas radicadas en Estados Unidos, con anclaje en Mendoza, Entre Ríos y Salto, Uruguay, según la información disponible en la prensa y la producida por distintos organismos públicos de comercio exterior.
Para 2005 formó Arándanos de la Patagonia SA también con Quintana. Poco después Arándanos de la Mesopotamia SA con Keith Roberts, Richard M. Schwerer y Mark Santángelo en el directorio, todos norteamericanos. Con Blueberries SA compró tierras en Colonia Ayuí en Concordia, Entre Ríos, donde produce arándanos para la exportación a Estados Unidos y Qatar, entre otros destinos. En Salto, Uruguay, en 2007 inauguró una empacadora de arándanos en sociedad con Alejandro Bulgheroni.
Para la constelación de los arándanos formó en 2010 Wonderful Berries SA. En 2014 inscribió Fiduciaria El Campo SA formada por Wonderful Berries y E2 SA bajo la presidencia de Nicolás Andrés Tretiak. Más recientemente —el año pasado— inscribió Sabato Wines S.A.S.
El caso Sábato pudo haber sido una de las razones del decreto 820/16. A su vez, el caso Tunuyán es —como el departamento Bariloche— paradigmático de la voracidad del capital concentrado trepando la cordillera de los Andes, donde el único freno aparente es el límite internacional con Chile.
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