TULIA Y SUS DOS MARIDOS

 

Al iniciarse la sesión sobre el aborto, el senador Guillermo Snopek (PJ, Jujuy) planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador de su provincia: denunció que Gerardo Morales usaba la Justicia jujeña para fines personales y que lo había amenazado por teléfono. “Me manifestó que, si yo me metía con su mujer, lo habilitaba a él a meterse con mi familia”. Esa mujer es su hermana, la escribana Tulia Snopek. “El uso del sistema judicial para fines políticos y privados deja en evidencia que, por primera vez en democracia, el estado de Derecho no existe en Jujuy”, añadió. También dijo que sus hijos sentían miedo y cada vez que salía le preguntaban cuando regresaría.

 

 

El escándalo familiar detrás de la cuestión estalló cuando Morales comenzó una relación amorosa con Tulia Snopek, cuando ambos estaban casados. El matrimonio de Tulia con el abogado tucumano Carlos Martí Coll se celebró en 2015. En 2017, el esposo se enteró por los diarios del romance de Tulia con el gobernador. Al iniciar los trámites de divorcio, Tulia Snopek le reclamó judicialmente la entrega de una camioneta Audi. Como Martí Coll se negó en la instancia civil, Tulia Snopek formuló una denuncia penal en su contra. El fiscal Aldo Lozano pidió la detención de Martí Coll el mismo día en que recibió la denuncia y el juez Isidro Cruz la ordenó. El abogado de Martí Coll, Gustavo Ruggeri, que trabaja para la policía de Jujuy, fue trasladado a La Quiaca, y el senador Snopek asumió la defensa de su cuñado. El juez Cruz es uno de los que acosa a Milagro Sala y a los militantes de la organización Túpac Amaru.

Morales respondió en Twitter: “senador @guillermosnopek, patético lo suyo. El Senado no es un tribunal de Familia. Vergonzoso que invente historias más para el Gran Cuñado que para un debate serio. Concéntrese en el tema del aborto. Si no lo supera vaya al psicólogo”.

Refugiado en Tucumán, Marti Coll dijo que la causa penal se inició para forzarlo a resignar sus derechos en el fuero civil. También mencionó que Tulia Snopek fue designada síndica de la empresa creada para explotar el litio, Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado, y se realizadon gestiones ante la Nación para que le entregara a la novia del gobernador un registro del automotor. “Soy un rehén y estoy negociando con mis secuestradores”, dijo.

El episodio es representativo de la situación de la justicia jujeña, colonizada por Morales. En diciembre de 2017 el gobernador esperaba conseguir la primera condena contra Milagro Sala en la causa conocida como de Las Bombachas, en la que se la acusaba de amenazar por teléfono a una policía que se negaba a devolver las bombachas robadas a una militante de la Túpac Amaru. La causa fue impulsada, un año después de los hechos, por el hijo del gobernador, Gerardo Gastón Morales. La fiscalía y la querella pidieron una pena de cuatro años. Pero el tribunal oral la absolvió porque no había ninguna prueba en su contra. Uno de los miembros del tribunal, Ernesto Kamada, había concursado para un cargo en el tribunal de Casación de la provincia. Pero recibió en su casa la visita del juez del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, quien le comunicó que, a raíz de la absolución, Morales se negaba a promoverlo. Como premio consuelo le ofreció un cargo para su esposa.

En diciembre de 2015, cuando Morales ordenó la detención de Milagro Sala por reclamar por los planes de vivienda frente a la gobernación, y luego sumó causas que le permitieran prolongar el arresto, el cooperativista Américo Celestino Romay declaró que recibió cheques y se los entregó a colaboradores de Milagro Sala, pero que “en ningún caso las obras correspondientes las hizo la cooperativa que él administra”. El 20 de diciembre, la fiscal designada especialmente para el caso, Liliana Fernández de Montiel, le preguntó por qué lo había hecho.

—En primer lugar por temor a las represalias contra su persona y la de su familia, y también por el temor a ser perjudicado en su Cooperativa y a su asociacion civil Pan y Trabajo— respondió.

Agregó que trabajaba así desde 2008 y que Milagro los amenazaba, siempre rodeada por hombres de seguridad que intimidaban a los cooperativistas:

—Si no facturan los voy a hacer cagar.

También dijo que temía por su seguridad. Mientras otros eran detenidos él quedó en libertad y Morales en persona adjudicó obras a su cooperativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana pasada, Romay declaró como testigo durante el juicio oral en la causa Pibes Villeros. Ante el tribunal oral dijo que Milagro Sala nunca obligó a nadie a facturar por obras no realizadas. Que cada uno presentaba sus facturas y que las únicas amenazas que recibió fueron en 2016 y 2018, cuando Milagro ya estaba detenida. Romay agregó que cada organización era independiente y que las decisiones colectivas se adoptaba en asambleas de la Red de Organizaciones. La fiscal Fernández de Montiel lo denunció entonces por falso testimonio y Romay fue detenido, para que nadie se anime a desmentir el relato armado entonces por el gobierno provincial.

 

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