Tu cara de cannabis

 

El 20 de diciembre del año pasado, el presidente de la Asociación Marplatense de Cannabicultores presentó un habeas corpus preventivo y colectivo pidiendo el cese de las requisas sin orden judicial y los traslados a comisarías de quienes usan drogas ilegales en esa ciudad. Faltaban horas para un nuevo lanzamiento del clásico Operativo Sol. “En temporada no sólo aumenta la cantidad de cacheos, sino los abusos en la forma de revisarte y las detenciones. Hay despliegues policiales en las puertas de cualquier evento, en la terminal de micros, en las rutas. Quisimos visibilizar las consecuencias de esto”, dice Gabriel Díaz, el accionante. La semana pasada Díaz obtuvo una resolución favorable, aunque no prosperó su planteo de que la policía devuelva lo incautado.

El litigio se inspiró en una presentación hecha en Necochea. Allí el recordado juez Mario Juliano había exigido frenar las intervenciones policiales infundadas contra jóvenes en la vía pública, que derivaron en un récord de causas de tenencia para uso personal. “Mario pidió una audiencia en la que participó la policía y fue muy productiva. Nos dio toda la documentación. Sumamos reportes del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito. El crecimiento de causas era exponencial entre 2018 y 2019”, comenta el accionante.

Hasta ese momento, Mar del Plata estaba en una situación inmejorable. Se había logrado frenar la judicialización a partir de una directiva de la fiscalía departamental, que derivó en un protocolo de actuación policial de mínima intervención. Si una persona requisada tenía poca cantidad de droga, se la decomisaba dejando constancia en un acta de secuestro, se informaba a la fiscalía y no se formaba causa. Antes de retirarse, la policía debía entregar material orientativo para solicitar ayuda en caso de consumo problemático.

Este protocolo comenzó a funcionar en 2015. Para establecer el límite de cantidades máximas de uso personal, se usaba el criterio fijado por la Procuración General bonaerense en 2006 para aplicar la entonces reciente desfederalización de los delitos menores de drogas en esa provincia. Los topes fijados incluían, entre otras sustancias, hasta 50 gramos de marihuana, 10 gramos de cocaína (sea clorhidrato, pasta base o crack) y 3 pastillas de éxtasis.

El juzgado de Garantías 4 de Mar del Plata, a cargo de Juan Tapia, resolvió conceder la audiencia una semana después de la presentación del habeas corpus. Participaron el accionante y su letrado, dos concejalas, dos representantes de las fiscalías temáticas en estupefacientes locales, uno de la Fiscalía de Estado, cuatro comisarios de la Policía bonaerense, un abogado y un subcomisario de la Federal.

En la audiencia el fiscal Leandro Favaro advirtió que el procurador general bonaerense Julio Conte Grand les había exigido en 2018 “el ingreso formal de estas causas al sistema” pese a que, como remarcó su colega Daniela Ledesma, “son sistemáticamente archivadas”. Ambos resaltaron que desde 2015 no se habían registrado aprehensiones por tenencia para uso personal y tras la nueva directiva, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019 se formaron 4771 causas.

El comisario mayor Christian Marcozzi admitió los traslados a comisaría y los atribuyó a una orden del entonces ministro de Seguridad, su tocayo Ritondo. Las actas debían confeccionarse en la sede policial, no en el lugar de los hechos y de forma manual como solía hacerse, debido a un “nuevo sistema informático”. Luego prometió terminar de inmediato con los traslados. Poco después, Marcozzi fue eyectado de su cargo por un video que lo mostraba golpeando a un detenido.

El juzgado requirió la resolución ministerial pero no existía. “Tal vez eso explica por qué ante lo dialogado en la audiencia, el propio Marcozzi se haya comprometido a que a partir del día de la audiencia ‘no se van a realizar traslados a la comisaría para la firma de actas’. Si la resolución del ministerio existiera, Marcozzi no podría dejar de aplicarla por su propia voluntad sino a través de una orden judicial que se lo ordene”, dedujo Tapia en su extenso fallo.

El magistrado requirió la opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión Provincial por la Memoria. También sumaron argumentos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Encuentro Desarrollo Integración Regional. Varias de las sugerencias aportadas por estas entidades figuran en resolución, como aplicar un protocolo específico para la requisa de personas trans. El juez sumó los lineamientos de la ley de Salud Mental y Adicciones en casos de intoxicación en la vía pública.

El fallo hace un extenso análisis de la facultad policial de detener personas para identificarlas, sin control judicial alguno, y la declara inconstitucional. Luego advierte expresamente a las fiscalías que controlen los motivos esgrimidos en las actas policiales para proceder a revisar las pertenencias de cualquier persona. “Es oportuno recordar que ninguna requisa sin indicios vehementes de la comisión de un delito ni razones de urgencia puede legitimarse por su resultado”, afirma.

Si alguien está consumiendo en la vía pública, la detención por flagrancia también merece ser revisada, advirtió Tapia. No puede ser automática si la conducta se realiza en “condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”. El juez recuerda que el fallo Arriola, por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penar la tenencia de cualquier droga para uso personal, tiene “una concepción amplia de autonomía que excede la mera privacidad”.

El magistrado restableció y mejoró el protocolo de 2015 pero rechazó la devolución de las drogas secuestradas porque eso implicaría legalizarlas, una discusión que debería trasladarse al Congreso de la Nación. Sin embargo, instó a revisar caso por caso los pedidos de restitución que surjan, teniendo en consideración el uso terapéutico, medicinal o paliativo del cannabis. Mientras no se discuta la despenalización, asegura, el aporte del activismo judicial es “reducir los ámbitos propicios para el ejercicio de la violencia institucional en la materia”.

Sólo la Fiscalía de Estado apeló la resolución. Fuentes de la causa señalaron que desde este ente autárquico que representa a la provincia suelen recurrir cuando implica un gasto para el erario público, pero en este caso ocurre todo lo contrario. El propio fiscal Favaro sostuvo que además de las horas de trabajo policial, la nafta de los patrulleros y el costo de los reactivos, precisó 200 jornadas laborales de un funcionario judicial para archivar las causas registradas para hacer “estadísticas”.

 

 

Despenalización a muerte

Entre septiembre y octubre pasado, la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación organizó cinco reuniones virtuales para analizar 31 años de vigencia de la ley de drogas en Argentina. El primero en hablar fue el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias. Sostuvo que a más de 10 años del fallo Arriola todavía el 40 por ciento de las causas del fuero federal son por tenencia para consumo personal. Esos recursos, afirmó, deberían destinarse “al abordaje del problema de las drogas desde la salud”.

Iglesias aseguró que la desfederalización, que incluye siete provincias y CABA, precisa de mayor coordinación entre fiscalías federales y provinciales. La camarista federal Liliana Navarro lo contradijo. Aseguró que separar menudeo de narcotráfico impide desarticular la cadena de distribución. Las policías provinciales desmantelan “kioskos” en vez de ir por quienes los abastecen. “Nos terminan trayendo presa, porque no había investigación, a una anciana de 80 años, que a lo mejor no sabía lo que era un raviol”, dijo la jueza cordobesa.

Su colega bonaerense Mario Juliano coincidió en el planteo de Navarro respecto a los objetivos de las leyes de narcomenudeo. “Es como querer terminar con un hormiguero pisando las hormigas una por una”, graficó. Luego comentó un cálculo que hicieron en Necochea en 2019, antes de presentar el habeas corpus preventivo que inspiró al activismo cannábico marplatense: “Se gastan entre 10.000 y 15.000 pesos para tener abiertas o sustanciar las causas por tenencia para consumo”.

A la segunda reunión concurrió la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Además de apoyar la despenalización, pidió revisar la figura de “tenencia simple”, con penas de 1 a 6 años, generalmente aplicada cuando la cantidad secuestrada parece exceder el consumo. “Si no se demuestra que esa mera tenencia –y eso lo tienen que demostrar los fiscales en la acusación– efectivamente es tenencia para comercialización, para tráfico, tampoco puede ser alcanzada por la normativa penal”, advirtió.

La defensora Ana Clarisa Galán Muñoz habló de la situación de Salta y Jujuy respecto a las “mulas”. Consideró que muchas son víctimas de trata y de explotación, detenidas a veces por “acuerdos espurios” entre fuerzas policiales y traficantes para distraer los controles y “luego tratar de pasar cantidades (de drogas) mucho mayores”. Su colega Gabriel Anitua también refirió la necesidad de bajar las penas del Código Aduanero para estos casos de microtráfico para que sean excarcelables por razones ya humanitarias.

“Nos encontramos con todo el sistema de laboratorios periciales saturados, y en este caso sí por el aumento de la persecución penal al delito de narcotráfico, sobre todo en los tipos de tenencia simple o tenencia para consumo”, afirmó luego Valentina Novik, una de las integrantes del ministerio de Seguridad de la Nación. Angela Oyhandy, otras de las expositoras de esta cartera, informó que se duplicó la actividad policial por drogas en los dos últimos años del macrismo y la mayoría son casos de tenencia para uso personal.

En el tercer encuentro dos funcionarias del Ministerio de Justicia nacional hablaron del colapso carcelario. Laura Marrazzo criticó el gran impacto de los delitos de drogas en el Sistema Penitenciario Federal (SPF), especialmente en sectores de mayor vulnerabilidad social. “Respecto a la población en general, sabemos que el 85 por ciento de las personas que están detenidas por infracción a la ley no posee terminalidad educativa y aproximadamente el 45 por ciento de este universo ni siquiera terminó los estudios primarios”, sostuvo.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación informaron que 4 de cada 10 personas presas lo está por infracción a la ley de drogas. Más de 60 por ciento no tiene condena. “Las mujeres, mujeres cis y mujeres trans son las principales destinatarias de las políticas punitivas. Sin embargo, rara vez representan una amenaza para la sociedad. La mayoría son detenidas por primera vez por tareas poco calificadas, pero de alto riesgo”, afirmó el procurador adjunto Ariel Cejas Meliare.

 

 

 

 

La cuarta y quinta reunión se centraron en cuestiones de salud pública. A diferencia de las anteriores exposiciones, el panorama sobre la despenalización estuvo divido. Como ocurrió en 2012, cuando se analizó en comisiones de la Cámara de Diputados la reforma de la ley de drogas, el padre José “Pepe” Di Paola insistió en postergar el debate en pos de “proyectos liberadores, ya que la droga esclaviza”. Y admitió: “Cuando visitamos los penales, vemos que también hay mucha gente que está presa, pero porque no se llegó a tiempo”.

El presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, Fabián Chiosso, se dedicó a criticar la ley de Salud Mental y Adicciones que prohíbe buena parte de las prácticas de estas organizaciones: encierros prolongados, incomunicación, medicalización y falta de consentimiento informado. Si bien aseguró que en la ley de drogas la salud no aparece como un derecho sino como una sanción, a través del tratamiento coactivo, la despenalización “no es la salida”.

Muchos argumentos en contra presuponían una explosión del consumo, algo que no se verificó en ningún otro país que haya despenalizado, por eso apuntaron a la falta de un sistema socio-sanitario que pueda contener esa hipotética situación. Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios, recordó que esta misma discusión se dio en 2012 y derivó en el armado de un plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, la ley IACOP, que no fue reglamentada. Ninguno de los expositores anteriores lo mencionó.

“No hay ningún argumento que hoy justifique seguir abordando las problemáticas ligadas con las personas que usan sustancias desde un enfoque penal. Me parece que, aunque reconozcamos las fallas y los grandes agujeros negros que tenemos en la red asistencial, esto no justifica que sigamos respondiendo desde la punición”, sostuvo Touzé. Y remarcó luego: “No podemos decir que si no tenemos una respuesta asistencial, entonces que la respuesta sea la de la policía”.

La última reunión comenzó con Hugo Barrionuevo, el director nacional de Salud Mental y Adicciones. El funcionario explicó que la criminalización del consumo estigmatiza y aleja de los centros de atención a quien tienen un problema. “Realmente produce un daño irreparable en la posibilidad de acceso, en la posibilidad de cuidado”, dijo. Lo sucedió el secretario de Adicciones de Córdoba. A contramano de la prohibición de abrir instituciones monovalentes, sean manicomios o “granjitas”, Darío Gigena Parker se vanaglorió de haber creado “dos comunidades terapéuticas públicas” en su provincia.

Luego de admitir que poco podría aportar a la parte jurídica de la discusión, el funcionario cordobés sostuvo que los “ilícitos vinculados a las sustancias” constituyen “una oportunidad para enlazar a estas personas al sistema sanitario”. La idea la graficó muy bien la doctora Mabel Dell Orfano, directora la agencia provincial de Río Negro.

“En lo profesional, el hecho de que a veces se genere alguna causa o intervenga algún juzgado, con algunos papás que tienen hijos adolescentes y los encontraron con un porro en la plaza, el hecho de que intervenga la Justicia, los hacía asustar y decían: 'Tengo que prestarle atención a mi hijo. ¿Qué está pasando?' Entonces esa alarma era importante, porque había una autoridad que le estaba diciendo: ‘Fíjate y prestá atención a tu hijo’. Seguramente no había un problema de adicciones pero sí podía empezar a tener un problema si los padres seguían sin mirar esa parte. Entonces, era una oportunidad para poder trabajar en la familia o acompañar”.

 

 

La dictadura de lxs followers

En los últimos días, el Ministerio de Seguridad bonaerense difundió un spot festejando la detención del cultivador Daniel Tornello en Bella Vista, partido de San Miguel. Lo bautizaron “Cara de Cannabis” por un posteo que hizo Tornello en redes sociales, donde se lo ve presumiendo de su cosecha con un antifaz de chala tapándole la cara. “Le sacamos la máscara y demostramos que es un delincuente”, concluye el spot, twitteado por el ministro Sergio Berni, donde afirma que vende porro. El hombre está en una comisaría de su barrio desde el 24 de noviembre. Tiene pedida la prisión preventiva.

 

 

 

 

El inicio de la causa demuestra la cobertura fiscal, señalada en el fallo analizado al principio de esta nota, también al momento de firmar una orden de allanamiento fundada en “inteligencia” policial. Resulta que el oficial Oscar Romero de la comisaría segunda de San Miguel comenzó a seguir a Tornello por Instagram, donde el cultivador utiliza un seudónimo. Le llamó la atención que ocultara su identidad pero más aún un video publicado el 11 de octubre pasado.

Así lo declara Romero: “En el video se observa una balanza digital de precisión, la cual comúnmente es utilizada para el fraccionamiento y posterior venta de sustancia de cannabis y se destaca también la implementación de ventiladores para realizar procesos de secado mecánico de ramos de cannabis sativa, conocidos como cogollos, para su posterior comercialización”. En la imagen, agrega, se ven más de 50 plantas. “No se dedica al narcomenudeo, comercializa con un entorno más cerrado y con personas allegadas”, vaticinó.

Para completar todas estas suposiciones se vigiló la casa y hasta se sacaron fotos desde un dron prestado por la Secretaria de Seguridad del Municipio de San Miguel. Según se desprende del pedido de prisión preventiva, Romero admite que “no pudo constatar” que al acusado venda cannabis pero observó la llegada de varias personas que lo visitan. “Asimismo desde la vereda se puede sentir un fuerte olor penetrante similar a la marihuana”, afirmó.

En el allanamiento se secuestraron nueve envases de mermelada y un frasco llenos de cogollos, siete “gajos colgados secándose”, 42 semillas. Y sí, había más de 50 plantas. Los policías pesaron flores secas y plantas, las sumaron y llegaron a la asombrosa cifra de 15 kilos. El acusado se negó a declarar por consejo de su abogado particular, pero su pareja asegura que se trata de un cultivo con fines medicinales porque ella padece epilepsia. Tienen 3 hijxs.

Tornello es inocente aún porque no fue juzgado. Sus plantas tienen turno de peritaje para octubre del próximo año: salvo que alguien las regue, llegarán podridas al debate. La fiscalía bonaerense que intervino, por lo pronto, se quiere sacar el caso de encima y pidió el traslado al fuero federal dado el “abundante número de plantas”. Su celular no fue revisado. Existe la posibilidad de que hayan pruebas allí para confirmar el olfato de su follower, el oficial Romero, aunque el Ministerio de Seguridad ya parece haberlo condenado.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí