Tsunami para endeudadores seriales

 

“He instruido que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerde”, lanzó Alberto Fernández durante la inauguración de la Asamblea Legislativa y desató un tsunami vinculado al préstamo del FMI solicitado por la administración de Mauricio Macri en 2018.

Los endeudadores seriales –Alfonso Prat Gay, Guido Sandleris, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y el mismo Macri– intentaron defenderse a través de sus medios de comunicación amigos (La Nación e Infobae), pero a las pocas horas les cayó otro tsunami cuando Cristina Fernández de Kirchner también los sindicó como responsables del mayor endeudamiento de las últimas décadas.

“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo aquellos que generan esas deudas”, agregó Fernández durante uno de los pasajes más duros y certeros de su discurso.

La ola expansiva sacó a la superficie algunos expedientes judiciales donde ya se está investigando el derrotero del préstamo del FMI por 55.000 millones de dólares y su vinculación directa con la fuga de capitales. El fiscal federal Franco Picardi impulsó una investigación en diciembre del año pasado, luego de anexar seis denuncias diferentes, que hoy marca un antecedente de lo que podría ocurrir con la instrucción dada por Fernández.

El fiscal le solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti –¿una aprendiz de Bonadío? que tiene frenada una causa contra Patricia Bullrich desde noviembre de 2019 y que rechazó a la UIF como querellante en una causa por contrabando de granos– la conformación de un equipo interdisciplinario entre el Banco Central, la AFIP y la Auditoria General de la Nación (AGN) para avanzar en la pesquisa que contiene muchos de los elementos mencionados por el Presidente. La jueza no respondió todavía.

Con estos antecedentes, la semana que viene la Oficina Anticorrupción formalizará una nueva denuncia penal por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos contra los endeudadores seriales de la Alianza Cambiemos. El objetivo oficial es que una vez concretada la denuncia, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, pueda incorporarse como querellante. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), por su parte, realizará una auditoria de toda la documentación reunida hasta el momento.

 

 

Fuga

El anuncio del Presidente sobre la querella criminal por el préstamo del FMI y su vinculación con la fuga de capitales y, por ende, con el negocio de la bicicleta financiera durante el macrismo, resultó una sorpresa para muchxs. Dentro del Banco Central no más de tres personas sabían que se avecinaba semejante tsunami. El hermetismo, herramienta arquetípica del kirchnerismo, fue clave.

Existen dos elementos que funcionan como piedras basales de lo que ahora está bajo análisis de la OA y la SIGEN: el informe sobre la fuga de capitales durante el período 2016-2019 publicado el año pasado por el BCRA, sumado a un dictamen legal del organismo con los argumentos de por qué se habrían violado normas y procedimientos no sólo a la hora de adquirir semejante préstamo sino también en la utilización de los dólares ingresados.

El informe sobre la fuga de capitales, difundido por el director de El Cohete con el listado de empresas y personas físicas que habrían comprado dólares de manera compulsiva, describió de manera concisa las dos etapas de la salida de dólares durante el gobierno de Macri. La fuga de capitales (o la formación de activos externos que a los fines del posible delito a investigar se utilizan como sinónimos) contribuyó a dolarizar ganancias de un puñado de personas y empresas, hoy objeto de una posible pesquisa penal.

“Los dólares del endeudamiento mediante colocaciones de bonos hasta principios de 2018, y con el FMI después, alimentaron un ciclo de especulación financiera que terminó en una severa crisis de sobreendeudamiento, devaluación del peso, aceleración inflacionaria, profunda recesión, desempleo, pobreza creciente y deterioro de la distribución del ingreso”, indicó el organismo que conduce actualmente Miguel Pesce, acusado por el macrismo en la irrisoria causa por dólar futuro.

Para el Central, la fuga de capitales durante la Alianza Cambiemos alcanzó los 86.200 millones de dólares. “Durante la primera fase del ciclo de endeudamiento, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.000 millones, mientras que los restantes 45.000 millones se formaron durante el ciclo de aceleración de la fuga de capitales (a partir del préstamo con el FMI)”, agregó la entidad.

Apenas asumido, Macri eliminó todas las regulaciones sobre la cuenta capital. Así se inició el nuevo ciclo de valorización financiera. Se eliminaron límites a la compra de dólares, se alimentó el ingreso y egreso de capitales especulativos, los exportadores fueron autorizados a no liquidar divisas en el mercado local. El Tesoro emitía deuda, y el BCRA hacía lo mismo para neutralizar los efectos monetarios de ese endeudamiento original.

En medio de la debacle hubo ganadores que se beneficiaron de la especulación, lograron dolarizar sus carteras gracias a los billetes frescos que ingresaron del FMI. Esta es la principal hipótesis que sostiene el gobierno nacional.

Los datos del propio Central le darían la razón: apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló 16.200 millones en compras netas durante el período.

Un operador judicial lo definió de esta manera: “El macrismo se pagaba a sí mismo”. La causa penal contra Santiago Bausili y Luis Caputo es una alegoría de este escenario. Bausili acordó la emisión de deuda para el pago a los Fondos Buitres con un banco del que había sido empleado y luego adquirió títulos de la deuda (ver La lealtad por los buitres). El juez Sebastián Casanello debe resolver su situación procesal luego de haberlo indagado. Sobre Caputo todavía resta un informe de la Procuración de Investigación Administrativa.

 

 

Argumentos legales

El otro documento clave es un informe legal del BCRA que sintetiza el apuro que tuvo el macrismo para cerrar el acuerdo con el organismo.

* El expediente administrativo del ex Ministerio de Hacienda de la Nación, en el que tramitaron las actuaciones relativas al acuerdo stand-by de acceso excepcional suscrito con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2018, es decir nueve días después de que el gobierno comunicara que ya estaba cerrado el acuerdo.

* No hubo un dictamen jurídico –ni del BCRA ni del Mecon– previo a la formalización del acuerdo. Tanto la carta de intención como el memorándum de entendimiento de política económica y el memorándum técnico para solicitar el préstamo del FMI carecieron de la opinión legal del Estado.

Es más, dentro del expediente que investiga Picardi fue incorporado un dictamen suscrito por la coordinadora Leticia Focaia y el director Carlos Diez, de la Dirección de Asuntos Contractuales, Legislativos y Tributarios del Ministerio de Hacienda, donde especificaron que ellos no tenían que opinar al respecto. Es decir, todo estuvo circunscripto a la voluntad de Macri y los endeudadores seriales de su gabinete.

* A su vez, está en discusión el último párrafo del artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera (1992) que contendría una delegación de facultades ya caduca, que le imposibilitaría al Poder Ejecutivo solicitar un préstamo con el FMI sin pasar por el Congreso.

Así también lo considera la actual directora del BCRA, Betina Stein, que en una presentación judicial en el expediente citado sostuvo que el gobierno de Macri reconoció que el convenio con el FMI se trataba de un “tratado internacional” por la naturaleza de las partes contratantes y que, por tanto, “debería de haber gozado de aprobación del Congreso Nacional”.

 

 

Antecedentes

Luego de que Picardi anexara seis denuncias diferentes por el préstamo con el FMI –incluida una de Eduardo Manuel Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y Eduardo Codianni, que habían hecho presentaciones ante la OA– y que Capuchetti solicitara al Ministerio de Economía y al Banco Central la documentación del caso, el fiscal impulsó la causa penal contra Macri y el resto de los endeudadores seriales. Su dictamen es del 28 de diciembre de 2020.

“La presente investigación estará orientada a dilucidar si a partir de la suscripción del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante”, sostuvo el integrante del Ministerio Público Fiscal.

Es decir, lo que pretende determinarse en este expediente es si los dólares del FMI fueron utilizados para la fuga “en perjuicio de las arcas públicas”.

Pero la imputación no se queda ahí. Una pregunta sobrevuela todo el caso. ¿Quién se llevó los dólares? ¿Qué ganancia obtuvieron aquellos que apostaron a la especulación con el dinero del FMI que ahora debe pagar la Argentina? Si todo fue una maniobra ilegal e ilegítima, ¿se debería aceptar una renegociación por esa deuda?

“La pesquisa deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”, concluyó Picardi.

La documentación sobre las irregularidades cometidas a la hora de pedir el préstamo con el FMI se conoce desde 2019, cuando el ex director del BCRA, Pedro Biscay, formuló una serie de pedidos de acceso a la información pública junto a Murúa y Eduardo Codianni, tal como escribió el director de El Cohete.

 

 

Muéstrame el dinero

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Fernández sostuvo que el préstamo contraído con el FMI y la utilización de esos dólares constituyó un acto de administración fraudulenta y malversación de recursos públicos. Este será el eje de la denuncia que formalizará en los próximos días la Oficina Anticorrupción, donde no sólo se apuntará a los pasos legales omitidos durante el proceso. El organismo también pretende dilucidar quiénes fueron los beneficiarios de ese endeudamiento.

“Las irregularidades administrativas son sintomáticas de lo precipitados que estaban. El enfoque es que no sólo fue dogmatismo ortodoxo. Con el préstamo buscaron garantizarles las ganancias a sus compañeros de clase social, y a la elite financiera a costa de los argentinos. Por eso pusieron el cepo después de garantizarse que todos hubieran comprado los dólares para asegurarse esas ganancias. Y el Fondo convalidó esta estrategia”, sostuvo a El Cohete uno de los funcionarios que pudo analizar parte de la documentación reunida.

Probablemente en la denuncia que formule la OA, y que luego podría complementarse con la participación de la Procuración del Tesoro como querellante, se solicite el levantamiento del secreto fiscal para saber –a ciencia cierta– cómo fue la trazabilidad del dinero que llegó del Fondo y se escurrió a través de la fuga de capitales.

Esta movida es lo que podría configurar la administración fraudulenta, mientras que el uso de las reservas del BCRA para garantizar esa toma de ganancias configuraría la malversación de los recursos públicos. “Ni por los memorándums firmados con el FMI, ni por las cartas de entendimiento ni por los estatutos del propio organismo se le permitía al gobierno anterior utilizar los dólares de la manera que lo hicieron”, concluyó un funcionario del Poder Ejecutivo.

 

 

 

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